Fomento de empleo en la Comunidad Autónoma de La Rioja

En el ámbito interno del Estado Español los artículos 40 y 41 de la Constitución Española ordenan a los poderes públicos realizar una política orientada al pleno empleo, así como el establecimiento de asistencia y prestaciones suficientes en caso de desempleo. En atención a este mandato, el artículo 148.1.13.ª de la Constitución Española establece la posibilidad de que las Comunidades Autónomas asuman competencias en materia de fomento económico dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional, reservando el artículo 149.1.13.ª del texto constitucional al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica y en el mismo artículo 149.1.7.ª que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de La Rioja, atribuye en el artículo 11.1.3.ª a la Comunidad Autónoma de La Rioja la ejecución de la legislación del Estado en materia laboral y en el artículo 8.1.4.ª, la competencia exclusiva en materia de ordenación y planificación de la actividad económica, así como el fomento del desarrollo económico de La Rioja, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.

Por Reales Decretos 41/1999, de 15 de enero y 1379/2001, de 7 de diciembre, tuvo lugar el traspaso a la Comunidad Autónoma de La Rioja de la gestión de la formación profesional ocupacional y de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

Con estos Reales Decretos, la Comunidad Autónoma de La Rioja debe ejercer las funciones y servicios que en materia de intermediación en el mercado de trabajo, de gestión y control de las políticas de empleo así como de formación y orientación para el empleo venía realizando la Administración estatal.

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