Escrito de denuncia por infracción del 192.2. g) de la Ley 33/2003, incumplimiento del deber de comunicar la existencia de saldos y depósitos abandonados del artículo 18

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 12/09/2017
  • Resumen:

    Según lo dispuesto en el apartado 2 del L-546404-192 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, son infracciones graves.

    • La producción de daños en bienes de dominio público, cuando su importe supere la cantidad de 10.000 euros y no exceda de 1.000.000 de euros.

    • La realización de obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas en bienes de dominio público, cuando produzcan alteraciones irreversibles en ellos.

    • La retención de bienes de dominio público una vez extinguido el título que legitima su ocupación.

    • El uso común especial o privativo de bienes de dominio público sin la correspondiente autorización o concesión.

    • El uso de bienes de dominio público objeto de concesión o autorización sin sujetarse a su contenido o para fines distintos de los que las motivaron.

    • Las actuaciones sobre bienes afectos a un servicio público que impidan o dificulten gravemente la normal prestación de aquél.

    • El incumplimiento del deber de comunicar la existencia de saldos y depósitos abandonados, conforme L-546404-18 de esta ley.

    • El incumplimiento de los deberes de colaboración y cooperación establecidos en los L-546404-61 y L-546404-63 de esta ley.

    • La utilización de bienes cedidos gratuitamente conforme a las normas de la sección quinta del capítulo V del título V de la ley para fines distintos de los previstos en el acuerdo de cesión.

    Estas infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 1 millón de euros (apartado 1 del L-546404-193 ) y con independencia de las sanciones que puedan imponérsele, el infractor estará obligado a la restitución y reposición de los bienes a su estado anterior, con la indemnización de los daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente. El importe de estas indemnizaciones se fijará ejecutoriamente por el órgano competente para imponer la sanción.

    La prescripción de las infracciones en la materia tendrá lugar, las muy graves  a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses ( L-546404-194 ), pronunciándose el L-546404-195 sobre los órganos competentes en los siguientes términos:

    • Las sanciones pecuniarias cuyo importe supere un millón de euros serán impuestas por el Consejo de Ministros.

    • Corresponde al Ministro de Hacienda imponer las sanciones por las infracciones contempladas en los párrafos g) , h) e i) del apartado 2 del artículo 192 y en el párrafo e) del apartado 3 del mismo artículo, cuando las mismas se refieran a bienes y derechos de la Administración General del Estado.

    • Serán competentes para imponer las sanciones correspondientes a las restantes infracciones los Ministros titulares de los departamentos a los que se encuentren afectados los bienes o derechos, y los presidentes o directores de los organismos públicos que sean sus titulares o que los tengan adscritos.

A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE [PROVINCIA] (1)

Yo, [NOMBRE], con DNI [NUMERO] y domicilio, a efectos de notificaciones, en C/[CALLE], nº [NUMERO] de [LUGAR], actuando en mi propio nombre y derecho, EXPONGO:

PRIMERO.- Que, como se sabe, el artículo 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone que los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u

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