Escrito de denuncia por infracción del 192.2 h) de la Ley 33/2003, incumplimiento del deber notarial de comunicar actos o contratos sobre bienes de la AGE no otorgados por autoridad competente

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  • Resumen:

    Tal y como señala establece el apartado 2 del Art. 192 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, son infracciones graves.

    • La producción de daños en bienes de dominio público, cuando su importe supere la cantidad de 10.000 euros y no exceda de 1.000.000 de euros.

    • La realización de obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas en bienes de dominio público, cuando produzcan alteraciones irreversibles en ellos.

    • La retención de bienes de dominio público una vez extinguido el título que legitima su ocupación.

    • El uso común especial o privativo de bienes de dominio público sin la correspondiente autorización o concesión.

    • El uso de bienes de dominio público objeto de concesión o autorización sin sujetarse a su contenido o para fines distintos de los que las motivaron.

    • Las actuaciones sobre bienes afectos a un servicio público que impidan o dificulten gravemente la normal prestación de aquél.

    • El incumplimiento del deber de comunicar la existencia de saldos y depósitos abandonados, conforme Art. 18 de esta ley.

    • El incumplimiento de los deberes de colaboración y cooperación establecidos en los Art. 61 y

A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE [PROVINCIA] (1)

Yo, [NOMBRE], con DNI [NUMERO] y domicilio, a efectos de notificaciones, en C/[CALLE], nº [NUMERO] de [LUGAR], actuando en mi propio nombre y derecho, EXPONGO:

PRIMERO.- Que, con ocasión de mi ocupación, he tenido ocasión de conocer la realización de un negocio jurídico, consistente en [ESPECIFICAR], sobre el siguiente bien cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado:

[DESCRIPCION] (2) 

SEGUNDO.- Que la escritura pública referida a dicho negocio fue otorgada por el Notario D.[NOMBRE], del Ilustre Colegio de [LUGAR], sin que ninguno de los otorgantes fuesen ni el Ministro de Hacienda, ni el Director General del Patrimonio del Estado o los Delegados de Economía y Hacienda.

TERCERO.- Que el inciso primero del artículo 63 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que "los notarios que intervengan en cualquier acto o contrato no otorgado por el Ministro de Hacienda, el Director General del Patrimonio del Estado o los Delegados de Economía y Hacienda sobre bienes o derechos cuya titularidad corresponda a la Administración General del Estado o a los

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