Demanda de impugnación de alta de oficio en el RETA de un consejero o administrador societario (procedimiento contencioso administrativo ordinario)

Los supuestos de encuadramiento, altas y bajas en los distintos regímenes de la Seguridad Social, por estar relacionados con la gestión recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social, plantean dudas en relación a la competencia del orden social o contencioso-administrativo de la jurisdicción.

En este sentido la normativa especifica que:

Letra s) art. 2, LRJS: Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el art. 1, LRJS, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan: «En impugnación de actos de las Administraciones públicas, sujetos a derecho administrativo y que pongan fin a la vía administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social, distintas de las comprendidas en el apartado o) de este artículo, incluyendo las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia y con excepción de las especificadas en la letra f) del art. 3».

Letra f) art. 3, LRJS: No conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social: «De las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los actos de gestión recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social y, en general, los demás actos administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social; así como de los actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas en materias que no se encuentren comprendidas en las letras o) y s) del art. 2».

Números 1 y 2, art. 146, LRJS

«1. Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido.»

«2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior:

a) La rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo...»

Número 1, art. 55, Real Decreto 84/1996, de 26 de enero

«1. Cuando la inscripción, protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tarifación, cobertura de la prestación por incapacidad temporal, afiliación, altas, bajas y variaciones obrantes en los sistemas de documentación de la Tesorería General de la Seguridad Social no sean conformes con lo establecido en las leyes, en este Reglamento y demás disposiciones complementarias, si así resultare del ejercicio de sus facultades de control o por cualquier otra circunstancia, dicha Tesorería General podrá adoptar las medidas y realizar los actos necesarios para su adecuación a las normas establecidas, incluida la revisión de oficio de sus propios actos en la forma y con el alcance previstos en este artículo y los siguientes».

Número 2 y 4, art. 34; LGSS:

«2. Las actas de liquidación extendidas con los requisitos reglamentariamente establecidos, una vez notificadas a los interesados, tendrán el carácter de liquidaciones provisionales y se elevarán a definitivas mediante acto administrativo de la Dirección General o de la respectiva Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, a propuesta del órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, preceptiva y no vinculante, tras el trámite de audiencia al interesado. Contra dichos actos liquidatorios definitivos cabrá recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. De las actas de liquidación se dará traslado a los trabajadores, pudiendo los que resulten afectados interponer reclamación respecto del período de tiempo o la base de cotización a que la liquidación se contrae.»

Atendiendo a la normativa y jurisprudencia relacionada, deberán impugnarse en el orden contencioso-administrativo solamente los actos de gestión recaudatoria (aquellos que persigan el cobro de los recursos o que se refiera al ejercicio de la actividad administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social).

 A TENER EN CUENTA.  El RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, modifica el artículo 2 de la LRJS con entrada en vigor el 20/03/2024. El presente formulario se encuentra actualizado a esta reforma.