Demanda de recurso contencioso por responsabilidad patrimonial por lesión de un alumno en el colegio

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 26/03/2021
  • Resumen:

    El artículo 106.2 de la Constitución Española establece la responsabilidad patrimonial de la Administración:

    "2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos."

    Por otro lado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículo 32 y siguientes, relativos a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, establece el derecho a los particulares a ser indemnizados:

    "1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

    La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

    2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas."

    El artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establece los plazos del derecho a reclamar a la misma la responsabilidad patrimonial:

    "1. El plazo para interponer el recurso contenciosoadministrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el acto presunto.

    2. En los supuestos previstos en el artículo 29, los dos meses se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo.

    3. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.

    4. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.

    5. El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

    6. En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento regulado en los tres primeros apartados del artículo 44, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado."


AL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE [LUGAR]/ A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE [COMUNIDAD AUTÓNOMA]

Don/Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don/Doña [NOMBRE_CLIENTE], representación que consta acreditada en virtud del poder que acompaño, y con la asistencia letrada de Don/Doña [NOMBRE_ABOGADO_CLIENTE], ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO

Que por medio del presente escrito, y en la representación que ostento, formulo DEMANDA DE  RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO al amparo de lo establecido en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la Resolución dictada en [FECHA]  por  la Consejería de Educación por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por las lesiones producidas a un alumno durante el recreo, todo ello con fundamento en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO. En fecha [DIA_MES_AÑO] interpusimos reclamación por vía Administrativa con la Consejería de Educación de [LUGAR], por responsabilidad patrimonial debido a unas lesiones producidas a un alumno cuando se encontraba en el recreo, reclamación que adjuntamos como medio de prueba (Documento 1).

En fecha [DIA_MES_AÑO] recibimos resolución por parte de la Consejería por la cual se desestimaba nuestra solicitud de reclamación patrimonial.

La Administración fundamentó la desestimación en base a los siguientes fundamentos [ESPECIFICAR]

En vista de los hechos mencionados en la reclamación previa y cumpliendo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, formulamos el siguiente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en base a los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

El artículo 1 apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa indica que los Juzgados y Tribunales del Orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujetas a Derecho Administrativo. Por su parte, corresponde el conocimiento de la presente pretensión al órgano al que me dirijo de conformidad con el artículo 8 de la LJCA.

SEGUNDO. PROCEDIMIENTO

La demanda se tramitará por los cauces del procedimiento [ORDINARIO/ABREVIADO], de conformidad con el artículo 78 de la LJCA.

TERCERO. POSTULACIÓN

Por lo que respecta a la postulación, esta parte se encuentra representada por procurador y asistida técnicamente por letrado de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

CUARTO. CUANTÍA

En base al artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la cuantía del mismo se fija en [ESPECIFICAR_CUANTÍA].

QUINTO. FONDO DEL ASUNTO

El artículo 106 apartado 2 de la CE proclama la responsabilidad patrimonial de la Administración: “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

En el mismo sentido el artículo 32 apartado 1 de la Ley 40/2015: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”.

Se dan en el presente caso los elementos para poder hablar de responsabilidad patrimonial regulados en el artículo 32 de la Ley 40/2015 y objeto de interpretación por la jurisprudencia en el ámbito de la responsabilidad sanitaria exigiendo los siguientes requisitos:

  1. Acción u omisión producida en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.
  2. Lesión o daño que el perjudicado no tenga el deber de soportar.
  3. Nexo de causalidad entre la conducta y el resultado lesivo.

Es decir, la viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración requiere, tal y como dispone el Tribunal Supremo en su sentencia, de 03 de mayo de 2011, ECLI: ES:TS:2011:2587

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal –es indiferente la calificación de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.

c) Ausencia de fuerza mayor.

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta

Partiendo de lo anteriormente expuesto, ciertamente existe una relación de causa efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, puesto que [ESPECIFICAR]

En relación con la relación de causalidad el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de junio de 1998. ECLI:ES:TS:1998:4087 se ha pronunciado del siguiente modo:

  • Que entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél.
  • No son admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con el factor eficiente, preponderante, socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso, puesto que, válidas como son en otros terrenos, irían en éste en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
  • La consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su vez, debe reservarse para aquéllos que comportan fuerza mayor, única circunstancia admitida por la ley con efecto excluyente, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de esta, siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.
  • El carácter objetivo de la responsabilidad impone la prueba de la concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima, suficiente para considerar roto el nexo de causalidad, pues no sería objetiva aquella responsabilidad que exigiese demostrar que la Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni aquella cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio actuó con prudencia.

Asimismo debe ser una causalidad adecuada la sentencia del Tribunal Supremo, rec. 100/1993, de 5 de diciembre de 1995. ECLI:ES:TS:1995:6155, esto es:

"Esta causa adecuada o causa eficiente exige un presupuesto, una "conditio sine qua non" esto es, un acto o un hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se considere consecuencia o efecto del primero. Ahora bien, esta condición, por sí sola, no basta para definir la causalidad adecuada. Es necesario además que resulte normalmente idónea para determinar aquel evento, o resultado teniendo en consideración todas las circunstancias del caso; esto es, que exista una adecuación objetiva entre acto y evento, lo que se ha llamado la verosimilitud del nexo; solo cuando sea así, dicha condición alcanza la categoría de causa adecuada, causa eficiente o causa próxima y verdadera del daño (in iure non remota causa, sed proxima spectatur). De esta forma quedan excluidos tanto los actos indiferentes como los inadecuados o inidóneos y los absolutamente extraordinarios".

JURISPRUDENCIA

1. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, rec. 1515/2005, de 01 de julio de 2009

''(...) la necesaria concurrencia, para apreciar en sentido positivo la responsabilidad administrativa, de la antijuricidad del daño, puesto que, en definitiva, y como esta jurisprudencia ha declarado, no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa''.

2. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, rec. 2052/2003, de 25 de septiembre de 2007. ECLI:ES:TS:2007:6042

''(...) como hemos declarado igualmente en reiteradísimas ocasiones es imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, cuya concurrencia la Sala de instancia niega en el caso de autos.  Es además jurisprudencia reiteradísima que la apreciación del nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso producido, o la ruptura del mismo, es una cuestión jurídica revisable en casación, si bien tal apreciación ha de basarse siempre en los hechos declarados probados por la Sala de instancia, salvo que éstos hayan sido correctamente combatidos por haberse infringido normas, jurisprudencia o principios generales del derecho al valorarse las pruebas, o por haberse procedido, al hacer la indicada valoración, de manera ilógica, irracional o arbitraria''.

3. Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, rec. 10231/2003, de 19 de junio de 2007. ECLI: ES:TS:2007:4200

"(...) es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público''.

4. Sentencia del Tribunal Supremo, rec. 6998/1995, de 27 de diciembre de 1999. ECLI: ES:TS:1999:8467

''(...) como en cualquier supuestos de responsabilidad extracontractual, ésta tiene la naturaleza de solidaria, de manera que frente al perjudicado cada obligado responde de la totalidad de la deuda, razón por la que el Ayuntamiento demandado habrá de indemnizar íntegramente al demandante en la cantidad que estimemos adecuada para su plena indemnidad''.

5. Sentencia del Tribunal Supremo, rec. 4294/2010 de 13 de marzo de 2012 

''Conforme a reiterada jurisprudencia (STS de 25 de septiembre de 2007, rec. casación 2052/2003 con cita de otras anteriores) para que prospere la acción de responsabilidad patrimonial de la administración se exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido.

Y también reitera la jurisprudencia (por todas STS de 11 de mayo de 2010, recurso de casación 5933/2005 ) que la apreciación del nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso, o la ruptura del mismo, es una cuestión jurídica revisable en casación, si bien tal apreciación ha de basarse siempre en los hechos declarados probados por la Sala de instancia, salvo que éstos hayan sido correctamente combatidos por haberse infringido normas, jurisprudencia o principios generales del derecho al haberse valorado las pruebas, o por haber procedido, al hacer la indicada valoración de manera ilógica, irracional o arbitraria''.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: que teniendo por presentado este escrito con los documentos que acompaño e igualmente sea aportado de contrario el expediente administrativo obrante en su poder, dándose traslado a esta parte de su contenido con antelación a la celebración de la vista, y copia de todo ello, admita a trámite la presente demanda y tenga por interpuesto RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO contra la resolución dictada en [FECHA]  por la Consejería de Educación de [LUGAR] por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración que se formuló en [FECHA] y, previos los trámites legales oportunos, dicte en su día sentencia por la que estimando la presente demandada se anule la resolución recurrida, reconociéndose el derecho del demandante a ser indemnizado en la cantidad de  [ESPECIFICAR],todo ello con expresa imposición de costas a la Administración demandada.

Es justicia que pido en [LOCALIDAD], a [DIA_MES_AÑO].

 

 Firma de Letrado                                 Firma de Procurador   

 

 

 

 

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