Modelo de solicitud de tramitación de ERTE por coronavirus en la Comunidad Valenciana

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  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 24/03/2020
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  • Resumen:

    Modelo de solicitud de tramitación de ERTE por coronavirus en la Comunidad Valenciana

    Dentro de las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos con motivo del coronavirus covid-19, tanto en los ERTES por fuerza mayor, como en los ERTES por causa económica, técnica, organizativa y de producción, se hace relación a la intervención de la Autoridad Laboral en el ámbito de las Comunidades Autónomas.

    Las Comunidades Autónomas han puesto en servicio distintas plataformas para la tramitación simplificada de solicitudes de ERTE por fuerza mayor que permiten agilizar la gestión de las solicitudes y el envío inmediato a la autoridad competente para iniciar la tramitación. 

    ¿Cómo presentar una solicitud de ERTE por fuerza mayor en la Comunidad Valenciana?

    Se tramitará con certificado electrónico:

    https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCDESPCOL&version=4&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=354

     

    ¿Qué empresa puede acogerse a un ERTE?

    Independientemente del número de trabajadores afectados, podrán acogerse a un ERTE:

    • Empresas que se dedican a alguna de las actividades suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
    • Situaciones de fuerza mayor que resulten de la situación generada por el estado de alarma o por la crisis del COVID-19: falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad o impongan la suspensión de ciertas actividades laborales, o imposibilidad de continuidad como consecuencia de las restricciones de movilidad de las personas o de las mercancías, siempre que traigan su causa en las medidas excepcionales decretadas por la autoridad gubernativa o recomendadas por las autoridades sanitarias, en ambos casos en relación al Covid-19; contagio o confinamiento de la plantilla, debidamente acreditados por las Autoridades Sanitarias.

     

    ¿Qué documentación deberán presentar las empresas para solicitar un ERTE en la Comunidad Valenciana?

    A. Documentación común: además de la que permita identificar adecuadamente a la empresa solicitante:

    a) Documentación que acredite fehacientemente el inicio correcto del período de consultas con los representantes legales de los trabajadores.
    b) Especificación de la causa alegada y concreción y detalle de las medidas si son de suspensión o reducción (porcentaje, horario y número de horas de trabajo que se reducen), extinción o, en su caso, por fuerza mayor.
    c) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados, desglosada, por centro de trabajo y, en su caso, provincia y comunidad autónoma. Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente el último año con idéntico desglose.
    d) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados.
    e) Periodo previsto para la realización de los despidos, en su caso.
    f) Memoria explicativa de las causas y, en el caso de empresas que realicen un despido colectivo de más de 50 trabajadores, plan de recolocación.
    g) Simultáneamente a la entrega de la comunicación a los representantes de los trabajadores, el empresario solicitará de estos la emisión del informe a que se refiere el artículo 64.5 a y b del Estatuto de los Trabajadores, copia de cuyos documentos se remitirán a la autoridad laboral.
    h) Declaración de la existencia o no de trabajadores afectados de más de 50 años.
    i) En el caso de empresas de más de 100 trabajadores o que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de trabajadores, que tengan beneficios y que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años, deberá presentarse una declaración responsable que indique el porcentaje medio de beneficios de la empresa o del grupo de empresas del que forme parte respecto de los ingresos, en los dos ejercicios económicos anteriores a aquel en que se inicie el procedimiento de despido colectivo.
    Además deberán indicar el número de trabajadores que se encuentren en alta en la empresa o empresas del mismo grupo, incluyendo la relación de los códigos de cuenta de cotización de la empresa que realiza el despido, y en su caso del resto de empresas que conformen el grupo, con mención del número de trabajadores adscritos a cada uno de ellos en el momento de la comunicación de inicio del periodo de consultas.
    También deberá indicarse el número de trabajadores afectados por el despido colectivo, igualmente se incluirá, en su caso, relación de los contratos de trabajo que se hayan extinguido en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la comunicación del inicio del período de consultas por iniciativa de la empresa o empresas pertenecientes al mismo grupo, en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c del Estatuto de los Trabajadores, salvo que la extinción de dichos contratos fuera anterior al 27 de abril de 2011. j) Información sobre la composición de la representación de los trabajadores, así como de la comisión negociadora, especificando, en el supuesto de ser varios los centros afectados, si la negociación se realiza a nivel global o diferenciada por centros. Igualmente deberá remitir información sobre los centros de trabajo sin representación unitaria, escrito de comunicación del artículo 26.4 o, en su caso, las actas relativas a la atribución de la representación a la comisión mencionada en dicho artículo.
    k) Indicación de la inclusión o no de trabajadores mayores de 55 años que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967.


    B. Documentación específica mínima:

    1. Documentación referida a la extinción, suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas:

    a) Memoria que acredite los resultados de la empresa de los que se desprenda una situación económica negativa.
    b) Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos:
    - balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, así como las cuentas provisionales al inicio del procedimiento, firmadas por los administradores o representantes de la empresa (en el caso de empresas no sujetas a la obligación de auditoría, se deberá aportar declaración de la representación de la empresa sobre la exención de auditoría).
    c) Cuando la situación económica negativa alegada consista en una previsión de pérdidas, además de la documentación a que se refiere el apartado anterior, la empresa deberá informar de los criterios utilizados para su estimación. Asimismo deberá presentar un informe técnico sobre el volumen y el carácter permanente o transitorio de esa previsión de pérdidas basado en datos obtenidos a través de las cuentas anuales, de los datos del sector al que pertenece la empresa, la evolución del mercado y de la posición de la empresa en el mismo, o de cualesquiera otros que puedan acreditar esta previsión.
    d) Cuando la situación económica negativa alegada consista en la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, el empresario deberá aportar, además de la documentación prevista en el apartado b), la documentación fiscal o contable acreditativa de la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas durante, al menos, los tres trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de comunicación de inicio del procedimiento de despido colectivo, así como la documentación fiscal o contable acreditativa de los ingresos ordinarios o ventas registrados en los mismos trimestres del año inmediatamente anterior.
    Cuando la empresa que inicia el procedimiento forme parte de un grupo de empresas con obligación de formular cuentas consolidadas, deberán acompañarse las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad dominante del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, durante el período señalado en el apartado 2, siempre que existan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento. Si no existiera obligación de formular cuentas consolidadas, además de la documentación económica de la empresa que inicia el procedimiento deberá acompañarse las de las demás empresas del grupo debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditoria, siempre que dichas empresas tengan su domicilio social en España, tengan la misma actividad o pertenezcan al mismo sector de actividad y tengan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento.
    e) En el caso de que se trate de una medida de suspensión o reducción, la documentación económica se limitará al último ejercicio económico completo así como a las cuentas provisionales del vigente a la presentación de la comunicación por la que se inicia el procedimiento. En caso de que la causa aducida consista en la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas, el empresario deberá aportar, además, la documentación fiscal o contable acreditativa de la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas durante, al menos, los dos trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de la comunicación de inicio del procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada, así como la documentación fiscal o contable acreditativa de los ingresos ordinarios o ventas registrados en los mismos trimestres del año inmediatamente anterior.


    Documentación referida a la extinción, suspensión de contratos y reducción de jornada por causas técnicas, organizativas o productivas. Además de la indicada en el punto 1:
    a) Informes técnicos que acrediten, en su caso, la concurrencia de las causas.


    Documentación referida a la extinción, suspensión y reducción por causa de fuerza mayor.
    a) Solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios.
    b) Simultáneamente, copia de la comunicación a los representantes legales de los trabajadores.

     

    ¿Cuánto tiempo tarda en tramitarse?

    Tras la admisión de la solicitud, la Autoridad Laboral podrá pedir informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se emitirá en el plazo de 5 días.

    La resolución de la Autoridad Laboral, que deberá emitirse en el plazo de 5 días, se limitará a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. El silencio es positivo.

    Más información sobre ERTES por fuerza mayor AQUÍ

    Más información sobre ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción AQUÍ

     

     

     

     

     


ERE temporal
Fuerza mayor
Despido colectivo
Autoridad laboral
Clasificación profesional
Centro de trabajo
Representación de los trabajadores
Ejercicio económico
Empresas pertenecientes al mismo grupo
Causas económicas, técnicas, organizativas y de producción
Iniciación del período de consultas
Cuentas anuales
Certificado electrónico
Representación legal
Mercancías
Actividad laboral
Finalización del período de consultas
Grupo de sociedades
Período de consultas
Agrupaciones de empresas
Representación unitaria
Comisión negociadora
Saldo deudor
Estado de cambios en el patrimonio neto
Balance contable
Reducción de jornada por causas económicas
Entidad dominante
Reducción de jornada laboral
Domicilio social en territorio español
Medios de prueba
Reducción de jornada por causas técnicas
Inspección de trabajo y Seguridad Social
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