Sentencia Contencioso-Administrativo 1759/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 778/2022 de 21 de diciembre del 2023

PRIMERO. Sobre el contenido del acto recurrido.

El Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 2 de junio de 2022 inadmitió el recurso de alzada núm. 147/2022 interpuesto contra el Acuerdo del Magistrado-Juez decano de los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, de fecha 7 de abril de 2022, por el que se había decretado el archivo de la queja núm. 2/2022. Dicho acuerdo toma como justificación el Informe de 29 de abril de 2022 elevado por el Magistrado-Juez Decano del siguiente tenor:

"DADA CUENTA: Por recibida la anterior comunicación de la Sección de Recursos del CGPJ, acerca del recurso de alzada mencionado (rec. n o47/2022), se emite el presente Informe, conforme dispone el artículo 121.2 de la Ley 39/2015 :

Tal y como manifiesta el interesado en su escrito formulando recurso de alzada contra el Acuerdo de fecha 7/04/2022, los hechos manifestados en su escrito de queja no, están-relacionados con, ninguna causa abierta en estos Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, lo que confirma e/ motivo por e/ cual se dictó el referido Acuerdo archivando el expediente."

Limitándose la Comisión Permanente a aplicar el Reglamento 1/1998 del Consejo General del Poder Judicial, considerando que el escrito de queja no señala actuación judicial concreta de la que pueda inferirse una responsabilidad disciplinaria por algún miembro de la Carrera Judicial; por lo que siendo el ámbito propio de las quejas el del funcionamiento de los juzgados y tribunales, no habiendo actuación judicial, estamos ante un acto irrecurrible, art. 122 de la CE, pues excede de la competencia del propio CGPJ que se mueve en el estricto conocimiento de asuntos relacionados con el gobierno de juzgados y tribunales y no puede emplearse como pretexto para solventar las diferencias del recurrente con el Ayuntamiento de Villarta de San Juan. Conforme, pues al art. 116 de la Ley 39/2015, "Serán causas de inadmisión las siguientes: e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento."

SEGUNDO. Posición de las partes y proyección sobre el caso enjuiciado.

Como se ha puesto de manifiesto el acto recurrido se ha limitado a negar la competencia del CGPJ respecto de una queja contra actuaciones ajenas al ámbito judicial. Frente a ello la parte recurrente se ha limitado a dejar constancia, sin más, sobre que ha formulado numerosas quejas respecto de diferentes actuaciones judiciales, sin más concreción, invocando al efecto el principio de tutela judicial efectiva y que se abra investigación sobre todas las quejas formuladas. El Sr. Abogado del Estado señala que se formula la demanda con absoluto generalidad y que no puede trasladarse al Tribunal la carga de averiguar las razones por las que se han formulado las quejas.

Es evidente que no se ha vulnerado el art. 24 de la CE, principio de tutela judicial efectiva, pues el recurrente ha tenido acceso a la vía judicial y poder desplegar en esta aquellos motivos de impugnación contra el supuesto acto recurrido. Lo cierto es que ante la inadmisibilidad decretada, ninguna alegación; sobre la concreta queja que dio lugar a la apertura del procedimiento, ni la más mínima referencia; sólo se refiere a multitud de quejas, sin más especificaciones.

Es a la parte recurrente, art. 56.1 de la LJCA, a la que corresponde asumir unas cargas procesales de observancia ineludible y que se imponen ex lege obligatoriamente por exigirlo la propia naturaleza, función y finalidad del recurso contencioso administrativo; la parte recurrente debe justificar suficiente y coherentemente los motivos de oposición al acto impugnado, con el fin de, por un lado, hacer posible la defensa de la parte recurrida al conocer suficientemente las razones de la impugnación, y, por otro, hacer posible la propia función de juzgar; cuando como en este caso la parte demandante se ha limitado a ignorar absolutamente las razones de la inadmisión del recurso de alzada y hace una genérica alegación a numerosas quejas anteriores y su derecho a ser atendido, obviando esfuerzo alguno y haciendo imposible la labor de juzgar por omisión absoluta de los motivos de impugnación, no deja más margen que desestimar la pretensión actuada, en tanto que no es labor de este Tribunal suplir la inactividad, ni nos corresponde descubrir las razones de las quejas, por lo que es la parte recurrente que no asume la carga procesal que le corresponde, la que debe también asumir las consecuencias jurídicas derivadas de dicho incumplimiento.

TERCERO. Sobre las costas.

Rechazadas las alegaciones en que se sustenta el recurso por las razones expuestas en los anteriores fundamentos de derechos, hemos de desestimar el recurso contencioso administrativo ordinario. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 y 4 de la Ley jurisdiccional, se impone las constas a la parte actora hasta un máximo de 2000 euros por todos los conceptos legales, más el IVA que en su caso corresponda.