Jurisprudencia por Calvo Rojas, Eduardo.

No ha lugar al recurso interpuesto contra la Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Aragón, sobre paralización de obras de movimiento de tierras. La paralización o suspensión de obras por no estar amparadas en licencia municipal o excederse de lo autorizado en ella, no constituye un acto sancionador sino una medida cautelar tendente al restablecimiento de la legalidad urbanística, que por su propia naturaleza, no requiere tramitación es

El TS desestima el recurso de casación interpuesto por la Diputación recurrente, contra la sentencia que estimando la cuestión de ilegalidad, declara la nulidad de la Relación de Puestos de Trabajo publicada, en cuanto fija el nivel de complemento de destino asignado a uno de los puestos. La Sala entiende que la cuestión de ilegalidad tiene como único objetivo la depuración del ordenamiento jurídico y supone la habilitación de un cauce para que el órgano jurisdiccional que tiene la competenci

Procedimiento público para la contratación de servicios. Se suscita la cuestión de si, cuando la licitadora es una Unión Temporal de Empresas, basta con que uno de los integrantes de la misma cumpla los requisitos de solvencia técnica exigida, acumulándose entre sus miembros, o si, la solvencia es exigible de forma individual a cada uno de los integrantes de la Unión Temporal de Empresas. Ha lugar al recurso de casación y desestimación del recurso contencioso administrativo.

SUBVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO AFECTADO POR DEFICIENCIAS CONSTRUTIVAS. LA SENTENCIA RECURRIDA ACUERDA LA INADMISIÓN DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO POR FALTA DE ACREDITACIÓN DEL ACUERDO DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARA RECURRIR. HA LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN Y RETROACCIÓN DE ACTUACIONES PARA QUE, CON ADMISIÓN DEL RECURSO, LA SALA DE INSTANCIA RESUELVA LA CONTROVERSIA DE FONDO, AL VERSAR ÉSTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE NORMAS DE DERECHO AUTONÓMICO.

Se plantea la cuestión que consiste en interpretar los artículos 14.2 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos de determinar cuáles son las consecuencias que se derivan de una notificación efectuada a una persona jurídica en formato papel y no a través de medios electrónicos.

Contratación pública. Se abordan las cuestiones de si ha de incluirse o no la cuota del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la Administración en el pago de determinadas facturas de un contrato de servicios; si para atender dicho pago del IVA ha de acreditarse por el contratista que ha realizado efectivamente el pago o ingreso de di