Sentencia Administrativo Nº 315/2015, Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 211/2012 de 29 de Octubre de 2015

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  • Tribunal: TSJ Navarra
  • Ponente: Martinez, Raquel Hermela Reyes
  • Núm. Sentencia: 315/2015
  • Núm. Recurso: 211/2012
  • Núm. Cendoj: 31201330012015100265

Encabezamiento

SENTENCIA Nº 315/2015

ILTMOS. SRES.:

PRESIDENTE,

D. FRANCISCO JAVIER PUEYO CALLEJA

MAGISTRADOS,

Dª Mª JESÚS AZCONA LABIANO

Dª. RAQUEL H. REYES MARTINEZ

En Pamplona, a veintinueve de octubre de dos mil quince.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra constituida por los Ilustrísimos Señores Magistrados expresados, los autos del Recurso nº 211/2012promovido contra el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 25 de enero de 2012 por el que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución 720/2011, de 4 mayo, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se concede Autorización Ambiental Integrada para la instalación de fabricación de tubos de acero soldado, cuyos titulares son Zalain Transformados S.L. y Mecanizados de Zalain S.L., ubicada en el término municipal de Lesaka. Siendo en ello partes: como recurrentes,D. Eusebio , Dª María Consuelo Y Dª Constanza , representados por la Procuradora Dña. Camino Royo Burgos y dirigidos por el Letrado D. José Luis Beaumont Aristu; como demandados, LAADMINISTRACIÓN FORAL DE NAVARRA, representada y dirigida por su Asesor Jurídico-Letrado y LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO,representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso contencioso-administrativo y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando que se dictase sentencia por la que, con estimación del recurso, resuelva declarar la nulidad de los actos impugnados, o subsidiariamente su anulabilidad, por su disconformidad al ordenamiento jurídico, y como reconocimiento de la situación jurídica individualizada de los demandantes se declare su derecho al disfrute de su vivienda y domicilio sin injerencias externas por ruido procedente de las instalaciones y actividades industriales autorizadas por los actos recurridos, declarándose asimismo que los recurrentes no tienen el deber jurídico de soportar tales ruidos, con todo lo demás que en derecho proceda y, particularmente, a salvo mejor criterio de la Sala, ordenando a la demandada la inmediata adopción de las decisiones y medidas pertinentes en orden a exigir a la beneficiaria de la Autorización Ambiental Integrada tanto el cese de las inmisiones sonoras en la vivienda de los demandantes como el establecimiento de cuantas medidas procedan para la consecución de tal cese a la mayor brevedad.

SEGUNDO .- Tanto el Asesor Jurídico-Letrado del Gobierno de Navarra como el Sr. Abogado del Estado contestaron a la demanda solicitando que se dictase sentencia desestimatoria por la que se confirmase el acto recurrido.

TERCERO .- Por auto que consta en el procedimiento se acordó el recibimiento a prueba del recurso, con el resultado obrante en autos y, evacuado el trámite de conclusiones, la parte actora solicitó la ampliación del recurso a la resolución Nº 649/2013, de 16 de agosto, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se modifica la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de fabricación de tubos de acero soldado en el término municipal de Lesaka, cuyos titulares son Zalain Transformados S.L. y Mecanizados de Zalain S.L., con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras la modificación solicitada.

Concedido traslado a las demás partes sobre la ampliación del recurso solicitada, fue desestimada por auto de la Sala y una vez evacuado el traslado para alegaciones en relación con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aportada por la parte actora, se señaló para votación y fallo que tuvo lugar el día 21 de octubre de 2015.

Es ponente la Iltma. Sra. DÑA. RAQUEL H. REYES MARTINEZ,quien expresa el parecer de la Sala.


Fundamentos

PRIMERO.-Resolución recurrida y alegaciones de las partes.

Es objeto del presente recurso el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 25 enero 2012 por el que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución 720/2011, de 4 mayo, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se concede autorización ambiental integrada para la instalación de fabricación de tubos de acero soldado, cuyos titulares son Zalain Transformados S.L. y Mecanizados de Zalain S.L., ubicada en el término municipal de Lesaka.

Alega la parte actora, en síntesis, como motivos de impugnación los siguientes:

1º.- Nulidad de pleno derecho de la Autorización Ambiental Integrada o subsidiariamente anulabilidad de la misma por no haber sometido el proyecto, instalaciones y actividades industriales al proceso reglado de evaluación de impacto ambiental y la no realización preceptiva de la evaluación de impacto ambiental, que es un requisito esencial en el proceso de autorización, con infracción de los arts. 11.4 , 12.3 y 22.6 a) de la Ley 16/2002, de 1 de julio , en relación con el epígrafe 2.6 de su Anejo 1 ( y art. 24 de la Ley Foral 4/2005, de 22 marzo , en relación con el epígrafe 2.6 de su Anejo 2-B.

La resolución recurrida eximió a la actividad industrial del sometimiento a evaluación de impacto ambiental por tratarse de una instalación y actividad existente, pese a que muchas de las instalaciones preexistentes no contaban con licencia de actividad y ninguna de ellas con licencia de apertura, funcionando en la práctica clandestinamente y en situación de ilegalidad.

Así mismo, le eximió del sometimiento a la normativa sectorial de las actividades con riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, a pesar de ser la actividad y las instalaciones industriales productoras y almacenadoras de residuos peligrosos y de situarse en las inmediaciones de viviendas habitadas.

También le eximió del efectivo e inmediato cumplimiento de los valores límites de emisión de ruido establecidos en la normativa sectorial vigente señalando como objetivo a medio/largo plazo alcanzar el cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos en el RD 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas expresados en dBA.

2º.- Nulidad de pleno derecho de los actos recurridos por autorizar el funcionamiento de unas instalaciones y actividades industriales que producen una permanente contaminación acústica que afecta directamente a la salud de los demandantes, vulnerando su derecho a la salud y el disfrute de su vida privada y familiar y de su domicilio, sin injerencias externas que no tienen en modo alguno el deber jurídico de soportar.

Los demandantes llevan más de 20 años sufriendo el impacto acústico, con múltiples denuncias cursadas e intervenciones de la Policía Foral, pese a lo cual la resolución recurrida permite a la titular de las instalaciones y actividades industriales seguir emitiendo ruido por encima de los niveles máximos permitidos, limitándose a establecer como objetivos a obtener progresivamente y a medio largo plazo los de alcanzar el cumplimiento de valores límite de inmisión de ruido legalmente establecidos.

El índice Leq no es adecuado ni válido para traducir ni medir las molestias reales provocadas a la población por ruidos intermitentes que aún persiste en otro nivel de ruido permanente, sobrepasando ampliamente el nivel sonoro ambiente.

Esta situación vulnera la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión de ruido ambiental, el Decreto Foral 135/1989, de 8 junio, por el que se establecieron las condiciones técnicas a cumplir con las actividades MINP que puedan ser causa de molestias a las personas por emisión de ruidos y vibraciones, estableciendo el art. 10 la inclusión en el oportuno expediente de un proyecto acústico que justifique el cumplimiento del propio Decreto Foral y en el art. 15 unos valores límites para los niveles sonoros exteriores en zonas residenciales o docentes sin talleres ni tráfico importante de 55 dBA día y 45 dBA noche, no siendo aplicables los correspondientes a las zonas industriales (70 dBA día y 60 dBA noche).

El RD 1131/1988, de 30 septiembre por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1286, de 28 junio, de evaluación de impacto ambiental, preceptúa como contenido obligatorio mínimo de la evaluación de impacto ambiental la estimación de los efectos del proyecto sobre la población humana debiendo comprender tal estimación en concreto la relativa a la incidencia del proyecto, obra o actividad sobre las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público, tales como ruidos, vibraciones, etc.

La contaminación acústica permanente a la que se ven sometidos los demandantes vulnera el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , y es contraria a los parámetros del derecho a la vida privada y familiar el domicilio proclamados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con cita, entre otras de la STEDH 16/11/2004, asunto Moreno Gómez c. España .

Este Tribunal Superior de Justicia ha abordado el problema de la contaminación acústica con incidencia en viviendas y domicilios y con ello en la esfera de la vida privada de familiar de los particulares afectados, citando múltiples sentencias de la Sala.

No es exigible a los demandantes que se perpetúe la grave situación ambiental que vienen sufriendo desde hace más de 20 años frente a intereses puramente económicos de la titular de las instalaciones de actividades industriales por lo que debe revocarse la Autorización Ambiental Integrada otorgada a la empresa y en su lugar se exija a la interesada el inmediato e inexcusable cumplimiento de los valores y niveles de inmisión sonora legalmente establecido. La resolución recurrida hace prevalecer los intereses de la mercantil interesada en seguir produciendo generando ruido, desprotegiendo expresamente los derechos de los demandantes a la salud, a un medio ambiente adecuado y el disfrute de su vida privada y familiar y de su domicilio sin injerencias externas, que no tienen el deber jurídico de soportar.

3º.- Conforme a lo dispuesto en los arts. 31.2 y 71.1.B) de la LJCA procede que se declare por la Sala el reconocimiento de la situación jurídica individualizada de los demandantes en el sentido de declararse su derecho a su vida privada y familiar y al disfrute de su vivienda y domicilio sin injerencias externas por ruido procedente de las instalaciones de las actividades industriales autorizadas por los actos recurridos y de declararse asimismo que no tienen el deber jurídico de soportar tales ruidos.

El Asesor Jurídico-Letrado del Gobierno de Navarra se opone a la demanda alegando que se trata de una instalación existente, en el sentido del art. 3 de de la Ley 16/2002 , ya que es una instalación en funcionamiento y autorizada con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, por lo que la misma prevé un régimen especial de adaptación a través de la obtención de la autorización ambiental integrada ( disposición transitoria primera de la ley 16/2002 e igual transitoria de la Ley Foral 4/2005).

La normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación establece una distinción capital entre nuevas instalaciones e instalaciones existentes. En este caso, se trata de una instalación existente que ya está en funcionamiento y autorizada con anterioridad que debe adaptarse al nuevo régimen y que no necesita evaluación impacto ambiental de proyectos.

La evaluación de impacto ambiental se exige para los nuevos proyectos en cuanto suponen realización de instalaciones pero no respecto de los proyectos ya realizados y existentes. Así la Directiva 85/387/CE es aplicable a los proyectos de futuro (nuevos proyectos y modificaciones sustanciales). En el mismo sentido puede verse la Disposición Transitoria Primera del Decreto Foral 93/2006, de 28 diciembre , que aprueba el desarrollo reglamentario de la Ley 4/2005 y la Disposición Transitoria Unica, apartado 3 del Real Decreto 509/2007 aprobatorio del Reglamento de la Ley 16/2002. Similar argumento ya ha sido rechazado por la Sala en sentencia número 135/2010 de 12 marzo 2010 (Rec. 499/2007 636/2007 acumulados).

También se opone a la alegada nulidad de pleno derecho por autorizar el funcionamiento de las instalaciones y actividades que producen una permanente contaminación acústica que afecta directamente a los recurrentes con supuesta infracción de los derechos a la salud y el disfrute de su vida privada y familiar y de su domicilio, sin injerencias externas que no tienen el deber jurídico de soportar; señalando que la instalación se ubica en el suelo industrial y en la propia resolución recurrida se expresa en el Anejo II el cumplimiento en general de los valores límite de inmisión de ruidos fijados tanto en el RD 1367/2007 como en el Decreto Foral 135/1989.

Al ser una instalación existente, es de aplicación el art. 18 y el Anexo II del RD 1367/2007 y no, como pretende la parte actora, el art. 24 y el Anexo III de dicho Real Decreto , que se refieren a nuevas actividades.

Los valores fijados en el apartado 13 del Anejo II de la resolución recurrida, tanto finales u objetivos alcanzar, como transitorios hasta el 31/12/2012, están claramente por debajo de los objetivos fijados en el Anexo II del Real Decreto 1367/2012.

También cumple la resolución el Decreto Foral 135/1989, el proyecto incluye un proyecto de reducción de la contaminación acústica y un plan de gestión del ruido ambiental, por lo que satisface plenamente la exigencia del art. 10 de este Decreto Foral y los valores límites de inmisión de ruidos fijados en la resolución se ajustan a los señalados en el art. 15 del citado Real Decreto para la industria, que son de 70 y 60 dBA, según se trate de día o noche.

Además, tratándose de una industria existente, ha de tenerse en cuenta un periodo transitorio para que con la implantación de las mejoras técnicas disponibles impuestas por la propia Autorización Ambiental Integrada, se puedan cumplir tales límites máximos de inmisión. Este régimen transitorio (hasta el 31/12/2012) además de obedecer a la propia lógica de la normativa de prevención y control de la contaminación, que pretende la reducción y el control, mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles, de la contaminación, siendo un proceso progresivo; tiene también su fundamento y justificación en la Ley 37/2003 del ruido y en el Real Decreto 1367/2007, como se recoge en el Acuerdo que desestima el recurso de alzada.

Los actos impugnados no infringen el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , ni la doctrina respecto del TEDH, ni la jurisprudencia de la Sala. En este caso se superan los estándares mínimos establecidos por la doctrina del TEDH, se ha cumplido el procedimiento establecido ponderándose de forma razonable, razonada y proporcionada los distintos intereses en juego y fijándose medidas para la reducción del ruido y la resolución autorizatoria satisface los valores límites de inmisión de ruidos fijados reglamentariamente.

Tampoco procede el reconocimiento de la situación jurídica individualizada que pretende la parte actora porque los actos impugnados son plenamente legales y en ningún caso vulneran el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en todo caso, lo que aquí se discute es la legalidad de los actos administrativos de otorgamiento de la Autorización Ambiental Integrada a una instalación; por lo que, acreditada la legalidad, no procede ahora entrar en otras cuestiones, como es su cumplimiento posterior, que, en su caso, podrá plantearse oportunamente ante la instancia competente.

El Sr. Abogado del Estado, en representación de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se opone a la demanda señalando que la parte demandante no cuestiona las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y en todo lo demás se remite a la contestación a la demanda por parte del Gobierno Foral.

SEGUNDO .-Hechos probados.

De la prueba practicada en autos, consistente esencialmente en la documental derivada del expediente administrativo y de la documental aportada por las partes con sus escritos de demanda y contestación, cabe entender acreditado:

1º.- ZALAIN TRANSFORMADOS, S.L. está dedicada a la fabricación de tubos de acero soldados y presentó el día 27 de febrero de 2009 la solicitud de Autorización Ambiental Integrada para la instalación de fabricación de tubos de acero soldado, acompañando al proyecto (f. 488 a 505 del doc. 1 del e/a):

- La resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Lesaka 28/1996, de 21 de marzo, por la que se concedió a CSI transformados S.A. la licencia de actividad para la legalización de la fábrica de acero en los barrios de Arratzubi y Zalain, de acuerdo con el informe favorable nº 2458, de 22 de diciembre de 1994, del Director General de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

- La resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Lesaka, de 10 de noviembre de 1995, por la que se concedió a CSI Transformados S.A. la licencia de actividad clasificada y de obras para la ampliación de sus instalaciones en la planta de Zalain, de acuerdo con la resolución favorable nº 1537, de 21 de julio de 1995, del Director General de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

- La resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Lesaka, de 14 de febrero de 2003, por la que se concedió a Aceralia Transformados S.A. la licencia de actividad clasificada y de obras para un nuevo almacén de tubos en el barrio Zalain-Zoko, de acuerdo con la resolución favorable nº 1415, de 5 de junio de 2000, del Director General de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

2º.- Incoado el expediente de Autorización Ambiental Integrada nº NUM000 , se tramitó el procedimiento de autorización con información pública (doc. 8 del e/a) y los informes técnicos que obran en el expediente administrativo, dictándose resolución Nº 720/2011 del Director General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra por la que se concede Autorización Ambiental Integrada por un plazo de ocho años para la instalación de fabricación de tubos de acero soldado, cuyos titulares son Zalain Transformados S.L. y Mecanizados de Zalain S.L. ubicada en el término municipal de Lesaka, de acuerdo con las condiciones contempladas en el proyecto básico de solicitud de autorización ambiental integrada y en el resto de la documentación adicional incluida en el expediente y en cualquier caso cumpliendo las medidas incluidas en los Anejos 2 y 3 de la propia resolución (doc. 35 del e/a).

3º.- Los hoy demandantes interpusieron recurso de alzada frente a la misma, que fue desestimado por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 25 de enero de 2012; resolución que ahora se recurre.

TERCERO.- Sobre la Autorización Ambiental Integrada.

La Autorización Ambiental Integrada aparece regulada en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, que incorpora al ordenamiento interno español la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.

La Ley en su Exposición de Motivos señala que para hacer efectiva la prevención y el control integrado de la contaminación, la Directiva 96/61/CE supedita la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación a la obtención de un permiso escrito, que deberá concederse de forma coordinada cuando en el procedimiento intervengan varias autoridades competentes. En este permiso se fijarán las condiciones ambientales que se exigirán para la explotación de las instalaciones y, entre otros aspectos, se especificarán los valores límite de emisión de sustancias contaminantes, que se basarán en las mejores técnicas disponibles y tomando en consideración las características técnicas de la instalación, su implantación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente.

En la Comunidad Foral se regula en la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental y en desarrollo de ambas Leyes se publicó el RD 509/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002 y en el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005.

El objetivo es la prevención, reducción y el control de la contaminación y el impacto ambiental sobre la atmósfera, el agua, el suelo, así como sobre la biodiversidad, de determinadas actividades, públicas o privadas, como medio de alcanzar la máxima protección posible del medio ambiente en su conjunto ( art. 1 de la Ley Foral 4/2005 ).

La finalidad de la autorización ambiental integrada es: 'a) Establecer un sistema de prevención e intervención ambiental que integre en un único procedimiento y acto autorizatorio, las autorizaciones de producción y gestión de residuos, de vertidos a dominio público hidráulico, de vertidos a colectores, de emisiones a la atmósfera y del control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Asimismo, en la autorización ambiental integrada se incluirá la correspondiente a la de actividades autorizables en suelo no urbanizable prevista en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y la declaración de impacto ambiental cuando su formulación sea competencia del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

b) Prevenir y reducir en origen la contaminación y las emisiones al suelo, agua y aire de las actividades e instalaciones sujetas con el fin de alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto' ( art. 12 de la Ley Foral 4/2005 y en similares términos ( art. 11.1 de la Ley 16/2002 ).

Finalmente, hay que señalar la naturaleza jurídica de la Autorización Ambiental Integrada es la de un acto administrativo de autorización, mediante el que la Administración ejerce un control previo para el ejercicio de una determinada actividad. Tiene un carácter reglado y no discrecional, pues si concurren los requisitos y presupuestos legal y reglamentariamente establecidos, la autorización será concedida ( STS 25-01-2013 Rec. 4524/2010 ).

CUARTO.- Sobre la necesidad de evaluación de impacto ambiental.

La parte actora alega que la Autorización Ambiental Integrada es nula o en todo caso anulable por no haber sometido el proyecto, instalaciones y actividades industriales al proceso reglado de evaluación de impacto ambiental y la no realización preceptiva de la Evaluación de Impacto Ambiental, que es un requisito esencial en el proceso de autorización, con infracción de los arts. 11.4 , 12.3 y 22.6 a) de la Ley 16/2002, de 1 de julio , en relación con el epígrafe 2.6 de su Anejo 1 (y art. 24 de la Ley Foral 4/2005, de 22 marzo , en relación con el epígrafe 2.6 de su Anejo 2-B).

Las actividades industriales de las mercantiles consistentes en la fabricación de tubos de acero soldado, cuyos titulares son Zalain Transformados S.L. y Mecanizados de Zalain S.L. están sometidas al régimen de Autorización Ambiental Integrada y evaluación de impacto ambiental, conforme a lo dispuesto en el Anejo 2B, epígrafe 2.6 de la Ley Foral 4/2005 'Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m³'. (Del mismo tenor el epígrafe 2.6 del anejo 1 de la Ley 16/2002).

La empresa también lo considera así en el proyecto unido a su solicitud, bajo el epígrafe 2 CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD SEGUN R D 1612002 Y L F 412005 en el que manifiesta: 'ZALAIN TRANSFORMADOS, S.L. está dedicada a la fabricación de tubos de acero soldados.

En su proceso de conformación del tubo calibrado se dispone de unas instalaciones para el aceitado y lubricado del tubo previo a su estirado en frío.

De acuerdo con la última comunicación del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, de fecha 26 de agosto de 2.008, se indica que existen en las instalaciones 2 cubas con aceite reactivo de 26 m3 de producto cada una para el tratamiento superficial de las piezas fabricadas, y que esta instalación está incluida dentro de las actividades afectadas por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación en el Anejo 1, epígrafe 2.6 'instalaciones para el tratamiento de superficies de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m3'

Además, también está incluida en el Anejo 2B, epígrafe 2.6 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 'Instalaciones para el tratamiento de superficies de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superiora 30 m3'.

En consecuencia esta actividad está sometida al régimen de Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto Ambiental'.

La evaluación de impacto ambiental sólo es necesaria en relación a las nuevas instalaciones o a modificaciones sustanciales de las ya existentes.

Tanto la Ley estatal como la Ley foral distinguen entre instalaciones e instalaciones existentes y así, el Anejo 1 de la Ley Foral 4/2005 define la 'Instalación' (sometida a autorización ambiental integrada): cualquier unidad técnica fija en donde se desarrolle una o más de las actividades industriales enumeradas en el Anejo 2 de la presente Ley Foral, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquellas que guarden relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y la 'Instalación existente' (de las sometidas a autorización ambiental integrada): cualquier instalación en funcionamiento y autorizada con anterioridad al 3 de julio de 2002, o que haya solicitado las correspondientes autorizaciones exigibles por la normativa aplicable, siempre que se ponga en funcionamiento a más tardar doce meses después de dicha fecha (en el mismo sentido art. 3 de la Ley 16/2002 ).

Como se ha expuesto anteriormente, las mercantiles solicitantes de la Autorización Ambiental Integrada disponían de las correspondientes licencias de actividad clasificada previas a esta solicitud y, en cuanto a las instalaciones existentes, previamente autorizadas, debe aplicarse la Disposición Transitoria 1ª del Decreto Foral 93/2006, de 28 diciembre , por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, según la cual 'En la adaptación de las instalaciones existentes, recogidas en los Anejos 2 A y 2B, al régimen de obtención de la autorización ambiental integrada, no será necesario tramitar los procedimientos para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental'.

En el mismo sentido, el punto 3 de la Disposición Transitoria Unica del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, referida al régimen aplicable a las instalaciones existentes dispone que: 'En los procedimientos de adaptación de las instalaciones existentes a la Ley 16/2002, de 1 de julio, podrá sustituirse la documentación enumerada en el artículo 12 de la misma por una copia de las autorizaciones sectoriales otorgadas a la instalación, en la medida en que cubran las exigencias establecidas en el mencionado artículo.

Asimismo, en lo que a la evaluación de impacto ambiental de las instalaciones existentes se refiere, ésta sólo se realizará en aquellos casos que establezca la normativa en la materia'.

Finalmente, cabe destacar que este criterio fue sostenido también la sentencia de esta Sala nº 135/2010, de 12 de marzo de 2010, Rec acumulados nº 499/2007 y 636/2007, referida a una cementera y confirmada por la STS de 04/11/2013, Nº de Recurso: 3069/2010 Roj: STS 5423/2013 en cuyo fundamento de derecho 12º el Alto Tribunal establece: ' Como noveno motivo de casación se imputa a la sentencia que haya negado la sujeción de la actividad de fabricación de cemento desarrollada por la empresa, aisladamente, o en conjunción con la actividad extractiva que asimismo realiza, a la evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con las previsiones establecidas en este sector del ordenamiento jurídico, que se concretan en la Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1985, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, y el posterior Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, dictado en su desarrollo.

En este concreto caso mejor que ningún otro asoma una evidencia que, a decir verdad, condiciona la suerte entera de nuestro pronunciamiento y que ha quedado puesto de manifiesto directa o veladamente en la práctica totalidad de nuestras consideraciones, pues resulta que la instalación concernida en el caso, sujeta ahora al trámite de autorización ambiental integrada, preexiste a la propia normativa cuya aplicación se pretende y, como resulta elemental, ésta no pudo ser tenida en cuenta en el momento de su implantación hace cien años.

Resulta decisiva esta cuestión, incluso, en lo que atañe a la aplicación de la normativa misma relativa a la autorización ambiental integrada. No puede sorprender que por eso exista en ella una previsión particular establecida respecto de las instalaciones existentes y en funcionamiento antes de su entrada en vigor (disposición transitoria única del Real Decreto 509/2007).

Pero, al menos, en tal caso, puede pretenderse la aplicación de la Ley (Ley foral 4/2005; y, en la misma medida, la LPCIC, de cuya atención nos hemos venido ocupando hasta ahora), si no en su totalidad, sí en las condiciones precisas establecidas para la adaptación de la Ley. Porque al menos precisamente el objetivo de la autorización ambiental integrada lo constituye el control y la reducción de las repercusiones ambientales una vez la instalación está ya en funcionamiento, mediante el establecimiento de las medidas necesarias para evitar o al menos reducir, las emisiones de estas actividades y la contaminación.

Pero de ningún modo puede pretenderse la de la correspondiente a la evaluación de impacto ambiental, que contempla la exigencia de atenerse a un procedimiento administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno, precisamente, en caso de ser ejecutado y antes de que se ejecute propiamente.

La disposición transitoria primera del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre , que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, aborda esta cuestión, disponiendo que:

'Primera. Régimen aplicable a instalaciones existentes sometidas a Autorización Ambiental Integrada. En la adaptación de las instalaciones existentes, recogidas en los Anejos 2 A y 2 B, al régimen de obtención de la autorización ambiental integrada, no será necesario tramitar los procedimientos para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental'.

Por esta sola razón procede rechazar el motivo alegado. Por su propio peso, en cualquier caso, cae esta conclusión, a partir del dato de que la normativa sobre evaluación de impacto ambiental refiera su ámbito de aplicación, como no puede ser de otro modo, a 'proyectos' de obras, instalaciones y actividades (Real Decreto Legislativo 1302/1986), y no quepa su aplicación a realidades materiales consumadas con anterioridad. Como máximo, aclara la normativa comunitaria con posterioridad, Directiva 96/61/CE en su artículo 9.2 :

'En el caso de una nueva instalación o de una modificación sustancial,, cuando sea de aplicación el artículo 4 de la Directiva 85/337/CE , toda información o conclusión pertinente obtenida a raíz de la aplicación de los artículos 5, 6 y 7 de dicha Directiva deberá tomarse en consideración para la concesión del permiso'.

Es decir, la evaluación de impacto ambiental sólo se refiere a nuevas instalaciones o a la modificación sustancial, pero no a las instalaciones existentes, pues éstas están ya están efectivamente implantadas(...)'.

En este caso, la solicitud de Autorización Ambiental Integrada también comprende, de acuerdo con la comunicación del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, de fecha 26 de agosto de 2.008, la autorización de 2 cubas con aceite reactivo de 26 m3 de producto cada una para el tratamiento superficial de las piezas fabricadas, que requieren evaluación de impacto ambiental, y que no contaban con autorización ambiental previa, por lo que debe ser considerada como modificación sustancial, en cuyo caso, el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, prevé que la Autorización Ambiental Integrada contenga la evaluación ambiental.

En el art. 3 e) de la Ley 16/2002 se definen las modificaciones sustanciales de actividad en los siguientes términos 'Modificación sustancial»: cualquier modificación realizada en una instalación que en opinión del órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada y de acuerdo con los criterios establecidos en el art. 10.2 pueda tener repercusiones perjudiciales o importantes en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente'. Y en el art. 10.2 se dice 'A fin de calificar la modificación de una instalación como sustancial se tendrá en cuenta la mayor incidencia de la modificación proyectada sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, en los siguientes aspectos:

a) El tamaño y producción de la instalación.

b) Los recursos naturales utilizados por la misma.

c) Su consumo de agua y energía.

d) El volumen, peso y tipología de los residuos generados.

e) La calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de las áreas geográficas que puedan verse afectadas.

f) El grado de contaminación producido.

g) El riesgo de accidente'.

De hecho, en la información pública se hace constar 'Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto Ambiental' (doc. 8 del e/a), pese a lo cual en la resolución de concesión de la Autorización Ambiental Integrada se establece que, aunque la instalación está incluida en el Anejo 2B, epígrafe 2.6 de la Ley Foral 4/2005 y en consecuencia está sometida al régimen de autorización ambiental integrad y de evaluación de impacto ambiental obligatoria, no obstante no se ha tramitado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental por aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre de desarrollo de la Ley Foral 4/2005 (doc. 35 del e/a).

La Disposición Transitoria Primera bajo el título 'Régimen aplicable a instalaciones existentes sometidas a Autorización Ambiental Integrada', dispone que 'En la adaptación de las instalaciones existentes, recogidas en los Anejos 2 A y 2 B, al régimen de obtención de la autorización ambiental integrada, no será necesario tramitar los procedimientos para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental'.

No puede estimarse correcto este criterio por cuanto las 2 cubas con aceite reactivo de 26 m3 de producto cada una para el tratamiento superficial de las piezas fabricadas no habían sido autorizadas anteriormente, tal y como se desprende del doc. 25 de la demanda consistente en un informe del Servicio de Calidad Ambiental del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, de fecha 26 de agosto de 2.008, en el que consta 'tras consulta con responsables de la empresa nos indican que existen actualmente en las instalaciones 2 cubas con aceite reactivo de 26 m3 de producto cada una para el tratamiento superficial de las piezas fabricadas(...) por lo que no procede la concesión de licencia de apertura ni el inicio de un nuevo expediente de actividad clasificada, debiendo al empresa Zalain Transformados S.L. presentar una solicitud de autorización ambiental integrada'. Siendo esto así, no pueden considerarse 'Instalación existente' que es definida en la Ley 4/2005 como cualquier instalación en funcionamiento y autorizada con anterioridad al 3 de julio de 2002.

Así, en la resolución Nº 649/2013, de 16 de agosto, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se modifica la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de fabricación de tubos de acero soldado en el término municipal de Lesaka, cuyos titulares son Zalain Transformados S.L. y Mecanizados de Zalain S.L., con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras la modificación solicitada, en relación a la puesta en funcionamiento de horno 2 la Administración considera que 'es una modificación significativa, puesto que da lugar a cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la instalación que deben ser contemplados en la autorización ambiental integrada que ya dispone, de forma que es preciso modificar ésta' .

En el mismo sentido puede citarse la STSJ Castilla y León (Valladolid) Nº 40/2014, de 10 de enero de 2014 (ROJ: STSJ CL 45/2014 ) con cita de la sentencia de 12 de diciembre de 2013 el recurso número 2169/08 aportada por la parte actora al presente procedimiento.

Siendo la Evaluación de Impacto Ambiental un trámite esencial en la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada, dada la existencia de los dos depósitos, que no contaban con autorización previa, la falta de tal Evaluación determina la nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida, ex art. 62.1 e) de la LRJPAC ( SSTS de 14-2-2011 Rec. 1511/2008 y 27-11-2013 Rec. 4123/2010 ) y, en definitiva, de la propia Autorización Ambiental Integrada concedida a Zalain Transformados S.L. y Mecanizados de Zalain S.L., lo que determina la estimación de la demanda en este punto.

No obstante, habiéndose alegado por la parte actora otros motivos de impugnación, en aras a preservar su derecho a la tutela judicial efectiva, se analizarán seguidamente los mismos.

QUINTO.-Sobre la aplicación de la normativa sectorial de las actividades con riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervegan sustancias peligrosas.

Los demandantes también impugnan la resolución recurrida aduciendo que, a pesar de ser la actividad y las instalaciones industriales productoras y almacenadoras de residuos peligrosos y de situarse en las inmediaciones de viviendas habitadas, no se ha aplicado Directiva 96/82 /CE del Consejo.

En este punto cabe señalar que el Real Decreto 1254/1999 de 16 junio que incorpora a nuestro Derecho interno la Directiva 96/82/CE, del Consejo, de 9 de diciembre, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, que tiene como objetivo la obtención de un alto nivel de protección para las personas, los bienes y el medio ambiente ante accidentes graves, mediante medidas orientadas tanto a su prevención como a la limitación de sus consecuencias y que, entre otras novedades, plantea la necesidad de tener en cuenta la ubicación de las instalaciones en la planificación urbanística, establece en el art. 2 que 'Las disposiciones del presente Real Decreto se aplicarán a los establecimientos en los que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo I, con excepción de lo dispuesto en los artículos 9 y 11-en lo que se refiere a planes de emergencia exterior- y lo previsto en el artículo 13, cuyas disposiciones se aplicarán a los establecimientos en los que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de las partes 1 y 2 del anexo I.

A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por presencia de sustancias peligrosas su presencia real o prevista en el establecimiento o la aparición de las mismas que pudieran, en su caso, generarse como consecuencia de la pérdida de control de un proceso industrial químico, en cantidades iguales o superiores a los umbrales indicados en las partes 1 y 2 del anexo I. ( la expresión 'o prevista' fue declarada nula por STS de 20 de enero de 2009 ).

Pues bien, tal y como se recoge en el Acuerdo del Gobierno de Navarra recurrido, el establecimiento industrial no se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, detallando el listado de sustancias y compuestos almacenados en la empresa que no superan los umbrales de aplicación establecidos en el Real Decreto; destacando además que, como comprobaron in situ técnicos del Servicio de Calidad Ambiental en sucesivas visitas de inspección en los años 2009, 2010 y 2011, los productos peligrosos empleados en las instalaciones de Zalain Transformados S.L. y Mecanizados Zalain S.L. no superaban los umbrales de aplicación determinados en dicho Real Decreto, comprobando igualmente que las cantidades de almacenamiento declaradas en el proyecto de solicitud de autorización Ambiental Integrada se ajustan a la realidad; lo que determina que deba desestimarse también este motivo de impugnación.

SEXTO.-Sobre la aplicación de los valores límites de emisión de ruido.

Seguidamente la parte actora considera que la resolución recurrida es nula de pleno derecho o, en todo caso, anulable porque permite a la titular de las instalaciones y actividades industriales seguir emitiendo ruido por encima de los niveles máximos permitidos, limitándose a establecer como objetivos a obtener progresivamente y a medio largo plazo los de alcanzar el cumplimiento de valores límite de inmisión de ruido legalmente establecidos.

Mediante la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido se produjo la trasposición a nuestro Ordenamiento la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

Es cierto que en la resolución de concesión de la Autorización Ambiental Integrada se establece como objetivo a medio/largo plazo alcanzar el cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el Anexo III del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas expresados en dBA, y que se concretan en el cumplimiento de los índices de ruido que se recogen en la propia resolución (doc. 35 del e/a), señalando además que el objetivo se irá alcanzando progresivamente mediante la ejecución del proyecto de reducción del impacto acústico referido en la misma resolución, distinguiendo los valores límite de inmisión hasta el 31 de diciembre de 2012 que se reducirán a partir de enero de 2013 con las actuaciones de los sucesivos proyectos de reducción del impacto acústico y medidas que deben adoptarse en la instalación. Además, la resolución establece que en periodo nocturno (desde las 23 a las 7 horas) se apantallarán lateralmente las torres de refrigeración, con objeto de atenuar el impacto acústico sobre el punto R8 del plan de gestión del ruido ambiental elaborado por el titular y se mantendrán cerradas la puerta número 15 y las puertas de entrada de personal números 1 y 2. Por otra parte, la empresa deberá realizar antes del 30 de abril de 2013 un estudio acústico que determina el nivel sonoro de la instalación y evalúe cumplimiento de los valores límites de inmisión de ruido y la eficacia de los sucesivos proyectos de reducción del impacto acústico que fueran necesarios con objeto de alcanzar, progresivamente, el cumplimiento de los valores límites de inmisión de ruido establecidos en el Anexo III del Real Decreto 1367/2007, de 19 octubre.

De hecho, en el Anexo II se establece como objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes en sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial, como es este (doc. 2 del e/a) los siguientes valores: Ld=75; Le= 75 y Ln=65 y los valores que deben alcanzarse a 31 de diciembre de 2012 fijados en la resolución recurrida son Lk,d=65; Lk,e= 65 y Lk,n=65.

La posibilidad de reducción progresiva de los valores de inmisión de ruido se establece en el Real Decreto 1367/2007, de 19 octubre, así, el art. 14 prevé que en las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que resulte de la aplicación de los siguientes criterios:

a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, su objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor.

En estas áreas acústicas las administraciones competentes deberán adoptar las medidas necesarias para la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la aplicación de planes zonales específicos a los que se refiere el artículo 25.3 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre (...).

Por su parte, el art. 16.2 también dispone que cuando en el espacio interior de las edificaciones a que se refiere el apartado anterior, localizadas en áreas urbanizadas existentes, se superen los valores límite, se les aplicará como el objetivo de calidad acústica alcanzar los valores de los índices de inmisión de ruido y de vibraciones establecidos, respectivamente, en las tablas B y C, del anexo II.

También la STS de 04/11/2013 , antes citada, referida a una cementera en la que se sobrepasaban los índices de emisión de contaminantes, señala que : 'el hecho se considera justificado, sin embargo, porque, cuando nos referimos a una instalación preexistente (con su sistema de producción, sus concretas instalaciones y sus técnicas disponibles...), es razonable y lógico conceder un periodo transitorio para que dichas industrias adapten sus técnicas y procesos productivos (lo cual en muchas ocasiones es muy complicado técnicamente y costoso), de manera que puedan cumplir los límites máximos: esta medida, por tanto, es perfectamente aplicable y lógica y encuentra cobertura además al amparo de lo establecido en el artículo 13 del Decreto Foral 6/2002 (...)' .

En definitiva, la reducción progresiva de los valores de inmisión de ruidos procedentes de las instalaciones no es contraria a la normativa sectorial expuesta, por lo que este motivo de impugnación tampoco puede tener favorable acogida.

SÉPTIMO.-Sobre la vulneración del art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos derivada de la contaminación acústica.

La parte actora también denuncia que con la resolución recurrida se produce la vulneración del art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos .

Los demandantes llevan más de 20 años sufriendo el impacto acústico, con múltiples denuncias cursadas e intervenciones de la Policía Foral, pese a lo cual la resolución recurrida permite a la titular de las instalaciones y actividades industriales seguir emitiendo ruido por encima de los niveles máximos permitidos, limitándose a establecer como objetivos a obtener progresivamente y a medio largo plazo los de alcanzar el cumplimiento de valores límite de inmisión de ruido legalmente establecidos.

El art. 8 del Convenio reconoce que: '1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.'

En la STEDH de 16 de noviembre de 2004, rec. 4143/2002 ASUNTO MORENO GÓMEZ c. ESPAÑA , invocada por la parte actora, el Tribunal constata que la demandante reside en una zona en la que el alboroto nocturno es innegable, lo que evidentemente provoca perturbaciones en la vida diaria de la demandante, sobre todo durante el fin de semana y que la Administración municipal de Valencia ciertamente ha adoptado en el ejercicio de sus competencias medidas en principio adecuadas, para proteger el respeto de los derechos garantizados, tales como la ordenanza sobre ruidos y vibraciones. Pero durante el período considerado, la Administración en cuestión ha tolerado el reiterado incumplimiento de la reglamentación que ella misma había establecido, e incluso ha contribuido a ello. En estas circunstancias, el Tribunal estima que el Estado defensor no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho de la demandante al respeto de su domicilio y de su vida privada, infringiendo así el artículo 8 del Convenio.

El TEDH en la sentencia de 03 de julio de 2012 (ROJ: STEDH 2/2012 )respecto a unos ciudadanos españoles residentes en Redovan (Alicante) que habitan una casa situada a 200 metros de una cantera, señala que: ' El artículo 8 del Convenio protege el derecho de toda persona al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. El domicilio es normalmente el lugar, el espacio físico determinado, donde se desarrolla la vida privada y familiar. El individuo tiene derecho al respeto de su domicilio, no solamente concebido como el derecho a un simple espacio físico, sino también como al del disfrute, en paz, de dicho espacio. Las vulneraciones del derecho al respeto del domicilio no contemplan solamente las materiales o corporales, tales como la entrada en el domicilio de una persona no autorizada, sino también las inmateriales o incorpóreas, tales como los ruidos, las emisiones, los olores y otras interferencias. Si las vulneraciones son graves, pueden privar a una persona de su derecho al respeto del domicilio porque le impiden gozar de su domicilio (Moreno Gómez c. España).

(...) El elemento crucial que permite determinar si en las circunstancias de un caso, las agresiones al medio ambiente han implicado violación de alguno de los derechos amparados por el apartado 1 del artículo 8, es la existencia de un efecto dañino para la esfera privada o familiar de una persona, y no simplemente la degradación general del medio ambiente. Ni el artículo 8, ni ninguna otra disposición del Convenio, garantiza específicamente una protección general del medio ambiente como tal; otros instrumentos internacionales y legislaciones internas se adaptan mejor cuando se trata de manejar este aspecto particular (Kyrtatos c. Grecia , nº 41666/98, § 52, TEDH 2003-VI (extractos). Por otra parte, el artículo 8 puede encontrar su aplicación tanto si la contaminación es causada directamente por el Estado como si la responsabilidad de éste último deriva de la falta de una reglamentación adecuada de la actividad del sector privado. Si el artículo 8 tiene esencialmente por objeto el prevenir a toda persona contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, no puede contentarse en constreñir al Estado de abstenerse de tales injerencias: a este compromiso más bien negativo pueden añadirse obligaciones positivas inherentes a un respeto efectivo de la vida privada o familiar (Airey c. Irlanda , 9 de octubre de 1979, § 32, serie A nº 32). Que se aborde el caso desde el punto de vista de una obligación positiva a cargo del Estado, que consistiría en adoptar medidas razonables y adecuadas para proteger los derechos que los demandantes puedan hallar en el apartado 1 del artículo 8, o desde el de una injerencia de una autoridad pública que se deba justificar bajo el enfoque del apartado 2, los principios aplicables son bastante próximos (Oluic c. Croacia , nº 61260/08, § 46, 20 de mayo de 2010).

(...) En ambos casos, hay que tener en cuenta el justo equilibrio a manejar entre los intereses enfrentados del individuo y de la sociedad en su conjunto. Además incluso para las obligaciones positivas resultantes del apartado 1, los objetivos enumerados en el apartado 2 pueden desempeñar un determinado papel en la búsqueda del equilibrio deseado (Hatton y otros c. el Reino Unido [GC], n 36022/97, § 98, TEDH 2003- VIII).

El Tribunal admite que los demandantes estaban directamente afectados por el ruido procedente de la cantera en la medida en que ésta funcionaba diecinueve horas al día. Sin embargo, el Tribunal debe aún determinar si esta contaminación acústica superó el límite superior de gravedad como para constituir una violación del artículo 8. La comprobación de este límite superior es relativa, y depende de las circunstancias del caso, tales como la intensidad y la duración de los ruidos y de sus efectos físicos o psicológicos ( Fadeïeva c. Rusia , n 55723/00, §§ 68-69, TEDH 2005-IV, Fägerskiöld c. Suecia (dec.), nº 37664/04 y Mileva y otros c. Bulgaria , nº. 43449/02 y 21475/04, § 90, 25 de noviembre de 2010 ).

La STS de 04/11/2013 , anteriormente citada, también destaca que la jurisprudencia del TEDH recaída sobre este particular, junto el daño acreditado a la salud o bienestar de las personas, insiste en la ilegalidad de la actuación administrativa y se refiere a casos de contaminación ambiental grave, porque no toda injerencia en el ámbito antes indicado aparece realmente proscrita por el Convenio, sino en la medida sólo en que resulte irrazonable y desproporcionada.

En este caso, la parte actora aporta distintas mediciones de ruidos referidas a los años 2005 a 2007 sobre las que, al parecer, la Administración no adoptó ninguna medida. No obstante, en la actuación administrativa que es objeto del presente recurso no se aprecia la vulneración del art. 8 del Convenio porque la Autorización Ambiental Integrada se ha otorgado siguiendo el procedimiento establecido, imponiendo a la empresa medidas para la reducción del ruido que se ajustan a los valores límite de inmisión de ruidos fijados reglamentariamente.

Por ello, debe desestimarse también este motivo de impugnación.

OCTAVO.- Finalmente, el reconocimiento de la situación jurídica individualizada solicitada por la parte actora consistente en declararse su derecho a su vida privada y familiar y al disfrute de su vivienda y domicilio sin injerencias externas por ruido procedente de las instalaciones de las actividades industriales autorizadas por los actos recurridos y de declararse asimismo que no tienen el deber jurídico de soportar tales ruidos, no puede ser estimada porque derivaría de la anulación de la Autorización Ambiental Integrada por infracción en materia de ruido, que no ha sido acogida, como se ha razonado en los fundamentos de derecho sexto y séptimo.

Por todo lo expuesto debe estimarse parcialmente la demanda, declarando la resolución recurrida nula de pleno derecho por carecer de evaluación de impacto ambiental, desestimando las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO.- Costas Procesales

Conforme a lo dispuesto en el art. 139.1 de la LJCA , en su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, no se efectúa expresa imposición de costas dada la estimación parcial de la demanda.

DECIMO.-Recursos.

En base a lo dispuesto en el art. 86 de la L.J.C.A ., dada la cuantía indeterminada del procedimiento, frente a la presente sentencia cabe interponer recurso de casación.

En nombre de Su Majestad El Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del Pueblo Español nos confiere la Constitución, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha adoptado el siguiente

Fallo

Que Estimamos Parcialmente el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dña. Camino Royo Burgos, en nombre y representación de D. Eusebio , Dª María Consuelo Y Dª Constanza , contra el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 25 de enero de 2012 por el que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución 720/2011, de 4 mayo, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se concede Autorización Ambiental Integrada para la instalación de fabricación de tubos de acero soldado, cuyos titulares son Zalain Transformados S.L. y Mecanizados de Zalain S.L., ubicada en el término municipal de Lesaka; declarando que la resolución recurrida es nula de pleno derecho por carecer de evaluación de impacto ambiental, desestimando las demás pretensiones de la demanda. Todo ello, sin efectuar expresa imposición de costas.

Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , expresando que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recurso que habrá de prepararse ante esta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de diez días siguientes a la notificación de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


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Cuantía indeterminada