Sentencia Administrativo Nº 1305/2010, Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 1633/2008 de 24 de Noviembre de 2010

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 24 de Noviembre de 2010
  • Tribunal: TSJ Asturias
  • Ponente: Salto Villen, Francisco
  • Núm. Sentencia: 1305/2010
  • Núm. Recurso: 1633/2008
  • Núm. Cendoj: 33044330012010101695

Encabezamiento

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA)

OVIEDO

SENTENCIA: 01305/2010

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

Sala de lo Contencioso-Administrativo

RECURSO: 1633/2008

RECURRENTE: ASOCIACION ASTURIANA DE AMIGOS DE LA NATURALEZA

PROCURADOR: D. JOSE ANTONIO IGLESIAS CASTAÑON

RECURRIDO: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

LETRADO: SR. LETRADO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CODEMANDADO: KINBAURI ESPAÑA S.L., CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO

PROCURADOR: Dª MARTA ALPERI PRIETO, SR. ABOGADO DEL ESTADO

SENTENCIA nº 1305/2010

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. Jesús María Chamorro González

Magistrados:

Dña. María José Margareto García

D. Francisco Salto Villén

En Oviedo a veinticuatro de noviembre de dos mil diez.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 1633/08 interpuesto por ASOCIACION ASTURIANA DE AMIGOS DE LA NATURALEZA (ANA), representado por el Procurador D. JOSE ANTONIO IGLESIAS CASTAÑON, actuando bajo la dirección Letrada de Dª OLGA ALVAREZ GARCIA, contra la CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, representada y defendida por el Sr. Letrado del Principado de Asturias, y codemandados KINBAURI ESPAÑA S.L. representado por el Procurador Dª. MARTA ALPERI PRIETO, actuando bajo la dirección Letrada de D. ALFONSO BARON, y CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Francisco Salto Villén.

Antecedentes


PRIMERO.-Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia en la que estimando el recurso interpuesto, revoque la resolución recurrida por no estar ajustada a derecho, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.

SEGUNDO.-Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO.-Conferido traslado a la parte codemandada para que contestase a la demanda lo hizo en tiempo y forma, solicitando se dicte sentencia con desestimación del recurso, confirmando la resolución recurrida, con imposición de costas al actor.

CUARTO.-Por Auto de 30.11.2009, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

QUINTO.-No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

SEXTO.-Se señaló para la votación y fallo del presente el día veintidós de noviembre pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.


Fundamentos


PRIMERO.- Por la representación procesal de la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA), se impugna la Resolución de fecha 29 de abril de 2008, de la consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, del Gobierno del Principado de Asturias, mediante la que se otorgó Autorización Ambiental Integrada (A.A.I.) a la instalación industrial. Expediente AAI-0037/06. Han sido parte demandada la propia Administración autora de la Resolución recurrida, y la entidad mercantil KINBAURI ESPAÑA S.L., y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).

SEGUNDO.- La parte actora alega, en esencia, primero, que la solicitud presentada no cumple lo previsto en el artículo 12 de la ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrado de la contaminación, porque: a) no se hace una descripción detallada y alcance de la actividad y tipo de producto, instalaciones y procesos productivos, al no figurar listado completo del mineral y de los residuos, pues no consta listado completo de las características; con incumplimiento de los diversos apartados que cita en los artículos 12, 4 y 22 de la citada Ley ; segundo, que se infringe el art. 4.e) de la Ley 16/2002 por no adoptarse medidas de prevención y control integrado de la contaminación, y para que la ubicación de la instalación quede en estado satisfactorio, ya que el Informe Preliminar de Suelos no contiene datos concretos, muestras o analíticas, basándose en todo lo hasta aquí alegado en el informe pericial que aporta, emitido a su instancia por el Ingeniero Técnico de Minas D. Esteban , y añadiendo la omisión de breve resumen de alternativas y prevención de accidentes graves, con incumplimiento de lo previsto en el certificado 22.1.f) de la citada Ley 16/2002 ; tercero, incumplimiento de lo previsto en el artículo 1.2.3 y 4.11 de la tan repetida Ley por no incluir Estudio de Impacto Ambiental; cuarto, incumplimiento de lo previsto en el art. 20 de la Ley 16/2002 , y Directiva 2008/1 /CE del Parlamento Europeo, pues siendo ANA interesada, sin embargo se deduce del expediente que sólo se le ha dado trámite audiencia al Ayuntamiento de Belmonte de Miranda y a la empresa codemandada KINBAURI, cuando incluso respecto de estos el trámite es irregular, pues el informe de CAMA (Comisión de Asuntos Medio Ambientales) es posterior; quinto, se incumple la Ley sobre responsabilidad destinada específica y exclusivamente a cubrir responsabilidades medioambientales derivadas de su actividad (art. 31 Ley 26/07); sexto , incumplimiento de la normativa sobre ruidos (art. 22.1 .e) Ley 16/2002); séptimo , se emiten otros contaminantes a la atmósfera sin reflejo en la AAI, conculcando lo previsto en el artículo 4.1.a) de la Ley 16/2002 .

TERCERO.- A tales alegaciones opone la representación procesal de la Administración del Principado de Asturias, los siguientes antecedentes fácticos: que la primera titular de la explotación minera RIO NARCEA GOLD MINES S.A., para el depósito de lodos contaba con una AAI (AAI-016/05) otorgada por medio de Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 2 de junio de 2006 (doc. 1). Con posterioridad, y a efectos de adoptar la instalación existente PLANTA DE TRATAMIENTO DE MINERAL 'EL VALLE' a lo dispuesto en la Ley 16/2002 , dicha empresa solicita AAI, y tras la tramitación oportuna y habiendo cambio de titularidad autorizado, culmina el procedimiento con Resolución de 29 de abril de 2008 otorgando la AAI, sin que se incluyera en la misma la primera bolsa de lodo pues se estaba en proceso de sellado y clausura, y termina el relato de hechos afirmando que, en conclusión existen al día de hoy dos AAI, una para la planta de tratamiento de mineral y otra para el nuevo depósito de lodos (AAI-037-06 y AAI-016-05), por lo que el condicionado ambiental para los residuos que se genera en la planta de tratamiento de mineral se recoge en el expediente AAI-016-05.

Y en cuanto a los fundamentos de Derecho, esta parte procesal alega: en lo referente a la documentación aportada a la solicitud, invoca la Disposición Transitoria Unica del R.D. 509/07 de desarrollo de la Ley 16/2002 , que permite a las instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley citada, sustituir la documentación enumerada en el artículo 12 por una copia de las autorizaciones sectoriales otorgadas a la instalación en la medida que cubran las existencias del citado precepto; sobre el trámite de audiencia, argumenta que se cumplió con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 16/2002 , y que obviamente el informe de la CAMA no puede preverse antes de su emisión, y no figura en la norma el que dicho informe deba ser anterior al trámite de audiencia, y consta en fecha 29 de abril de 2008; que consta I.E.A. (Informe Evaluación Ambiental) en el folio 95 del expediente; por lo que respecta a datos sobre plan de vigilancia, indica que el titular, con fecha 4 de febrero de 2009, presentó informe indicando que durante 2008 no ha habido actividad de tratamiento de mineral, y al día de hoy sigue sin actividad (doc. 2); también ha apuntado lo que ha estimado conveniente en cuanto a la alegación de contrario relativa a desconocimiento de composición elemental de los minerales, y sobre la incidencia en el suelo, pues esto último, resalta, se refleja en el Anexo I, e invoca el R.D. 9/2005, de 14 de enero (art. 3 ); niega la emisión de ruidos y de contaminantes de aire y del agua, y que existen las condicionadas en la resolución recurrida; en cuanto a la alegación de falta de alternativas, aduce que al ser una instalación existente, el citado análisis ya fue efectuado en el momento de la evaluación de impacto ambiental; que en cuanto a las medidas de control de riesgos, alega que la documentación técnica de expediente fue remitida al órgano competente (112 de Asturias) para que pueda llevar a cabo el control de la actividad en el ejercicio de sus competencias, e invoca la Ley 16/2002, su Exposición de Motivos, su artículo 11 y 22 ; en cuanto a las medidas necesarias tras el cese de la explotación, alega que en la AAI-016-05, dichas medidas figuran en el apartado de restauración de la balsa, y que para el caso de la planta, en el momento en que se cuente con niveles genéricos de referencia aprobados, se podrá exigir la ampliación del estudio preliminar de impacto ambiental, y a la vista de los resultados se establecerán las medidas que resulten necesarias; y por lo que se refiere al alegado incumplimiento de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, alega que la parte actora desconoce que el art. 31 de la misma se encontraba incardinado en su capítulo IV, 'Garantías financieras', e igualmente desconoce (sic) lo que dispone el artículo 24.2 y 3 , que remite a un desarrollo reglamentario que no se produjo hasta la entrada en vigor del R.D. 2090/2008, de 22 de diciembre , que se produjo cuatro meses después de su publicación, de modo que lo dispuesto en este texto no puede aplicarse a una AAI otorgado el 29 de abril de 2008, muchos meses antes.

CUARTO.- Por la representación procesal de la codemandada, entidad mercantil KINBAURI S.L., después de unos antecedentes fácticos, alega en Derecho, primero, la falta de legitimación de la recurrente para pedir la revocación de AAI, invocando jurisprudencia de Tribunal Supremo, por falta de un derecho subjetivo, y no acreditar que cumple los requisitos para ejercitar la acción popular regulada en el artículo 22 y 23 de la Ley 27/2006 ; en segundo lugar, y de orden material (sic), esgrime la tacha del perito que firma el informe pericial aportado por ANA porque era en el año 2006 Presidente de la Mesa de Estudios contra la minería a 'cielu abiertu' de la ANA (Doc. nº 2); fue Vicepresidente de ANA (Doc. nº 3); el defecto de la parte demandante al proponer la prueba, por no concretar los puntos de hecho en que va a versar la misma ( STS 27-2-2008 ), por lo que no se debe recibir el pleito a prueba.

En cuanto al fondo, argumenta esta parte procesal que siendo la Resolución impugnada la AAI-037/06, la actora, sin embargo basa gran parte de su demanda en un supuesto incumplimiento de la normativa de aplicación porque la AAI citada no contempla medidas relativas a la gestión de lodos generados, cuando tales medidas constan en la AAI-016/05 otorgada por Resolución administrativa de 2 de junio de 2006, que no es objeto de este pleito; por otra parte alega que la parte recurrente no ha tenido en cuenta que el procedimiento administrativo de otorgamiento de una AAI para instalaciones existentes difiere del procedimiento general, como es la del caso, por mor de lo dispuesto en la D.T. única del R.D. 509/2007 , entre otras aclaraciones que vierte en su escrito de contestación.

Y ya contestando concretamente a las correlativas del escrito de demanda, va refutando todos los argumentos de la demandante con alegaciones, que, en lo esencial, coinciden con las esgrimidas por la Administración demandada en su escrito de contestación, a saber: que no es de aplicación el artículo 12 de la Ley 16/2002 , por tratarse de instalación existente previamente; que el mineral a tratar se describe en los proyectos y documentación complementaria facilitados del mineral, y lo mismo en las de Evaluación de Impacto Ambiental; porque parte de que con la actividad se va a a contaminar el suelo, y ya dice el apartado 6º de la Autorización, que la empresa se someterá a los requisitos del R.D. 9/2005 , y presenta Informe Preliminar de Situación del Suelo (IPSS); que no procede breve resumen de alternativas al ser instalación preexistente; lo mismo en cuanto a la EIA y sobre el incumplimiento del art. 4 e) de la Ley 16/2002, pues la Planta cuenta con Declaración de Impacto Ambiental de 22 de agosto de 1996 y 27 de junio de 2005.

QUINTO.- Razones de método imponen un primer pronunciamiento acerca de la alegada excepción procesal de falta de legitimidad de la parte actora, para desestimarla, primero, porque como bien aduce la parte actora, es de aplicación al caso lo dispuesto en la Ley 27/2006, sus artículos 23 ; 2.2.b); 3.3.h), reuniendo los requisitos exigidos en dicha Ley para tener la condición de interesado; y lo mismo por lo dispuesto en el artículo 3.p) de la ley 10/2002, de 1 de julio ; segundo porque basta la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional, su Sala 1ª, de fecha 25 de febrero de l987, en la que estudiando la legitimación de las asociaciones privadas, anula una sentencia del Tribunal Supremo que negó tal legitimación activa a una Asociación de Fiscales, haciendo una interpretación restrictiva del art. 28.1.a) de la LJCA , y estableció que pese a que los Fiscales no quedaban directamente afectados por el nombramiento para un cargo de un determinado Fiscal, sin embargo, le dio legitimación a la Asociación por incidir el acto en el interés profesional de que la promoción de Fiscales se lleva a cabo por el procedimiento que la Asociación estima que se ha infringido; y tercero, porque en vía administrativa no le ha sido negado ese interés hasta el punto que se le dio traslado para alegar. Los Estatutos de ANA confirman el interés directo de la misma en relación al acto administrativo recurrido.

SEXTO.- Sentado lo anterior, y ya entrando a conocer sobre el fondo del asunto, en primer lugar, y para decidir en cuanto a los alegados incumplimientos que se imputan a la AAI autorizada, se ha de examinar si al caso que se nos somete le es de aplicación lo dispuesto en Disposición Transitoria Unica, del R.D. 509/2007, de 20 de abril , que se presenta como cuestión crucial a estos efectos, pues de ser la respuesta afirmativa, todas las cuestiones alegadas por la parte actora relativas a los incumplimientos de diversos apartados del art. 12 , de índole formal, quedarán desechados, pues la citada transitoria establece que en los procedimientos de adaptación de las instalaciones existentes a la Ley 16/2002, de 1 de julio, podrá sustituirse la documentación enumerada en el artículo 12 de la misma Ley por una copia de las autorizaciones sectoriales otorgadas a la instalación, en la medida en que cubran las exigencias establecidas en el mencionado artículo.

Pues bien, aún siendo cierto que el citado R.D. 509/2007 , entró en vigor con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la AAI de la instalación para adaptarla a la ley, no es menos cierto que, cuando la Administración demandadaresolvió ya se encontraba vigente dicho R.D. y por tanto no podía desconocer su contenido, como la consecuencia de que razones de economía procesal le llevó a no requerir al solicitante la subsanación, conforme al artículo 71.1 de la Ley 30/1992 .

SEPTIMO.- Así las cosas, nos encontramos con que la balsa de lodos ya tenía aprobada la AAI en el Expediente AAI-016-05, y que la planta de tratamiento de mineral, contaba con las autorizaciones del Organismo de Cuenca del Ayuntamiento de Belmonte; y también su Estado de Impacto Ambiental, así como el PSI, por lo que toca, no obstante, examinar si pese a todo ello, dichas copias (o autorizaciones sectoriales otorgadas en su día) cubren las exigencias establecidas en el certificado 12 y coincidentes de la Ley 16/2002 .

Para tal examen se muestra crucial ilustrar a este Tribunal, mediante un informe pericial, y lo primero que se observa es que no se ha solicitado, ni por ende, rendido tal informe pericial mediante la pericial judicial, que por la forma de su nombramiento aparece como equidistante de las partes procesales lo que lleva a apreciarle una mayor objetividad.

A falta de dicho informe pericial judicial, lo que consta en los autos son dos informes de parte, uno por encargo de la recurrente, y otro por encargo de la codemandada KINBAURI S.L., que llegaron a dictámenes totalmente dispares sobre la cuestión que nos ocupa ahora, y ocurriendo tal cosa, esta Sala se ve imposibilitada para que, sobre cuestión tan técnica y compleja, pueda pronunciarse acogiendo como bueno un informe u otro, ello de un lado, pero de otro lado, y esto es importante a la hora de decidir, ocurre que el perito que ha informado por encargo de la parte actora, ha sido tachado por la codemandada aduciendo: ser o haber sido miembro de ANA; haber presidido la Mesa de Estudio contra la Minería a cielo abierto, y ser inidóneo por causa de la especialidad de su título.

En efecto, consta en autos (folio 365) manifestación del Presidente de ANA, en el que se dice que el Perito D. Esteban ha formado parte la Junta Directiva de ANA durante los años 1991 a 1995; asimismo se dice en tal informe que D. Esteban ha sido portavoz de la citada mesa. Por otra parte consta en autos (folio 241) copia del BOPA de 28-11-98, donde aparece una Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y urbanismo del Gobierno del Principado de Asturias, en la que ejecuta el fallo de una sentencia que desestimó la demanda formulada por D. José Antonio Iglesias Castañón, Procurador de los Tribunales y de D. Esteban , actuando éste en nombre y representación de ANA.

Con tales antecedentes, y en aplicación de lo dispuesto en artículo 344 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de tener en cuenta la tacha, pese a su negación, por considerar que en este perito concurren los supuestos previstos en los apartados 2º y 3º del artículo 343 de dicha Ley adjetiva.

La conclusión a la que ha de llegarse es a la falta de prueba de los incumplimientos, como de modo taxativo y fundado alegan tanto la Administración demandada, como la entidad mercantil codemandada, y como la propia Confederación Hidrográfica del Norte, pues todo lo relativo a incumplimiento de la gestión de residuos consta en la AAI-016-06; la Resolución en su punto 3º de la parte dispositiva, ya establece unos límites sobre ruidos que no consta por lo hasta aquí expuesto, superados, máxime cuando la instalación, desde 2008 no está en funcionamiento.

OCTAVO.-En cuanto a la alegada falta de audiencia después de las alegaciones de la parte actora, con infracción de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 16/2002 , es lo cierto que dicho precepto sólo establece que tras las alegaciones, se dará traslado de las mismas, junto con la Propuesta de Resolución, a los órganos competentes para emitir informes vinculantes en trámites anteriores para que, en el plazo máximo de quince días, manifiesten lo que estimen conveniente, que igualmente tendrá carácter vinculante en los aspectos referidos a materias de su competencia. Por tanto no se prevé nuevo trámite de audiencia tras las alegaciones de ANA, ya que ésta no es órgano que emita informes vinculantes, y este aspecto procesal presenta especialidad que permite la Ley 30/92 , y es solamente una Ley que establece no un procedimiento completo, sino principios de procedimiento que ninguna otra Ley puede desconocer, por ser dichos principios trasuntos de los que se proclaman en la Constitución Española sobre procedimiento.

Aún más, de la misma opinión a que llega esta Sala, y con otros argumentos, ha llegado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de fecha 12 de marzo de 2010 , según la cual, y refiriéndose al artículo 20 de la Ley 16/2002 declara: 'Establece este precepto la necesidad de que, hecha la propuesta de resolución, se de trámite de audiencia a los interesados. Como en el caso se omitió tal audiencia tanto respecto a los particulares hoy recurrentes como respecto al Ayuntamiento, también recurrente, concluye la demanda con la infracción de los citados preceptos.

La administración y la codemandada replican que ni los particulares ni el Ayuntamiento tienen la condición de interesados en el expediente. Y que, en todo caso, la omisión del trámite no les ha producido indefensión material, lo que es requerido para la trascendencia de la infracción.

Aquí la cuestión a responder se concreta en el concepto 'interesado' que, no contemplado en la normativa sectorial, habrá que indagar en la Ley de Procedimiento Administrativo Común (L. 30/1992 ).

Según el art. 31.1 : 'se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva'.

Este es el precepto que, según la demanda, determina que tanto el Ayuntamiento como los particulares demandantes ostentan la condición de interesados en base a sus apartados b ) y c). Pero no es así en nuestra opinión. En primer lugar hay que señalar que lo que este precepto regula bajo la rúbrica 'Concepto de interesado' es, en realidad, la legitimación para actuar en el expediente, legitimación que no ha sido negada en el caso y en el que fue expresamente ejercitada mediante la formulación de alegaciones. Así que su aplicación no resuelve la cuestión. Aunque se entendiese aplicable, lo sería en función del apartado c) (nunca del b) que tampoco ampararía la pretensión puesto que el interés al que se refiere es un interés directo y concreto, no difuso o indirecto como es el que cabe reconocer a los actores; y se precisaría, además que se hubieran personado en el expediente, cosa que tampoco hicieron en cuanto que la personación no equivale a la mera formulación de alegaciones.

El precepto que responde a la cuestión es el art. 86 de la misma Ley que, regulando la información pública, expresamente establece que la comparecencia en tal trámite no otorga por sí misma la condición de interesado sin oque sólo confiere el derecho a una respuesta razonada a la alegación.

En el mismo sentido: no identidad entre interesado y alegante, el art. 23 L.F. 4/05 que a efectos de notificación de la resolución final distingue entre interesados, de un lado, y 'los que hubiesen presentado alegaciones' y el 'municipio en que se ubique la instalación'.

NOVENO.- Resuelto lo anterior, queda por examinar si se ha infringido lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 26/2007, y es lo cierto que tampoco se puede acoger esta alegación ya que la citada ley remite a un reglamento en cuanto al método para la evaluación de los escenarios de riesgos y de los costes de reparación asociados a cada uno de ellos, a los que se refiere el artículo 24, y a los anexos I, II y VI , lo que no se llevó a efecto hasta la publicación del R.D. 2090/2008, de 22 de diciembre , y resulta que la Resolución aprobando la A.A.I. controvertida es de 29 de abril de 2008.

Por último, frente a la alegada infracción del R.D. 1254/1999 sobre control de riesgos inherentes a accidentes graves por sustancias peligrosas, como bien aduce la parte demandada, hasta que no se sepa si existe contaminación y de qué tipo es, no puede aplicarse dicha disposición, y es a día de hoy que no existe prueba de niveles genéricos de referencia, esto en cuanto a la planta de tratamiento de mineral, y en lo que se refiere a la balsa de lodo, como queda dicho, y así lo aduce la parte demandada, consta en el expediente de la AAI-016-05.

DECIMO.-Por cuanto antecede, procede la desestimación del recurso, sin que existan méritos para una expresa condena en costas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA , por no concurrir en el presente caso los requisitos que para tal efecto expresa el citado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

Fallo


En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso de esta clase interpuesto por la representación procesal de ANA contra la resolución de fecha 29 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno del Principado de Asturias; en el que han sido parte demandada la propia Administración citada, la mercantil KINBAURI ESPAÑA S.L. y la CONFEDERACION HIDROGRAFICA DELNORTE, todos debidamente representados; resolución que se declara válida y con todos sus efectos por ser conforme a Derecho. Sin Costas.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.


Representación procesal
Responsabilidad
Informes periciales
Impacto ambiental
Contaminación
Residuos
Ruido
Partes del proceso
Contaminante
Confederaciones hidrográficas
Confederación hidrográfica
Autorizaciones ambientales
Estudio de impacto ambiental
Atmósfera
Ordenación del territorio
Evaluación ambiental
Incumplimiento de la ley
Falta de legitimación
Tacha de peritos
Derecho subjetivo
Recibimiento del pleito a prueba
Declaración de impacto ambiental
Excepciones procesales
Legitimación activa
Fondo del asunto
Economía procesal
Interés legitimo
Indefensión
Resolución definitiva