Sentencia Administrativo Nº 1420/2015, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 64/2012 de 29 de Mayo de 2015

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 29 de Mayo de 2015
  • Tribunal: TSJ Andalucia
  • Ponente: Gamo Serrano, María Soledad
  • Núm. Sentencia: 1420/2015
  • Núm. Recurso: 64/2012
  • Núm. Cendoj: 29067330012015100119

Encabezamiento

SENTENCIA Nº 1420/2015

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN MALAGA. SECCION PRIMERA

Procedimiento ordinario nº 64/2012

ILUSTRÍSIMOS SEÑORES:

PRESIDENTE

D. MANUEL LÓPEZ AGULLÓ

MAGISTRADOS

Dª. MARIA TERESA GÓMEZ PASTOR

Dª MARIA SOLEDAD GAMO SERRANO

____________________________________

En la ciudad de Málaga, a 29 de mayo de 2015.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta en su Sección Funcional Primera por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso contencioso-administrativo núm. 64/2012 sobre Impuesto sobre el Valor Añadido (deducibilidad de cuotas por actos previos al inicio de la actividad empresarial o profesional), interpuesto por Estudios Inmobiliarios y Turísticos, S.L., representada por Dª María Encarnación Tinoco García y defendida por D. Juan Ramón Galán Jiménez, figurando como parte demandada el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, representado y defendido por el Abogado del Estado y siendo la cuantía de 21.739,20 euros.

Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª MARIA SOLEDAD GAMO SERRANO, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

Primero.- En fecha 24 de enero de 2012 Dª María Encarnación Tinoco García, en representación de Estudios Inmobiliarios y Turísticos, S.L., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Málaga) de fecha 27 de octubre de 2011, desestimatoria de la reclamación económico administrativa 29/05802/2009, el cual fue admitido a trámite mediante diligencia de ordenación de 1 de febrero de 2012, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.-El 21 de mayo de 2013 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: los gastos devengados y el consiguiente IVA deducido a que venía referida la solicitud de devolución correspondían directamente a gastos relacionados con la actividad económica de promoción inmobiliaria de edificación, aportándose para su comprobación el libro registro de facturas recibidas de los cuatro últimos años; teniendo la entidad por objeto social la compra, venta, promociones, construcciones, desarrollo urbanístico y alquileres de bienes inmuebles, la misma figura dada de alta en el Censo de Actividades económicas en el epígrafe 833.2 ('Promoción inmobiliaria de edificaciones'), adquirió un terreno para dedicarlo a la actividad económica y viene soportando cuotas de IVA de gastos necesarios para alcanzar su objetivo final, que no es otro que la construcción de viviendas, como autorizan los artículos 92, 93 y 111 de la Ley reguladora del Impuesto, por más que, al estar pendiente la ejecución de las edificaciones de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, no se hubiera llevado a efecto aún ninguna venta; de hecho la Administración Tributaria ya en el ejercicio de 2005 y en relación con la solicitud de devolución de una cantidad de 194.554,15 euros, abrió un expediente de requerimiento de información para comprobar la deducibilidad de las cuotas soportadas, concluyendo tras las comprobaciones oportunas que las cuotas eran deducibles y haciendo efectiva la devolución, por lo que supeditarla ahora al inicio de la actividad de venta supone ir contra sus propios actos.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso, se anule la resolución impugnada por ser contraria a derecho, declarando el derecho de la mercantil actora a obtener la devolución de IVA solicitada, por importe de 21.739,20 euros y condenando a la Administración Estatal de la Agencia Tributaria a la devolución de dicho importe, con los correspondientes intereses.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado a la demandada, formulando el Abogado del Estado en tiempo y forma escrito de contestación en el que venía a interesar la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por los fundamentos expuestos en la resolución impugnada, no siendo posible acceder a la deducibilidad por la mera existencia formal de una factura y sin comprobar la efectiva utilización de los bienes y servicios adquiridos en la realización de operaciones sujetas y no exentas de la entidad de que se trate, sin que baste una mera alta en el Censo.

Cuarto.- No habiendo solicitado las partes el recibimiento del pleito a prueba ni los trámites de vista o conclusiones ni estimando pertinente acordarlo de oficio el Tribunal se señaló para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 21 de enero de 2015.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo determinados plazos procesales, dado el cúmulo de asuntos pendientes en esta Sala.

A los que son de aplicación los consecuentes,


Fundamentos

Primero.- Constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo la pretensión de que se declare la no conformidad a Derecho y anule la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Málaga) de fecha 27 de octubre de 2011, desestimatoria de la reclamación económico administrativa 29/05802/2009, interpuesta contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto frente a la liquidación girada por la Administración de Marbella de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que se elimina la devolución solicitada por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio 2008, al no admitirse la deducción de cuotas soportadas por no haber quedado acreditada la utilización de los bienes y servicios adquiridos en la realización de operaciones sujetas y no exentas.

Segundo.- La correcta resolución de las cuestiones suscitadas en esta litis aconseja recordar que en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA en lo sucesivo), en cuanto tributo indirecto que recae sobre el consumo gravando, entre otras operaciones, las entregas de bienes y prestaciones de servicios en el desarrollo de actividades empresariales o profesionales ( artículo 1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre , reguladora del Impuesto), constituye nota esencial el mecanismo de la deducción, que viene a reputarse en la STS 25 marzo 2009 (casación 4608/2006 ) y en la más reciente STS 10 mayo 2013 (casación 1211/2011 ) como un ' derecho de carácter sustancial, y de innegable importancia en el sistema aplicativo del IVA'.

Tal posibilidad de deducción de cuotas alcanza, en exclusiva, a quienes tienen la condición de empresarios o profesionales y en relación a las adquisiciones de bienes y servicios en el desarrollo de su actividad económica o profesional extendiéndose, sin embargo y como argumenta la parte actora en su escrito rector, a las cuotas soportadas o satisfechas con carácter previo al inicio de la realización habitual de entregas o prestaciones de servicios correspondientes a las actividades empresariales o profesionales.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 37/1992 ' Uno. Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por las operaciones gravadas que realicen en el interior del país las que, devengadas en el mismo territorio, hayan soportado por repercusión directa o correspondan a las siguientes operaciones: 1.º Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por otro sujeto pasivo del Impuesto; 2.º Las importaciones de bienes; 3º. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios comprendidas en los artículos 9. 1.º c ) y d ); 84.uno. 2 .º y 4 .º, y 140 quinque, todos ellos de la presente Ley ; 4.º Las adquisiciones intracomunitarias de bienes definidas en los artículos 13, número 1 .º, y 16 de esta Ley .

Dos. El derecho a la deducción, establecido en el apartado anterior sólo procederá en la medida en que los bienes y servicios adquiridos se utilicen en la realización de las operaciones comprendidas en el artículo 94, apartado uno, de esta Ley '.

Como requisitos subjetivos de la deducción puntualiza el artículo 93 de la Ley reguladora del Impuesto, por lo que hace a las cuestiones aquí suscitadas, que ' Uno. Podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del Impuesto que tengan la condición de empresarios o profesionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley y hayan iniciado la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales...'.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales podrán deducirse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 111 , 112 y 113 de esta Ley ', disponiendo el artículo 111, por su parte, en su primer apartado, que ' Quienes no viniesen desarrollando con anterioridad actividades empresariales o profesionales y adquieran la condición de empresario o profesional por efectuar adquisiciones o importaciones de bienes o servicios con la intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos a la realización de actividades de tal naturaleza, podrán deducir las cuotas que, con ocasión de dichas operaciones, soporten o satisfagan antes del momento en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a dichas actividades, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo y en los artículos 112 y 113 siguientes...'.

Por tanto y como concluye la STS 31 octubre 2007 (casación 4156/2002), con cita de la doctrina sentada por el TJCE en sus sentencias, entre otras, de 14 de Febrero de 1985 , As. 268/83, Rompelman ; 11 de Julio de 1991 , As. Convenio Colectivo de Empresa de PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA/90, Lennartz ; 29 de Febrero de 1996 , As. Convenio Colectivo de Empresa de TECNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED, S.A./94, Inzo , y 21 de Marzo de 2000 , Asuntos acumulados Convenio Colectivo de Empresa de TECNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED, S.A./98 a C-147/98 , Gabalrisa y otros, (FJ 6) ' ...así como la condición de sujeto pasivo se adquiere cuando existen indicios suficientes de que los bienes adquiridos se van a destinar al desarrollo de una actividad empresarial o profesional, de igual manera dicha condición se pierde cuando concurren circunstancias igualmente objetivas que indican que no va a desarrollarse actividad empresarial o profesional alguna. Entre estas circunstancias, y como señala la sentencia de 11 de Julio de 1991, asunto Lennartz se encuentran, entre otras, 'la naturaleza de los bienes de que se trate y del periodo transcurrido entre la adquisición de los bienes y su utilización para las actividades económicas del sujeto pasivo'.

Interesa destacar, por último, con la STS 19 mayo 2014 (casación 5263/2011 ) que ' ... la garantía del principio de neutralidad e igualdad de trato exige que el derecho a la deducción del IVA se pueda ejercitar de manera inmediata y justifica la extensión del ámbito objetivo de aplicación del hecho imponible a operaciones no onerosas incluso internas al patrimonio afecto a la actividad empresarial o profesional. A estas ideas responde por una parte el artículo 111 LIVA que regula la deducción provisional y previo al inicio efectivo de las actividades económicas (deducciones de las cuotas soportadas con anterioridad al inicio de la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicio correspondientes a actividades empresariales o profesionales) estableciendo el artículo 112 y 113 un procedimiento de regularización una vez conocido el porcentaje de deducción definitivamente aplicable a las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a la actividad empresarial...'.

Tercero.- Centrándose la controversia no ya en si el sujeto pasivo había iniciado o no el ejercicio efectivo de su actividad empresarial sino en si la mercantil actora tiene derecho a la deducción por las cuotas soportadas por la realización de actos preparatorios de su actividad nos encontramos, indudablemente, ante un cuestión de prueba, siendo que ,como destaca la STS 31 octubre 2007 (casación 4156/2002), es al empresario a quien incumbe probar, para ser considerado como tal, su intención de destinar los bienes adquiridos al desarrollo de su actividad mediante la aportación de cualquier medio de prueba que confirme tal intención.

En efecto, como puntualiza la STS 8 noviembre 2004 (casación 2327/1999 ) ' En relación con la carga de la prueba en el Derecho tributario se han sostenido dos criterios.

Uno de ellos es el que propugna el principio inquisitivo, de manera que pesa sobre la Administración la función de acreditar toda la verdad material, incluso aquello que resulte favorable para el obligado tributario. Esta concepción parte de que la Administración, en su labor de aplicar el sistema tributario, no actúa en defensa de un interés propio, sino del general. Y éste no es otro que el conseguir la efectiva realización del deber de contribuir establecido en el artículo 31 de la Constitución . No puede afirmarse con propiedad que existan hechos que favorezcan a la Administración, sino que ésta debe conseguir la efectividad de los principios constitucionales acreditando tanto la realización del hecho imponible como los presupuestos de hecho de eventuales beneficios fiscales.

Sin embargo, en nuestro Derecho ha regido y rige la otra concepción que puede denominarse clásica regida por el principio dispositivo y plasmada en el artículo 114 de la LGT/1963 (también en el artículo 105.1 LGT/2003 ), según la cual cada parte tiene la carga de probar aquellas circunstancias que le favorecen; esto es, la Administración la realización del hecho imponible y de los elementos de cuantificación de la obligación, y el obligado tributario las circunstancias determinantes de los supuestos de no sujeción, exenciones y bonificaciones o beneficios fiscales. Si bien es verdad que nuestra jurisprudencia ha matizado, en ciertas situaciones, el rigor el principio establecido en el mencionado artículo 114 LGT/1963 , desplazando la carga de la prueba hacia la Administración por disponer de los medios necesarios que no están al alcance de los sujetos pasivos (Cfr. SSTS de 25 de septiembre de 1992 y 14 de diciembre de 1999 )'.

En definitiva, y como quiera que la Administración tributaria, por medio de los procedimientos específicos que para ello le legitiman, y particularmente el procedimiento de las actuaciones de comprobación e investigación inspectoras, ha formado prueba de los hechos normalmente constitutivos del nacimiento de la obligación tributaria, la carga probatoria que se deriva del artículo 114 de la Ley General Tributaria se desplaza hacia quien aspira a acreditar que tales hechos son reveladores de otra relación distinta, cualesquiera sean las consecuencias tributarias que se deriven.

En la misma línea se inscriben las SSTS 5 febrero 2007(casación 2739/2002 ), 2 julio 2009 (casación 691/2003 ), 17 diciembre 2009 (casación 4545/2004 ), 10 y 17 septiembre 2009 ( casación 1733/2003 y 6603/2003 ), 22 octubre 2009 (casación 8460/2003 ), 7 octubre 2010 (casación 4948/2005 ), 20 enero 2011 (casación 704/2006 ), 7 julio 2011 (casación 97/2008 ), 6 octubre 2011 (casación 2818/2008 ) y 8 noviembre 2012 (casación 4413/2009 ), entre otras.

Finalmente cabe destacar, con la Sentencia de esta Sala de 18 de junio de 2009 (recurso 2053/2003 ) que de los artículos 94 y 95 de la Ley 37/1992 , se desprende con claridad que el requisito esencial para el ejercicio del derecho a deducir está ligado a la afectación o incorporación de los bienes o servicios a la actividad empresarial.

Se trata de una circunstancia que ha de probarse, sin que la ley o el Reglamento hayan establecido a tal efecto pruebas predeterminadas o tasadas, por lo que servirán para ello todas las pruebas admitidas en Derecho y, en tal sentido, la STS 20 abril 2009 (casación 624/2003 ) recuerda, con cita en particular de la STJCE de 11 de julio de 1991 (Asunto Convenio Colectivo de Empresa de PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA/90 Lennartz), que la jurisprudencia comunitaria viene considerando ciertos elementos objetivos relevantes, incluyendo entre las circunstancias que es posible tener en cuenta para analizar la intención del sujeto pasivo las siguientes:

- La naturaleza de los bienes o servicios adquiridos.

- El período transcurrido entre la adquisición de los mismos y su utilización en dichas actividades (si bien debe notarse, con la STS 7 marzo 2014, dictada en el recurso de casación 61/2012 , que ni el artículo 111.uno de la Ley del IVA , tras la redacción de la ley 14/2000, ni el artículo 27 del Reglamento del IVA , según la redacción dada por el Real Decreto 1083/2001, señalan un plazo preclusivo para el comienzo de la actividad).

- El cumplimiento de los requisitos administrativos y contables exigidos a los empresarios y profesionales por la normativa reguladora del Impuesto.

Cuarto.- En el supuesto concreto sometido a nuestra consideración se hace constar en el acuerdo de liquidación que desde el ejercicio del 2000, en que Estudios Inmobiliarios y Turísticos, S.L. empezó a presentar el modelo 300 -hecho este que la parte actora no discute ni cuestiona-, no consta justificante alguno que acredite el desarrollo de una actividad que generase derecho a la deducción de las cuotas de IVA soportadas.

La actora se limitó a aportar al expediente administrativo libro registro de facturas, en las que constan genéricos conceptos -circunscritos a la identificación de diversas personas físicas, sociedades y organismos con el nombre o denominación y N.I.F./C.I.F. correspondiente-, que no permiten verificar si se trata, efectivamente, de gastos concernientes al pretendido ejercicio de la actividad propia del objeto social de la empresa, en tanto que en el presente proceso ni tan siquiera ha solicitado la parte actora el recibimiento del pleito a prueba, desconociéndose datos de relevancia a los efectos pretendidos por la recurrente tales como la titularidad de una sola o de diversas parcelas que fueran a destinarse a la actividad de promoción inmobiliaria y/o la efectiva materialización de operaciones de urbanización, edificación, promoción inmobiliaria o venta.

Debe significarse que si la actividad de promoción inmobiliaria, desde la perspectiva del elemento temporal, puede presentar un período de maduración de cierta duración -máxime si hace precisa la previa realización de actuaciones de urbanización y si, como es el caso, la parcela o parcelas se ubican en Municipio en el que resulta notoria la compleja problemática que ha suscitado la cuestión del planeamiento urbanístico- tanto por cuestiones jurídicas como por otras de tipo meramente material y técnico, transcurrió un período de nada menos que de cuatro años aproximados desde que se formulara el anterior requerimiento de información por la Administración tributaria sin que se materializara operación alguna relacionada con la actividad manifestada de promoción inmobiliaria (o, al menos, no otra cosa acredita la parte actora, a quien incumbía la carga probatoria, como se ha dicho).

En las anteriores circunstancias, en definitiva, no puede reputarse debidamente acreditada la vinculación de los gastos por los que se pretende la práctica de la deducción con actividad económica alguna, siendo que esta misma Sala ha tenido ya la ocasión de pronunciarse en contra de la deducibilidad de las cuotas del IVA soportado en aquellos supuestos en los que, como el que nos ocupa, se trata de terrenos adquiridos para la promoción inmobiliaria respecto de los cuales el sujeto pasivo no realiza actuación alguna de gestión, sin ser suficiente a tales efectos con el alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

En tal sentido se pronuncian, entre otras: la Sentencia de 14 de julio de 2014 (recurso 222/2012 ), referida a un supuesto en el que los terrenos se habían vendido en el mismo estado en que se adquirieron sin que la recurrente hubiera realizado acto ni gestión alguna (ni siquiera de carácter administrativo) que no fuera el darse de alta en el IAE en el epígrafe 'Promoción Inmobiliaria' o la Sentencia 24 junio 2011 (recurso nº 364-715/2007 y 311/2009 ), que no tiene por acreditada la existencia de actividad empresarial cuando la desarrollada ha sido la construcción de una sola vivienda que, además, no se ha vendido en un largo período temporal desde la construcción.

Cuarto.- En cuanto a la vulneración de la doctrina de los actos propios que reputa producida la mercantil actora debemos comenzar por destacar que, como afirma la STC 73/1988, de 21 de abril , la llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad «de venire contra factum proprium», surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos.

La STS 21 marzo 2006 , recordando la doctrina constitucional sobre el alcance y significado de los actos propios anteriormente expuesta, expone que ' El principio de protección de la confianza legítima ha sido acogido igualmente por la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo (entre otras, en las Sentencias de 1 de febrero de 1990 [F. 1 º y 2º], 13 de febrero de 1992 [F. 4 º], 17 de febrero , 5 de junio y 28 de julio de 1997 ), y se consagra en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , tras su modificación por la Ley 4/1999, que en su artículo 3, cuyo número 1, párrafo 2 º, contiene la siguiente redacción: «Igualmente, deberán (las Administraciones Públicas) respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima»', añadiendo la Sentencia aludida que ' El contexto interpretativo de estos principios jurídicos se advierte en la exposición de motivos de la citada Ley procedimental administrativa, cuando afirma lo siguiente: «En el título preliminar se introducen dos principios de actuación de las Administraciones Públicas, derivados del de seguridad jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia contencioso-administrativa incluso antes de su recepción por el título preliminar del Código Civil. Por otra, el principio, bien conocido en el derecho procedimental administrativo europeo y también recogido por la jurisprudencia contencioso-administrativa, de la confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no puede ser alterada arbitrariamente»'.

Ciñéndonos al primero de los principios aludidos resume los reiterados pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo, por citar alguna, la STS 13 junio 1992 , en la que se afirma que ' el principio general del derecho de que nadie puede ir contra sus propios actos ha sido sancionado de antiguo por la jurisprudencia de esta Sala que tiene declarado en cuanto a su alcance que los actos propios contra los cuales no es lícito accionar son aquellos que, por su carácter trascendental o por, constituir convención, causan estado, definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor o aquellos que vayan encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho, por lo que el citado principio sólo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que hubieren creado una situación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla; y para apreciar su carácter vinculante se requiere un acto concluyente e indubitado, de forma que defina de modo inalterable o inequívoco la situación del que los realiza'.

En el mismo sentido la STS 22 enero 2007 (Sala Civil ), con cita de las SSTS 14 y 28 octubre y 29 noviembre 2005 , recogiendo doctrina ya sentada, entre otras muchas, en las sentencias de 5 de octubre de 1984 , 5 de octubre de 1987 y 10 de junio de 1994 , recuerda que ' el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos sólo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieran creado una situación o relación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla, constituyendo presupuesto para la aplicación de esta doctrina que los actos sean inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una determinada situación jurídica que afecte a su autor, y que entre en la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o una contradicción según el sentido que de buena fe, hubiera de atribuirse a aquélla'.

En cuanto a la proyección del principio que estamos examinando en el ámbito tributario la STS 15 enero 2015 (casación 1370/2013 ), referida a actuaciones de la Administración tributaria que delimitan los elementos fácticos determinantes de la aplicación de la figura impositiva, reproduciendo la argumentación vertida en la previa STS 4 noviembre 2013 (casación 3262/2012 ), afirma que ' (...) la Administración puede quedar obligada a observar hacia el futuro la conducta que ha seguido en actos anteriores, inequívocos y definitivos, creando, definiendo, estableciendo, fijando, modificando o extinguiendo una determinada relación jurídica. Esos actos pueden ser expresos, mediante los que la voluntad se manifiesta explícitamente, presuntos, cuando funciona la ficción del silencio en los casos previstos por el legislador, o tácitos, en los que la declaración de voluntad se encuentra implícita en la actuación administrativa de que se trate.

El dato decisivo radica en que, cualquiera que fuere el modo en que se exteriorice, la voluntad aparezca inequívoca y definitiva, de manera que, dada la seguridad que debe presidir el tráfico jurídico ( artículo 9.3 de la Constitución ) y en aras del principio de buena fe, enderezado a proteger a quienes actuaron creyendo que tal era el criterio de la Administración, esta última queda constreñida a desenvolver la conducta que aquellos actos anteriores hacían prever, no pudiendo realizar otros que los contradigan, desmientan o rectifiquen.

Ese principio, el de buena fe, junto con el de protección de la confianza legítima, constituyen pautas de comportamiento a las que, al servicio de la seguridad jurídica, las Administraciones públicas, todas sin excepción, deben ajustar su actuación [véase el artículo 3.1, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE de 27 de noviembre)], sin que después puedan alterarla de manera arbitraria, según reza el apartado II de la exposición de motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), por la que se añadió ese segundo párrafo a la redacción inicial del precepto. Así lo hemos recordado recientemente en la sentencia de 22 de enero de 2013 (casación 470/11 , FJ 7º)'.

Está presente en la sentencia transcrita parcialmente el principio del venire contra factum proprium non valet, concreción de varios principios jurídicos esenciales, como los de buena fe, seguridad jurídica y respeto a la confianza legítima. Una misma y única realidad no puede dar lugar, o no debería de dar, a respuestas contradictorias...'.

Pues bien, así expuesta la doctrina jurisprudencial concerniente al principio que la parte actora reputa conculcado, lo cierto es que en el supuesto concreto sometido a nuestra consideración y como se afirma en la resolución recurrida, con cita de la dictada por el Tribunal Económico Administrativo Central en fecha 19 de julio de 2011 (RG 5003-09), la conclusión que la Administración tributaria haya alcanzado en períodos previos en nada impide la regularización a que se pueda ver luego sometido el contribuyente, no pudiendo verse privada la Administración de la posibilidad de comprobar, para períodos distintos y posteriores, el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

A ello hay que añadir el dilatado lapso temporal transcurrido entre unas y otras actuaciones de comprobación, siendo que en este caso ya se ha dicho que el elemento temporal es uno de los datos objetivos a tener en cuenta para inferir la intención del sujeto pasivo de destinar los bienes adquiridos al desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

Y es que, como afirma la STS 12 noviembre 2014 (casación 1881/2012 ), la doctrina sobre los actos propios anteriormente expuesta ' ...parte de dos presupuestos inequívocos y necesarios.

Uno, que el acto propio, en cualquiera de sus posibles manifestaciones, incluida la tácita, para que despliegue de futuro toda su fuerza vinculante en situaciones iguales, precisa que sea consecuencia de la actividad en plenitud, real o potencial, de la actividad inspectora. La LGT, art. 142.1 enuncia indistintamente los medios de que podrán valerse en la actuación inspectora de comprobación e investigación, ambas funciones tienen carácter indagatorio e inquisitivo y a través de ellas la Inspección busca la verdad material y la obtención de pruebas suficientes para la correcta aplicación de la norma tributaria y ha de dirigirse a asentar unos datos y hechos firmes sobre los que liquidar, en consonancia con los que exija la ley del tributo para su aplicación, por un lado; pero por otro la actuación inspectora se extiende también a la calificación de los hechos, actos o negocios realizados por el obligado tributario, con independencia de la previa calificación que éste hubiera dado a los mismos.

Otro presupuesto radica en que la anterior doctrina transita sobre un elemento sustancial para el acogimiento de la doctrina de los actos propios, cual es que no existan datos nuevos, que la Administración al examinar y calificar en primera instancia las operaciones para desterrar situaciones anómalas, conflictos en la aplicación de la ley o simulación, contó con la totalidad de los datos, ni hubo elementos desconocidos u ocultados, ni aparecieron a posteriori hechos con relevancia determinante'.

Quinto.- Las consideraciones que han quedado expuestas en los fundamentos de derecho que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, con imposición a la parte actora de las costas procesales causadas, al no apreciarse que concurran serias dudas de hecho o de derecho y de conformidad con el criterio del vencimiento objetivo que consagra el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su nueva redacción dada por la Ley 37/2011.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso interpuesto por Dª María Encarnación Tinoco García, en representación de ESTUDIOS INMOBILIARIOS Y TURÍSTICOS, S.L. contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Málaga) de fecha 27 de octubre de 2011, desestimatoria de la reclamación económico administrativa 29/05802/2009, con imposición a la parte actora de las costas procesales causadas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme, al no ser susceptible de recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Ponente que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, ante mí, el Secretario. Doy fe.-


Entrega de bienes
Prestación de servicios
Actividades empresariales y profesionales
Impuesto sobre el Valor Añadido
Actividades empresariales
Actividades económicas
Carga de la prueba
Importaciones de bienes
Buena fe
Obligado tributario
Beneficios fiscales
Deducciones IVA
Liquidación girada
Cuota del IVA
Entregas o prestaciones de servicios
Adquisiciones intracomunitarias de bienes
Doctrina de los actos propios
Cuotas del IVA soportado
Porcentaje de deducción
Actos propios
Acto preparatorio
Medios de prueba
Obligaciones tributarias
Seguridad jurídica
Libro registro
Recibimiento del pleito a prueba
Preclusión de plazo
Voluntad unilateral
Planeamiento urbanístico
Impuesto sobre Actividades Económicas
Actividad inspectora
Voluntad