Sentencia Administrativo Nº 143/2004, Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 184/2003 de 22 de Abril de 2004

Confirma el TSJ el auto por el que se deniega la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado (resolución por la que, al entender que el interesado es responsable de la infracción grave tipificada en el art. 53.a) LO 4/2000 reformada por la 8/2000, se acuerda la expulsión del territorio español del recurrente y la prohibición de entrada en España por un periodo de cinco años), en base a lo dispuesto en el art. 130 LJCA, que establece "previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso". En el auto impugnado se lleva a cabo una adecuada interpretación del citado precepto, pues apoyándose en varias sentencias del Tribunal Supremo (Sentencias de 14-03-00; 11-04-00; 23-10-01; 14-03-02 y 21-05-02), se razona que el derecho de defensa queda perfectamente preservado en el recurso mediante su representación procesal; también que no cabe considerar como perjuicios, en casos como en el que nos ocupa, la salida de territorio nacional, pues de aceptarse el criterio del recurrente la suspensión vendría automáticamente determinada por la simple solicitud o la interposición del recurso, lo que, evidentemente, no es el propósito del legislador.