Sentencia Administrativo Nº 1431/2006, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 1150/2006 de 13 de Octubre de 2006

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 13 de Octubre de 2006
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  • Ponente: Hinojosa Martinez, Eduardo
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  • Núm. Recurso: 1150/2006
  • Núm. Cendoj: 29067330012006102351

Encabezamiento

SENTENCIA Nº 1431 DE 2.006

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MÁLAGA

RECURSO DE APELACIÓN Nº 1150/2006

ILUSTRÍSIMOS SEÑORES.

PRESIDENTE:

D. JOAQUÍN GARCÍA BERNALDO DE QUIRÓS

MAGISTRADOS:

D. FERNANDO DE LA TORRE DEZA

D. MANUEL LÓPEZ AGULLÓ

Dª MARÍA TERESA GÓMEZ PASTOR

D. EDUARDO HINOJOSA MARTÍNEZ

_________________________________________

En la ciudad de Málaga, a trece de octubre de dos mil seis.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el rollo número 1150/2006 del recurso de apelación interpuesto por Dª Begoña , defendida por el Letrado D. Francisco Javier Galán Palmero, contra la Sentencia de 27 de febrero de 2006 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga en el recurso contencioso-administrativo, seguido por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona número 331/2005, frente al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, de 3 de mayo de 2005, de aprobación del avance del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, habiendo comparecido como apelado el citado Ayuntamiento, defendido por el Letrado D. Juan Manuel Palma Suárez.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. EDUARDO HINOJOSA MARTÍNEZ.

Antecedentes

PRIMERO. El día 27 de febrero de 2006, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga, en el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, seguido con el número 331/2005, dictó Sentencia desestimatoria del recurso interpuesto contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, de 3 de mayo de 2005, de aprobación del avance del Plan General de Ordenación Urbana de dicho municipio.

SEGUNDO. Por escrito de 28 de marzo de 2006 la representación de la recurrente interpuso recurso de apelación contra dicho acuerdo formulando los motivos de impugnación frente a la resolución recurrida, y terminó solicitando que en su día previos los trámites legales se dictara Sentencia por la que con estimación de este recurso de apelación, se dejara sin efecto la apelada.

TERCERO. Teniendo por presentado el recurso y acordado su traslado a la recurrida, tras la presentación por ésta de su escrito de oposición, se elevaron las actuaciones a esta Sala, en la que no habiéndose acordado el recibimiento a prueba, la celebración de vista ni la presentación de conclusiones escritas, el recurso fue declarado concluso, quedando las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, que ha tenido lugar en el día fijado al efecto.

CUARTO. En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones de los artículos 80.3 y 85 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

Fundamentos

PRIMERO. La sentencia impugnada desestimó el recurso interpuesto por la ahora apelante, a través del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre de 3 de mayo de 2005, que aprobó el avance del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, acuerdo este que la recurrente, Concejal del Ayuntamiento, consideraba aquejado de nulidad de pleno derecho por vulneración del artículo 23 CE , concretamente por no habérsele proporcionado con la convocatoria para la sesión de aquel día una copia del documento propuesto para su aprobación.

Por su parte, el Juzgador de instancia basó su decisión en la puesta a disposición de aquélla del expediente que dio lugar al citado acuerdo, actitud que, según la sentencia, resultaba acorde a las normas sobre la materia y, por lo tanto, no constituía vulneración alguna del derecho fundamental invocado.

SEGUNDO. Frente a esta decisión se alza la apelante aunque lo haga con argumentos que, así debe avanzarse, no pueden cuestionar la detallada y acertada fundamentación de dicha resolución, que la Sala no puede más que hacer suya, y que tomaba como punto de partida la consideración del derecho constitucional que sostenía la demanda, es decir, el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, como derecho de configuración legal (en este sentido, SSTC 32/1985, 45/1990, 196/1990, 220/1991 ), respecto del cual corresponde al Legislador ordenar los derechos y facultades que se atribuyan a los distintos cargos y funciones públicas, pasando aquellos, en virtud de su creación legal, a quedar integrados en el status propio de aquellos con la consecuente posibilidad de su defensa al amparo del artículo 23.2 CE , del ius in officium que consideren ilegítimamente constreñido. Dicho de otro modo, en cuanto tal derecho de configuración legal, los preceptos correspondientes de la legislación infraconstitucional se hallan de tal modo insertos en el receptáculo del derecho fundamental que resulta insoslayable tomarlos en consideración para el análisis y valoración de cualquier supuesta violación de aquél.

TERCERO. En el supuesto examinado y en lo que ahora importa, aquel derecho al cargo se concreta en el derecho de los miembros de las Corporaciones locales de asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados de que formen parte, a que se refiere el artículo 12.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 28 de noviembre , que sólo puede hacerse efectivo si sus titulares tienen acceso a la información necesaria para intervenir en las deliberaciones y votaciones, extremo este del que se ocupa el artículo 77 del la Ley 7/1985, de 2 de abril , al establecer que todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función, añadiendo (de acuerdo con la reforma de la Ley 11/1999, de 21 de abril ) que la solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado. Más precisamente, en lo que respecta a las sesiones del Pleno de la Corporación, el artículo 46.2.b) de la misma Ley dispone que la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día del Pleno de la Corporación, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales o Diputados desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación.

Tales previsiones encuentran su desarrollo en los artículos 14 y siguientes de aquel mismo Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico (en adelante ROFRJ), que obligan a los servicios administrativos locales a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, entre otros casos, cuando se trate del acceso a la información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte [artículo 15.b) ROFRJ ]. Además, la consulta y examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria [artículo 16.1.d) ROGRJ ]. Finalmente, tras reiterarse que toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día debe estar a disposición de los miembros de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de aquélla, se establece asimismo que cualquier miembro de la Corporación podrá, en consecuencia, examinarla e incluso obtener copias de documentos concretos que la integre, pero los originales no podrán salir del lugar en que se encuentren puestos de manifiesto [artículo 84 ROGRJ ].

CUARTO. Ninguna de tales previsiones se aparece vulnerada en el supuesto examinado. En particular, y entrando a examinar los concretos aspectos a los que se refiere el recurso de apelación, como bien afirma la sentencia apelada, el expediente en cuestión se encontraba a disposición de la recurrente desde el día 28 de abril de 2005 , en que se le notificó la convocatoria para el Pleno, celebrado el día 3 de mayo siguiente, y ello según certificó el Secretario de la Corporación a través del Informe de 13 de mayo de 2005, según el cual desde aquel día un ejemplar del avance del PGOU se encontraba a su disposición de los Concejales, para su consulta, en el Departamento de Secretaría, añadiéndose que el día 29 de abril de 2005 (sábado), este ejemplar estuvo a disposición de los ediles en el Registro del Ayuntamiento, desde las 10,00 horas hasta las 13.00 horas, contenido este al cual el Juzgador a quo, razonablemente y de acuerdo con lo autorizado por el artículo 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , prefirió estar frente a lo que pudiera extraerse de las declaraciones de otro miembro de la Corporación, con resultado probatorio que la recurrente no ha desacreditado en apelación.

Sin contar pues con el día de la convocatoria (que se produjo en la tarde de aquel 28 de abril del pasado año), la actora dispuso al menos de los días 29 y 30 de abril de 2005 para examinar la documentación del avance, con la amplitud mínima de dos días hábiles entre la convocatoria y la celebración de las sesiones, establecida por el también invocado artículo 80.4 ROFRJ , posibilidad que, sin embargo, aquélla ni siquiera intentó utilizar.

QUINTO. Por lo demás, la recurrente insiste en denunciar el hecho de no habérsele proporcionado una copia del expediente del avance del Plan General de cuya aprobación se trataba, extremo que fue también resuelto correctamente por la sentencia apelada al señalar que el derecho a acceder a la documentación no incluye el de obtener copias completas del expediente sino sólo de los documentos concretos que se señalen.

Debe recordarse en este sentido la doctrina mantenida al respecto por nuestro Tribunal Supremo, que puede verse en su Sentencia de 11 de octubre de 2.002 (casación 8687/1998 ), según la cual "..no existe norma que consagre el derecho de los concejales a obtener de modo indiscriminado copias legitimadas o fotocopias de los documentos que integran expedientes completos a cuyo examen tienen derecho..". Según se ha visto, de acuerdo con lo establecido por el artículo 84 ROFRJ , el contenido adicional del derecho fundamental se integra en este aspecto por el derecho a examinar el expediente y a obtener copias de documentos concretos, pero no integra, como se pretende por la apelante, la posibilidad de obtener un ejemplar íntegro del repetido avance urbanístico.

SEXTO. Ello es suficiente para descartar la vulneración del derecho fundamental invocado, aunque, como hizo también el Juzgador de instancia, tampoco esté de más destacar que el repetido avance obraba ya antes de la convocatoria en poder el grupo político de la recurrente (integrado por ella y otra persona), al haber sido objeto de deliberación y voto en la Comisión correspondiente, circunstancia que si, ciertamente, no puede servir para eludir las exigencias que en este aspecto derivan del derecho al cargo, que se atribuye al Concejal y no su grupo o partido político (que, según se ha dicho, no han sido desconocidas en el caso), sí sirve para reforzar la conclusión sobre el desconocimiento por la actuación recurrida de aquel derecho fundamental.

SÉPTIMO. En consecuencia y por todo lo dicho, el recurso debe ser íntegramente desestimado, con la obligada imposición de costas a la parte apelante, al no apreciarse la concurrencia de circunstancias que otra cosa aconsejen, de conformidad con lo establecido por el artículo 139.2 LJCA .

Por las razones expuestas, en nombre de Su Majestad el Rey y por la potestad de juzgar que nos ha conferido el Pueblo español en la Constitución

Fallo

PRIMERO. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Dª Begoña contra la Sentencia dictada el día 27 de febrero de 2006, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga , en el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona seguido con el número 331/2005, que confirmamos en su integridad.

SEGUNDO. Condenar al recurrente al pago de las costas causadas en esta segunda instancia.

Líbrese testimonio de esta Sentencia para su unión al rollo de apelación.

Remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de procedencia para su notificación y ejecución.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciarnos, mandamos y firmamos. D. JOAQUÍN GARCÍA BERNALDO DE QUIRÓS, D. FERNANDO DE LA TORRE DEZA, D. MANUEL LÓPEZ AGULLÓ, Dª MARÍA TERESA GÓMEZ PASTOR y D. EDUARDO HINOJOSA MARTÍNEZ.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Ponente que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, ante mí, el Secretario. Doy fe.-

Corporaciones locales
Plan general de ordenación urbana
Colegiado
Expropiación especial
Protección de los derechos fundamentales
Pleno del Ayuntamiento
Nulidad de pleno derecho
Cargos públicos
Días naturales
Copias de documentos
Días hábiles
Partido político