Sentencia Administrativo Nº 210/2016, Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 437/2013 de 17 de Marzo de 2016

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 17 de Marzo de 2016
  • Tribunal: TSJ Murcia
  • Ponente: Martín Sánchez, Ascensión
  • Núm. Sentencia: 210/2016
  • Núm. Recurso: 437/2013
  • Núm. Cendoj: 30030330022016100193
Resumen:

MONTES


Encabezamiento

T.S.J.MURCIA SALA 2 CON/ADMURCIASENTENCIA: 00210/2016

RECURSO núm. 437/2013

SENTENCIA núm. 210/2016

LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA

SECCIÓN SEGUNDA

compuesta por los Ilmos. Srs.:

D. Abel Ángel Sáez Doménech

Presidente

D.ª Leonor Alonso Díaz Marta

Dª. Ascensión Martín Sánchez Magistradas

ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº 210/16

En Murcia, a diecisiete de marzo de dos dieciséis.

En el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO nº 437/13, tramitado por las normas ordinarias, con una cuantía de 944,40€ y referido a: Canon ocupación de monte publico.

Parte demandante:

MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLA., representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado

Parte demandada:

La Consejería de PRESIDENCIA de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia representada y defendida por el Letrado de dicha Comunidad Autónoma.

Acto administrativo impugnado:

Orden de la Consejería de PRESIDENCIA de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2 de agosto de 2013, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la anterior de 9 de abril de 2012, relativa a la ocupación de terrenos Monte nº 136 de Catalogo de utilidad Publica de la región de Murcia REFERENCIA- OCU 34/09. Por la que se establece un canon anual.

Pretensión deducida en la demanda:

Que se dicte sentencia por la que, estimando los motivos alegados, se declare no conforme a derecho y se anule la resolución recurrida, y, por ende, la Orden de la Consejería de PRESIDENCIA de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2 de agosto de 2013, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la anterior de 9 de abril de 2012, relativa a la ocupación de terrenos Monte nº 136 denominado LAS LOMAS Y LA NAVELA de Catálogo de utilidad Publica de la región de Murcia REFERENCIA- OCU 34/09. Y con costas.

Siendo Ponente el Magistrado Ilma. Sra. Dª Ascensión Martín Sánchez , quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 30 de octubre de 2013 y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.

SEGUNDO.- La parte demandada se ha opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida solicitando el recibimiento del juicio a prueba.

TERCERO.- Se acordó el recibimiento del proceso a prueba, con el resultado que consta en las actuaciones y cuya valoración se hará en los fundamentos de Derecho de esta sentencia.

CUARTO.- Se acordó trámite de conclusiones, y se señaló para la votación y fallo el día 4 de marzo de 2016


Fundamentos

PRIMERO.- Los antecedentes son los siguientes:

La Mancomunidad recurrente solicitó en fecha 30 de abril de 2009, autorización para ocupar los Terrenos de Monte Publico con destino a la instalación de tubería y arqueta en ejecución del Proyecto de Variante del Canal del Segura en ULEA- MU/Ulea,).Rama Ascendente en una superficie de 1.230m2.

La Unidad Técnica de Gestión Territorial del Servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales, emitió un informe informando favorablemente la ocupación solicitada, señalando determinadas condiciones para que no se vieran alterados gravemente factores ecológicos y paisajísticos.

Formulada propuesta de pliego de condiciones a regir en la ocupación de terreno, se dio traslado a la Mancomunidad, fijando la duración de la ocupación en 10 años y la obligación de abonar el canon anual de 94,44 euros.

La Dirección General de Medio Ambiente, mediante resolución de 9 abril 2012, autorizó a la Mancomunidad recurrente para la ocupación de terrenos del indicado Monte, denominado La Solana, Las Lomas, La Navela y La Serrata, que eran propiedad de la Comunidad Autónoma, con destino a la instalación de tubería y arqueta en ejecución del Proyecto de Variante del canal del Segura en ULEA-MU/Ulea,).Rama Ascendente en una superficie de 1230m2.

Y por un plazo de 10 años, prorrogable, y con la obligación de abonar un canon anual de 94,45 euros, cantidad que podría verse incrementada, según variaciones que sufra el IPC.

Esta resolución fue recurrida en alzada en alegando resumidamente que la naturaleza de la Mancomunidad era la propia de un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por lo que debería quedar exenta del pago del canon establecido en el pliego de condiciones, dado que la obras eran de interés público y por tanto la ocupación estaba motivada por razones de interés publico y había de tener vigencia mientras se cumpliera la finalidad de la obra, servicio o concesión. Que el Monte 136 era propiedad de la Comunidad Autónoma, como bien de dominio público, en virtud de transferencias efectuadas por RD 2102/1984, de 10 octubre.

La Administración regional, a la vista de la documentación obrante, entendió que la ocupación de terrenos del Monte referido implicaba el uso privativo de éste, dado que al instalar la tubería se excluye o limita el uso similar del bien por otras personas, y conforme al artículo 15.4 de la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes , la actividades que impliquen utilización privativa del dominio publico forestal debía someterse a otorgamiento de concesión, y que conforme al articulo 34 de la Ley 3/92 de Patrimonio de la CARM , exigía para el uso privativo la previa concesión administrativa, salvo que sea a favor de las entidades publicas dependientes de la CARM, que tengan asignadas la gestión, conservación, explotación o utilización para la prestación de servicio publico. Y como la Mancomunidad recurrente no tenía la condición de organismo adscrito a la Administración de la CARM, sino a la Administración del Estado, no podía acceder de modo preferente al uso de bienes de dominio publico de la CARM, que establece el articulo 34 de la indicada Ley 3/92 de 30 de julio . Y el régimen concesionario de uso del dominio publico ( Art. 40.2 Ley 3/92 ) exige pagar el canon que se haya establecido. Por tanto la Mancomunidad, como concesionaria, debía pagar el canon, al tener que asumir el conjunto de derechos y deberes que dicha Ley establecía. Y frente a la alegación de la Mancomunidad de que las obras eran de interés general hidráulico, conforme al artículo 46 del RDL 1/01 , negaba que lo tuvieran, no estando incluidas entre dichas obras hidráulicas, ni había constancia de que hubieran sido declaradas de interés general por Ley o Real Decreto. En cuanto al plazo teniendo en cuenta que el plazo máximo no puede exceder de 75 años según la Ley 33/2003 (Patrimonio Administraciones Publicas), justificándose que en el caso se fije un plazo de diez años. Añade que solo cuando concurran razones de utilidad pública, debidamente justificadas procederá la cesión de uso gratuita de bienes demaniales de la CARM, y como la Mancomunidad no había instó el inicio de procedimiento de autorización no se entiende justificado el uso gratuito de los terrenos del monte, no constando justificadas las razones de utilidad publica. Y con cita de jurisprudencia al respecto y habiendo tenido el interesado la posibilidad de alegar los hechos por los que entendía que le eximían del pago del canon, así como aportar la documentación acreditativa correspondiente durante la tramitación del expediente OCU 6/09, no pueden admitirse su aportación en fase de recurso por estar proscrito por el articulo 112.1 LRJAP .

El recurso de alzada fue desestimado por la Orden de 2 de agosto de 2013, confirmando la resolución de 9 de abril 2010, que autorizó a la Mancomunidad recurrente la ocupación del monte reseñado, para la instalación de tubería y arqueta en ejecución del Proyecto de Variante del canal del Segura en ULEA-MU/Ulea,).Rama Ascendente en una superficie de 1230m2. 205 m de conducción por 5 m. de anchura.

Y durante el plazo de duración de la ocupación y canon a satisfacer de 94,45 euros al año.

SEGUNDO.- En demanda se alega que la Mancomunidad de Canales del Taibilla es un Organismo publico, integrante de la Administración General del Estado, que está llamada a perseguir intereses generales, concretados en el caso el abastecimiento de agua potable a los municipios mancomunados, todos los de la Región de Murcia y los de la mitad de sur de la Provincia de Alicante, y dicha actividad tiene naturaleza de servicio publico. No discute que la ocupación comporta el uso privativo de determinados bienes demaniales, y no tiene la condición de organismo adscrito a la Administración de la CARM. Pero denuncia que hace primar una cuestión de mera organización administrativa, sobre la que constituye el fondo de la cuestión, que es la ocupación por razón de obra o servicio publico, por lo que ningún cano debería serle exigido, conforme al articulo 179 a 181 del Reglamento de Montes ) contrariamente a lo que sucede con las ocupaciones de interés particular.

La Administración regional expone los antecedentes, y autorizando la ocupación solicitada, sometida a determinado condicionamiento, en el que se encontraba el pago del canon indicado. Es en el recurso de alzada donde hace valer su condición de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y señala que la recurrente alega que los articulos 178 a 181 del Reglamento de Montes (D.485/62 de 22 febrero) no hace referencia a la personalidad jurídica publica o privada del ocupante sino al motivo de la ocupación, para entender que no procede el pago del canon. La Sección II habla de 'ocupaciones por razón de interés público', y concreta el tema de debate de la siguiente manera:

1-La recurrente sostiene que el hecho de formar parte de la Administración General del Estado (como ente instrumental) supone necesariamente que toda su actividad está orientada al interés publico, y no tiene que acreditar ni demostrar que la obra para cuya realización solicita la ocupación del Monte Publico es una obra de interés publico.

2-La Administración regional considera que el hecho de que la obra a realizar la acometa un organismo autónomo, integrado en la Administración General del Estado, no confiere a dicha obra la naturaleza o condición de pertenecer al interés publico, debiendo se demostrado.

TERCERO.- Es cierto que con arreglo al articulo 46 de la Ley de Aguas tendrá consideración de obras de interés general 'Las obras de abastecimiento, potabilización y desalación cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma', pero no es el caso, dado que las obras solo afectan a la Región de Murcia. La alternativa es que se reconozca ese interés en la Ley o en un Real Decreto.

Por otro lado es esencial tener en cuenta como norma aplicable la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Particularmente los siguientes preceptos que son de aplicación al caso.

Art. 34. 1. El uso privado es aquel que implica una utilización individualizada de los bienes demaniales, de forma que limite o excluya su libre uso a otras personas.

Todo uso privado exige la previa concesión administrativa, salvo que sea en favor de las Entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Murcia que tengan asignada la gestión, conservación, explotación o utilización para la prestación de un servicio público.

No plantea discusión, porque se acepta por ambas partes, que se trata de un uso privado, y que requiere concesión, porque la Mancomunidad no es Entidad dependiente de la Comunidad Autónoma.

Art. 35. 1. La concesión demanial es el título que otorga a una persona el uso y disfrute exclusivo y temporal de un bien de dominio público, cuya titularidad permanece en poder de la Comunidad Autónoma de Murcia, pudiendo llevar consigo la realización de otras de carácter permanente o temporal.

Art. 36. Las concesiones de dominio público se regirán por las leyes específicas aplicables y, en su defecto, por la presente Ley en sus normas y desarrollo.

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Fomento, aprobará un pliego de condiciones generales para las concesiones demaniales. Cada Consejería elaborará y aprobará pliegos de condiciones particulares para cada tipo de concesión.

Art. 37. 1. La competencia para otorgar las concesiones demaniales corresponderá a los órganos a los que esté atribuida, por razón de la cuantía, la facultad de contratar en la legislación regional.

A estos efectos, dicha cuantía vendrá determinada por el valor del precio de la concesión, calculado por la mitad del plazo de su duración.

Art. 38. Las concesiones de dominio público se otorgarán siempre sin perjuicio de terceros, y su duración no podrá exceder, incluida la prórroga, de noventa y nueve años, salvo que en leyes especiales se establezca un plazo inferior.

Art. 40. 1. Son derechos del concesionario el uso y disfrute de la concesión, conforme a las cláusulas de la misma y el de la prorroga en su caso.

2. Son obligaciones del concesionario:

a) Pagar el canon que se haya establecido.

Art. 44. 1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y Fomento, podrá autorizar la cesión de uso gratuita de bienes demaniales a cualquier administración pública por razón de utilidad pública, justificada en el expediente y por el plazo máximo de cincuenta años.

Teniendo en cuenta esta normativa, que es la esencialmente aplicable, de ella se desprende la obligación de pagar el canon, que es lo discutido, y si bien es cierto que cabe que la Administración regional autorice una cesión gratuita, se exige para ello la justificación de la razón de utilidad publica en el expediente. Como quiera que no se hizo constar en el expediente, y comunicada la propuesta de resolución ya contenía la obligación del pago del canon, sin que se formulara reparo alguno, la resolución finalmente dictada era conforme a Derecho. Sin perjuicio de que si la Mancomunidad recurrente considera oportuno solicitar ese beneficio contemplado en el artículo 44 siga la tramitación correspondiente. El recurso debe ser desestimado.

Y en el mismo sentido la sentencia de esta SALA y Sección nº 552/15 de fecha seis de julio en el recurso nº 446/13 , entre las mismas partes.

CUARTO.- En razón de todo ello procede el recurso contencioso administrativo formulado, por ser los actos impugnados conformes a Derecho; sin apreciar circunstancias suficientes para hacer un especial pronunciamiento en costas ( Art. 139 de la Ley Jurisdiccional ).

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Fallo

Desestimar el recurso contencioso administrativo nº 437/13 interpuesto por LA MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLA contra Orden de la Consejería de PRESIDENCIA de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2 de agosto de 2013, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la anterior de 9 de abril de 2012, relativa a la ocupación de terrenos Monte nº 136 de Catalogo de utilidad Publica de la región de Murcia REFERENCIA- OCU 34/09 por la que se establece un canon anual.

Actos que quedan confirmados por ser ajustados a Derecho en lo aquí discutido; Y sin costas.

Notifíquese la presente sentencia, que es firme al no darse contra ella recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Bienes de dominio público
Interés publico
Montes
Concesionaria
Utilidad pública
Recursos naturales
Concesiones administrativas
Concesiones demaniales
Prestación de servicios públicos
Tramitación del expediente
Organismos públicos
Abastecimiento de agua
Organización administrativa
Interés particular
Obligación de la concesionaria