Sentencia Administrativo Nº 301/2016, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 8, Rec 1694/2013 de 01 de Junio de 2016

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 01 de Junio de 2016
  • Tribunal: TSJ Madrid
  • Ponente: Botella Garcia-lastra, Rafael
  • Núm. Sentencia: 301/2016
  • Núm. Recurso: 1694/2013
  • Núm. Cendoj: 28079330082016100304

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Octava

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2013/0024800

Procedimiento Ordinario 1694/2013 P - 01

S E N T E N C I A Nº 301/2016

Ilmos. Sres.:

Presidente

Doña Amparo Guilló Sánchez Galiano

Magistrados

Doña Emilia Teresa Díaz Fernández

D. Francisco Javier González Gragera

D. Rafael Botella y García Lastra

En la Villa de Madrid el día dos de junio del año de dos mil dieciséis

V I S T O Spor la Sala constituida por los Señores referenciados al margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 1694 / 2013formulado ante la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. D. Carlos Plasencia Baltés en nombre de la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE MORATA DE TAJUÑAy ECOLOGISTAS EN ACCIÓN MADRID - AEDENATcontra las órdenes 2613 y 2615 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fechas 25 de septiembre de 2013 por virtud de las cuales se desestimaron los sendos recursos de alzada interpuestos por ambas entidades contra la resolución de fecha 30 de abril de 2013 del Director General de Evaluación Ambiental relativa a la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada y la Declaración de Impacto Ambiental para la instalación de Fabricación de Cementos Portland Valderrivas SA, en el término de Morata de Tajuña.

Ha sido parte en estas actuaciones la COMUNIDAD DE MADRIDrepresentada y defendida por el Sr. Letrado de sus Servicios Jurídicos, y, en calidad de codemandada CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS SA, representada en estas actuaciones por la Sra. Procurador de los Tribunales Dª Consuelo Rodríguez Chacón, sobre la base de los siguientes

Antecedentes

PRIMERO.-El pasado día 15 de noviembre de 2013 el Procurador de los Tribunales Sr. D. Carlos Plasencia Baltés en nombre de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña y Ecologistas en Acción Madrid - Aedenat compareció ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia interponiendo recurso contra las órdenes 2613 y 2615 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fechas 25 de septiembre de 2013 por virtud de las cuales se desestimaron los sendos recursos de alzada interpuestos por ambas entidades contra la resolución de fecha 30 de abril de 2013 del Director General de Evaluación Ambiental relativa a la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada y la Declaración de Impacto Ambiental para la instalación de Fabricación de Cementos Portland Valderrivas SA, en el término de Morata de Tajuña.

SEGUNDO.-Las actuaciones tuvieron entrada en esta Sección el 28 de noviembre de 2013 y en esa misma fecha el Secretario dictó Diligencia requiriendo a la parte para que subsanase determinados defectos procesales, lo que verificó en plazo tras lo cual, el siguiente 19 de diciembre de 2013 se dictó Decreto admitiendo el recurso a trámite y disponiendo recabar el expediente a fin de que por la actora se pudiera deducir la demanda.

TERCERO.-El expediente tuvo entrada en esta Sección el pasado 4 de febrero de 2014 fecha en que se acordó hacer entrega del mismo a la representación de los recurrentes para que dedujeran la demanda. El siguiente día 24 de febrero ésta presentó escrito interesando el complemento del mismo a determinados particulares así como que se dispusiese el emplazamiento de la entidad Cementos Portland Valderrivas SA a lo que se accedió mediante diligencia de fecha 5 de marzo de 2014.

CUARTO.-El complemento del expediente tuvo entrada en la Sección el pasado día 9 de junio de 2014 fecha en que se dispuso hacer entrega del mismo a la recurrente para que dedujese la demanda. No lo hizo en el plazo que le restaba la recurrente por lo que el siguiente 7 de julio de 2014 se dictó auto declarando la caducidad del recurso. Notificado este auto a la actora la misma rehabilitó el plazo el siguiente 17 de julio de 2014 presentando demanda arreglada a las prevenciones legales en la que, tras alegar lo que a su derecho convenía terminaba con la súplica que se estimase el recurso y se anulasen los actos recurridos, dejando sin efecto los mismos así como cuantas disposiciones y actos administrativos se dicten en desarrollo de los mismos, declarando, a su vez, la ilegalidad de lo ejecutado o construido, en su caso, procediendo a su demolición y desmantelamiento con la restauración de las cosas a su estado anterior, y, en todo caso, se impongan las costas a las partes demandadas, al menos, decía, si se opusieren a los pedimentos de esta demanda.

QUINTO.-Por auto de 18 de julio de 2014 se dejó sin efecto la caducidad teniéndose por rehabilitado el plazo y disponiéndose dar traslado a la Comunidad de Madrid para que contestase la demanda, lo que verificó en el plazo concedido el siguiente 30 de septiembre de 2014, en escrito en el que, tras alegar lo que consideraba pertinente, terminaba con la súplica que, previos los trámites de rigor se dictase sentencia desestimando íntegramente el recurso.

SEXTO.-Por resolución de fecha 3 de octubre de 2014 se dispuso dar traslado a la representación de la codemandada Cementos Portland Valderrivas a fin de que contestase la demanda lo que verificó la misma en el plazo concedido, presentando escrito en fecha 4 de noviembre de 2014 en el que, tras alegar lo que consideraba pertinente, terminaba con la súplica que se desestimase íntegramente el recurso con expresa imposición de costas a los actores.

SEPTIMO.-El 7 de noviembre de 2014 se dictó Decreto teniendo por contestada la demanda a la vez que se fijaba la cuantía del recurso como indeterminada, y por auto de la misma fecha se dispuso recibir el pleito a prueba disponiéndose lo necesario para la práctica de las pruebas propuestas.

OCTAVO.-Por resolución de fecha 15 de diciembre de 2014 se declaró concluido el período probatorio, a la vez que se abría el trámite de conclusiones sucintas habiéndose evacuado por cada parte las propias.

NOVENO.-Mediante diligencia de fecha 29 de enero de 2015 se dejaron las presentes guardando turno pendientes de señalamiento para deliberación y fallo.

DECIMO.-Mediante providencia de fecha 21 de abril de este año se señaló para votación y fallo del recurso la audiencia del día 1 de junio de este año fecha en la que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Rafael Botella y García Lastra quien expresa el parecer de la Sección.

A los anteriores resultan de aplicación los siguientes


Fundamentos

PRIMERO.-El Procurador de los Tribunales Sr. D. Carlos Plasencia Baltés en nombre de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña y Ecologistas en Acción Madrid - Aedenat formula el presente recurso contra las órdenes 2613 y 2615 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fechas 25 de septiembre de 2013 por virtud de las cuales se desestimaron los sendos recursos de alzada interpuestos por ambas entidades contra la resolución de fecha 30 de abril de 2013 del Director General de Evaluación Ambiental relativa a la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada y la Declaración de Impacto Ambiental para la instalación de Fabricación de Cementos Portland Valderrivas SA, en el término de Morata de Tajuña.

La pretensión de la actora la hemos dejado expresada en el antecedente de hecho cuarto de esta sentencia, por lo que, a lo ahí reflejado nos remitimos ahora.

SEGUNDO.-Conviene, que, para centrar el objeto de la presente controversia, nos refiramos, si quiera sea de modo breve, al sustrato fáctico que subyace a la misma.

La mercantil Cementos Portland Valderrivas SA, explota desde 1972 una fábrica en el sitio denominado 'El Alto' en el término de Morata de Tajuña en Carretera Puente Arganda-Chinchón, km 8.5. Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, la codemandada solicitó, en su calidad de 'instalación existente' se le concediese la Autorización Ambiental Integrada que le fue concedida en fecha 17 de noviembre de 2006. Con posterioridad, y debido a las peculiaridades del proceso productivo de dicha explotación, Cementos Portland fue solicitando diversas modificaciones de la AAI a fin de adaptar el proceso de sus hornos y el quemado de materias en los mismos, mediante modificaciones no sustanciales, todos estos procesos tendían a la eliminación de combustibles fósiles y a la utilización de subproductos (sustancialmente biomasa) para el calentamiento de los hornos. En fecha 15 de noviembre de 2011 la codemandada presentó una memoria ambiental referida al proyecto 'Alternativas al empleo de combustibles fósiles en la producción de cemento: valorización energética de los residuos no peligrosos' al objeto de determinar si ese proyecto, podía ser considerado como una modificación sustancial o no, y, en su consecuencia, si se debía de someter el mismo a evaluación de impacto ambiental. Sustancialmente se trataba de utilizar para los hornos de producción del clinker determinados residuos distintos del coque de petróleo en concreto plásticos y neumáticos (CDRs); de este modo se evitaba que estos residuos acabasen en vertederos poniéndolos en valor y se reducía el uso de combustibles fósiles.

La Dirección General de Evaluación Ambiental en fecha 9 de marzo de 2012 determinó que el proyecto en cuestión debía de ser considerado como modificación sustancial y por tanto debía ser sometido a procedimiento de evaluación ambiental ordinario.

La codemandada Cementos Portland Valderrivas presentó el siguiente 28 de septiembre de 2012 estudio de impacto ambiental, y tras los trámites ordinarios y la preceptiva información pública el 30 de abril de 2013 se dictan los actos recurridos por la Dirección General de Evaluación Ambiental, actos que, oportunamente notificados se recurren en alzada por las entidades recurrentes siendo desestimados dichos recursos por las órdenes números 2613 y 2615 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fechas 25 de septiembre de 2013, a las que nos referíamos en el primer fundamento de esta sentencia.

TERCERO.-La parte recurrente, con una claridad expositiva que la Sección valora y agradece, nos plantea cuatro motivos fundamentales, dos de ellos de naturaleza adjetiva y otros dos de naturaleza sustantiva. Enunciémoslos

Nulidad o anulabilidad de la resolución impugnada por subversión de los trámites del procedimiento evaluatorio y de control integrado de la contaminación.

Nulidad y falta de eficacia de la resolución recurrida por infracción de la normativa relativa a la publicación de la AAI y de la DIA.

Nulidad de la resolución impugnada por falta de cobertura de la actividad de valorización energética de residuos autorizada en los planes de gestión de la Comunidad de Madrid.

Nulidad de la resolución impugnada por falta de consideración de las mejores técnicas disponibles para la fabricación de cemento .

CUARTO.-Empecemos con el primero de los motivos. Sostienen los actores que la

Evaluación de Impacto Ambiental y Control y Prevención Integrado de la Contaminación, y Declaración de impacto Ambiental y Autorización Ambiental Integrada son dos instrumentos claramente diferenciados, coexistentes, coordinados e integrados en los procedimientos de autorización de determinadas actividades, ello no obstante su objeto y naturaleza jurídica es netamente diferente.

La autorización ambiental integrada es, como cualquier autorización, una técnica de control e intervención administrativa que, en particular, pretende anticipar la protección ambiental actuando sobre la causa o el origen de la contaminación. El objetivo indicado se cumple mediante la creación de esta nueva figura que se importa a nuestro ordenamiento jurídico interno mediante la expresada Ley 16/2002, al trasponer el contenido de la Directiva 96/61 / CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación.

La finalidad general de reducción de los contaminantes de la atmósfera, agua y suelo que persigue la citada Ley 16/2002 que se pretende alcanzar, de modo eficaz, operando sobre la raíz, ha de ser completada con otra finalidad esencial de la Ley, que se concreta en su apuesta por la simplificación administrativa. De ahí el carácter ' integrado ' de la autorización, al unificar la pluralidad de la intervención administrativa cuando en un ámbito sectorial concreto confluía la acción de varias Administraciones Públicas. Se trata de una figura autonómica de intervención ambiental --así se califica en la exposición de motivos (apartado 5) de dicha Ley 16/2002 -- que se crea para la protección ambiental en su conjunto y que sustituye la dispersión anterior, en relación con diferentes autorizaciones ambientales.

Estas autorizaciones ambientales integradas, en lo que hace al caso, atendida esa finalidad simplificadora, exigen que en el procedimiento administrativo, además de la presentación de documentos y el plazo de subsanación y los demás trámites ordinarios de todo procedimiento administrativo, se realice una solicitud de informes y declaración de impacto ambiental, en su caso, además de la realización de informes vinculantes por los órganos competentes. En definitiva, esta consideración general nos aclara que desde luego la autorización ambiental integrada no pierde, atendidos los contornos que hemos expuestos, su naturaleza jurídica como acto administrativo de autorización, mediante el que la Administración ejerce un control previo para el ejercicio de una determinada actividad. Tiene un carácter reglado, y no discrecional, pues si concurren los requisitos y presupuestos legal y reglamentariamente establecidos la autorización será concedida.

Por su parte, el control integrado de la contaminación descansa fundamentalmente en la autorización ambiental integrada que, como señala la Exposición de Motivos de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, es una nueva figura de intervención administrativa que sustituye y aglutina al conjunto disperso de autorización de carácter ambiental exigible hasta el momento, con el alcance y contenido que se determina en el Título III.

Pues bien, el estudio de evaluación de impacto ambiental forma parte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12.3 de dicha Ley, de la documentación que debe necesariamente acompañarse junto con la solicitud de autorización ambiental integrada y, consiguientemente, una vez completada la documentación debe formar parte del expediente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Ley, se pone a disposición de los interesados durante el periodo de información pública.

La declaración de impacto como nos recuerda la Sentencia de 8 de abril de 2011 (RC 1139/2007 ) recordamos, en efecto, que 'las evaluaciones de impacto ambiental, son medidas de protección ambiental de carácter anticipado o preventivo, dirigidas a introducir la variable ambiental en la ejecución de proyectos tanto de obras y actividades públicas como de obras y actividades promovidas por particulares. Han sido adoptadas en las legislaciones de todos los Estados miembros, en ejecución de la Directiva de la Unión Europea 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985 (modificada parcialmente por la Directiva 97/11 / CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 y por la Directiva 2003/35, CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003); conforme al principio de precaución, que inspira hoy el Derecho medioambiental de la Unión.

Por ello la jurisprudencia ha discutido mucho la impugnabilidad separada de la DIA (vid por todas la Sentencia de 13 de diciembre de 2011 (RC 545/2011 ), a propósito de su impugnación en el momento en que se recurre también la autorización ambiental integrada, o la recientísima sentencia de fecha 2 de febrero de este año (RC 3152/14 ) en la que se concluye que la declaración se trata de un acto de trámite cualificado, lo que permitiría su impugnabilidad.

Bien, sostiene pues la recurrente que lo que puede ser admisible es que un mismo acto se adopten dos pronunciamientos administrativos, uno de carácter resolutorio -la AAI- y otro que en puridad es un mero informe -la DIA-, lo que no resulta por el contrario admisible es la absorción de uno por otro o la confusión de ambos. Sostiene que es lo que ha ocurrido en el supuesto de autos en que la tramitación conjunta del expediente de Evaluación de Impacto Ambiental y de modificación ha tenido como resultado final que se pueda hablar de una verdadera evaluación de impacto ambiental. Sostiene que de conformidad con el artículo 34 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid , el contenido básico y esencial de la Declaración de Impacto Ambiental es la determinación 'a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el proyecto o actividad', la consignación de 'los principales motivos en las que se ha basado la decisión' así como de 'las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales', concluyendo que en el acto recurrido de fecha 30 de abril de 2013 del Director General de Evaluación Ambiental solo se hace 'determinación a los solos efectos ambientales de la conveniencia o no de realizar el proyecto o actividad' de carácter favorable, pero no los motivos en que se han basado las autoridades ambientales para adoptar el mismo, ni el condicionado ambiental que se impone al desarrollo de la misma, sin que desde luego pueda tenerse por tal el establecimiento de los Valores Límite de Emisión en la Autorización ambiental Integrada, que responden a un objeto, finalidad y naturaleza distintas.

Tanto el Letrado de la Comunidad de Madrid como la representación de Cementos Portland consideran que es de aplicación el art. 11.4 de la Ley 16/2002 y que es el propio legislador quien impone y favorece esta tramitación conjunta.

Dicho esto, no vemos el efecto que el recurrente aprecia en la declaración de impacto, vemos claramente cuáles son los límites impuestos y apreciamos con claridad que trámites se han seguido en cada uno de los dos procedimientos, que, a nuestro juicio no se han confundido.

En efecto el Legislador permite coordinar e integrar los procedimientos de AAI y DIA. En este sentido el artículo 11.4 de la Ley 16/2002, de 1 de julio de 2002 señala que 'las Comunidades Autónomas dispondrán lo necesario para posibilitar la inclusión en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada de (...) las actuaciones en materia de evaluación de impacto ambiental'. De otro lado, la DA3ª de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid establece que 'los procedimientos ambientales establecidos en la presente ley quedarán incluidos automáticamente dentro del procedimiento de autorización ambiental integrada. A su vez, el art. 14 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre , de evaluación ambiental, la cual ratione tempore, no resulta aplicable a nuestro caso, señala que ' las Comunidades Autónomas dispondrán lo necesario para incluir las actuaciones en materia de evaluación de impacto ambiental, cuando así sea exigible, en el procedimiento de otorgamiento y modificación de la autorización ambiental integrada'.

Pero es que, como hemos notado más arriba, esa tramitación armónica en ningún caso ha implicado confusión entre ambos procedimientos, pues la tramitación administrativa ha respetado todos y cada uno de los trámites previstos para esos procedimientos tanto en la Ley estatal 16/2002 como en la Ley autonómica 2/2002, pudiendo verse en autos los trámites seguidos para cada uno de los procedimientos en liza.

Paralelamente a lo anterior, y, en lo tocante al contenido del acto recurrido de fecha 30 de abril de 2013, hay que notar que el artículo 28 de la Ley IPPC exige que la AAI incorpore el condicionado de la declaración de impacto ambiental. Por tanto, es perfectamente lícito el emitir una única resolución en la que se incorpore tanto la AAI como el condicionado de la DIA. La actora nos dice que el acto de 30 de abril no contiene el condicionado de la DIA, pues no se mencionarían ni los motivos tenidos en cuenta a la hora de tomar la decisión, ni las condiciones que deben adoptarse para proteger el medio ambiente.

Creemos que no es así, basta con acudir al Anexo IV de la Resolución para alcanzar la motivación valorada por la Administración a la hora de tomar la decisión. Entre otras muchas cosas, en ese Anexo se nos dice lo que sigue:

'la justificación del proyecto queda indicada por la necesidad actual, no sólo de mejorar el rendimiento económico de la fábrica, sino a través de los beneficios medioambientales vinculados a la valorización de residuos, así como la sustitución de combustibles fósiles no ilimitados, y la reducción de las emisiones globales de CO2 y de otros gases de efecto invernadero'.

Queda claro, por tanto, que los motivos que llevan a dar una DIA favorable vienen determinados por el hecho de que el proyecto genere importantes beneficios ambientales (valorización de residuos, reducción de emisiones de CO2, sustitución de combustibles fósiles). En cuanto al condicionado ambiental, al final de ese mismo anexo se desarrollan una serie de medidas preventivas que deberán cumplirse por el promotor y, además, se fija un programa de vigilancia ambiental, que podrá ser o no discutible o mejorable, pero cuya discusión no es objeto de este procedimiento.

Dicho esto, es verdad, y no puede la Sección dejar de notarlo, como la Sentencia de la Sección 5ª de la Sala III del TS, en su reciente sentencia de 9 de julio de 2015 (RC 3593/2013 ) en la que confirma la sentencia del TSJ de Cataluña de fecha 4 de julio de 2013 , en la que se concluye que no es posible el dictado de la evaluación ambiental y la autorización ambiental integrada a la vez, concluyendo en la nulidad de la AAI concedida precisamente a una cementera. Si bien este pronunciamiento existe, y abonaría a la tesis del actor, consideramos que no es aplicable al caso de autos, pues el marco normativo procedimental no es exactamente igual que el aplicable a nuestro supuesto, toda vez que en Cataluña está vigente el Decreto136/99 de 18 de mayo que aprueba el reglamento de la Ley 3/1998 de 27 de febrero, donde se separa el trámite de DIA con un alcance que no tiene en el derecho general que sería el aplicable a nuestro caso.

Por todo lo expuesto consideramos que el motivo ha de ser rechazado.

QUINTO.-El segundo de los motivos de la demanda versa sobre la nulidad y falta de eficacia de la resolución recurrida por infracción de la normativa relativa a la publicación de la AAI y de la DIA.

Argumentan los actores que los artículos 12.3 del entonces vigente Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 35 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y 60 en relación con el 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común exigen la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental debe ser objeto de publicación; publicación que deberá contener el texto íntegro de la resolución. A su vez el art. 23 de la Ley 16/2002, de 1 de julio , de prevención y control integrados de la contaminación y 60 en relación con el 58.2 de la Ley 30/1992 exigen la publicación de la Autorización Ambiental Integrada; publicación deberá contener el texto íntegro de la resolución, la indicación de su carácter definitivo y el correspondiente pie de recurso.

Sin embargo, el Anuncio de la resolución impugnada -que como se ha señalado incluye la AAI y DIA del proyecto- publicado en el BOCM 134 de 7 de junio de 2013 en virtud de resolución de idéntica fecha del Director General en modo alguno puede tenerse por una válida y eficaz publicación de la resolución por la que se modifica la AAI y se formula DIA de la modificación sustancial de la instalación de 'Fabricación de Cementos Portland Valderrivas SA' en el Paraje El Alto puesto que no contiene el texto íntegro ni de una ni de otra ni la indicación de su carácter definitivo o el correspondiente pie de recurso, sino que se limita a dos párrafos en los que se limitan a dar noticia de la aprobación de las mismas y remitiendo a eventuales interesados a dependencias administrativas para poder consultarlas.

Además, el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos impone la necesaria publicación ya no de la DIA, sino la de la autorización sustantiva del proyecto o actividad sometido al trámite ambiental. Y tampoco se ha publicado esta autorización sustantiva.

Así se argumenta que el anuncio efectuado el 7 de junio de 2013 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, no es suficiente ya que, a su entender, no es posible realizar una mera puesta a disposición del público. Lo que se viene a decir de contrario es que se tenía que haber realizado una publicación del contenido íntegro de la Resolución y que, al no haberlo hecho así, se ha causado indefensión a los administrados.

El recurrente sostiene que la ausencia de indefensión que ha padecido, por haber desplegado todo su celo, es absolutamente irrelevante. No podemos compartir tal posición, sea cual fuere el régimen de notificación del acto, esto es si era o no suficiente el mero anuncio, o era exigible la publicación completa del mismo, es lo cierto que nos encontraríamos, en la mejor de las hipótesis ante un defecto formal, y los defectos de forma sólo invalidan el acto administrativo cuando carecen de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o producen indefensión de los interesados (art. 63.2). Fuera de estos casos, la forma tiene un valor estrictamente instrumental que sólo adquiere relieve cuando realmente incide en la decisión de fondo y produce indefensión, la cual se considera como verdadera frontera de la invalidez. Ninguna de las dos situaciones se produce en nuestro supuesto, los recurrentes han podido desplegar todos los medios impugnatorios a su alcance sin que se les haya causado menoscabo alguno del contenido de sus derechos.

Dicho esto, es sabido como la notificación es el acto de comunicación a los interesados; es decir, es la notificación el acto por el que se pone en conocimiento de una persona un acto anterior. Por tanto para que un acto pude producir sus efectos normales será necesario que sea conocido por sus destinatarios, a fin de puedan proceder a su cumplimiento. Precisamente por ser un acto, los posibles defectos de la notificación no afectan a la validez del acto, sino a su eficacia ( STS de 19-10-1989 ) y la notificación determina para los afectados el comienzo de la eficacia del acto notificado.

La notificación por edictos debe ajustarse, en cuanto a su contenido, a lo dispuesto en el artículo 58.2 de la LRJPAC para las notificaciones en general esto es, «deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos». «De no hacerse así -ha dicho la STS (Sala 3. ª, Sección 7.ª), de 7 de febrero de 2000 los interesados sufrirían una evidente merma de garantías formales en cuanto a conocimiento del acto y posibilidades de impugnación», ocurre, que, aun cuando es verdad que no se ha expresado tal extremo vemos como los recurrentes impugnaron la resolución de fecha 30 de abril, con lo que, abstracción hecha de otras consideraciones que ahora vamos a abordar, habrían convalidado la hipotética puesta en conocimiento/notificación ex art. 58.3 de la Ley 30/1992 , lo que, a criterio de la Sección sería suficiente para desestimar el motivo.

Dicho esto, lo cierto y verdad es que la Ley 16/2002, de 1 de julio, previa a su modificación por la Ley 5/2013, por no ser ésta última de aplicación en el momento que en fue dictada la resolución impugnada determinaba en su artículo 23 dos obligaciones, como acertadamente nota el Letrado de la Comunidad, y que son:

Que las Comunidades Autónomas dieran publicidad a través de sus Boletines Oficiales tanto de las autorizaciones administrativas otorgadas, como la modificación de las mismas, y,

La puesta a disposición del público del contenido de la decisión y una memoria en la que se recojan los motivos y consideraciones en los que se basa tal resolución, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública.

En cumplimiento de lo anterior, la Dirección General de Evaluación Ambiental hizo público anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 7 de junio de 2013, de la adopción de la Resolución de 30 de abril de 2013, relativa a la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada y declaración de impacto ambiental. En esta comunicación se ponía a disposición del público dicha resolución, pudiéndose consultar en dependencias del Centro de Documentación Ambiental, sito en la C/ Alcalá, 16, 2a planta, 28014 de Madrid, así como en la Biblioteca de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sita en la C/ Ronda de Atocha, 17, planta baja, 28012, de Madrid. Igualmente se remitió copia al Ayuntamiento de Morata de Tajuña para puesta a disposición del ciudadano, aspecto del que igualmente se informaba en el anuncio realizado en el citado Boletín por la Dirección General.

Por todo lo anterior, consideramos pese a las supuestas carencias en el contenido de la publicación de la resolución de 30 de abril de 2013, que los ahora recurrente pudieron tener conocimiento de su existencia y acceso a su contenido y documentación completos, al igual que el resto del público, pues dichos documentos se encontraban a su disposición hasta en tres dependencias diferentes de las que se dio debida cuenta en el anuncio expresado, por lo que, debemos, como el anterior, desestimar el presente motivo.

SEXTO.-Abordemos ahora el tercero de los motivos enunciados por la actora. Sostiene que la resolución impugnada sería nula de pleno derecho por falta de cobertura de la actividad de valorización energética de residuos autorizada en los planes de gestión de la Comunidad de Madrid.

Argumentan las entidades actora que ninguno de los Planes de gestión de residuos de la Comunidad de Madrid ha previsto ni la necesidad ni la oportunidad de proceder a la valorización energética de residuos (ya sean sólidos urbanos, ya sean neumáticos fuera de uso o ya sean lodos de depuración) en las instalaciones de la fábrica de cemento sita en el paraje El Alto de Morata de Tajuña ni han incorporado criterios de localización suficientemente precisos al respecto, lo que determina la nulidad de la resolución impugnada de conformidad con la doctrina jurisprudencial de las Sentencias de 18 de octubre de 2011 y seis de Junio de 2014, ambas de la Sección Quinta de esta Sala.

A nuestro juicio tal criterio no es aplicable a nuestro caso, la jurisprudencia que establece la exigencia de que los PGRs fijen el emplazamiento concreto de las instalaciones de eliminación de residuos no resulta aplicable en el presente supuesto, ya no se trata de una instalación de eliminación sino de valorización. En cualquier caso, los planes autonómicos de la Comunidad de Madrid legitiman la valorización de residuos en la fábrica de El Alto, como ahora veremos.

Los recurrentes sostienen que la resolución de fecha 30 de abril de 2013 autoriza la valorización de determinados residuos no peligrosos (neumáticos fuera de uso, lodos, y residuos urbanos) sin el correspondiente respaldo de los Planes Regionales de Residuos de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, carecería de cobertura legal. Para apoyar sus argumentos, los demandantes se basan en una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, de fecha 1 de abril de 2004, y en la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2014 .

Empero las mencionadas Sentencias son muy claras a la hora de afirmar que su doctrina sólo resulta de aplicación a las instalaciones de eliminación de residuos, que no es nuestro supuesto dado que en la fábrica de El Alto no hay eliminación de residuos sino valorización (dos actividades totalmente diferenciadas en la Ley de Residuos), resulta evidente que no resulta de aplicación esa jurisprudencia a nuestro caso.

En este sentido, por ejemplo, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de Valladolid), de fecha 10 de abril de 2014 , dictada en el procedimiento ordinario 1983/2010 interpuesto por la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León contra una modificación sustancial de la AAI de otra cementera de Valderrivas y la posterior de la misma Sala de fecha 27 de octubre de 2015 (RCA 798/2013).

Como sabemos la doctrina jurisprudencial ha venido estableciendo la necesidad de que los planes de gestión de residuos fijen el emplazamiento concreto de las instalaciones de eliminación de residuos, sin embargo tal exigencia no sería aplicable en el presente supuesto, ya no se trata de una instalación de eliminación sino de valorización, a la que el legislador da un tratamiento diverso. En efecto, la exegesis de la Ley 10/1998 lleva a concluir que para el otorgamiento de autorizaciones se requiere la previa existencia de planes que establezcan los lugares o instalaciones apropiados para la eliminación. El artículo 5 de la Ley, relativo a la planificación, se refiere en su apartado 4 a los planes autonómicos de residuos, señalando que contendrán las determinaciones a que se hace referencia en el apartado 1 (fijar los objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y eliminación; las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos; los medios de financiación y el procedimiento de revisión) '... incluyendo la cantidad de residuos producidos y la estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación, así como los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos '.

Los artículos siguientes de la Ley 10/1998 se refieren a las distintas actividades relacionadas con los residuos (producción, posesión, importación, valorización y eliminación de residuos) estableciendo el régimen jurídico aplicable a cada una de ellas. El artículo 13 se refiere específicamente a la valorización y eliminación de residuos, estableciendo que tales actividades '... quedan sometidas a régimen de autorización por el órgano competente en materia medioambiental' y el precepto citado no exige, para el otorgamiento de la autorización, que el emplazamiento se acomode a las previsiones del plan autonómico.

En cualquier caso, aunque la doctrina jurisprudencial invocada por las entidades actoras fuese de aplicación al presente caso lo cierto es que no tiene en cuenta la legislación más reciente en materia de residuos (Anexo V de la Ley 22/2011, de 28 de julio). En esa nueva normativa, al establecer el contenido que tienen que tener los planes autonómicos de gestión de residuos, no se establece la obligación de precisar con exactitud los lugares o instalaciones sino que simplemente se establece la necesidad de regular 'criterios de emplazamiento', y consideramos que la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2016, legitimaría la actividad de valorización energética de residuos en la fábrica de Morata de Tajuña explotada por Cementos Porland Valderrivas SA.

En efecto, la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2016 y su Estudio de Incidencia Ambiental, establecen los criterios que han de regir la implantación de infraestructuras de tratamiento de residuos, añadiendo a los criterios ambientales derivados de la evaluación ambiental de la instalación, la optimización de las instalaciones, a fin tanto de reducir la incidencia ambiental de las existentes cómo de evitar los impactos negativos derivados de la construcción y funcionamiento de nuevas instalaciones (ocupación del suelo, consumo de recursos naturales, impactos sobre el paisaje, ...), la optimización de su localización y rendimiento, la utilización de las mejores técnicas disponibles y el fomento de su viabilidad económica. Dichos instrumentos incluso contemplan el tratamiento de residuos en industrias radicadas en la Comunidad de Madrid que consumen grandes cantidades de energía que pueden sustituir parcialmente los combustibles convencionales que actualmente consumen, requisitos que se cumplen en el caso de la fábrica de Cementos Portland Valderrivas. Así al referirse a los residuos urbanos contempla en su epígrafe 4.2.2.2 'valorización energética' señala que 'se precisa incrementar el uso de la valorización energética como opción de tratamiento de residuos en la región de Madrid'.

La implantación de estas instalaciones permitirá la valorización energética de residuos urbanos mediante la producción de energía eléctrica'; en relación a los neumáticos fuera de uso, en su epígrafe 5.2 'Dotación de infraestructuras' se recoge que 'Los neumáticos fuera de uso (PCI de entre 6.500 a 9.000 Kcal/Kg) pueden utilizarse como combustible, enteros o troceados, en determinadas instalaciones industriales sustituyendo el consumo de otros recursos (combustibles). Estas instalaciones deberán contar con los sistemas de control de emisiones adecuados.

Así el Plan Regional de Neumáticos Fuera de Uso ('NFUs'), en su apartado 5 que es citado por la codemandada incluye la valorización energética dentro del nuevo modelo de gestión de neumáticos usados. En esa misma página se menciona a las 'cementeras' como las industrias más aptas para la valorización de NFUs. Y en la página 385 se recomienda complementar la valorización material con la valorización energética, y se establece que las industrias más aptas para ello son las industrias que consumen grandes cantidades de energía el caso de los hornos de las cementeras es paradigmático al respecto- y que pueden usar los NFUs como sustitutivo de los combustibles convencionales tradicionales.

Por su parte el Plan Regional de Lodos de Depuradora y del Plan Regional de Residuos Urbanos tienen referencias acordes a las anteriores, como destaca la codemandada, pues el primero de los Planes referenciados las plantas cementeras son mencionadas la página 417, apartado 4.3.2 (Previsiones en tecnologías de tratamiento) donde expresamente se dice que 'para los lodos no aptos se contemplan tratamientos para su reducción o eliminación tales como la recuperación energética en cementeras'. Y más adelante, en el apartado 4.3.5 (Previsiones en la gestión y usos) se menciona expresamente la necesidad de proceder a la valorización energética de lodos. Y en el Plan Regional de Residuos Urbanos se menciona la valorización energética en el apartado 4.2.2, por ello consideramos que el motivo debe ser también rechazado.

SEPTIMO.-Resta finalmente abordar el último de los motivos enunciados por la actora en el FJ 11 de la demanda. Sostiene la recurrente que la resolución de 30 de abril de 2013 es nula de pleno derecho por falta de consideración de las mejores técnicas disponibles para la fabricación de cemento.

Antes de abordar estas cuestiones hemos de señalar que se trata de determinaciones científicas y técnicas que a juicio de la Sección deberían ir respaldadas por una prueba, singularmente pericial, de que el contenido alegatorio de los actores se haya huérfano.

Sostienen las entidades recurrente en este punto que el establecimiento y determinación de los Valores Límite de Emisión autorizados a la fábrica de El Alto en la resolución impugnada no ha tenido en cuenta las Mejores Técnicas Disponibles establecidas en la Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de marzo de 2013 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (BAT13) para la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio.

La Directiva 96/61 de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación modificada por la Directiva 2008/1 /CE fie incorporada al ordenamiento jurídico interno por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Esta regulación se completa con la Directiva 2010/75/UE que ha sido transpuesta a nuestro acervo legislativo por medio de la Ley 5/2013, de 11 de junio que modifica la actual Ley 16/2002 y el Real Decreto 815/2013, de 18 de por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Conforme al artículo 1 la Ley 16/2002 el propósito de esta nueva regulación ambiental no es otro que ' evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto'.

En concreto, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 apartado ñ) de la Ley 16/2002 por mejores técnicas disponible (en adelante MTD), se entiende ' la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los valores límite de emisión destinados a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir en general la emisión y el impacto en el conjunto del medio ambiente y de la salud de las personas. Para su determinación se deberán tomar en consideración los aspectos que se enumeran en el anejo 4 de esta Ley'.

El anejo 4 de la tantas veces citada ley 1/2002 detalla hasta un total de doce aspectos que deben ser tenidos en cuenta, bien con carácter general, o en un supuesto en particular, cuando se determinen las MTD. Entre ellos se encuentran: el uso de técnicas que produzcan pocos residuos; el uso de sustancias menos peligrosas; el desarrollo de las técnicas de recuperación y reciclado de sustancias generadas y utilizadas en el proceso, y de los residuos cuando proceda; los procesos, instalaciones o método de funcionamiento comparables que hayan dado pruebas positivas a escala industrial; los avances técnicos y la evolución- de los conocimientos científicos; el carácter, efectos y volumen de las emisiones de que se trate; las fechas de entrada en funcionamiento de las instalaciones nuevas o existentes; el plazo que requiere la instauración de una mejor técnica disponible; el consumo y naturaleza de las materias primas (incluida el agua) utilizada en procedimientos de eficacia energética; la necesidad de prevenir o reducir al mínimo el impacto global de las emisiones y de los riesgos en el medio ambiente; la necesidad de prevenir cualquier riesgo de accidente o de reducir sus consecuencias para el medio ambiente; y la información publicada por la Comisión Europea en virtud del artículo 16.2 Directiva 2010/75/UE o por organizaciones internacionales.

La genérica definición anterior, se va concretando de forma individualizada en el mismo artículo citado, separando y definiendo los conceptos 'mejores', 'técnicas' y 'disponibles'. En este sentido, mejores serán 'las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas'. Por técnicas se entiende 'la tecnología utilizada, junto con la forma en que la instalación esté diseñada, construida, mantenida, explotada o paralizada'. Y finalmente disponibles son 'las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto del correspondiente sector industrial, en condiciones económicas y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en España, como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables'.

Por su parte por «niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles», debe entenderse el rango de niveles de emisión obtenido en condiciones normales de funcionamiento haciendo uso de una de las mejores técnicas disponibles o de una combinación de las mejores técnicas disponibles, según se describen en las conclusiones sobre las MTD, expresada como una media durante un determinado período de tiempo, en condiciones de referencia específicas.

Sostiene así el recurrente que la norma de referencia a aplicar el las BATC 13 que se aprueban mediante decisión de ejecución de la Comisión de 26 de marzo de 2013 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales (DOUE de 9/4/2013).

Dicho esto, consideramos que las BATC 13 no eran aplicables al caso de autos, sino que la norma aplicable era la Directiva 2010/75 y la normativa establecida en el RD 653/2003 de 30 de mayo de 2003. Por otra parte, es absolutamente acertado el criterio de los demandados sobre la no aplicatoriedad directa de estas MTDs hasta cuatro años transcurridos de su publicación, el § 8º de la Decisión de ejecución de la Comisión de 26 de marzo de 2013 que venimos comentando expresamente dice lo que transcribimos:

De acuerdo con el artículo 21, apartado 3, de la Directiva 2010/75/UE , en un plazo de cuatro años a partir de la publicación de decisiones relativas a las conclusiones sobre las MTD, la autoridad competente debe revisar y, si fuera necesario, actualizar todas las condiciones del permiso y garantizar que la instalación cumpla dichas condiciones.

Significa esto que pese al enorme esfuerzo argumental que realizan los actores, la Administración en el momento en que resolvió, esto es el 30 de abril de 2013, no estaba obligada a aplicar las BATC13, sino que su obligación se agotará en fecha 9 de abril de 2017 cuando deberá haber revisado las instalaciones, y, en su caso, adecuar las mismas y las autorizaciones que la amparan a esta normativa técnica. En todo caso, como vimos en el FJ 2º, la codemandada instó la AAI en el 2011, con lo que parece lógico que la Administración exigiese la adecuación a la normativa entonces vigente, sin que se nos haya demostrado que en ese momento la solicitante no cumplía la normativa entonces vigente, que es la que debía apreciar la Comunidad a la hora de valorar las medidas correctoras procedentes y el nivel de emisiones.

Dicho esto, tampoco podemos valorar el contenido de alegaciones que hace el Letrado de la Comunidad de Madrid -que, en esto coincidimos con los recurrentes, parecen más propias de una pericial- sobre la idoneidad de las medidas correctoras adoptadas en la AII en su momento concedidas, pero si podemos afirmar que las apreciaciones que hacen los actores sobre el nivel de emisiones de NOX, NH3, amoniacos, dioxinas y furanos, se encuentran ayunas y huérfanas de un soporte técnico que permitan tenerlas por acreditadas y que desvirtúen, en su consecuencia, la valoración efectuada por la Administración ambiental, por ello entendemos que el motivo debe de ser rechazado.

Todo ello nos lleva a la integra desestimación del presente recurso interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. D. Carlos Plasencia Baltés en nombre de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña y Ecologistas en Acción Madrid - Aedenat contra las órdenes 2613 y 2615 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fechas 25 de septiembre de 2013 por virtud de las cuales se desestimaron los sendos recursos de alzada interpuestos por ambas entidades contra la resolución de fecha 30 de abril de 2013 del Director General de Evaluación Ambiental relativa a la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada y la Declaración de Impacto Ambiental para la instalación de Fabricación de Cementos Portland Valderrivas SA, en el término de Morata de Tajuña, resoluciones que, por no ser contrarias a derecho, en todas sus partes se confirman.

OCTAVO.-La desestimación del recurso, tras la reforma operada por el artículo 3.11 de la Ley 37 /2011 de 10 de octubre, traerá como obligada consecuencia la imposición de las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. Sin embargo se prevé la posibilidad de su no imposición siguiendo el criterio del vencimiento cuando se aprecie y así se razone, que el caso presente serias dudas de hecho o de derecho.

El precepto modificado , en cuanto recoge el principio del vencimiento mitigado, es por lo que , según parecer de esta Sección , debe de conducir a la no imposición de costas habida cuenta de que la singularidad de la cuestión debatida que veda estimar que se halle ausente la ' justa causa litigandi' en los recurrentes, ('serias dudas de hecho o de derecho') en el caso, por lo que podemos considerar a estos efectos que el caso era jurídicamente dudoso, tal como señala el artículo 394.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ). Considera la Sección que, pese a la desestimación total del recurso, los recurrentes actuaban en defensa de unos intereses colectivos merecedores de crédito y que la instalación autorizada, aun cuando no se haya demostrado su disconformidad a derecho, es generadora de emisiones de sustancias nocivas (dioxinas y furanos) que aconsejan su control judicial, pues se haya presente el incidente recientemente acaecido en un almacén de residuos NFUs que ha generado una enorme alarma social, por ello consideramos que, en este concreto caso, pese a la desestimación el recurso de los actores tenía una base sólida y desde luego no nos parece que deba añadirse a la desestimación del mismo el reproche de la condena en costas.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey, por la potestad que nos confiere la Constitución Española,

Fallo

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el presente Recurso Contencioso Administrativo, Procedimiento Ordinario número 1694-2013 , interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. D. Carlos Plasencia Baltés en nombre de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña y Ecologistas en Acción Madrid - Aedenat contra las órdenes 2613 y 2615 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fechas 25 de septiembre de 2013 por virtud de las cuales se desestimaron los sendos recursos de alzada interpuestos por ambas entidades contra la resolución de fecha 30 de abril de 2013 del Director General de Evaluación Ambiental relativa a la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada y la Declaración de Impacto Ambiental para la instalación de Fabricación de Cementos Portland Valderrivas SA, en el término de Morata de Tajuña, resoluciones que, por no ser contrarias a derecho, en todas sus partes se confirman. No hacemos pronunciamiento en orden a las costas de esta instancia.

Frente a esta Sentencia podrá formularse recurso de casación para ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo a preparar ante esta Sala.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por la el Sr. Magistrado Ponente, hallándose en audiencia pública, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe.


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