Sentencia Administrativo Nº 540/2016, Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 91/2014 de 27 de Junio de 2016

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 27 de Junio de 2016
  • Tribunal: TSJ Murcia
  • Ponente: De Rueda-jover, Mariano Espinosa
  • Núm. Sentencia: 540/2016
  • Núm. Recurso: 91/2014
  • Núm. Cendoj: 30030330022016100530
Resumen:

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR


Encabezamiento

T.S.J.MURCIA SALA 2 CON/AD

MURCIA

SENTENCIA: 00540/2016

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Equipo/usuario: MAD

Modelo: N11600

PALACIO DE JUSTICIA, RONDA DE GARAY, 5, 3ª PLANTA

N.I.G:30030 33 3 2014 0000320

Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000091 /2014 /

Sobre:DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

De D./ña. Juan Pablo

ABOGADOJESUS CASAS AGUILAR

PROCURADORD./Dª. JOSE ANTONIO DIAZ MORALES

ContraD./Dª. CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA

ABOGADO ABOGADO DEL ESTADO

PROCURADOR D./Dª.

RECURSO núm.91/14

SENTENCIA núm. 540/16

LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA

SECCIÓN SEGUNDA

Compuesta por los Ilmos. Srs.:

D. Abel Ángel Sáez Doménech

Presidente

D.ª Leonor Alonso Díaz Marta

D. Mariano Espinosa de Rueda Jover

Magistrados

ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº 540/16

En Murcia a veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

En el recurso contencioso administrativo nº 91/14 tramitado por las normas ordinarias, en cuantía de 2.000 Euros, y referido a: Sanción por infracción en materia de Dominio Público Hidráulico.

Parte demandante: D. Juan Pablo representado por el Procurador D. Antonio Díaz Morales y defendida por el Letrado D. Jesús Casas Aguilar.

Parte demandada: LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (Confederación Hidrográfica del Segura) representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.

Acto administrativo impugnado: Desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición presentado el 26 de noviembre de 2013, frente a la resolución dictada por la Secretaría General de Confederación Hidrográfica del Segura, con nº de expediente NUM000 .

Pretensión deducida en la demanda: Se dicte sentencia por la que se declare no ser conforme a Derecho la resolución administrativa impugnada, y por lo tanto anulando la sanción pecuniaria de 2000 euros impuesta al recurrente, y condenando a la Confederación Hidrográfica del Segura al pago de las costas procesales y gastos derivados del procedimiento judicial.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Mariano Espinosa de Rueda Jover, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el 7 de marzo de 2014 y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.

SEGUNDO.- La parte demandada se ha opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico las resoluciones recurridas solicitando el recibimiento del juicio a prueba.

TERCERO.- Ha habido recibimiento del proceso a prueba, con el resultado que consta en las actuaciones y cuya valoración se hará en los fundamentos de Derecho de esta sentencia

CUARTO.- Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día 13 de junio de 2016.


Fundamentos

PRIMERO.- Los antecedentes son los siguientes:

La Guardería Fluvial formuló denuncia el 11 de enero de 2013 al observar que se habían realizado obras en la zona de servicio del canal (Campo de Cartagena) sin autorización administrativa, consistentes en la colocación de una valla que discurre paralela al cauce y alcanza hasta el pretil del puente sobre el canal que se extiende desde las coordenadas UTM (WGS84), S/Y 677583/4182769 hasta UTM S/Y 677603/4182776, impidiendo el acceso al canal; además se habían plantado árboles por el lado de la valla que linda con el canal, y se ha construido una acera al otro lado de la valla. Todo ello se ubicaba en la zona de guardería de Torre Pacheco, Paraje Los Hortichuelas, TM de Torre Pacheco Al no formar parte el inmueble del dominio público hidráulico, se dio traslado al Área Jurídico Patrimonial dependiente de la Secretaría General.

Las obras y la instalación sobre el bien demanial no disponían de la correspondiente autorización o concesión administrativa, ni tampoco constaba que hubiera solicitado en fecha posterior, y se impedía el uso a la Administración y a terceros de determinado espacio de titularidad pública y carácter demanial, lo que implica un uso privativo no autorizado de bienes de dominio público.

Fue incoado expediente sancionador el 22 abril 2013, por la presunta comisión de una infracción tipificada como grave en el artículo 192.2.d) de la Ley 33/2003 de 3 noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas , consistente en la ejecución de una serie de actuaciones sobre bienes demaniales cuya gestión corresponde a la CHS. Y al no constar otros hechos ni alegaciones se prescindió del trámite de audiencia formulándose propuesta de resolución, de la que se dio traslado al interesado concediendo 15 días de plazo para alegaciones, las que fueron presentadas y en las que se manifestaba que el 3 julio 2013 había solicitado autorización del vallado en la zona objeto de controversia.

La CHS entendió que los hechos estaban acreditados con la denuncia de la Guardería Fluvial ( art. 173.3 LRJAPYPAC), y que se tipificaban en el artículo 192 de la Ley 30/03 como infracción grave de uso común o especial o privativo de bienes de dominio público sin autorización o concesión. En definitiva que la instalación de una valla, la construcción de una acera, y la plantación de árboles sobre la zona de servicio implicaba el uso privativo de esa superficie , y además el interesado no había negado los hechos ni la autoría, aunque aducía que la acera y la valla existían desde más de 30 años y el vallado fue colocado por seguridad. No obstante también adujo que había solicitado autorización, que era posterior a la denuncia de los hechos, lo que suponía un reconocimiento implícito de la infracción, y no una causa extintiva de la responsabilidad.

Concretando, el tipo de infracción consistía en realizar un uso común especial o privativo de bienes de dominio público sin la correspondiente autorización o concesión . Y con la solicitud de la autorización el recurrente reconocía que las obras ejecutadas requerían la misma.

El pliego de cargos fue notificado al interesado, el cual presentó alegaciones.

Para la graduación se tuvo en cuenta el artículo 192.1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Publicas , párrafo segundo, atendiendo al importe de los daños causados, al valor de los bienes o derechos afectados, a la reiteración por parte del responsable, y al grado de culpabilidad de éste. La corrección por el infractor de la situación creada por la comisión de la infracción se consideraría circunstancia atenuante, pudiendo reducirse la multa hasta la mitad. Se significaba la posibilidad de que los árboles, dado que la especie parecía ser de origen natural, no fueran plantados por el infractor pero sí que había consciencia de que el terreno vallado no era de su propiedad y obtenía un lucro a costa de bienes públicos. Y no constaba la realización de alguna actividad tendente a corregir la situación, sin que la solicitud formulada con posterioridad pudiera así entenderse. La sanción se cuantificó discrecionalmente, atendiendo a todo lo expuesto y huyendo de la arbitrariedad, fijándose en 2.000 euros.

Con todos estos antecedentes se dictó resolución de la Presidencia de la CHS, firmada por el Secretario de dicha Corporación por delegación, fechada el 25 de octubre 2013, en la que se impuso al actor D. Juan Pablo , una multad de 2.000 Euros, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 193 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones públicas. Y se le requirió para que efectuara a su cargo los trabajos de levantamiento de las obras objeto del procedimiento sancionador, retirando del Dominio Público toda infraestructura y material ilegalmente instalado en un plazo de un mes. Debiendo estar concluidos los trabajos en el plazo de un mes, con advertencia de que en caso contrario se acordaría la ejecución forzosa.

Esta resolución fue recurrida en reposición, y transcurrido el plazo del silencio, se interpuso el presente recurso jurisdiccional.

No obstante la jefa de Sección de Expropiaciones formuló un informe que le fue requerido, respecto del recurso de reposición, constando el mismo en el expediente, y considerando que se debía desestimar el recurso.

SEGUNDO.- Se alega en demanda frente al acto impugnado:

El expediente se origina por el arreglo del vallado y la acera longitudinal al canal del trasvase del Tajo-Segura, preexistentes hace más de 30 años, y se le responsabiliza de la plantación de unos árboles junto a las obras de remodelación. Y reproduce la argumentación vertida en vía administrativa a través de las alegaciones. En concreto que la Mancomunidad de Canales del Taibilla, a través de sus vigilantes, posee llave para acceder a la zona que protege la valla, sin que pueda acceder maquinaria ni vehículos, por la existencia de una tubería de fibrocemento de 300 de diámetro a flor de tierra, siendo posible el acceso solo a personas. Y el motivo de la entrega de llaves a los vigilantes ante el peligro por la existencia de bañistas furtivos. La razón de la reparación y existencia del vallado obedece a motivos de seguridad de las personas, pues los bañistas se lanzan al trasvase para bañarse en el canal, como si se tratara de una piscina, con el peligro que supone, pues son personas entre 6 y 16 años los que acceden al baño. Además el recurrente ha solicitado autorización a la CHS para construir otro vallado en zonas próximas por idénticos motivos. Insiste pues en la existencia del estado de necesidad, al amparo del derecho penal, cuyos principios son trasvasables al derecho administrativo sancionador, y con ello ni ocupa ni hace un uso privativo del dominio público, pretendiendo realizar una simple conservación sobre un vallado preexistente. Por tanto ni ocupa ni usa y solo repara, y tales hechos no están tipificados, y con la sanción se vulnera el principio de tipicidad.

Acompaña con la demanda un escrito de manifestaciones del Sr. Alcalde Pedáneo de La Hortichuela, el cual avala y muestra conformidad con las acciones llevadas a cabo por el recurrente, ante el peligro que corrían los niños de la pedanía, al utilizar el espacio entre la acera y el canal como playa, y en verano se bañaban en el canal. Y añadía que iba a solicitar del Ayuntamiento que se adopte la misma medida en el tramo siguiente pasado el puente. Recuerda que conoce la acera y el vallado desde 2003; los puntales se deterioraron y se cambiaron por puntales y vallado metálico con puerta de acceso al canal a principios de 2013, y fue avisado varias veces por el recurrente del peligro que corrían los niños de la pedanía con la utilización del espacio para el baño. Se acompaña escrito del manifestante dirigido al Ayuntamiento de Torre Pacheco solicitando las soluciones al respecto. También prestó declaración testifical, siendo visionada la misma contenida en el soporte CD que contiene la grabación, exponiendo los hechos reseñados, aclarando que no conocía la valla antes porque no podía ir a todos los sitios dada la extensión de la pedanía, pero comunicó la situación al Ayuntamiento, que envió un Arquitecto y Técnicos, si bien le manifestaron que carecían de competencia, y le consta que el Ayuntamiento lo comunicó a la CHS. El arreglo de la valla fue realizado sobre la anterior existente, sin salirse nada de la medida, y aunque no entiende del tema, considera que el actor no se ha apropiado ni hace uso del espacio, que es muy pequeño, creyendo recordar que eran unos 15 m. y los vigilantes tenían llaves.

En escrito datado el 3 julio 2013 el actor solicitó autorización del vallado ante al CHS, comunicando las circunstancias conocidas y expuestas anteriormente.

TERCERO.- El Sr. Abogado del Estado defiende la legalidad de las resoluciones impugnadas, poniendo de manifiesto que no se está sancionando la realización de obras, sino el uso privativo que la valla y la acera suponen de la zona de dominio público de la infraestructura del Trasvase Tajo-Segura, significando que como se desprende de las fotografías incorporadas al expediente, las obras de vallado no tienen 30 años. La intención de evitar la situación de riesgo con el baño conducta ilegal, no exime de responsabilidad por la conducta cometida, y ha sido tenida en cuenta a la hora de la graduación de la sanción.

Los hechos están tipificados en el artículo 193.1 de la Ley 33/j03, y los criterios de graduación han sido aplicados adecuadamente, ajustándose al principio de proporcionalidad, al rebajarse la infracción a leve y se ha impuesto la sanción en grado mínimo. Y la reparación y sustitución de los bienes a su estado anterior, con la indemnización de los daños irreparables y los perjuicios causados, previstos en el artículo 193.3 de la Ley 33/03 es procedente, y tanto el requerimiento para el levantamiento de las obras que impiden el uso de la infraestructura de dominio público carece de contenido sancionador, y no es más que una medida para el restablecimiento de la legalidad sobre la que no cabe apreciar la existencia de aplicación del principio de proporcionalidad.

A la vista de todo lo actuado, los hechos están tipificados con claridad y reconocidos por el actor e incluso por el testigo que avalaba la conducta de aquel, pues a no otra conclusión se llega tras la apreciación de los medios de prueba. Comprenderá la parte actora que su conducta, aun reconociendo una cívica y buena intención, no justifica que actuara sin la correspondiente autorización de la CHS. Y por tanto no se ajustaba a la legalidad, y la sanción, graduada en el importe fijado es irreprochable y acomodada a los criterios aplicados. Se acoge la correcta y rigurosa defensa que hace la Abogacía del Estado de las actuaciones administrativas, que se deben confirmar.

CUARTO.- En razón de todo ello procede desestimar el recurso contencioso administrativo formulado, por ser los actos impugnados conformes a Derecho; con expresa imposición de costas a la parte demandada ( art. 139 de la Ley Jurisdiccional , reformado por la Ley de Agilización Procesal 37/2011, de 10 de octubre que establece el principio del vencimiento, en vigor desde el día 31 del mismo mes).

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Fallo

Desestimarel recurso contencioso administrativo nº 91/14 interpuesto por D. Juan Pablo contra la desestimación por silencio administrativo, del recurso de reposición presentado el 26 de noviembre de 2013, frente a la resolución dictada por la Secretaría General de Confederación Hidrográfica del Segura, con nº de expediente NUM000 , fechada el 25 de octubre 2013, en la que se impuso al actor D. Juan Pablo , una multa de 2.000 Euros. Y se le requirió para que efectuara a su cargo los trabajos de levantamiento de las obras objeto del procedimiento sancionador, retirando del Dominio Público toda infraestructura y material ilegalmente instalado en un plazo de un mes. Debiendo estar concluidos los trabajos en el plazo de un mes, con advertencia de que en caso contrario se acordaría la ejecución forzosa. Actos que quedan confirmados por ser ajustados a Derecho en lo aquí discutido; sin costas.

Notifíquese la presente sentencia, que es firme al no darse contra ella recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Bienes de dominio público
Aceras
Escuela infantil
Patrimonio de las Administraciones Públicas
Responsabilidad
Autorizaciones administrativas
Concesiones administrativas
Dominio público hidráulico
Expediente sancionador
Valor de los bienes
Pliego de cargos
Procedimiento sancionador
Ejecución forzosa
Declaración del testigo
Grabación
Zonas de dominio público
Realización de obras
Indemnización del daño
Medios de prueba
Actuación administrativa