Sentencia Administrativo Nº 742/2008, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1399/2005 de 11 de Julio de 2008

Se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Resolución de la Conselleria de Territorio y Vivienda de aprobación definitiva del PRI y Homologación del PGOU, anulando la resolución recurrida por no ser ajustada a derecho. El derecho a la ejecución de sentencia no puede concebirse únicamente como un derecho del particular interesado en la ejecución sino que es también un esencial interés público el que está implicado en ello, como fundamento del Estado del Derecho, que demanda que se cumplan las sentencias de los Tribunales y que se cumplan en sus propios términos y no en los que decidan las partes según sus conveniencias o arbitrios. Lo único que puede impedir la ejecución de las sentencias en sus propios términos es la imposibilidad de cumplirlas según ellos; pero esta imposibilidad debe entenderse en el sentido más restrictivo y estricto y en términos de imposibilidad absoluta; esto es, absoluta imposibilidad física o clara imposibilidad jurídica de cumplir el fallo, por lo que a la vista de las circunstancias concurrentes procede anular la resolución impugnada y estimar el recurso.