Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 83/2016, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Santander, Sección 2, Rec 4/2016 de 09 de Mayo de 2016

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 09 de Mayo de 2016
  • Tribunal: Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Santander
  • Ponente: Varea Orbea, Juan
  • Núm. Sentencia: 83/2016
  • Núm. Recurso: 4/2016
  • Núm. Cendoj: 39075450022016100192
  • Núm. Ecli: ES:JCA:2016:2514
  • Núm. Roj: SJCA 2514:2016

Encabezamiento

SENTENCIA nº 000083/2016

En Santander, a 09 de mayo del 2016.

Vistos por D. Juan Varea Orbea, en sustitución en el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Santander los autos del procedimiento abreviado 4/2016 sobre tributos, en el que actúa como demandante don Onesimo y doña María Luisa , representados por la Procuradora Sra. Monar González y defendidos por el Letrado Sr. Pardo Fernández siendo parte demandada el Ayuntamiento de Laredo, representado y defendido por Letrado Sra. Epifanio Rivero dicto la presente resolución con base en los siguientes:

Antecedentes

PRIMERO.- La Procuradora Sra. Monar González presentó, en el nombre y representación indicados, demanda de recurso contencioso administrativo contra la Resolución de 26-8-2015 que desestima el recurso de reposición frente a la Resolución que aprueba las liquidaciones nº NUM000 y nº NUM001 de 6-3-2015 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

SEGUNDO.-Admitida a trámite por medio se dio traslado al demandado, citándose a las partes, con todos los apercibimientos legales, a la celebración de la vista el día 4 de mayo.

TERCERO.-El acto de la vista se celebró el día y hora señalados, con la asistencia del demandante y del demandado. Éste formuló su contestación oponiéndose a las pretensiones. A continuación, se fijó la cuantía del procedimiento en 6272,52 euros, respectivamente para cada actor y se recibió el pleito a prueba. Tras ello, se practicó la prueba propuesta y admitida, esto es, la documental. Practicada la prueba, se presentaron conclusiones orales, manteniendo el actor las pretensiones de la demanda y el demandado, las de la contestación.

Terminado el acto del juicio, el pleito quedó visto para sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.-Los actores formula recurso contra las liquidaciones que se efectúan del IIVTNU. Se alega la no concurrencia del hecho imponible dado que no ha existido incremento alguno de valor del bien, sino todo lo contrario, como ponen de relieve el precio de adquisición y el final de venta y las dos periciales aportados sobre el descenso del valor de mercado de los bienes. Esta diferencia sería prueba de una pérdida económica y por ello, de que no ha existido incremento real del valor del terreno. Igualmente, se cuestiona la constitucionalidad del sistema invocando el planteamiento de la cuestión por el Juzgado nº 3 de san Sebastian, cuestión pendiente de resolución ante el TC.

Frente a dicha pretensión el Ayuntamiento considera que la resolución es ajustada a derecho y que, en cualquier caso, la exclusión de la norma legal exigiría plantear la cuestión de inconstitucionalidad.

SEGUNDO.-Para la solución del litigio ha de acudirse a las normas reguladoras del impuesto, sobre las cuales, no existe discusión alguna, concretamente los arts. 104 y ss del RDLeg 2/2004 TRLHL y los arts. 2, 6, 8, 9 y 10 de la Ordenanza fiscal municipal nº 5 que configuran un impuesto directo, de devengo no periódico sino instantáneo cuyo hecho imponible lo constituye el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. Ese incremento se determina aplicando al valor del terreno al tiempo del devengo un porcentaje anual que determina el ayuntamiento.

El art. 104 del RDLeg 2/2004 TRLHL establece que '1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles'.

El art. 107 establece que ' 1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo...

3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes:

a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se establecerá en la ordenanza fiscal.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes:

a) Período de uno hasta cinco años: 3,7.

b) Período de hasta 10 años: 3,5.

c) Período de hasta 15 años: 3,2.

d) Período de hasta 20 años: 3.

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

1ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

2ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2ª, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.'

Pues bien, a efectos del IBI, tal valor es el catastral que se determina, notifica y es susceptible de impugnación de conformidad a la normativa del Catastro (art. 65 TRLHL, en relación a RDLegis 1/2004).

En relación a esta regulación, por remisión, ha destacado la jurisprudencia que la referencia al valor catastral en el momento del devengo impide aplicar un valor aprobado posteriormente, aunque se haga con eficacia retroactiva a un momento anterior al de devengo ( STS 4-2-2004 ). Los porcentajes de revalorización pueden ser objeto de recurso indirecto al impugnarse la liquidación ( STS 4-2-2004 ), pues los índices deben motivarse por estudios de mercado, económicos, etc, (STS 4- 2-2003). No es posible la liquidación cuando el nuevo valor catastral no ha sido notificado, al ser esa notificación presupuesto inexcusable de la eficacia de la liquidación del impuesto ( STS 12-1-2008 , STSJ de Castilla-León (sede Valladolid 28-9-2012).

TERCERO.-Se trata de un asunto muy similar a otros que ya se abordaron por este juzgado en un asunto con la misma pretensión, PA 73/2014, sentencia de 22-1-2015 o PA 241/2013, sentencia de 16-1-2014 , donde se analizó la única jurisprudencia existente al respecto, o PA 285/2014, sentencia de 27 de enero de dos mil quince , en el que se añadió la STSJ de Madrid de 11-12-2013 que sigue las reflexiones de las precedentes. O el PA 243/2015 donde se reflejan las sentencias del Juzgado de Barcelona nº 2 de fecha 22-5-2015 y de Zaragoza nº 3, de 13-7-2015 o PA 225/2015.

De los datos del expediente y de la demanda resulta que se liquida el impuesto a cada cónyuge por la transmisión de la finca NUM002 del Registro de la Propiedad de Laredo, operada el 12-2-2015 mediante compraventa con precio declarado de 450000 euros. La anterior transmisión, había sido la adquisición del bien por compraventa el 17-7-2003 por importe de 450759,08 euros.

El art. 5 de la Ordenanza municipal nº 5 de Laredo regula la Base imponible y fija los porcentajes aplicables y remite al valor fijado a efectos del IBI. El ayuntamiento aplica la Ordenanza, que está redactada conforme a la Ley, y esa norma es la que debe prevalecer.

Así, partiendo del valor catastral, 59398,86 euros, se divide al 50% para cada contribuyente y aplica una reducción del 0 %, lo que da un valor de referencia igual de 29699,43 euros. Y en aplicación del cuadro de porcentajes, aplica 3,2 % por el número de años, esto es, 11, o lo que es lo mismo, el 35,2 %, dando 10454,2 euros al que aplica el tipo del 30 %. Y esta fórmula normativa, no establece otra cosa distinta.

Como ya se ha dicho en otras ocasiones, lo que no cabe es cambiar totalmente el sistema legal, de determinación de la base mediante el valor catastral, sustituyéndolo por el precio real de un negocio jurídico concreto de transmisión. Y ello, por cuanto y como se dirá, el hecho imponible no es una renta derivada de un negocio, ni una diferencia entre valores de mercado sino una plusvalía consistente en el incremento del valor del terreno como consecuencia de las progresivas actuaciones urbanísticas municipales de las que se aprovecha el propietario durante ese periodo de tiempo en que lo es.

No obstante, hay que precisar que el valor catastral no se combate y resulta que el objeto de este pleito no es un acto de la administración catastral sobre el valor sino un acto de una administración distinta, la municipal, que se limita a liquidar el impuesto aplicando la norma.

Siguiendo con lo ya argumentado en las anteriores resoluciones, cuya fundamentación se mantiene, todo el recurso gira en torno a cierta posición doctrinal, seguida por algún Tribunal Administrativo como el de Navarra e incluso, algún TSJ como el de Cataluña y una sentencia de Madrid, que cuestiona la constitucionalidad del sistema legal de este impuesto, poniendo de manifiesto la oposición de la parte actora a este gravamen en su configuración legal, algo que, desde luego y por sí solo, ni es suficiente para justificar la oposición a tributar ni lo es para plantear una cuestión de insconstitucionalidad. Y ello, por cuanto no debe olvidarse que si lo que se pretende por el juzgador es inaplicar una ley postconstitucional, inexcusablemente debe acudir a la fórmula de la cuestión e insconstitucionalidad, pues está sujeto al imperio de la ley. Y para fundar una cuestión no bastan opiniones doctrinales, más o menos fundadas, sino al menos, una línea jurisprudencial del propio TC que genere una duda más allá de lo meramente teórico, pues la cuestión no es un instrumento procesal para resolver dudas jurídicas o doctrinales del Juzgador. Ciertamente, en ocasiones el TC acude a interpretaciones conformes, incluso modificativas del texto legal, pero ello es algo reservado al propio Tribunal que en sentencias muy reciente ha recordado que la resolución de litigios inaplicando una norma con rango de ley sin plantear la cuestión, por muy fundada que esté la interpretación que quiera darse al texto, motiva una sentencia no fundada en derecho ( STC 21-10-2013 ).

La actora, siguiendo esas opiniones sostiene la inconstitucionalidad y solicita el planteamiento de la cuestión sobre la base de los argumentos del Juzgado de San Sebastián en auto de 5-2-2015.

La cuestión de inconstitucionalidad no es un mecanismo de control abstracto de la norma, sino en concreto, es decir, aplicado al caso que el juez va a resolver, por lo que no basta con alegar que en un caso se ha planteado la cuestión sino que debe constar que, en el supuesto a resolver (juicio de relevancia) es necesario cuestionarse esa norma para inaplicarla.

El Juzgado de San Sebastián parte, para plantearla, de tres premisas: que en su caso está probada la minusvalía o ausencia de hecho imponible, considerar que, aún así, está obligado a aplicar la norma y liquidar, la imposibilidad de cuestionar el sistema objetivo de valoración.

Sin embargo, para trasladar este razonamiento aquí, es preciso acreditar que, el hecho imponible no concurre, que s lo que se alega. Y en este supuesto, las posiciones de los Tribunales difieren pues algunos, como se indicarán entienden que en tales casos basta con no liquidar, sin cuestionarse el sistema, y ello por cuanto una cosa es que no concurra hecho imponible y se aplique el gravamen y otra que, una vez que sí concurre, pueda acudir el legislador a un sistema objetivo de determinación de la plusvalía vía valor catastral. Este segundo extremo aquí no se suscita y lo que el actor dice es que no hay hecho imponible y aún así, es gravado. Pero para afirmar que tal hecho no existe es preciso identificarlo correctamente y no cabe, como en muchos casos, confundir ese hecho con un incremento o disminución de renta o riqueza derivado de una operación comercial, pues no es eso lo que se grava. Lo que habría que acreditar es que el desarrollo urbanístico se ha congelado no repercutiendo en forma alguna, en esos 11 años (del caso aquí analizado) en beneficio del propietario.

Lo que se viene sosteniendo es que si no se corrige vía interpretativa o con el planteamiento de la cuestión, el texto legal podría llegar a aplicarse un sistema tributario basado en una presunción o premisa que podría motivar el gravamen sin manifestación de riqueza, esto es, afectando al principio de capacidad económica del art. 31 CE . Esa presunción es que el valor de los inmuebles siempre crece, por efecto de la acción urbanística municipal, sin que se contemple la posibilidad de que en un periodo determinado, coincidente con uno de los tramos temporales previstos en la ley, se produzca una minusvaloración. En este caso, se pretende que el descenso en el valor real del inmueble se acredita mediante los precios en dos transmisiones, la compraventa originaria y la del proceso de liquidación, de modo que entre esos dos negocios ha perdido dinero. Y, objetivamente, se acompañan dos periciales dirigidas a comparar valores de mercado en transacciones concretas y por índices oficiales y de entidades de valoración, sobre la evolución del precio de los inmuebles en un periodo de tiempo determinado.

Respecto de la posible inconstitucionalidad del sistema, además de la doctrina expuesta del Juzgado nº 3 y resoluciones del Tribunal administrativo de Navarra citadas en la demanda, es cierto que el TSJ de Cataluña ha mantenido la siguiente reflexión y línea de resolución. La STSJ de Cataluña de 18-7-2013 al resolver recurso directo contra Ordenanza municipal reguladora del IIVTNU expone que ' Análogas cuestiones a las aquí planteadas han sido abordadas por esta Sala en nuestra sentencia núm. 3120/2012, de 22 de marzo, dictada en el recurso núm. 511/2011 , interpuesto por la misma actora contra las Ordenanzas Fiscales aprobadas por el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat núm. 4, reguladora del IIVTNU, y núm. 1, reguladora del IBI, y reiteradas en otras posteriores como las núm. 478, 505, 553, 848, 900 y 925, todas ellas de 2012. En la primera de dichas sentencias vertíamos las siguientes consideraciones:

'CUARTO: El vigente sistema legal de determinación de la base imponible contenido en el art. 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LHL), parte del supuesto de que en toda transmisión de los terrenos sujetos al Impuesto ha habido un incremento de valor, que se calcula mediante la aplicación de unos porcentajes anuales sobre el valor catastral fijado en el momento del devengo, esto es, de la transmisión. Con este sistema, el legislador de 1988 se limitó a elevar a modelo para todos los Ayuntamientos de España la solución que había adoptado el Ayuntamiento de Madrid por razones de equidad y para hacer frente a la situación resultante de unos valores iniciales muy alejados de la realidad y unos valores finales muy próximos a ella. Y se partió para ello del axioma del continuado incremento de valor de los terrenos, cierto durante décadas, pero que ha quedado dramáticamente en los últimos años, como es notorio, dando lugar a la actual y conocida situación económica y siendo retroalimentado por sus consecuencias.

Desde su implantación en 1988, ha sido objeto de amplia polémica si dicho sistema ha de considerarse como una ficción legal (la impropiamente llamada presunción iuris et de iure) o, por el contrario, se trata de un sistema sólo aplicable cuando el incremento verdaderamente producido es superior al resultante de aquel sistema (sería una presunción iuris tantum, en el sentido de que siempre correspondería al contribuyente probar que el incremento real es inferior).

El art. 107.1 LHL dispone que la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años, pero se ha sostenido que este precepto legal es una mera declaración de intenciones o un eufemismo amable, pues ha de estarse en todo caso al sistema legal, del que siempre resulta un incremento, quedando reforzada este interpretación por la eliminación en la Ley 51/2002 de la referencia al carácterEDL2002/54510 'real' del incremento del valor que se contenía en la redacción originaria del precepto ( art. 108.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas Locales).

Sin embargo, el impuesto grava según el art. 104.1 LHL, el incremento de valor que experimenten los terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o por la constitución o transmisión de cualquiera de los derechos reales que cita la norma. Por tanto, el incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo y ello pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo de la cuota del art. 107 LHL, pues al faltar un elemento esencial del hecho imponible, no puede surgir la obligación tributaria. En conclusión, la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del 'método de cálculo' y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica.

Las mismas conclusiones han de aplicarse cuando si ha existido incremento de valor, pero la cuantía de éste es probadamente inferior a la resultante de aplicación de dicho método de cálculo, al infringirse los mismos principios.

Estas conclusiones, ya sostenidas por diversos criterios doctrinales y pronunciamientos jurisprudenciales, han de considerarse incuestionables en el momento actual, a la vista de la realidad económica citada. De esta forma, de ser la de la ficción jurídica la única interpretación posible del art. 107 LHL , éste habría de considerarse inconstitucional, pero como consecuencia de la obligación de los Jueces y Tribunales, contenida en el art. 5.3 LOPJ , de acomodar la interpretación de las normas a los mandatos constitucionales, ha de entenderse que las reglas del apartado 2 del art. 107 son subsidiarias del principio contenido en el apartado 1 sobre el incremento (antes 'real' y ahora 'incremento' a secas, lo que no quiere decir que haya de ser irreal o ficticio).

Las consecuencias no pueden ser otras que las siguientes:

1.ª) Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo (art. 104.1 LHL ), y este no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos incrementos.

2.ª) De la misma forma, la base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las reglas del art. 107, que sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior. Por tanto, seguirá siendo de aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la prevalencia de los valores reales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial contradictoria, en los casos en los que se pretenda la existencia de un incremento del valor inferior al que resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 107. en esta hipótesis, la base imponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin que sea admisible acudir a fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas del art. 107 al incremento probado.'

Esta doctrina, es seguida en Cataluña, caso de S Juzgado de lo contencioso nº 13 de Barcelona de 22-1-2013 que aplica la doctrina de las Sentencias dictadas por el TSJ de Catalunya en 21 de marzo y 22 de mayo de 2012 .

CUARTO.-Ahora bien, y sin perjuicio de las opiniones doctrinales sobre la constitucionalidad de la configuración legal del impuesto, esta doctrina surge para dar solución a casos muy concretos, en los que se acredita (como sucede en las sentencias citadas y resoluciones del Tribunal navarro) que en un periodo concreto para el cual se prevé una revalorización aplicando el coeficiente de la Ordenanza o norma reguladora, resulta que el valor real del inmueble ha disminuido por efecto del citado 'pinchazo'. Es decir, casos de evidente injusticia en los que la parte ha adquirido en mitad de la burbuja y ha dispuesto tras la reducción de precios, y es patente y palmario que hay un descenso de un valor real y que no hay una manifestación de riqueza o capacidad económica.

Pero aún en tales supuestos, es dudoso que el problema sea de constitucionalidad de la ley. Sin perjuicio de las sentencias que con intención de hacer una interpretación conforme modifican el texto legal y que pueden dar lugar a resoluciones como la citada STC 21-10-2013 , la justificación de una cuestión frente a todo el sistema necesita de argumentos jurisprudenciales, pues la práctica totalidad e Tribunales y administraciones aplican el sistema e incluso, en recientes oportunidades en que el TS ha podido analizar este impuesto, como la STS Sala 3ª de 25 mayo 2012 nada se ha planteado. Ciertamente que en un auto, ha aceptado suspender un procedimiento para esperar la respuesta del TC, pero también lo es que, a pesar de hacerlo, no ha cuestionado la norma ni se conoce la opinión concreta del TS sobre la constitucionalidad el sistema. Es decir, nos e sabe bien si es un problema de prudencia o de verdadera objeción constitucional, que debería motivar el planteamiento de la cuestión.

El principio base del impuesto, la ficción de aumento constante de precios, es algo que, en general y contemplando largos periodos de tiempo, casi siempre se cumple. Esto enlaza con las reflexiones sobre la naturaleza del impuesto hechas por el Juzgado de Barcelona nº 2 en la sentencia citada, conforme a las cuales, lo que se grava es una revalorización fruto de la actividad urbanística, lo cual, se contempla claramente en los supuestos a los que también alude esa sentencia de liquidación del impuesto en el caso de transmisión de bienes del patrimonio histórico o cultural. Aquí, el TS sí ha admitido la congelación de valor de bienes integrados en conjuntos históricos desde la declaración del Conjunto Histórico Artístico hasta la elaboración de un instrumento elaborado con las previsiones de la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y aprobado por la Administración competente. Ahora bien, fundada esa doctrina en la presunta ausencia de aumentos de valor en los edificios incluidos en los Conjuntos Históricos, es manifiesto que cuando se produzcan tales aumentos, propiciados por un instrumento de planeamiento, el tributo será procedente.Por tanto, el hecho imponible no es un beneficio o pérdida a consecuencia de operaciones de transmisión, que es lo que erróneamente entiende el actor y que sería objeto de otros impuestos como IRPF o IS. Es decir, el incremento de valor que se grava no es el que resulta de operaciones de compraventa sino un valor objetivo, al margen de la suerte en esas operaciones, consecuencia de la revalorización inmobiliaria por la actuación urbanística municipal.

Siguiendo con el asunto aquí analizado, otra cosa es un proceso de crecimiento desmesurado de precios (burbuja) que luego toca a su fin. Evidentemente, se produce un descenso del valor pero partiendo de un incremento desmesurado previo. Así, que un bien que se vende en 2012 tenga menos valor que en 2008 no significa que también sea inferior a precios anteriores, como en 2000 o 1995. Realmente, el problema del incremento de valor depende del periodo de tiempo contemplado siendo la regla que, en global, los inmuebles se revalorizan y por ello, existe una plusvalía como consecuencia del fenómeno urbanístico y al margen del juego del mercado, esto es, una manifestación de riqueza que es lo que grava el impuesto cuando se pone de manifiesto con una transmisión, configurándose así, el hecho imponible.

Otra cosa es lo que sucede en un periodo más corto y como consecuencia de coyunturas del mercado inmobiliario. Pero en estos casos, si las Ordenanzas fijan un coeficiente de revalorización, siempre cabrá el recurso indirecto pues deben fundarse, como se ha dicho, en criterios económicos constatados y ello, sin necesidad de cuestionar todo el sistema (realmente la ley fija límites máximos). De igual forma, la ley, remite (y esto no es una regulación por presunciones) al valor catastral, que se fija conforme a criterios objetivos no arbitrarios, es susceptible de recurso y puede ser alterado.

Además, aún siendo algo notorio e incuestionable el problema inmobiliario, también es algo aceptado y notorio que no ha afectado a todas las zonas y bienes por igual, especialmente, a las zonas mejor ubicadas o sujetas a menor especulación, donde ni hubo excesivos incrementos ni excesivo pinchazo o reajuste de precios.

QUINTO.-Pero como dice el Juzgado de Barcelona, aquí no se grava una ganancia (o pérdida) derivada de un negocio concreto, sino un fenómeno distinto, la revalorización del inmueble a lo largo del tiempo, enlazado con el desarrollo urbanístico y otros fenómenos que generan la plusvalía al margen de operaciones concretas de compra y venta.

Este juzgador ha considerado la doctrina expuesta y entiende que si queda totalmente probado que no hay hecho imponible, no habrá tributo, sin necesidad de cuestionar el sistema. Así, aceptando la doctrina expuesta de Cataluña, por ejemplo, resulta que la misma supone que en el caso, no se apreciará el hecho imponible porque la parte ha probado que el valor del inmueble ha disminuido en el periodo de referencia que sirve a la liquidación, es decir, de hecho, no hay plusvalía y por tanto, nada que gravar, como sucede con otros supuestos de negocios en los que se ha resuelto que no se realiza el hecho impositivo sin acudir a la posible inconstitucionalidad.

Y aceptando que no siempre tiene por qué haber plusvalía, por ejemplo, tras una venta o transmisión mortis causa, con lo que no habría hecho imponible, habrá que probar que hay una disminución, pero no de cualquier valor, sino del valor real del inmueble por efecto del proceso urbanístico nod el juego o situación del mercado ene se momento.

La parte, así, no puede fundar su pretensión en el resultado de sus negocios jurídicos y achacar, sin más, el mal resultado económico, a la crisis inmobiliaria. Ni basta, claro está, una pericial de parte sobre un precio actual. Y no basta, finalmente, acreditar que se ha perdido dinero en una operación de compraventa, que es lo que parece insinuarse, por cuanto no es ese incremento o decrecimiento patrimonial el que grava el tributo. El impuesto no grava sobre el precio de mercado ni el que figure en un contrato, sino el catastral, sin perjuicio de los precios que, en uso de su libertad, las partes contratantes acepten. El hecho imponible no es una ganancia en un negocio por lo que el argumento de que no ha existido tal ganancia, no es excusa. Lo que se debe acreditar y a ello se refieren las sentencias, es un descenso del valor real del inmueble, un valor objetivo, al margen del pactado por congelación de la acción urbanística o por inacción u otros supuestos. Pues si bien es cierto que los precios se han desinflado también lo es que previamente se incrementaron de forma irrazonable y desorbitada. Y que este proceso, no afectó a todos los inmuebles ni zonas, ni siquiera en una misma ciudad. Es por ello que el tributo parte de valores catastrales y no de los precios en operaciones declaradas.

Y es cierto que la crisis ha producido un descenso de los precios pero no todo supuesto de venta por debajo del valor de adquisición se puede imputar a ese fenómeno, o al menos, se exige prueba de ello. Así, el impuesto grava el incremento de valor que experimenta el bien en un periodo de tiempo, aunque el particular no haya podido sacar rendimiento de ese incremento en un negocio concreto por las razones que sea. Así, aún no sacando ese rendimiento como beneficio negocial, si el incremento de valor ha existido objetivamente por los procesos urbanísticos a lo largo del tiempo, habrá hecho imponible.

Aquí no se transmite un bien adquirido en plena burbuja sino que la última transmisión, antes de la que pone de manifiesto la plusvalía es de 2003, con lo que es muy difícil sostener que no ha existido revalorización.

Y las periciales aportadas, lo que analizan es la situación el mercado inmobiliario pero al margen de repercusiones derivadas del proceso urbanístico general respecto del terreno objeto de la transmisión. Lo que acreditan, es lo conocido, el descenso de precios tras el 'pinchazo' de la burbuja pero esto, no tiene que ver con el hecho imponible descrito. Se trata de un sistema para objetivizar el cálculo que en toro caso, debería hacerse inmueble por inmueble y caso por caso.

Así, en este caso, no puede afirmarse, como el juzgado de San Sebastián, que no haya hecho imponible por lo que no hay afectación constitucional indicada sin que se encuentren argumentos, basados en pruebas concluyentes, de un error en el sistema de valoración de esa plusvalía que si debe aceptarse como existente.

SEXTO.-De conformidad con el art. 139 LJ , en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho .

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

Fallo

SE DESESTIMA ÍNTEGRAMENTEla demanda presentada por la Procuradora Sra. Monar González, en nombre y representación de don Onesimo y doña María Luisa contra la Resolución de 26-8-2015 que desestima el recurso de reposición frente a la Resolución que aprueba las liquidaciones nº NUM000 y nº NUM001 de 6-3-2015 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Las costas se imponen a la parte actora.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciendo constar que la misma es firme y no cabe recurso alguno contra la misma.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha.

Incremento de valor
Valor catastral
Valor del terreno
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Constitucionalidad
Terrenos de naturaleza urbana
Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Plusvalías
Bienes inmuebles
Presupuestos generales del Estado
Catastro
Cuestión de inconstitucionalidad
Acción urbanística
Incremento de valor de los terrenos
Determinación de la base imponible
Valor real
Valor de los bienes
Ordenanzas
Impuestos directos
Ordenanza municipal
Valor de mercado
Liquidaciones tributarias
Ponencia de valores
Coeficiente de actualización
Negocio jurídico
Impuestos locales
Devengo del Impuesto
Equidad
Desarrollo urbanístico