Sentencia Administrativo Nº 830/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 161/2006 de 28 de Septiembre de 2007

Se desestima el recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de alzada dictada por el Conseller de Treball, confirmando la infracción y la sanción de multa impuesta. La jurisprudencia tiene resuelto que el cómputo del plazo de caducidad de seis meses en materia de sanciones en el Orden Social, se inicia con la fecha del acta de la Inspección y termina con la de notificación de la resolución. Por otro lado, sin menoscabo de las pruebas en sede judicial, la presunción de veracidad de las actas de Inspección encuentra su fundamento en la imparcialidad y especialización del inspector actuante, si bien se limita a los hechos percibidos en directo, a los inmediatamente deducibles de ellos y a los que se acrediten por evidencias incorporadas a la propia acta. En el supuesto enjuiciado, el plazo de los seis meses no se ha agotado, quedando, además, demostrado, a pesar de las dificultades al distinguir el suministro de trabajadores y la descentralización productiva lícita, que la recurrente cedió trabajadores de forma ilegal, conducta tipificada como infracción muy grave que acarrea la sanción de multa en grado medio.