Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 955/2017, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 4073/2014 de 30 de Mayo de 2017

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 30 de Mayo de 2017
  • Tribunal: Tribunal Supremo
  • Ponente: Perello Domenech, Maria Isabel
  • Núm. Sentencia: 955/2017
  • Núm. Recurso: 4073/2014
  • Núm. Cendoj: 28079130032017100243
  • Núm. Ecli: ES:TS:2017:2294
  • Núm. Roj: STS 2294:2017
Resumen:
Denegación Declaración de Utilidad Pública. SOCIEDAD DEPORTIVA REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS. -Expdte.UP/3452/SD Registro Especial.-

Encabezamiento

SENTENCIA

En Madrid, a 30 de mayo de 2017

Esta Sala ha visto constituida lasección tercerapor los magistrados al margen referenciados, el recurso de casación número 4073/14, interpuesto por el Procurador D. Francisco Velasco Muñóz-Cuellar en representación de la SOCIEDAD DEPORTIVA REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS, contra la sentencia de fecha 8 octubre de 2014 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 314/12 . Se ha personado como recurrido el Abogado del Estado en representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Maria Isabel Perello Domenech

Antecedentes

PRIMERO.-En el expediente administrativo UP/3452/SD Registro Especial, la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior acordó el día 31 de mayo de 2012 denegar la solicitud de la declaración de utilidad pública formulada por la entidad denominada REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS, por no reunir los requisitos necesarios para considerarla de interés público. La mencionada asociación recurrió ante la jurisdicción contencioso-administrativa la resolución del Ministerio del Interior.

SEGUNDO.-Seguido el procedimiento contencioso administrativo con el número de recurso 314/2012, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, dictó sentencia de fecha 8 de octubre de 2014 , cuya parte dispositiva dice textualmente:

«Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 314/12, interpuesto por la SOCIEDAD DEPORTIVA REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS, representada por el Procurador de los Tribunales D Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, contra la Orden del Ministerio de Interior de 31 de mayo de 2012 que denegó su solicitud de declaración de utilidad pública, que confirmamos; sin hacer expresa imposición de las costas procesales.»

TERCERO.-Contra la referida sentencia, el representante legal de la SOCIEDAD DEPORTIVA REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS, preparó recurso de casación que fue admitido a trámite y remitidas las actuaciones al Tribunal Supremo, personándose en tiempo y forma y en su escrito de interposición de 12 de enero de 2015 formuló los siguientes seis motivos de casación:

Primero.- Al amparo del art.88.1.d) de la LJCA , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico estatal o comunitario por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 CE , con vulneración del derecho a la prueba y consecuentemente del derecho de defensa. Se intentaba probar que el Ministerio del Interior había actuado de forma dispar y contradictoria vulnerando el principio de igualdad, el de interdicción de arbitrariedad, el de los actos propios y el de confianza legítima.

Segundo.- Al amparo del art. 88.1 c) LJCA , por quebrantamiento de las reglas del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por incurrir la Sala de instancia al dictar sentencia en incongruencia interna debido a las contradicciones que razona en su escrito. El tribunal en fase de prueba denegó la documental propuesta para demostrar que la Administración vulneraba el precedente administrativo, el principio de igualdad y la confianza legítima.

Tercero.- Al amparo del art.88.1.d) de la LJCA , por Infracción de las normas del ordenamiento jurídico estatal o comunitario, por infracción de las reglas sobre valoración conjunta de prueba contenidas en los artículos 319 , 386.1 y concordantes LEC , por irrazonable y arbitrario, y la doctrina legal dictada en su aplicación, puestos en relación con los artículos 9.3 y 24 CE , con vulneración del principio de seguridad jurídica y del principio de tutela judicial efectiva.

Cuarto.- Al amparo del art.88.1.d) de la LJCA , por Infracción de las normas del ordenamiento jurídico estatal o comunitario por infracción del artículo 32.1.a) LO 1/2002, de 2 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación ; puestos en relación con el artículo 24 CE , con vulneración del principio de seguridad jurídica y del principio de tutela judicial efectiva. Los fines estatutarios de la Sociedad Deportiva 'Real Zaragoza Club de Tenis' respetan y atienden esa previsión recogida en el artículo 32.1 de la LO reguladora del Derecho de Asociación.

Quinto.- Al amparo del art. 88.1.d) LJCA , por infracción del ordenamiento jurídico estatal por infracción del principio de igualdad ante la Ley y quiebra del principio de confianza legítima de los ciudadanos. La sentencia ha omitido cualquier referencia o consideración a los precedentes, y el principio de igualdad ante la Ley.

Sexto.- Al amparo del art. 88.1.d) LJCA , por infracción de la jurisprudencia. STS de 22 de noviembre de 2011, RC 4031/2008 ; STS de 13 de marzo de 2012 ; y doctrina jurisprudencial relativa a los actos propios, y del principio de igualdad.

Termina suplicando al Tribunal, que dicte sentencia estimatoria, casando y anulando la resolución recurrida, declarándola no ajustada a derecho y revoque y deje sin efecto la Orden dictada en fecha 31 de mayo de 2012 por el Ministerio del Interior, y reconociendo la situación jurídica individualizada consistente en el derecho de la Sociedad Deportiva Real Zaragoza Club de Tenis a ser declarada de utilidad pública, efectuando expreso pronunciamiento en tal sentido, con las consecuencias legales a ello inherentes.

CUARTO.-La Administración del Estado presentó su escrito de oposición al recurso de casación el 8 de junio de 2015, suplicando a la Sala dicte sentencia por la que inadmita los dos primeros motivos de casación y desestime todos los demás o, subsidiariamente, desestime todos ellos por ser conforme a Derecho la resolución judicial impugnada, con expresa imposición de costas a la parte contraria.

QUINTO.- Se señaló para votación y fallo el día 16 de mayo de 2017, fecha en que ha tenido lugar con observancia de las disposiciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-La Sociedad Deportiva Real Zaragoza Club de Tenis interpone recurso de casación contra la Sentencia de 8 de octubre de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional , que desestima el recurso interpuesto contra la Orden del Ministerio del Interior de 31 de mayo de 2012 -dictada por la Secretaría General Técnica, por delegación del Ministro del Interior- en cuya virtud se deniega la declaración de utilidad pública solicitada por la entidad recurrente.

La sentencia de instancia confirma la resolución recurrida, manteniendo que la asociación recurrente no atiende a un interés general, basando su fallo desestimatorio en las siguientes consideraciones jurídicas:

«SÉPTIMO.-Así las cosas, la Sala tras la valoración de todo lo actuado llega a la conclusión de que el criterio de la Administración al rechazar que concurra el requisito de que los fines estatutarios tiendan a promover el interés general resulta conforme a derecho, siendo válidos los argumentos que contiene la resolución impugnada y sin que sea de apreciar falta de motivación en cuanto generadora de indefensión, y prueba de ello es que la demandante ha defendido su derecho con conocimiento de las razones tomadas en consideración para denegar su pretensión, que combate.

Es cierto que existen afinidades entre este caso y el resuelto por nuestro Alto Tribunal en su sentencia de 22 de noviembre de 2011 , en la que casa la de esta Sala y Sección de 28 de mayo de 2008. Así, en ambos se pretende la difusión del deporte, -por la Sociedad actora su fin principal es el fomento y la práctica de la actividad física y deportiva sin ánimo de lucro, pudiendo promover actividades recreativas dirigidas fundamentalmente a sus asociados, previendo la práctica del tenis como principal modalidad deportiva, aunque pudiendo fomentar otras, en este caso el padel- y también que aquí cabe diferenciar las dos áreas de competición y social, siendo igualmente el área social del Club la que reúne mayor número de actividades y servicios, cuyos usuarios han de abonar el precio fijado por el Club, y por ello precisamente ha de darse una mayor atención a esta área excluyente a la hora de determinar si se tiende a promover el interés general.

De acuerdo con los estatutos, para ser socio es necesario, entre otros requisitos, solicitarlo con propuesta-presentación suscrita por dos socios de número y obtener la aprobación de la Junta Directiva, sin que se prevea la posibilidad de impugnar el rechazo, y obviamente el procedimiento a seguir.

En la propuesta de resolución que formula el Secretario General Técnico el 5 de marzo de 2012, constan como averiguaciones de la administración que para poder acceder a los servicios de la entidad hay que hacerse socio y abonar una cuota de 63,07 euros, y caso de no estar asociado, solo se puede acceder en compañía o 'invitado' por un socio, es decir que la participación en el área social, con mucho la más importante, queda restringida y el acceso a los servicios de la misma sometidos exclusivamente al favor de uno de los socios, de ahí que haya de cuestionarse el considerar al Club como tendente a promover el interés general.

Pues bien tales limitaciones no se dan en el caso enjuiciado por la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2011 , y para ello vamos a transcribir el siguiente párrafo de la misma: 'De lo anteriormente expuesto se desprende que la actividad realizada por la entidad recurrente parece centrada fundamentalmente en la prestación de servicios mediante contraprestación, lo que constituye su área social, que va dirigida a beneficiar directamente a una colectividad genérica de personas, ya que no debemos olvidar que nos hallamos ante una entidad que es concesionaria en la gestión de piscinas municipales de Manresa, siendo el Ayuntamiento quien fija los precios, en el caso de hallarnos ante actividades no gratuitas, que son las mayoritarias'.

Entendemos que lo aquí expresado viene a separar lo que constituye una actividad dirigida al interés general, de lo que constituye la actividad del Club recurrente, que en su área social es por y para sus socios.

OCTAVO.- La recurrente invoca en sus conclusiones también la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2012 , en este caso confirmatoria de la sentencia de esta Sala de 13 de marzo de 2012 , y precisamente la lectura de la misma pone a las claras su diferencia esencial con la solicitud del Club recurrente, cuando indica:'Consideramos que, a la vista de lo expresado, el contenido de los estatutos y la memoria de actividades, efectivamente la asociación de referencia posee unos fines de interés general, dado que realiza una actividad dirigida en definitiva a una colectividad genérica de personas, consistentes en la protección de la salud y el fomento de la educación sanitaria, en el ámbito de la neumología infantil, y no presta un servicio que esté orientado a la satisfacción de los intereses particulares de sus asociados. Así mismo, sus estatutos permiten el acceso de cualquier otra persona a la condición de socios de honor, en los términos y bajo las condiciones anteriormente expuestos'.

Finalidad de interés general, dirigida a una colectividad genérica de personas, y posibilidad de acceder a la condición de socios que no son de apreciar en autos.

NOVENO.- Tampoco puede prosperar la llamada a los principios de igualdad, confianza legítima y actos propios, ya que no tenemos supuestos iguales que hayan recibido respuesta distinta, no habiéndose justificado en consecuencia un cambio inmotivado respecto a precedentes administrativos, ni por lo mismo se ha quebrado el principio de confianza legítima, pues no se ha justificado que la Administración haya dado su conformidad a otras entidades que se hallen en el mismo supuesto, al margen de que el acoger o no la resolución impugnada una solicitud de un Club que, como señala, viene funcionando desde hace un siglo, no puede considerarse que modifique sus expectativas, ni tenía motivos el Club para considerar que su pretensión debía prosperar necesariamente.

DÉCIMO.-En cuanto a la indefensión que invoca la actora, causante de indefensión, por el hecho de haberle denegado la documental referida en los Antecedentes de hecho tercero y cuarto, no la aprecia la Sala, acorde con lo indicado en su auto de 26 de junio de 2013 que desestimó el recurso de reposición, tomando en consideración que el objeto de la presente litis consiste en determinar si la asociación actora reúne, o no, los requisitos legales para ser declarada de utilidad pública, no siendo relevante para la resolución del pleito que otras sociedades la hayan obtenido, estimando además que cada solicitud es reflejo de una situación concreta, a cuya singularidad ha de estarse..»

SEGUNDO.- Comenzaremos nuestro análisis, por razones de lógica procesal, por el examen del motivo segundo, acogido al cauce del artículo 88.1 c) LJCA , en el que se censura la sentencia por incongruencia interna. Sostiene la Asociación recurrente que solicitada la práctica de prueba dirigida acreditar que en casos idénticos, el Ministerio del Interior había actuado de forma dispar y contradictoria, la Sala de instancia procedió a denegarla, y -continua su alegato- tras el rechazo, le reprocha la falta de justificación de la vulneración de precedentes administrativos cuando, precisamente ha sido la Sala la que ha procedido a la denegación de la prueba a través de la cual hubiera acreditado el «precedente administrativo».

Y procede el rechazo del motivo impugnatorio planteado, por cuanto de la lectura detenida de la sentencia de instancia resulta evidente la completa falta de fundamento de las imputaciones relacionadas con la incoherencia que denuncia la parte recurrente. Frente a la tesis sostenida por la parte, la Sala de la Audiencia Nacional ha emitido un pronunciamiento razonado y coherente a la cuestión sobre la vulneración del precedente que se le planteaba y precisamente en el fundamento décimo de la sentencia se razona sobre la inexistencia de indefensión material derivada de tal extremo, dado que «no siendo relevante para la resolución del pleito que otras sociedades la hayan obtenido, estimando además que cada solicitud es reflejo de una situación concreta, a cuya singularidad ha de estarse», de modo que el razonamiento de la Sala de instancia que subraya la necesidad de la valoración singular de las características de cada entidad solicitante, determina que no se aprecie la incoherencia o incongruencia que se denuncia en el motivo.

TERCERO.- Como hemos expuesto, en el primer motivo impugnatorio, se denuncia la infracción del derecho a la prueba y del derecho de defensa. Se alega que en el apartado c) de la prueba documental se interesó por la recurrente que el Ministerio del Interior expidiera certificación sobre los expedientes administrativos tramitados en relación con la declaración de utilidad pública del «Centro Natación Helios, del Estadio Miralbueno El Olivar y del Club Natación Manresa», con el objetivo de demostrar que ante casos idénticos el Ministerio del Interior había actuado de forma dispar y contradictoria, vulnerando el principio de igualdad, de interdicción de la arbitrariedad, de los actos propios y confianza legítima. Dichas entidades presentaban similares características que el Real Zaragoza Club de Tenis y, a diferencia de la recurrente, si obtuvieron la declaración de utilidad pública. La Sala de la Audiencia Nacional denegó el medio de prueba, sin esgrimir los motivos que le llevaron a adoptar esa decisión, lo cual produjo indefensión material al no poder justificar sus derechos e intereses y la vulneración del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba reconocido en el artículo 24 CE .

El motivo no puede prosperar. En primer lugar, la Sala hizo referencia en el Auto denegatorio de fecha 22 de enero de 2013 a que la prueba era innecesaria a la vista de los términos en que se planteaba la litis y los elementos de juicio obrantes tanto en los autos como en el expediente administrativo; en la medida que se trataba de expedientes correspondientes a otras entidades, que presentaban características propias y singulares, y por consiguiente, no relevantes en el enjuiciamiento del asunto de autos. La Sala considera, por tanto, que no era pertinente la prueba solicitada por referirse a precedentes que no eran similares al examinado, ofreciendo una explicación razonable al rechazo de la prueba.

Pero además, la denegación de la prueba resulta irrelevante como se desprende de la fundamentación de la sentencia, que se basa estrictamente en el análisis de las singularidades propias de la Sociedad Deportiva Real Zaragoza Club de Tenis en la aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo de Asociaciones . En efecto, tal como se comprueba en la lectura de los fundamentos de la sentencia de instancia, que se ha reproducido antes, la Sala se basa para la confirmación de la denegación de la solicitud, en que no concurren los presupuestos exigidos en la ley, tras el análisis de los diversos informes y los Estatutos de la sociedad, refiriéndose además, expresamente en el fundamento jurídico décimo a la improcedencia de la prueba sobre los precedentes. Así pues, es preciso rechazar que la denegación de la prueba haya causado indefensión a la recurrente y haya determinado el sentido del fallo de la sentencia recurrida.

CUARTO.- En el cuarto de los motivos -que junto al quinto, abordaremos de forma preferente dado que plantean las mismas cuestiones, referidas a la observancia de los requisitos contemplados en el artículo 32.1 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo , reguladora del derecho de asociación- sostiene que el Club Deportivo recurrente cumple todos los requisitos establecidos en la ley para ser declarada entidad de utilidad pública,apelando a la prueba documental que así lo constata. Se citan los diferentes informes que, en su opinión, así lo acreditan, al sostener que la actividad del Club no esta restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario, al igual que los Estatutos del Club, que establecen entre sus fines la promoción de actividades deportivas dirigidas al público en general y atienden a la previsión del artículo 32.1 de la citada Ley Orgánica, realizando la Sala una interpretación errónea del mencionado precepto.

Y en el quinto se afirma que la Sala ha desatendido el principio de confianza legítima al omitir cualquier referencia o consideración a los precedentes, con quiebra del principio de igualdad, pues otras entidades en las misma situación y características que la entidad recurrente han sido declaradas de utilidad pública, con cita de la STS de 22 de Noviembre de 2011 , dictada en el recurso promovido por el Club de Natación de Manresa.

Pues bien, en la invocada STS de 22 de noviembre de 2011 (RCA 4031/2008 ) declaramos que la calificación de una asociación como de utilidad pública constituye una medida de fomento que conlleva una serie de derechos, como son, entre otros, usar la mención 'Declarada de Utilidad Pública' en toda clase de documentos junto a su denominación, disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales y los beneficios económicos que las leyes les reconozcan ( artículo 33 de la Ley Orgánica 1/2002 ). En cambio, entre sus obligaciones se encuentra la de rendir cuentas anuales, y facilitar a las Administraciones Públicas los informes que éstas les requieran, en relación con las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines (art. 35 ).

Decíamos en aquella ocasión, que habrán de ser analizados con rigor el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 32 L.O 1/2002 , y que consisten en:

'a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, en los términos definidos por el artículo 31.3 de esta Ley , y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección de la familia, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza.

b) Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.

c) Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas. No obstante, los mismos podrán recibir una retribución adecuada por la realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros del órgano de representación.

d) Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.

e) Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, ininterrumpidamente y concurriendo todos los precedentes requisitos, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.'

Asimismo, hemos señalado en la reseñada sentencia que«no cabe entender que la prestación onerosa de un servicio conduzca necesariamente a conceptuar que la asociación que lo presta carezca de interés general, por cuanto que para ello habrá que tener en cuenta las actividades que realiza para el cumplimiento de su objeto social, si éstas redundan en beneficio de la colectividad, y del destino al que se aplican los ingresos que la entidad pudiera obtener ».

QUINTO.-Los motivos cuarto y quinto van a ser acogidos, pues, con arreglo a nuestra jurisprudencia no cabe compartir el razonamiento que contiene la sentencia sobre el artículo 32.1 de la LO 1/2002 , que determina que se considere conforme a derecho la denegación de la declaración de utilidad pública.

La sentencia recurrida confirma el criterio de la Administración, que deniega la declaración de utilidad pública por considerar que en el caso de autos no concurre la finalidad de que el Club Deportivo solicitante promueva el interés general. Se basa dicha afirmación en los Estatutos de la Sociedad y en la información plasmada en la propuesta del Secretario General Técnico de 5 de marzo de 2012, en el que se indican las restricciones para la participación en el área social y a los servicios del Club, de los que la Audiencia concluye que la actividad del Club está dirigida exclusivamente a beneficiar a sus asociados y no se encuentra abierta a otros posibles usuarios, pues su área social se ciñe «por y para sus socios» y por ende, no tiende a promover el interés general.

La Sala subraya las previsiones estatutarias para la adquisición de la condición de socio, que exige la presentación por al menos dos socios y la aprobación por parte de la Junta Directiva, lo cual pone de manifiesto la existencia de una clara limitación para obtener dicho status con una doble condicionamiento que implica que no pueda calificarse de una entidad abierta al público en general. Considera que la actividad desarrollada por la entidad se circunscribe a beneficiar a quienes ostentan la condición de socio y no queda garantizado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 32.1 de la LO 1/2002 , relativos a que los fines de la entidad tiendan a promover el interés general.

Pues bien, entre otros informes, obra en autos el emitido por la Dirección General del Deporte en Aragón, de 23 de Marzo de 2011 que indica que la actividad del club no está restringida exclusivamente al beneficio de sus asociados, sino que está abierta a otros posibles beneficiarios. En su apartado 3 titulado «Actividades y Servicios» describe las actividades y programas del Club, entre el que se encuentra el programa público municipal de iniciación al pádel, que en el año 2008 realizaron 671 cursillistas que no eran socios del Club y 686 en el año 2009, proyecto de pádel adaptado -para personas con discapacidad física y psíquica- colonias de verano, ofrecidas a menores de entre 4 y 14 años, para socios y no socios del club, cursos intensivos de verano abiertos en el que se alternan diversos deportes, eventos deportivos dirigidos a deportistas federados, con independencia de la condición de socio del club, consistentes en distintos torneos de tenis, campeonatos de pádel, tenis y fútbol en las instalaciones del Club, en los que participan personas en su mayor parte no socios del club y la organización de actividades para colectivos de no socios (Colegio de Médicos y de Abogados de Zaragoza, entre otros).

Es de destacar el apartado 5º del informe, relativo a los «beneficiarios» de las actividades y servicios prestados por el Club deportivo, en los años 2008 y 2009. En dicha relación se pone de manifiesto el porcentaje de usuarios de dichas actividades en el año 2008, alcanzando la cifra del 52% en lo que se refiere a socios y del 48% en lo que respecta a los no socios. Porcentaje que en el año 2009 supone un 53% para los no socios y del 47% para los socios.

En la misma línea, obra el informe del Consejo Superior de Deportes, de fecha 15 de abril de 2011, que considera que el Real Zaragoza Club de Tenis merece una valoración positiva y que cumple con los requisitos que la ley determina para ser reconocida de utilidad pública, concluyendo el informe de forma favorable a la solicitud realizada. Para llegar a esta conclusión, el Consejo Superior de Deportes ha tenido en cuenta, que de la lectura completa de los artículos 1 y 2 de los Estatutos del Real Zaragoza Club de Tenis, se desprende que la actividad del Club es el fomento y la práctica del Tenis y de otras Actividades físico-deportivas abiertas al público en general sin restricciones, pudiendo realizar otras actividades recreativas dirigidas sobre todo a sus asociados, pero no exclusivamente a los mismos. De todo ello se deduce que la labor desempeñada por el Real Zaragoza Club de Tenis está abierto al público en general.

A continuación relaciona las diversas actividades del Club, con datos acerca del número de personas que se han beneficiado de ellas (no siempre socios), añadiendo que la entrada para presenciar exhibiciones deportivas y torneos es gratuita (solo con las restricciones del aforo). Y hace un análisis de la memoria presentada en relación a los medios personales (cuenta con 31 trabajadores fijos y 7 no fijos, 6 de ellos afectos a los cursos municipales de pádel y 1 socorrista. Con contratos de arrendamiento de servicios: 36 monitores y 3 coordinadores, uno para cada modalidad deportiva de tenis, pádel y fútbol); en relación a las instalaciones y medios materiales (24 pistas de tenis, 9 de pádel, 32 frontones, 1 pista polideportiva, 1 de baloncesto, y 1 de fútbol, 2 pistas de minitenis, 2 piscinas con vestuarios, guardería y parque infantil, un edificio social y una casa club para infantiles y juveniles, y bar). Por lo tanto considera el informe que el Real Zaragoza Club de Tenis cuenta con los medios personales y materiales adecuados para llevar a cabo las actividades que declaran en la memoria, y que garantizan el cumplimiento de los fines que establecen en sus Estatutos.

En el expediente administrativo figura -Anexo 7 de la solicitud de declaración de utilidad pública- la resolución de 14 de noviembre de 2006 del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por el que comunica el Acuerdo de 27 de octubre de 2006 de la Sesión del Pleno del Ayuntamiento por la que se concede a la entidad Real Zaragoza Club de Tenis la declaración de 'Interés Ciudadano Municipal' a la vista de los informes favorables, al reunir todos los requisitos exigidos por el capítulo III del Reglamento de Participación Ciudadana y Órganos Territoriales.

También hemos de referirnos a los Estatutos del Club Deportivo. En su artículo 1 se define como una asociación privada con personalidad jurídica y capacidad de obrar, cuyo objeto principal es el fomento y la práctica de la actividad física y deportiva, sin ánimo de lucro, siendo los cargos de la Junta Directiva honoríficos (artículo 19) y por ende, sin retribución o compensación económica.

No compartimos el criterio de la Agencia Tributaria que indica que la actividad que desarrolla el Club recurrente responda a una explotación económica de prestación de servicios, de naturaleza privada y particular, y no de interés general, toda vez que con arreglo a nuestra jurisprudencia, lo determinante no es la obtención de un beneficio económico, sino el destino al que éste va dirigido. En este caso, como se indica en los informes, el Club Deportivo reinvierte el 100% de sus ingresos en la promoción de sus fines de interés general, como se refleja en los estados financieros auditados - respecto a los que no se formula tacha alguna- en cuyo apartado 5.3 de la solicitud de declaración de utilidad pública se relacionan los medios económicos de la entidad en los que se incluyen entre otros ingresos la obtención de subvenciones por parte de entidades públicas para la realización de actividades deportivas. El Club de referencia al reinvertir los recursos económicos, precisamente permite y facilita el cumplimiento de sus objetivos sociales, que son la promoción y práctica de la actividad deportiva.

Es cierto, como señalamos en la citada sentencia de 22 de noviembre de 2011 , que no cabe equiparar interés general con gratuidad o ausencia de ánimo de lucro, habida cuenta de que no existe una equivalencia entre ánimo de lucro y contraprestación por servicios prestados, en línea con lo dispuesto en la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, que establece como uno de los requisitos para que las entidades sin fines lucrativos sean conceptuadas como tales, el que destinen a la realización de dichos fines al menos el 70% de las rentas e ingresos procedentes de las explotaciones económicas que desarrollen y que no cabe entender que la prestación onerosa de ciertos servicio conduzca necesariamente a conceptuar que la asociación que lo presta carezca de interés general, por cuanto que para ello habrá que tener en cuenta las actividades que realiza para el cumplimiento de su objeto social, si éstas redundan en beneficio de la colectividad, y del destino al que se aplican los ingresos que la entidad pudiera obtener.

Con arreglo a dichos parámetros cabe concluir que las actividades que realiza el Club recurrente de promoción y fomento del deporte, no se limitan exclusivamente a los socios, sino que redundan en beneficio de la colectividad, como así lo reconocen el Ayuntamiento de Zaragoza y el Consejo Superior de Deportes, y se desprende de los informes a los que ya hemos hecho mención. La actividad realizada por la entidad recurrente si bien se dirige en parte a los socios, también beneficia a una pluralidad genérica de personas, como lo demuestran las anteriores cifras y datos expuestos, de los que resultan que los servicios e instalaciones del Club Deportivo son utilizados en un porcentaje similar o equivalente por socios y por no socios, a lo que hay que añadir que el Club reinvierte la totalidad de sus ingresos en la realización de sus fines estatutarios, la promoción y fomento del deporte.

Procede, pues, acoger los motivos que examinamos al haber realizado la Sala de instancia una interpretación excesivamente restrictiva del mencionado artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002 respecto de los requisitos exigibles para la declaración administrativa de utilidad pública, lo que nos lleva a estimar el recurso de casación que nos ocupa, y con ello, revocar y casar la sentencia impugnada, debiendo acceder a la declaración de utilidad pública interesada.

SEXTO.-Al ser acogidos los motivos de casación aducidos, no procede imponer las costas derivadas del recurso de casación a ninguna de las partes personadas, debiendo correr cada parte con las suyas en lo que se refiere a las del proceso de instancia, al no haberse apreciado temeridad o mala fe en ninguno de los litigantes ( artículo 139, apartado 1 y 2, de la Ley reguladora de esta Jurisdicción ).

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.

Fallo

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decididoPrimero.- HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la entidad SOCIEDAD DEPORTIVA REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS, contra la sentencia de 8 octubre de 2014 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 314/12 , sobre denegación de la solicitud de declaración de utilidad pública de aquélla; sentencia que casamos dejándola sin efecto. Segundo.- ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo número 314/12 , interpuesto contra la Orden de 31 de mayo de 2012 dictada por la Secretaría General Técnica, por delegación del Ministro del Interior, la cual por no hallarse ajustada a Derecho anulamos, y estimamos procedente el acceso a la declaración de utilidad pública solicitada por la entidad recurrente.Tercero.-No hacemos especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magistrada Ponente, Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.

Indefensión
Declaración de utilidad pública
Utilidad pública
Precedentes administrativos
Denegación de la prueba
Actos propios
Deporte
Medios de prueba
Sin ánimo de lucro
Prueba documental
Principio de igualdad
Prestación de servicios
Contraprestación
Concesionaria
Práctica de la prueba
Derecho de defensa
Derecho a la prueba
Beneficios fiscales
Cooperación para el desarrollo
Cuentas anuales
Explotación económica
Colegio de médicos
Ánimo de lucro
Escuela infantil
Estados financieros auditados
Órganos territoriales