Sentencia Administrativo Nº S/S, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 24/2003 de 18 de Febrero de 2005

Confirma el TS la sentencia que acuerda que la deuda tributaria que se reclama en el procedimiento deriva del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras correspondiente a las obras de adaptación de locales para la instalación de diversos Juzgados en la ciudad de Manresa realizadas conforme a licencia, solicitando la parte demandante, la posibilidad de exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación del Ministerio de Justicia está establecida en el art. 29.1 LJCA, que alude a "obligación [o prestación] concreta de la Administración respecto de los recurrentes [de una o varias personas determinadas]", poniendo de relieve la decisión legislativa tendente a restringir los supuestos en los que es posible acudir a la vía contencioso-administrativa al amparo del citado precepto. Ese ámbito legalmente limitado se advirtió perfectamente en la tramitación parlamentaria de la Ley, ya que tanto en el Congreso como en el Senado se presentaron enmiendas dirigidas a extender el ámbito de aplicación del precepto a los supuestos en que la Administración esté obligada por una disposición general a realizar una actividad prestacional o de fomento que cuente con la pertinente dotación presupuestaria, enmiendas que fueron rechazadas.No será aplicable la previsión del art. 29 LJCA cuando la norma reconozca a la Administración un margen de discrecionalidad. En este caso no cabrá la revisión o control jurisdiccional de la inactividad de la Administración. El término prestación ha de entenderse en el sentido civil del objeto de las obligaciones, que puede consistir en un dar, hacer o, incluso, un no hacer.