Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, de 16 de Noviembre de 2001

Recurso de casación interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia contra la sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada en fecha 27 de junio de 1997, estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra su resolución sancionadora de 4 de septiembre de 1996derecho administrativo sancionador: principios de legalidad y tipicidad: tipificación de infracciones administrativas mediante ordenanza municipal: infracción del principio antedicho de legalidad sancionatoriaEl Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia contra la sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada en fecha 27 de junio de 1997, estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra su resolución sancionadora de 4 de septiembre de 1996, dictada en materia de tráfico.El fallo contiene un voto particular formulado por el Magistrado D. Nicolás Maurandi Guillén, y al que se adhiere el Presidente de la Sección 7ª, D. Enrique Cancer Lalanne, en el que ponen de manifiesto su discrepancia en cuanto a la solución que adopta la sentencia mayoritaria sobre la cuestión relativa a la garantía de la legalidad exigida por el art. 25.1 de la Constitución, por entender que no hay razones para considerar que haya sido vulnerada por la Ordenanza del Ayuntamiento de Valencia recurrida.El fallo tiene su origen en la Ordenanza Municipal de Circulación del Ayuntamiento de Valencia que tipifica como infracción "sobrepasar el límite horario indicado por el comprobante, en estacionamiento de vehículo" (art. 7). El Tribunal Supremo sostiene a este respecto que no existe cobertura legal de la tipificación de esta conducta en la Ordenanza referida, lo que entraña la vulneración del principio de legalidad del artículo 25.1 CE. Entiende que ni el artículo 25 LRBRL, ni el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, aprobatorio del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial proporcionan base normativa a dicha tipificación, porque se limitan a atribuir la competencia municipal en materia de ordenación del tráfico, sin tipificar infracción alguna o determinar la sanción correspondiente. Menos aún suministra un fundamento legal el artículo 65.3 de la Ley de Tráfico, al tratarse de una claúsula sancionadora residual, que el TC ha declarado inconstitucional en diferentes ocasiones. A juicio del Tribunal Supremo, "para que la imposición de sanciones con base en este precepto sea correcta es necesario que la concreta sanción que en cada caso se quiera imponer se base en el incumplimiento de un deber establecido (con las necesarias condiciones de claridad y certidumbre) en la propia Ley, no bastando a tal efecto que su reglamento de ejecución cumpla dichos requisitos de precisión y delimitación del deber jurídico, si los preceptos reglamentarios no tienen un respaldo legal sobre el que sustentar la infracción y su correspondiente sanción, pues para que se cumplan tales exigencias, resulta preciso que dichos deberes se encuentren precisados ya al nivel de la Ley con el debido grado de especificación, sin perjuicio que sobre la base de la previsión legal pueda añadirse un complemento de la misma por vía reglamentaria"(FJ 5º).Con todo, esta solución disiente de la doctrina sentada en otros pronunciamientos que la propia Sentencia comentada cita, y es la que explica el voto particular formulado contra la misma por dos Magistrados.