Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 264/2008 de 30 de Mayo de 2012

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 30 de Mayo de 2012
  • Tribunal: Tribunal Supremo
  • Ponente: Frias Ponce, Emilio
  • Núm. Recurso: 264/2008
  • Núm. Cendoj: 28079130022012100684
Resumen:
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, ejercicio 1991. Incremento de patrimonio producido por aportación no dineraria de las acciones emitidas por una sociedad en una ampliación de capital, previa renuncia de los socios a los derechos de suscripción preferente en favor de otra sociedad a constituir, cuyo capital es suscrito por tres socios de la entidad emisora. Transferencias patrimoniales encubiertas.

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Mayo de dos mil doce.

Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso de casación número 264/2008, interpuesto por D. Cristobal , representado por el Procurador D. Manuel Lanchares Perlado y bajo dirección de letrado, contra la sentencia de 21 de Noviembre de 2007, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso administrativo núm. 266/2006 , relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio de 1991, cuantía de 1.440.039,70 Euros.

Ha sido parte recurrida la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Con fecha 21 de Noviembre de 2007, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Cristobal , contra la resolución del TEAC de 15 de Junio de 2006, desestimatoria, a su vez, del recurso de alzada formulado frente a la resolución del TEAR de Valencia, de 29 de Octubre de 2004, referente a la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio de 1991.

Los hechos de los que parte la Sala son los siguientes:

"Con fecha 21 de noviembre de 1995 la Inspección Regional de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Valencia incoó al interesado Acta de disconformidad número NUM000 por el concepto y ejercicio citado, en la que se hace constar que las actuaciones inspectoras se iniciaron el 1 de junio de 1995, y tienen carácter parcial, al quedar circunscritas a las operaciones realizadas por el contribuyente con las acciones de ESMALTES CERÁMICOS TORRECID SA. Como resultado de las actuaciones se concluye que procede integrar en la base imponible 191.778.024 pesetas (1.152.609,14 euros) en concepto de incremento de patrimonio producido por aportación no dineraria de las acciones de TORRECID SA en la constitución de PAINVER SA. Dicho importe equivale a la diferencia entre los valores de transmisión y de adquisición y se ha generado en dos años. En el Informe ampliatorio la inspección pone de manifiesto lo siguiente, en relación a las operaciones llevadas a cabo por el contribuyente (y su padre y hermano): 1) El contribuyente y sus familiares ( padre y hermano), son titulares de 61.380 de las 99.000 acciones en que se divide el capital social de TORRECID SA, que asciende a 99.000.000 pesetas (595.001,98 euros); La Junta General de esta acordó el 8 de diciembre de 1991 ampliar el capital social en 106.000.000 pesetas (637.072,83 euros), sin prima de emisión; consta en el libro de actas que " por renuncia de todos los actuales socios a ejercer su derecho preferente de suscripción, las 106.000 acciones a emitir, serán suscritas y desembolsadas totalmente por la Sociedad de cartera a constituir de inmediato por Don Jacinto y sus hijos Don Maximiliano y Don Cristobal "; el patrimonio neto de TORRECID SA a 8 de diciembre de 1991, según último balance a 31 de diciembre de 1990 es de 2.343.518.633 pesetas (14.084.830,65 euros); 2) El 24 de diciembre de 1991 se constituye PANIVER SA con un capital de 130.000.000 pesetas (781.315,74 euros), totalmente desembolsado, del que el contribuyente suscribe el 17%, y su padre y hermano el restante 83%. El desembolso de dicho capital se efectúa con fondos prestados por entidad bancaria mediante aval de TORRECID SA; 3) el 26 de diciembre de 1991 se lleva a cabo la ampliación de capital de TORRECID SA previamente acordada; PAINVER SA suscribe y desembolsa las nuevas acciones; en esta última fecha se llevan a cabo, además, ciertas transacciones de acciones por cuya virtud quedan como únicos socios de TORRECID SA el contribuyente, su padre y su hermano, ya sea de forma directa o indirecta a través de PAINVER SA.

A la vista de lo anterior, concluye el actuario en su informe que PAINVER SA con un desembolso de tan solo 106.000.000 pesetas (637.072,83 euros), adquiere el 51,7073% del patrimonio de TORRECID, lo que equivale a un valor de 1.211.780.287 pesetas (7.282.946,2 euros). Ello implica el desplazamiento de parte del patrimonio de TORRECID SA que pasa de pertenecer a los socios personas físicas, a ser detentado por la sociedad de cartera PAINVER SA. Todo ello, con la única finalidad de aportar la mayoría del patrimonio de TORRECID a una sociedad controlada por el contribuyente, su padre y hermano, eludiendo la tributación correcta y constituye un negocio indirecto. De acuerdo con la Inspección el sujeto pasivo y sus dos familiares son quienes realmente suscriben las acciones en la ampliación de TORRECID SA y posteriormente aportan los títulos a PAINVER SA. Ello equivale a la aportación de las acciones que les corresponden en la ampliación de capital a la nueva sociedad PAINVER SA, y esta enajenación produce un incremento de patrimonio, por la diferencia entre el valor de transmisión (valor teórico según último balance aprobado por TORRECID SA) y el de adquisición, que en este caso son los 106.000.000 pesetas (637.072,83 euros)

Sin que el sujeto pasivo formulara alegaciones, la Delegación Especial de Valencia con fecha 10 de abril de 1996 confirmó en lo sustancial la liquidación, con un deuda integrada por cuota, intereses y sanción del 50% de dicha cuota. Impugnada la liquidación ante el Tribunal Económico-Regional de Valencia, en sesión de 28 de febrero de 2000 (reclamación NUM001 ) acordó estimar la misma, anulando el acuerdo impugnado y disponiendo la reposición de actuaciones, por apreciar defecto formal en la tramitación consistente en la falta de puesta de manifiesto del expediente para que el contribuyente pudiera efectuar alegaciones. Cumplidos dichos trámites, con fecha 18 de abril de 2001 el Inspector Regional practicó nueva liquidación comprensiva de cuota e intereses de demora (189.686.645 pesetas - 1.140.039,70 euros-). Además, con fecha 11 de mayo de 2001 se notificó al interesado la iniciación del expediente sancionador por los hechos, que concluyó mediante resolución de 19 de julio de 2001, en la que se impuso al sujeto pasivo un sanción por infracción grave de 52.861.975 pesetas (317.706,87 euros), que fue impugnada ante el Tribunal Regional."

A continuación, el Tribunal "a quo" rechazó los distintos motivos de impugnación invocados, que hacían referencia a la incompetencia de la Dependencia Regional de Inspección, con sede en Valencia, para llevar a cabo las actuaciones de comprobación; a la prescripción del derecho de la Administración a practicar la liquidación, bien por inactividad del Tribunal Regional de Valencia, bien por paralización de las actuaciones inspectoras durante más de seis meses, bien como consecuencia de la nulidad de la liquidación inicialmente practicada; a la calificación de las operaciones realizadas; al cálculo de los intereses de demora; y a la sanción.

En relación a la supuesta incompetencia alegada argumentó la Sala que lo que se denuncia no es sino un supuesto de incompetencia jerárquica, que carece de entidad para provocar la nulidad del procedimiento, aparte de que las actuaciones de comprobación eran de carácter parcial por lo que la norma aplicable al caso no era la invocada, apartado cinco 2.1 y 2 de la Resolución de 24 de Marzo de 1992, en la redacción dada por la de 16 de Diciembre de 1994, sino el apartado cinco 2.3 de la misma.

Respecto a la prescripción por inactividad del TEAR, al haber mediado más de cuatro años entre la interposición de la reclamación, el 6 de Mayo de 1996, y la fecha en que le fue notificada la resolución recaída el 28 de Febrero de 2000, mantiene que el escrito de alegaciones, presentado el 23 de Noviembre de 1996, tuvo eficacia interruptiva.

Tampoco acepta la prescripción por la paralización de las actuaciones por más de seis meses, (entre la fecha en que fue notificado a la Dependencia de Inspección el primer acuerdo del TEAR de Valencia, en que se resolvía reponer las actuaciones, lo que tuvo lugar el 22 de Marzo de 2000, y la notificación por la misma Dependencia del acuerdo de puesta de manifiesto, el 22 de Noviembre de 2000), por tratarse de actuaciones realizadas en ejecución del fallo del Tribunal que no se incardenan en un procedimiento de inspección, según sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Junio de 2004 , llegando a la misma conclusión por la tercera causa invocada, al no tratarse el defecto que determina la anulación del TEAR de 28 de Febrero de 2000 de un supuesto de nulidad de pleno derecho.

En cuanto al fondo confirma el criterio de la Inspección, en base a la siguiente argumentación:

"Por lo que respecta a la calificación de las operaciones realizadas, la demandante insiste -reiterando los argumentos ya rechazados por el TEAC-, en que las operaciones realizadas carecían de ánimo elusorio, y que componen una de las múltiples opciones con las que contaba el recurrente para materializar unas legítimas motivaciones extrafiscales. Los negocios realizados por el demandante - dice- constituyen una mera reestructuración sin más objetivo que el de incrementar el capital de TORRECID SA y sustituir la participación directa de dicha sociedad por una participación indirecta a través de PAINVER SA, dando salida a determinados accionistas.

La Administración tributaria ha entendido, por el contrario, que ha de aplicarse el artículo 28.2 de la LGT de 1963 , que dispone que " El tributo se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por la ley cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hayan dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez". La Inspección sostiene que las operaciones realizadas por Don Cristobal , en su condición de socio de TORRECID SA, han consistido en una renuncia a su derecho de suscripción preferente en la ampliación de capital anteriormente descrita, lo que permitió un desplazamiento de reservas de la sociedad, cuya titularidad le corresponda, de 191.778.024 pesetas, a favor de la sociedad PAINVER SA, en la que el obligado participa en un 17%, por lo que es necesario atenerse a la verdadera naturaleza económica del hecho imponible.

Tal y como expresa el TEAR de Valencia en su resolución de 29 de octubre de 2004, el obligado renunció a su derecho de suscripción preferente sin recibir remuneración alguna, si bien la renuncia se produce a favor de personas determinadas ( renuncia traslativa, prevista en el artículo 12 del Reglamento del Impuesto ). Por ello, dice el TEAR, el contribuyente no se limitó a renunciar los derechos de suscripción preferente que le correspondían, sino que lo hizo con la finalidad de que la ampliación de capital fuera suscrita por la entidad PAINVER SA, de la que el recurrente es socio con una participación del 17%. En consecuencia la renuncia ha supuesto un enriquecimiento de la sociedad suscriptora de las acciones, determinante de un incremento patrimonial, que se califica como tal de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre , y el apartado 8 d) del mismo.

El artículo 20 citado establece que "1. Son incrementos o disminuciones de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquel, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente"; Añade el párrafo 8 que " Cuando la alteración en el valor del patrimonio proceda: ...d) De las aportaciones no dinerarias a sociedades, el incremento o perdida de capital se determinará por la diferencia entre el valor de adquisición de los bienes o derechos aportados y la cantidad mayor de las tres siguientes:

Primera. El valor nominal de la aportación.

Segunda. El valor de cotización en bolsa de los títulos recibidos en el día en que se formalice la aportación o el inmediato anterior.

Tercera. La valoración del bien aportado, según los criterios establecidos en las normas del impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las personas físicas".

Así, la Inspección ha procedido a valorar la aportación no dineraria tomado en consideración el valor teórico contable según último balance aprobado a 31-12-1990, o neto transferido, que ha sido valorado en 191.778.024 pesetas por los servicios de valoración de la Inspección, y ha servido para determinar el incremento patrimonial producido por la enajenación de unos derechos a título gratuito.

De acuerdo con las normas citadas la calificación efectuada por la Inspección debe reputarse ajustada a derecho. En efecto, la Inspección incide en el hecho de que como consecuencia de las operaciones que venimos describiendo, se ha producido: de un lado, una renuncia a unos derecho de suscripción preferente en la ampliación de capital acordada, que se transmiten a título gratuito, y a su vez, como consecuencia de esa renuncia, la entidad PAINVER SA ha suscrito la totalidad de la ampliación, pasando a controlar el 51,70% del capital de TORRECID SA, de forma indirecta, cuyo patrimonio neto es de 2.343.518.633 pesetas. De esta forma, lo que se ha producido es una aportación no dineraria a la nueva sociedad que no ha tributado como tal, cuando debió hacerlo conforme a lo expresado en los artículos 20.1 y 20.8 d) de la Ley 44/1987 .

La Inspección ha calificado las diversas operaciones realizadas, de acuerdo con las potestades que le han sido conferidas en el artículo 28.2 de la LGT de 1963 , abstracción hecha de la vestidura formal de los diferentes negocios( Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia de 30 Mar. 2006, rec. 581/2003 ), para atenerse a la verdadera naturaleza jurídica y efecto de los referidos negocios, en los que va insito un incremento de patrimonio que no ha tributado, cuando la correcta aplicación de las normas impone la tributación. Ello resulta adecuado a derecho, y a las normas que eran de aplicación, frente a las que la parte actora no aporta argumentos contundentes que desvirtúen estos razonamientos, lo que impone la desestimación de este motivo.

Por último, indicar que aun cuando la parte recurrente trae a colación las normas atinentes al fraude de ley, lo cierto es que el acuerdo combatido en modo alguno hace referencia al mismo, puesto que lo que se cuestiona no es la existencia de fraude, sino la calificación de un conjunto de negocios, que han dejado sin gravamen a un incremento de patrimonio que debía someterse a tributación ".

Finalmente, mantiene el cálculo de los intereses de demora desde el 21 de Junio de 1992 (día siguiente a la terminación del plazo voluntario de pago de la liquidación) hasta la fecha en que se entiende practicada la nueva liquidación, por no ser aplicable la Ley General Tributaria, art. 26, al supuesto litigioso; así como la sanción, al no poder apreciarse la extemporaneidad de la iniciación del expediente sancionador, por inaplicación del art. 49.2j) del Reglamento de Inspección al caso, no obstante haberse incoado con carácter separado e independiente, y desprenderse de la conducta la existencia de culpabilidad al no haberse autoliquidado ni declarado el incremento de patrimonio que dio lugar a la regularización, de lo que solo cabía deducir un ánimo de evitar la carga tributaria correcta.

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia, la entidad preparó recurso de casación, siendo formalizado con la súplica de que se case y anule y se resuelva de conformidad con los motivos invocados.

TERCERO.- Conferido traslado al Abogado del Estado se opuso al recurso, interesando sentencia desestimatoria.

CUARTO.- Para el acto de votación y fallo se señaló la audiencia del día 21 de Mayo de 2012, fecha en la que tuvo lugar la referida actuación procesal.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce,

Fundamentos

PRIMERO.- La parte recurrente articula cinco motivos de casación, todos por el cauce del apartado d) del art. 88.1 de la Ley Jurisdiccional .

En el primero se denuncia la infracción del art. 28.2 de la Ley General Tributaria , en su redacción dada por la ley 25/1995, de 20 de Julio, al haber confirmado la Audiencia Nacional el criterio de la Inspección en el sentido de que la naturaleza jurídica del negocio ejecutado por las partes no es otro que una aportación no dineraria de los derechos de suscripción preferentes al capital de Painver, S.A, y que dicha calificación es la que debe determinar el régimen tributario aplicable, al haber obtenido una plusvalía equivalente a las plusvalías implícitas existentes en el 17% de las acciones emitidas,

Mantiene que la calificación efectuada carece de todo fundamento ya que no existe una mínima equivalencia entre los hipotéticos negocios jurídicos de los que se deriva la tributación liquidada por la Inspección, y confirmada por la Audiencia Nacional, y la verdadera situación jurídica resultante de las operaciones efectuadas, no explicándose como es posible que teniendo en su patrimonio sólo el 8% del capital social de Torrecid, S.A y, por tanto de los derechos de suscripción, se ha puesto de manifiesto en su patrimonio una plusvalía sobre el 17% de dicho capital, mediante una supuesta aportación no dineraria, sin que pueda salvarse la construcción de la Inspección entendiendo que hubo una previa traslación de dichos derechos de suscripción por parte de accionistas terceros, por no haber quedado acreditada en el expediente, y porque en todo caso los derechos recibidos se hubiesen valorado a mercado a efectos fiscales, y no podría haber dado lugar a ninguna plusvalía al tiempo de la supuesta aportación de los mismos al capital de Painver, S.A, habiendo sido también las consecuencias fiscales las mismas aunque se entendiese que dichos derechos fueron transmitidos a titulo oneroso.

A mayor abundamiento entiende que ni la Administración Tributaria, ni la Audiencia Nacional han demostrado que existiese un fin defraudatorio al realizarse el iter de operaciones que tuvieron lugar en el ejercicio 1991, por las razones que señala, haciendo hincapié en que los actos y negocios realizados constituyen una mera reestructuración sin más objetivo y resultado que el de incrementar el capital Torrecid, S.A, y sustituir una parte de la participación directa en dicha sociedad por una participación indirecta a través de Painver, S.A, para dar salida a determinados accionistas de Torrecid, S.A.

Finaliza su exposición la parte señalando que si la Administración Tributaria hubiera entendido que la serie de actos y negocios realizados suponen un camino inapropiado para eludir el hecho imponible que hubiese resultado de haberse alcanzado dichos resultados por una vía más adecuada, el único mecanismo que le permitía el ordenamiento jurídico tributario era el de acudir al expediente del fraude de ley, que exigía un procedimiento especial y excluía, en cualquier caso, la sanción.

SEGUNDO.- Esta Sala ha tenido ocasión de resolver el recurso de casación nº 5319/2008, interpuesto por el hermano del hoy recurrente, en sentencia de 28 de marzo de 2012 , y en que se planteaba el mismo motivo.

Por razones de unidad de doctrina hemos de estar a lo que allí declaramos y que fue lo siguiente, si bien con la precisión de que la Inspección se acogió al antiguo art. 25.3 de la Ley General Tributaria , antes de su modificación por la ley 25/1995, de 20 de Julio.

"Por lo que se refiere al primero de los motivos, el referente a la errónea calificación jurídica de la operación llevada a cabo por la Audiencia Nacional, y previamente por la Inspección, hay que poner de relieve:

1.- Que para obtener las conclusiones reseñadas en la descripción de los hechos, y contrariamente a lo que el recurrente sostiene, la Inspección y la Audiencia se basan en las situaciones patrimoniales de las que es titular el recurrente existentes al inicio de las operaciones y al final de ellas en las entidades TORRECID, S.A. y PAINVER, S.A.

2.- Que esta situación no se concibe sin explicar lo que se hizo con los derechos de suscripción propios y de terceros en la ampliación de capital de TORRECID, S.A. explicación que el recurrente no ofrece, y, que, contrariamente, sí se infiere de la resolución administrativa impugnada y de la sentencia recurrida.

Las argumentaciones del recurrente sobre la posibilidad de realizar la mencionada operación, con idénticos efectos, unos meses después, no es asumible. Y no lo es porque constituye un futurible que no puede ser enjuiciado, y, en segundo lugar, porque se parte de que las operaciones de restructuración no requieren de unos requisitos objetivos que no podemos saber si se habrían producido dos meses después y en qué circunstancias.

Por último, las referencias que el recurrente formula sobre una hipotética cobertura de las operaciones llevadas a cabo en la "economía de opción" son gratuitas, pues lo que aquí se está liquidando son unas transferencias patrimoniales encubiertas, absolutamente ajenas a lo que una economía de opción es.

Las críticas a la sentencia por la falta de justificación de la calificación escogida carece de sustento si se tiene presente que el séptimo fundamento tiene el siguiente contenido: ... (la argumentación ha sido reseñada en el Antecedente Primero).

La argumentación transcrita excluye que la sentencia impugnada pueda ser tachada de carente de justificación en el punto analizado."

TERCERO.- Los restantes motivos hacen referencia a la infracción del art. 20.1 y 20.8 d) de la Ley 44/1978, de 8 de Septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , porque aunque se aceptara que lo que se produjo es una traslación de los derechos de suscripción preferentes a Painver, S.A, el incremento debería de haber sido calculado sobre la base del 8% de su participación en Torrecid, S.A y no sobre la base del 17% que tenía en Painver, ya que ese cálculo exigía una operación previa de adquisición del 9 % adicional de los demás accionistas y que los hubiera aportado a Painver, aunque en este caso los derechos adicionales se habrian valorado a valor de mercado y su posterior aportación no daría incremento alguno de patrimonio (motivo segundo); a la infracción de los artículos 77 y 79 de la Ley General Tributaria , por no haberse demostrado la culpabilidad a efectos de la sanción (motivo tercero); a la infracción del artículo 64.B de la Ley General Tributaria , por no haberse apreciado la prescripción por (motivo cuarto), y a la infracción del artículo 31 quarter del Reglamento General de Inspección de Tributos en la redacción dada por el Real Decreto 136/2000, de 4 de Febrero, de desarrollo parcial de la ley 1/1998, de 26 de Febrero de Derechos y Garantías del Contribuyente, al existir prescripción por paralización de las actuaciones inspectoras por más de seis meses (motivo quinto).

Sobre estos motivos, salvo el tercero, también se pronunció la Sala en la referida sentencia de 28 de marzo de 2012 , debiéndose reproducir lo que allí declaramos.

Así por lo que respecta al motivo segundo dijimos que:

" QUINTO .- Ens el siguiente motivo se entiende vulnerado el artículo 20.1 y 20.8 del Decreto Ley 44/1978, de 27 de diciembre .

Es patente que no se produce la infracción denunciada. El recurrente se atiene en el razonamiento que apoya su tesis a su participación inicial en la entidad TORRECID, S.A., pero lo verdaderamente relevante resulta del contraste entre la situación patrimonial inicial y final después de realizadas las operaciones mencionadas más arriba y que son el eje de la controversia. Pues bien, al ser la participación final del actor en PAINVER, S.A. del 32 % los cálculos realizados por la Inspección han de reputarse correctos......."

En relación con el motivo cuarto se argumentó que :

"NOVENO.... en lo que se refiere a la prescripción derivada del plazo de duración de la reclamación administrativa, es rechazado por la Audiencia Nacional por entender que el escrito de alegaciones formulado en ese procedimiento interrumpe la prescripción.

Tal doctrina recogida en el sexto fundamento de la sentencia impugnada es compartida por esta Sala en las sentencias que cita y en otras muchas.

A mayor abundamiento, la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2006 no solo no corrobora la tesis del recurrente, sino que es un rechazo de ella."

Finalmente, en cuanto al cuarto motivo se señaló que:

"SÉPTIMO .- La paralización de las actuaciones inspectoras, por plazo superior a seis meses, plazo que se computa desde que el TEAR acuerda la retroacción de actuaciones hasta que estas se ponen de manifiesto al sujeto pasivo para que formule alegaciones, y a las que el recurrente entiende aplicable el artículo 31.4 del R.G.I.T . no puede ser apreciado. Efectivamente, el precepto citado no puede operar sobre actuaciones que son ejecución de resoluciones del TEAR, y que, por tanto, no son actuaciones de comprobación e inspección."

CUARTO.- En cambio, la Sala no pudo pronunciarse sobre el motivo tercero, al haber apreciado previamente la prescripción y la extemporaneidad de la iniciación del expediente sancionador, motivos que, sin embargo, no se articulan en el presente recurso de casación, lo que obliga a entrar en el examen de la valoración de la conducta que hace tanto el acuerdo sancionador, como la Sala, pues para que haya sanción es necesario que la Administración pruebe la concurrencia de las circunstancias que determinan la culpabilidad del infractor.

En este caso, el Inspector Regional, partiendo de que en el expediente de comprobación se había puesto de manifiesto la existencia de una aportación no dineraria que no había tributado como tal en la correspondiente declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisícas, ejercicio 1991, presentada por el contribuyente, argumenta que no es posible apreciar que el contribuyente hubiere actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma , porque de forma consciente y planificada se realizan un conjunto de actos, que consisten básicamente en la renuncia al ejercicio del derecho de suscripción preferente en la ampliación de capital de Torrecid, S.A, lo cual comporta un desplazamiento de reservas hacia la sociedad suscriptora, Painver, al satisfacer esta última sociedad sólo el nominal de los titulos, dándose la circunstancia de que el contribuyente resulta ser simultáneamente socio de las dos sociedades, sin que pueda aducirse como justificación a ello que las operaciones realizadas respondan a un plan estratégico de reestructuración de la empresa familiar, porque aunque se aceptase que existían estas razones económicas "se aprecia negligencia en el proceder del sujeto pasivo, en el sentido de la ausencia de una previsión consciente y voluntaria de las consecuencias fiscales que implica su conducta".

Por su parte, la Sala de instancia, aunque mantiene que la sanción tributaria no puede operar de forma automática sin examinar la culpabilidad del sujeto pasivo, rechaza que en este caso el recurrente hubiera puesto la diligencia necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, porque para apreciar este presupuesto es necesario la presentación de una declaración veraz y completa, y que la autoliquidación se ampare en una interpretación de la norma favorable, lo que no había ocurrido, al no haber declarado el incremento de patrimonio que dio lugar a la regularización, dejando de ingresar una importante suma de dinero, de lo que solo cabía deducir un animo de evitar la carga tributaria correcta.

Esta motivación se considera insuficiente para acreditar la culpabilidad, porque la presunción de inocencia impide aplicar meros indicios de intencionalidad, debiendo reconocerse que la Administración se limitó a calificar la operación realizada, sin que en momento alguno apreciase la existencia de simulación, ni la figura de fraude de ley, que excluía la imposición de sanciones, en virtud de lo dispuesto en el art. 24.3 de la Ley General Tributaria .

QUINTO.- Por lo expuesto, procede estimar el tercer motivo y, por las mismas razones, el recurso contencioso administrativo en lo que afecta a la sanción, lo que comporta la estimación parcial del recurso de casación y la anulación de la sanción impuesta, sin imposición de las costas causadas en la instancia, ni en casación, en virtud de lo dispuesto en el art. 139 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la autoridad que nos confiera la Constitución.

Fallo

1ª.- Que debemos estimar y estimamos parcialmente el Recurso de Casación interpuesto por el Procurador D. Manuel Lanchares Perlado, actuando en nombre y representación de D. Cristobal .

2º.- Anulamos la sentencia impugnada en el pronunciamiento confirmatorio de la sanción, pronunciamiento que se anula, dejando sin efecto la misma.

3º.- Se desestima el recurso en todo lo demás.

4º.- No hacemos imposición de las costas causadas en ambas instancias.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Rafael Fernandez Montalvo D. Juan Gonzalo Martinez Mico D. Emilio Frias Ponce D. Angel Aguallo Aviles D. Jose Antonio Montero Fernandez D. Ramon Trillo Torres PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma D. Emilio Frias Ponce, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, ante mi el Secretario. Certifico.

Plusvalías
Aportaciones no dinerarias
Negocio jurídico
Capital social
Fraude de ley
Aumento de capital
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Expropiación especial
Valor de mercado
Expediente sancionador
Obligaciones tributarias
Sanciones tributarias