Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 325/2010 de 10 de Febrero de 2011

La Sala estima el presente recurso de casación, al entender que cuando el Ayuntamiento de Ulldecona comenzó a cobrar la cuota por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) debida por «Aumar» no dejó de ingresar sumas que antes recibiera, por lo que no considera que haya sufrido detrimento patrimonial alguno. Es decir, los Ayuntamientos, por la permanencia del beneficio consistente en la bonificación del 95% de la cuota de dicho tributo, no pasaron a recaudar menores rendimientos de los que venían recibiendo, porque tal beneficio existía con anterioridad respecto de los que el IBI venía a sustituir. Y, resolviendo el debate en los términos en los que viene suscitado, la Sala desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el referido Ayuntamiento de Ulldecona contra la Resolución dictada por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda, que le denegó la compensación de 648.587,46 euros, más sus intereses legales, importe de la bonificación en la cuota del IBI de que disfrutó durante los años 2004 a 2006 la compañía concesionaria de la autopista de peaje AP-7 ante la inexistencia de una obligación nacida de compromisos internacionales, de la Constitución o de la Ley a cargo del Estado para realizar la referida compensación, sin perjuicio de que, por criterios de oportunidad, que no de legalidad, pudiera, según la Sala, considerarse conveniente analizar la posibilidad de una eventual reparación.