Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 5631/2008 de 26 de Enero de 2012

El principio de capacidad económica establecido en el art. 31.1 de la CE que invoca la parte recurrente, representa un límite y un mandato dirigido al legislador , lo que, en todo caso, podría vulnerar la Sentencia impugnada son los preceptos aplicables al supuesto enjuiciado, no el citado principio. En efecto, en el supuesto de que la Administración tributaria impusiera un gravamen superior al que se desprende de la norma tributaria por las causas que se alegan en el recurso , más que la lesión del principio de capacidad económica -que, en principio, sólo resulta imputable al legislador [como ha señalado el Tribunal Constitucional, el principio de capacidad económica establecido en el art. 31.1 CE impide en todo caso que el legislador establezca tributos -sea cual fuere la posición que los mismos ocupen en el sistema tributario, de su naturaleza real o personal, e incluso de su fin fiscal o extrafiscal- cuya materia u objeto imponible no constituya una manifestación de riqueza real o potencial, esto es, no le autoriza a gravar riquezas meramente virtuales o ficticias y, en consecuencia, inexpresivas de capacidad económica.) En cuanto al recurso del Abogado del Estado, la razón de la estimación parcial por falta de culpabilidad en la conducta de la actora, se debió no sólo a que la misma hubiera realizado una interpretación razonable de las normas aplicables en sí mismas consideradas, sino en relación con los criterios de valoración de la participación social.