Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 6592/2003 de 11 de Octubre de 2006

La protección de determinadas especies vegetales al amparo de normas y en ejercicio de competencias que el ordenamiento jurídico estatal reconoce a las CCAA. debe hacerse acudiendo a los instrumentos normativos congruentes, tanto en garantía de los intereses públicos concernidos como de los legítimos intereses privados. El procedimiento aprobado por la Comunidad Autónoma de Cantabria para regular las autorizaciones de los parques eólicos no es el cauce adecuado para someter un espacio territorial al régimen jurídico derivado de alguna de las calificaciones previstas en aquella legislación estatal. Las decisiones que se adopten en ese procedimiento específico pueden y deben basarse en tales previas calificaciones jurídicas, es decir, en las limitaciones establecidas en dichas normas estatales, cuya precisa y concreta invocación debe quedar reflejada en el expediente administrativo. Ello, naturalmente, sin perjuicio de las limitaciones resultantes de las complementarias medidas de protección que las CCAA., en desarrollo de sus competencias, puedan adoptar, como se desprende de los arts. 21.1 y 2 de la Ley 4/1989, y 3 y 4 del RD. 1997/1995. Al no entenderlo así, la sentencia impugnada ha hecho una interpretación contraria a Derecho al desestimar un recurso contencioso-administrativo con fundamento en razones no conformes con la exégesis del ordenamiento jurídico que hasta aquí hemos desarrollado.