Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Rec 3407/2008 de 23 de Mayo de 2011

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  • Orden: Administrativo
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  • Tribunal: Tribunal Supremo
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  • Núm. Cendoj: 28079130062011100297
Resumen:
NACIONALIDAD: BUENA CONDUCTA CÍVICA.

Encabezamiento

S E N T E N C I A

TRIBUNAL SUPREMO.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN: SEXTA

Excmos. Sres.:

Presidente:

D. Octavio Juan Herrera Pina

Magistrados:

D. Luis María Díez Picazo Giménez

D. Juan Carlos Trillo Alonso

D. Carlos Lesmes Serrano

D. Agustín Puente Prieto

En la Villa de Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil once.

Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, contra la sentencia de 29 de abril de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 3ª) en el Recurso Nº 350/2006 , por la que se estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Eduardo contra la Resolución del Ministerio de Justicia de 16 de febrero de 2006, por la que se le denegó la concesión de la nacionalidad española al no haber justificado suficientemente buena conducta cívica. Ha sido parte recurrida Don Eduardo representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. Purificación Bayo Herranz.

Antecedentes

PRIMERO .- La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 29 de abril de 2008 , objeto de este recurso, contiene el siguiente fallo:

"PRIMERO.- Estimar el recurso contencioso administrativo nº 350/2006, interpuesto D. Eduardo , representado por la Procuradora D. Eduardo y asistido por el Letrado D. JOSÉ BAYO HERRÁN, contra la resolución del Ministerio de Justicia, de fecha 16 de febrero de 2006, que deniega la nacionalidad española al recurrente por falta de buena conducta cívica, resolución que anulamos por considerarla no ajustada a Derecho.

SEGUNDO.- Reconocer el derecho del recurrente a la adquisición de la nacionalidad española.

TERCERO.- No hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas del procedimiento".

SEGUNDO .- Una vez notificada la citada sentencia, se presentó escrito por el Abogado del Estado, manifestando su intención de interponer recurso de casación, que se tuvo por preparado por providencia de 20 de junio de 2008, siendo emplazadas las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.

TERCERO .- Con fecha 31 de julio de 2008 se presentó escrito de interposición del recurso de casación, haciendo valer un motivo al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del artículo 22.4 del Código Civil , así como por infracción de la jurisprudencia, solicitando la estimación del recurso y que se case y anule la sentencia recurrida y, en su lugar, se dicte otra declarando la conformidad a Derecho del acto impugnado en la instancia.

CUARTO.- Admitido a trámite el recurso en fecha 10 de octubre de 2008; se dio posterior traslado a la parte recurrida para que formalizara escrito de oposición, lo que hizo mediante escrito presentado el 7 de abril de 2009, en el que solicita la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida, con expresa condena en costas.

QUINTO.- Conclusas las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, a cuyo efecto se señaló el día 18 de mayo de 2011, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrera Pina , Magistrado de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- Formulada solicitud de reconocimiento de la nacionalidad española por Don Eduardo , nacional de Marruecos, le fue denegada por resolución del Ministerio de Justicia de 16 de febrero de 2006, basándose dicha resolución en que aún cuando el solicitante llevaba el tiempo exigido de residencia legal en España y había justificado una integración suficiente en la sociedad española,

"no ha justificado suficiente buena conducta cívica, ya que según consta en la documentación que obra en el expediente tiene antecedentes de fechas: 17/1/1979 por lesiones; 30/12/1980 por lesiones y robo con fuerza en las cosas; 13/12/1985 por tenencia de drogas para tráfico. El interesado en fase de alegaciones aporta certificado del Juzgado de Instrucción nº 12 de Madrid, en el que se acredita" ...que no tiene causa pendiente... en relación a los hechos ocurridos en 1980...". Valorada la trayectoria del solicitante durante su primera permanencia en España revela que estamos ante un reincidente cuyos hechos revisten suficiente gravedad sin que la no existencia, de antecedentes penales, en el momento de su petición, sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica, tal y como establece el art. 22.4 del Código Civil ".

No conforme con ello el interesado interpuso recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, en el que recayó sentencia estimatoria de 29 de abril de 2008 . Contiene dicha sentencia la siguiente fundamentación jurídica (que transcribimos a continuación en cuanto interesa a los efectos del presente recurso de casación):

"Partiendo de lo expresado en los fundamentos jurídicos precedentes y teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en el supuesto enjuiciado, debemos concluir que el recurrente ha cumplimentado el presupuesto de la buena conducta cívica a los efectos del reconocimiento de la nacionalidad española.

En efecto, aún siendo cierto que el recurrente se vio incurso en una serie de diligencias policiales y judiciales entre los años 1979 y 1985 por presunta participación en diversos hechos delictivos especialmente graves (lesiones, robo con fuerza en las cosas y tenencia de droga para el tráfico), no tenemos constancia de que ninguna de las referidas diligencias concluyeran en sentencia penal que condenara al recurrente.

Por otro lado, el antecedente más próximo del recurrente desde la solicitud de nacionalidad se remonta casi a 20 años, casi a 22 años si se tiene en cuenta la fecha de la resolución recurrida, sin que desde entonces conste antecedente policial o judicial contra el mismo.

Además frente a las diligencias policiales y judiciales seguidas contra el recurrente, insistimos muy anteriores a la fecha de la solicitud de nacionalidad, concurren otros elementos positivos que indican, desde hace bastantes años, la total integración del recurrente en nuestra sociedad y el mantenimiento de una conducta cívica acorde con el estándar medio.

En este sentido, de la documentación incorporada al expediente administrativo y a las actuaciones judiciales se desprende que el recurrente viene residiendo legalmente en España desde el año 1983, contando con un permiso de residencia permanente e indefinido desde el año 2000; carece de antecedentes penales en su país de origen y en España; cuenta con un amplio historial laboral en el sector de la construcción, habiendo cotizado a la Seguridad Social más de ocho años al tiempo de solicitar la nacionalidad; cumple regularmente con sus obligaciones fiscales; y se encuentra unido a una ciudadana española, con la que comparte vivienda en propiedad.

Finalmente, tanto el Ministerio Fiscal como el Juez Encargado del Registro Civil informaron favorablemente la concesión de la nacionalidad española al recurrente.

Consideramos por todo ello que en el supuesto enjuiciado el recurrente ha acreditado una conducta cívica suficiente a los efectos de la adquisición de la nacionalidad española, ya que no consta que las actuaciones policiales y judiciales en las que se vio incurso concluyeran con sentencia condenatoria, encontrándose además muy alejadas de la solicitud de nacionalidad y existiendo en la actualidad elementos que indican la integración del recurrente en la sociedad española y el mantenimiento de una conducta cívica acorde con el estándar medio exigible en nuestro país".

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia se interpone este Recurso de Casación por el Abogado del Estado, fundamentado en un único motivo, que se ha formulado bajo el amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción ; por infracción del artículo 22.4 del Código Civil .

El Abogado del Estado sostiene que existe infracción de dicho precepto. Por un lado, "porque de la sentencia resulta algo así como una presunción de buena conducta cívica, salvo que la Administración pruebe lo contrario" , cuando lo que exige el mencionado artículo es precisamente lo opuesto, es decir, que el solicitante acredite en positivo la concurrencia del requisito de buena conducta cívica. Y por otra parte, porque la sentencia "parece entender que la buena conducta cívica queda acreditada con la ausencia de antecedentes penales y policiales" ; cuando no son estos los elementos que la caracterizan. Invoca, en apoyo de su tesis, las sentencias de este Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2000 y 15 de diciembre de 2004 , y concluye afirmando que los antecedentes del solicitante constituyen un dato que arroja una duda sobre su conducta que a él le correspondía contrarrestar, lo que no ha hecho.

TERCERO.- El motivo de casación planteado no puede prosperar.

La sentencia de instancia no establece ninguna presunción de buena conducta cívica ni desconoce o infringe la jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación del concepto jurídico indeterminado "buena conducta cívica". Al contrario, el Tribunal a quo recoge esa doctrina jurisprudencial y la proyecta sobre el caso examinado, valorando los hechos concurrentes y llegando a la conclusión de que los datos negativos anotados en la resolución denegatoria de la nacionalidad carecen de virtualidad, porque las actuaciones penales seguidas contra el solicitante se refieren a hechos remotos en el tiempo que además no culminaron en sentencia penal condenatoria alguna; y porque concurren datos positivos que permiten apreciar luna conducta ciudadana correcta y una plena integración social.

Así las cosas, carece de fundamento imputar a dicha sentencia una suerte de "presunción de buena conducta cívica", cuando la Sala, lejos de dar por sentada esa presunción, estima el recurso, precisamente, porque los datos negativos esgrimidos por la Administración carecen de relevancia y porque el demandante ha aportado diversos datos positivos que permiten sustentar su pretensión.

Carece, asimismo, de justificación imputar a la sentencia que "parece entender que la buena conducta cívica queda acreditada con la ausencia de antecedentes penales y policiales" . La Sala de instancia no entiende tal cosa en ningún momento. Al contrario, por encima de la mera carencia o cancelación de los antecedentes penales, cita distintos datos de carácter positivo en favor del actor, y aprecia, globalmente, el conjunto de elementos, tanto positivos como negativos, indicadores de la conducta y del comportamiento en sociedad de éste, quien se encuentra integrado en nuestra sociedad, residiendo legalmente en España desde 1983, dispone de medios de vida estables, al contar con un contrato de trabajo; ha cotizado durante más de doce años a la seguridad social y cumple con sus obligaciones tributarias; convive con una ciudadana española con la que comparte vivienda en propiedad, y no tiene otros antecedentes penales distintos de los que valoró la Administración, ni en su país de origen ni en España; a lo que se añade que tanto el Ministerio Fiscal como el Juez Encargado del Registro Civil, informaron favorablemente la concesión de la nacionalidad española.

Lo que hace la sentencia de instancia es, pues, apreciar conjuntamente los elementos, tanto positivos como negativos, indicadores de la conducta y del comportamiento en sociedad del solicitante; y, hemos de añadir, la conclusión así alcanzada por la Sala de instancia no resulta contraria a Derecho, ni se opone a la jurisprudencia sobre la materia.

Según jurisprudencia constante (recogida, por ejemplo, en STS de 12 de febrero de 2010, RC 1076/2007 ), el hecho de haber sido penalmente condenado no es, por sí solo, suficiente para tener por no acreditada la buena conducta cívica, de la misma manera que el hecho de carecer de antecedentes penales tampoco basta para tener dicho requisito por probado. Las actuaciones penales, con o sin condena, que hayan podido seguirse contra quien solicita la nacionalidad española por residencia son datos a tener en cuenta, junto con otros que puedan resultar relevantes, para valorar la actitud del solicitante desde el punto de vista del civismo. Por eso, la existencia o inexistencia de antecedentes penales no es decisiva: es posible que, aun habiendo sido ya cancelados los antecedentes penales, un hecho ilícito sea tan elocuente acerca de la falta de civismo del solicitante que pueda ser utilizado para tener por no satisfecho el requisito del art. 22.4 CC ; y, viceversa, cabe que determinados antecedentes penales todavía no cancelados resulten, habida cuenta de su significado, insuficientes para formular un juicio negativo sobre el civismo del solicitante.

Pues bien, como ya hemos apuntado, aún cuando las actuaciones penales seguidas en su día contra el solicitante pudieran constituir un inicial obstáculo para la apreciación de la buena conducta cívica, ese obstáculo puede entenderse superado por el hecho de que dichas actuaciones respondieron a hechos muy lejanos en el tiempo, y además no culminaron con sentencia condenatoria, viéndose además contrarrestadas por los datos favorables que hemos reseñado. Desvirtuado así, el fundamento único de la resolución administrativa recurrida, y no habiéndose esgrimido cualesquiera otras razones para justificar la denegación de la nacionalidad (mientras que, por contra, constan los datos positivos de los que se hace eco la sentencia, en pro de su concesión) sólo cabe concluir que las razones en que se basó la estimación del recurso contencioso-administrativo fueron lógicas, razonables y ajustadas a Derecho, y por ende no se infringió en modo alguno el artículo 22.4 Cc , cuya vulneración se denuncia ahora en casación.

CUARTO .- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción , procede la condena en costas de la recurrente, con el límite, en lo que se refiere a los honorarios del Letrado, de la cantidad de dos mil euros, a la vista de las actuaciones procesales.

Fallo

Que desestimando el motivo invocado, declaramos no haber lugar al presente recurso de casación nº 3407/2008, interpuesto por el Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta de la Administración del Estado, contra la sentencia de 29 de abril de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso nº 350/2006 , que queda firme; con imposición legal de las costas a la parte recurrente en los términos indicados en el último fundamento de derecho.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Octavio Juan Herrera Pina , estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.

Buena conducta cívica
Solicitud de la nacionalidad
Nacionalidad española
Diligencias policiales
Concesión de nacionalidad española
Residencia legal
Actuaciones judiciales
Autorización y permiso de residencia
Sentencia de condena
Residencia de larga duración
Adquisición de la nacionalidad española
Obligaciones tributarias
Nacionalidad por residencia
Honorario profesional del abogado
Denegación de la nacionalidad