Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Rec 5659/2009 de 26 de Septiembre de 2012

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 26 de Septiembre de 2012
  • Tribunal: Tribunal Supremo
  • Ponente: Trillo Alonso, Juan Carlos
  • Núm. Recurso: 5659/2009
  • Núm. Cendoj: 28079130062012100730

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Septiembre de dos mil doce.

Vistos por la Sala Tercera, Sección Sexta, del Tribunal Supremo, constituida por los Señores al margen anotados, el presente recurso de casación, que con el número 5659/2009, ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de la Generalitat Valenciana, contra la sentencia de fecha 19 de junio de 2009, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección Segunda Bis, en el recurso contencioso administrativo número 757/06 , sobre justiprecio de finca expropiada, siendo partes recurridas don Enrique , doña Zulima , doña Elena , doña Nieves , doña Amalia y don Enrique , doña Leticia y don Mauricio , y la Administración General del Estado

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia recurrida contiene parte dispositiva del siguiente tenor literal: "FALLO: Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Jesus Miguel , Dª Zulima , Dª Elena , Dª Nieves , Dª Amalia y D. Enrique y Dª Leticia y D. Mauricio contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia de 5 de abril de 2.006, dictado en el expediente NUM000 , sobre justiprecio de parcela expropiada para la realización de las obras "31-V-1357. Ronda Norte de Valencia. Tramo Benimàmet- Ciudad Fallera", acto administrativo que se anula por ser contrario a derecho en lo que se refiere a la valoración del suelo y, reconociendo la situación jurídica individualizada de los actores, se fija el justiprecio de los bienes y derechos expropiados en la cantidad de 612.270'63 €, la cual devengará los intereses legales previstos en el Fundamento Quinto. No se hace expresa imposición de costas" .

SEGUNDO.- Notificada la anterior Sentencia, la Abogada de la Generalitat Valenciana, presentó escrito, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, preparando recurso de casación contra la referida resolución. Por providencia, la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones y el expediente administrativo ante este Tribunal, la parte recurrente se personó ante esta Sala y formuló escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en que se amparaba, suplicando que se tuviera por interpuesto el recurso de casación y, previos los trámites legales dicte sentencia ".. por la que con estimación del presente recurso de casación, case y en consecuencia revoque la sentencia de instancia, declarando la conformidad a Derecho del Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, con todos los pronunciamientos favorables a esta Administración" .

CUARTO. - Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó a las partes recurridas para que en el plazo de treinta días formalizaran sus escritos de oposición, lo que verificó en tiempo y forma la representación procesal de don Enrique , doña Zulima , doña Elena , doña Nieves , doña Amalia y don Enrique , doña Leticia y don Mauricio , impugnando los motivos del recurso de casación en virtud de las razones que estimó procedentes y suplicando que la Sala "... desestime el recurso de casación interpuesto, con imposición de costas al recurrente" , y por el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, se presentó escrito en el que manifestaba que se abstenía de formular oposición.

QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Carlos Trillo Alonso , Magistrado de la Sección. .

Fundamentos

PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Segunda Bis de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia el 19 de junio de 2009, en el recurso contencioso administrativo nº 757/2006 , deducido por el hoy aquí recurrido contra acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia, de 5 de abril de 2006, sobre justiprecio de una finca expropiada para la realización de la obra "31-V-1357. Ronda Norte de Valencia. Tramo Benimàmet-Ciudad Fallera".

Se trata de la expropiación parcial de una finca de 8.322 m2, concretamente de 1.558 m2, clasificada como suelo no urbanizable, cuyo uso es el de huerta, para la que fija el Jurado un justiprecio de 279.037 euros, desglosados en las siguientes partidas: 264.860 euros por el suelo, a razón de 170€/m2, 13.243 euros por el 5% de premio de afección y 934,80 euros por perjuicios derivados de la rápida ocupación.

La sentencia recurrida, con estimación del recurso, eleva el justiprecio a 612.270,63 euros, al discrepar el Tribunal del justiprecio del suelo, fijándolo en 582.224,60 euros, con la repercusión que supone en el precio de afección, que se concreta en 29.111,23 euros.

La razón de la elevación del justiprecio del suelo por la sentencia está en que frente a la consideración del Jurado de valorarlo conforme a su clasificación urbanística de suelo no urbanizable, la Sala de instancia entiende que "... pese a la clasificación otorgada por el PGOU, el destino a "dotaciones" determina su vocación urbanística y, en consecuencia, debió valorarse como suelo urbanizable por ser ésta la ubicación propia de los suelos dotacionales según las previsiones contenidas en la Ley del Suelo y su interpretación jurisprudencial a la que se ha hecho referencia" .

Así se expresa el fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida, para calificar de "evidente el error padecido por el Jurado en cuanto acude para la valoración de este suelo a su valor inicial o rústico" y para estimar no "correcto el método de valoración empleado por el perito judicial" , no sin antes exteriorizar lo siguiente:

"Esta Sala y Sección Segunda, en recursos sobre la misma naturaleza y obra a ejecutar por la Administración demandada, las de 26 de junio y 9 de julio de 2.008, dictadas en los recursos No 803/06 y 863/06, por todas, ha entendido, reiterando el criterio de otras anteriores, la de 24 de septiembre de 2.007, entre otras, que la obra pública cuya ejecución determina la expropiación viene constituida por la Ronda Norte de Valencia, en un determinado tramo de su trazado, por lo que nos hallamos ante un sistema general dotacional viario que forma parte del entramado urbano de la ciudad y está incluido en el ámbito del Sector 4 del Suelo urbanizable Programado del P.G.O.U. de Valencia (PRR-4 Benimaclet); conforme al Plan parcial del Sector, la Ronda se considera "Sistema General de Red Viaria GRV-3 Via Interdistrital". Es cierto que el concreto suelo expropiado está clasificado como no urbanizable, pero el Tribunal Supremo ha venido entendiendo (Sentencias de 25 de abril de 1.996 y de 10 de julio de 1.997 , por todas), que "esta categorización no tiene más significado que el encaminado a preservar a dicho suelo del proceso urbanizador, excluyéndolo de toda forma de propiedad urbana derivada de los usos constructivos o edificatorios característicos de este tipo de propiedad", y por ello "a pesar de estar clasificado de no urbanizable el suelo de uso dotacional o para sistemas generales, vocados a servir al conjunto urbano por el planeamiento, si esta clasificación se ha hecho de manera que suponga la singularización y el aislamiento del suelo afectado, su valoración, a efectos de ejecutar las valoraciones o sistemas generales por el sistema de expropiación, debe hacerse como si de suelo urbanizable se tratase, ya que, de lo contrario, se incumpliría la obligación de equidistribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento impuesta por los arts. 3.2 b ) y 87.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por R. D. 1.346/76, de 9 de abril, ya que el trazado y las características de la red viaria y el desarrollo de la estructura general de ordenación urbanística del territorio (arts. 12.2.1 e ) y 2.2 a ) del citado T. Refundido) se incluyen específicamente entre las previsiones del suelo urbano y urbanizable"" .

SEGUNDO.- Disconforme con la sentencia la Generalitat Valenciana, interpone el recurso de casación que ahora nos ocupa, con apoyo en tres motivos que pasamos a examinar separadamente.

TERCERO.- La Administración autonómica denuncia por el primer motivo, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , la infracción de los artículos 120 de la Constitución y 209 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en el entendimiento que la sentencia incurre en falta de motivación a la hora de justificar la valoración del suelo expropiado como suelo urbanizable.

Argumenta que la sentencia recurrida se apoya en otras dictadas por el mismo Tribunal que se refieren a proyectos expropiatorios distintos al que legitima la expropiación que ahora examinamos y por ello a configuraciones diferentes del suelo. Concreta que las sentencias de la Sala "a quo" de 26 de junio y 9 de julio de 2008 , dictadas en los recursos nº 803/06 y 863/06 , contemplan el proyecto "48-V-43300. Ronda Norte de Valencia, tramo comprendido entre vía de cierre del corredor comarcal y la VV-701 (Juan XXIII - Emilio Baró)", en el que el suelo expropiado "... forma parte del entramado urbano de la ciudad y está incluido en el ámbito del sector cuatro del suelo urbanizable programado del Plan General de Ordenación de Valencia (PRR-4 Benimàmet conforme al Plan Parcial del Sector, la ronda se considera sistema general de red viaria GRV-3 vía interdistrital" .

El motivo debe desestimarse.

Si la Sala de instancia yerra al considerar que el tramo Benimàmet-Ciudad Fallera y, en consecuencia, la finca expropiada, forma parte del sector 4 del Suelo Urbanizable Programado del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (PRR-4 Benimàmet) es una cuestión que debe denunciarse por el cauce del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , con el argumento, dados los estrechos límites que en casación tiene la valoración de la prueba, de que la realizada por el Tribunal es ilógica o arbitraria, conducente a resultados inverosímiles, pero lo que no es viable es hacerlo al amparo del artículo 88.1.c) con el argumento de que la sentencia adolece de falta de motivación por el error padecido.

Con o sin él, la Sala motiva su decisión, y lo hace con suficiencia para descartar que hubiera generado indefensión.

Recordemos que el derecho a la tutela judicial efectiva no exige que la resolución judicial ofrezca una exhaustiva descripción del proceso intelectual llevado a cabo por el juzgador para resolver, ni una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, ni siquiera la corrección jurídica interna de la fundamentación empleada, bastando con que la argumentación vertida exteriorice el motivo de la decisión, "la ratio decidendi" en orden a un eventual control jurisdiccional, pues se cumple la exigencia constitucional cuando la resolución no es fruto de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad, como ha reconocido esta Sala y la jurisprudencia constitucional (por todas, SSTC 184/1998, de 28 de septiembre , F. 2, 100/1999, de 31 de mayo , F. 2, 165/1999, de 27 de septiembre , F. 3, 80/2000, de 27 de marzo , F. 4, 210/2000, de 18 de septiembre , F. 2, 220/2000, de 18 de septiembre, F. 2 y 32/2001, de 12 de febrero F. 5).

Pero es que además la lectura de los encabezamientos y fundamentos de derecho primero de las referidas sentencias de la propia Sala de instancia nos revela que no es cierto que en ellas se contemplara un proyecto expropiatorio distinto del que nos ocupa, en cuanto se menciona como tal el "Proyecto 31-V-1357. Ronda Norte de Valencia. Tramo Benimàmet - Ciudad Fallera", y que tampoco se ajusta a la realidad de que la Generalitat no fuera parte en dichos procedimientos, cuando fue emplazada como codemandada la Consellería de Infraestructuras y Transporte, en su calidad de Administración expropiante.

CUARTO.- Tampoco puede tener acogida el motivo segundo por el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , se denuncia la infracción de los artículos 25 , 26 y 27 de la Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y Valoraciones , y de la doctrina jurisprudencial relativa a dichos preceptos.

En efecto, el motivo debe desestimarse, pues bajo la alegación de la infracción de los artículos que se dicen infringidos, la Generalitat procede a impugnar la valoración de las circunstancias que concurren en el caso de autos en relación a si el sistema general sirve o no para crear ciudad, olvidando que la fijación de los hechos constituye competencia exclusiva del Tribunal de instancia, lo que obliga a atenerse a la apreciación de la prueba hecha por éste salvo en aquellos casos en los que se haya producido el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio en relación con la proposición o la práctica de prueba, la incongruencia o falta de motivación de la sentencia, razón por la que, no alegándose la vulneración del art. 348 de la LEC en relación a la correcta apreciación de la prueba practicada, procede la desestimación del presente motivo impugnatorio.

Así lo expresamos en sentencia de 13 de junio de 2012, dictada en el recurso de casación nº 3573/09 , en un supuesto análogo al ahora enjuiciado.

QUINTO.- En el tercero y último motivo, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , alega la recurrente arbitrariedad en la valoración de la prueba y la presunción de acierto del acuerdo del Jurado.

Sostiene que partiendo el Tribunal de un supuesto de hecho erróneo relativo a la identificación del expediente expropiatorio (el contemplado en las sentencias de la propia Sala), no rechaza el informe pericial judicial coincidente con el Jurado en su valoración como suelo no urbanizable en atención a la clasificación del suelo y a sus características, y da por bueno el informe pericial de parte.

El motivo no puede prosperar.

Ya hemos dicho que las sentencias referidas por la recurrida contemplan el mismo proyecto expropiatorio que legitima la expropiación que nos ocupa, por lo que mal puede acogerse la alegación de errónea identificación.

Y debemos añadir ahora, siguiendo lo expresado en la mencionada sentencias de esta Sala de 13 de junio de 2012 lo siguiente: "... en relación al principio de presunción de acierto de los acuerdos del Jurado, no puede olvidarse que la doctrina sobre la materia establece que tal principio, habida cuenta su naturaleza de presunción "iuris tantum", puede desvirtuarse mediante prueba en contrario, fundamentalmente, por medio de prueba pericial. Ahora bien, para que tal efecto se produzca es necesario aportar al proceso una prueba de tal naturaleza apta a dicho fin y que según reiterada jurisprudencia de esta Sala, la citada presunción de acierto puede ser destruida, en principio, por cualquier medio de prueba admitido en derecho y debidamente valorado por el órgano judicial. Véanse, entre otras muchas, las sentencias de 5 de abril de 2001 , 1 de febrero de 2003 y 10 de octubre de 2006 . Ciertamente, el informe de un perito judicial, por las especiales garantías de que está revestida su designación y por el examen crítico a que es sometido su parecer, tiene frecuentemente una fuerza persuasiva superior a otros medios de prueba; pero ello no significa que esos otros medios de prueba no puedan razonablemente conducir a la conclusión de que el acuerdo del Jurado está equivocado. De esta manera, la Sala de instancia procede, en su fundamento de derecho tercero, a valorar el informe pericial aportado por los expropiados junto con la hoja de aprecio, prueba ésta que pudo haber sido desvirtuada a través de la proposición, en el trámite procesal oportuno, de las pruebas que la Administración recurrente tuviese por conveniente a los efectos de apoyar su pretensión, por lo que de la falta de práctica de toda prueba en contrario no se puede deducir que la apreciación por la Sala de instancia de las distintas pruebas obrantes en las actuaciones conlleve la vulneración de la jurisprudencia en relación con la presunción de acierto de los acuerdos del Jurado" .

SEXTO.- La desestimación de los motivos invocados lleva a declarar no haber lugar al recurso de casación, lo que determina la imposición legal de las costas a la parte recurrente, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el artículo 139.3 de la LRJCA y teniendo en cuenta la entidad del recurso y la dificultad del mismo, señala en 1.500 euros la cifra máxima que como honorarios de Letrado pueden las partes recurridas repercutir a la recurrente.

Fallo

NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Generalitat Valenciana, contra la sentencia de fecha 19 de junio de 2009, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección Segunda Bis, en el recurso contencioso administrativo número 757/06 , que queda firme. Con imposición de las costas de acuerdo con lo establecido en el fundamento de derecho sexto.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Juan Carlos Trillo Alonso , estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.

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