Sentencia Administrativo Nº 588/2004, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 1396/2001 de 09 de Julio de 2004

El TSJ desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad recurrente, contra la resolución que desestimó la reclamación económico administrativo contra liquidación correspondiente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A.J.D. dimanante del Acta expediente tramitado por el Servicio de Inspección de Tributos, y la que se presentó contra resolución por lo que se declara la comisión de inacción tributaria grave y se impone una sanción. Manifiesta la Sala que postulando la entidad recurrente que se dicte sentencia por la que, declare que no es conforme a Derecho, anulándolo, reconociendo y declarando el derecho de la misma a restablecer la situación jurídica individualizada anterior a la liquidación y a la resolución del TEAR de Canarias, anulando en consecuencia la liquidación dictada por la Inspección de los Tributos. La referida resolución desestima la reclamación en base a la diferencia de criterio entre la Inspección y el interesado se produce en cuanto a la inclusión en la base del canon variable, respecto de esto la letra b) prevé como último supuesto el caso de que siendo variable la cantidad o canon a satisfacer anualmente, se den conjuntamente estas dos circunstancias 1º) que esa variabilidad dependa de otras causas que no sean de aplicación de cláusulas de revisión de precios que tomen como referencia índices objetivos; 2º) que no interviniendo nunca la causa anterior, sino otras razones o circunstancias, se conozca en el momento de otorgamiento de la concesión la razón matemática de la variación. La fijación del canon de 315 ptas. por vehículo inspeccionado es normal que se asentara en una previsión del anteproyecto de explotación. Así las cosas, hubiera procedido la declaración no solo con los datos del canon fijo sino de acuerdo con la propia expectativa sin perjuicio de la rectificación de la autoliquidación, realizada si fuera procedente por apartarse de la realidad en más o en menos, dentro del plazo de prescripción. La Administración por su parte al realizarla adición a la base, en función de la media de 46 meses de los que tiene constancia clara en facturación, desde luego se acerca con exactitud a la realidad, sin perjuicio de las modificaciones y rectificaciones que pudieran hacerse dentro del plazo prescriptivo. Sin embargo de lo anterior es el caso que, de acuerdo con la contestación al requerimiento de este Tribunal, la inspección no pudo conocer, al no obrar en su poder, el pliego de condiciones que pudieron dar lugar a una previsión por el interesado y la debida declaración, y, consecuentemente, no puede apreciarse una infracción por una conducta que no se sabe si fue o no ajustada a lo debido (al desconocerse qué era lo debido) en función de una previsión según lo dicho. Y es lo cierto, que hubo Acta de conformidad y, la pretensión del recurrente, carece de la más mínima prueba que demuestre tesis, carga que le correspondía de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley General Tributaria de 28 diciembre 1963, y por el art. 1214 del Código Civil; especialmente conforme al principio de facilidad de la prueba, a cargo en este caso del recurrente, que es que debe controlar el numero de vehículos inspeccionado.