Sentencia Administrativo Nº 454, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Rec 7989 de 31 de Mayo de 2001

PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SOBRE EXPEDIENTE SANCIONADOR. La resolución impugnada, dictada por el TEAR de Galicia, desestimó la reclamación económico-administrativa formulada por el actor contra un acuerdo dictado por la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT conformando la liquidación propuesta. La resolución recurrida desestimó la reclamación en razón fundamentalmente de que la entidad reclamante pretende acreditar que se ha producido la reexportación de la mercancía importada temporalmente mediante un DUA de exportación que hace referencia a un radar de igual marca, pero en el que se declara un peso y nº de bultos distinto, origen España, y no se hace referencia a la importación temporal previa. La Administración tiene una importación temporal, requiere al agente de Aduanas que presentó al despacho para que acredite la ultimación de la misma, transcurriendo el plazo sin que lo haga, extiende en consecuencia el acta, en la que se hace constar esos hechos, dando plazo para alegaciones. Por otra parte, cabe recordar que la Ley General Tributaria determina que constituye infracción grave el dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente establecidos toda o parte de la deuda tributaria. La cuestión suscitada requiere una doble consideración: la liquidación de arancel que fue propuesta por un lado y la del Impuesto sobre el Valor Añadido, intereses de demora e imposición de una sanción que le fue notificada a la entidad importadora. Respecto a esto cabe decir que el principio fundamental del TCE es la libre circulación de mercancías, y por ello se ha establecido la imposición de un Arancel Aduanero Común entre los Estados miembros, incluida España, de modo que los impuestos aduaneros actuales se refieren a la importación y exportación de bienes procedentes de un Estado no miembro. En el presente caso, la empresa recurrente procedió a la importación temporal de determinados bienes de los que no se revela se trate de mercancía importada a través de Estado miembro. Se establece que la persona obligada al pago del arancel será aquella en cuyo nombre se haya hecho la declaración o cualquier otro acto que tenga los mismos efectos jurídicos. Sin embargo tal regla ha sido matizada con posterioridad, de modo que, y puesto que en el caso que nos ocupa el agente de aduanas actuaba mediante el correspondiente mandato en nombre propio y por cuenta del supuesto importador, el recurrente sería el responsable principal y solidario. Por lo que respecta al IVA, se establece que tal impuesto constituye un gravamen a exigir en destino, de modo que la propuesta de liquidación en concepto de impuesto de valor añadido aceptada por la Administración financiera resulte ser conforme a derecho. Respecto a la alegación relativa a la retroactividad de la potestad sancionadora, se llega a la conclusión de que, no habiéndose producido la conformidad bajo la vigencia de una norma derogada, no procede aplicar la retroacción de la norma sancionadora más favorable.