Sentencia Administrativo Nº 654, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Rec 7240 de 30 de Junio de 1999

Admitido a trámite el recurso contencioso-adminístrativo presentado, se practicaron las diligencias oportunas y dado traslado de los autos a la parte actora para que se dedujera la demanda lo realizó por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, suplicó se dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución recurrida. Conferido traslado a la parte demandada, solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecha consignados en su escrito de contestación. Por D. Alfredo F , Letrado designado de oficio, se interpone en nombre y representación de D. Juan Luis recurso contra la resolución de la Diputación Provincial de A Coruña de fecha 4 de junio de 1997 desestimatoria del recurso de reposición en expedientes de referencia IVTM R-95 /2095 y R-95 /2111.La parte recurrente aduce como argumentos, sustancialmente, que, --al margen de la dudosa legalidad de los acuerdos de la comisión de Gobierno del Concello de Arteixo, pese a no ser objeto del presente recurso, que rechazaron de forma arbitraria e injustificada las pruebas de descargo que en su día presentó el recurrente, como son la denuncia de sustracción del vehículo objeto del IVTM y las certificaciones judiciales acreditativas de apertura y sobreseimiento de las diligencias penales, sin que se haya recuperado el vehículo-- se vulneran los principios de eficacia y coordinación, así como el de servicio a los ciudadanos, consagrados tanto en el art. 103 de la CE como en el art. 3.2 de la Ley 30 /1992, por cuanto que no es posible entender como una vez presentada la correspondiente denuncia de robo del vehículo no se procede de oficio a darle de baja temporal (incluida la fiscal), eximiendo al administrado de cualquier actuación al respecto, siendo incomprensible esa falta de coordinación entre órganos administrativos, pues es evidente con motivo de alta la intima relación entre la Jefatura de Tráfico y los Padrones Fiscales de vehículos de los Concellos existentes en el respectivo ámbito territorial. Consecuencia de esa falta de coordinación es la absurda situación que está viviendo el actor, puesto que la actuación administrativa, amen de generar inseguridad jurídica, le ocasionó indefensión. Respeto de la cuestión de fondo, sin embargo, no asiste la razón al recurrente, pues como acertadamente se le indica en la resolución presidencial desestimatoria del recurso de reposición (condonación) interpuesto por el Sr. Souto Barreiro, el hecho imponible del IVTM viene constituido por la titularidad del vehículo y es determinante de esta circunstancia el dato de aparecer como titular registral del vehículo y así lo exige la propia Ley 39 /88 en sus arts. Esas exigencias formales ciertamente se desarrollan en el Real Decreto 1576 /89 de 22 de diciembre sobre las normas para la aplicación del impuesto de vehículos de tracción mecánica, donde se establecen trámites ineludibles que debe realizar quien solicita el alta o baja de un vehículo, disponiendo la necesidad de cubrir determinados documentos, --lo cual obviamente no se puede efectuar de oficio--- y acreditar en su caso el abono del último recibo del impuesto.En consecuencia, procede desestimar el recurso planteado.