Sentencia Administrativo Nº 165/2016, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 416/2015 de 08 de Marzo de 2016

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 08 de Marzo de 2016
  • Tribunal: TSJ Galicia
  • Ponente: Rivera Frade, Maria Dolores
  • Núm. Sentencia: 165/2016
  • Núm. Recurso: 416/2015
  • Núm. Cendoj: 15030330012016100140
Resumen:

FUNCION PUBLICA


Encabezamiento

T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.1

A CORUÑA

SENTENCIA: 00165/2016

PONENTE: DOÑA DOLORES RIVERA FRADE

RECURSO DE APELACION Nº. 416/15

APELANTE: Victor Manuel

APELADA: CONCELLO DE OURENSE.- Avelino

EN NOMBRE DEL REY

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha pronunciado la:

SENTENCIA

ILMOS/AS. SRS/AS.

FERNANDO SEOANE PESQUEIRA,PTE.

DOLORES RIVERA FRADE

JULIO CESAR DIAZ CASALES

A Coruña, a nueve de marzo de dos mil dieciseis.

En el RECURSO DE APELACION que con el número 416/15 pende de resolución de esta Sala, interpuesto por DON Victor Manuel , representado por el Procurador DON RAMON DE UÑA PIÑEIRO y dirigido por el Letrado DON ENRIQUE ANTONIO ALVAREZ SANTANA, contra la SENTENCIA de fecha 6 de mayo de 2015, dictada por el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO DOS DE OURENSE en el Procedimiento Abreviado que con el número 480/14 se sigue en dicho Juzgado, sobre PROVISION PUESTO DE LIBRE DESIGNACION. Son partes apeladas EL CONCELLO DE OURENSE, representado por el procurador DON JAVIER BEJERANO FERNANDEZ y dirigido por la Letrada DOÑA ROSA MARIA VAZQUEZ FERNANDEZ y DON Avelino , representado por la Procuradora DOÑA EVA MARIA TOME SIEIRA y dirigido por el Letrado DON MIGUEL DIEGUEZ DIAZ.

Siendo Ponente la ILMA. SRA. DOÑA DOLORES RIVERA FRADE.

Antecedentes

PRIMERO .- Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución referenciada anteriormente, cuya parte dispositiva dice:'Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Victor Manuel contra: 1.- El acuerdo de la Junta de Gobierno Local de cinco de agosto de 2014, de aprobación de las bases y convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de asesor/a jurídico/a y Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de siete de agosto de 2014, de ratificación del anterior acuerdo, publicados en el DOG número 153 de fecha 13 de agosto de 2014.-2 Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de agosto de 2014, de corrección de errores de las bases y de la convocatoria para la provisión, por libre designación del puesto de asesor/a jurídico/a y publicado en el DOG número 165 de fecha 1 de septiembre de 2014.- 3. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de octubre de 2014, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por el recurrente contra los acuerdos de aprobación de las bases de la convocatoria para la provisión, por libre designación, del puesto de asesor/a jurídico/a y la posterior corrección de errores de las mismas.- 4. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de septiembre de 2014, por el que se nombra a D. Avelino , para el puesto de asesor jurídico, acuerdo publicado en el DOG número 187 de fecha 1 de octubre de 2014.- Las costas de la Administración demandada serán satisfechas por la parte actora, señalándose como límite máximo de la condena en costas, por los honorarios de abogado, la suma de 235 euros.'.

SEGUNDO .- Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que fue tramitado en forma, con el resultado que obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar traslado de las actuaciones al ponente para resolver por el turno que corresponda.


Fundamentos

SE ACEPTANlos fundamentos jurídicos de la resolución recurrida en lo que no se oponga a lo se pasa exponer a continuación, y

PRIMERO .- Don Victor Manuel recurre en apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Ourense recaída en los autos de procedimiento abreviado número 480/14, que desestima el recurso contencioso-administrativo presentado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno local del Concello de Ourense, de 5 de agosto de 2014, de aprobación de las bases y convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de asesor/a jurídico/a, y acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de agosto siguiente, de ratificación del anterior; acuerdo de la Junta de Gobierno local del Concello de Ourense de 25 de agosto de 2014, de corrección de errores de las bases y de la convocatoria para la provisión por el procedimiento de libre designación, del puesto de asesor/a jurídico/a; Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 2 de octubre de 2014 que desestima el recurso de reposición interpuesto contra los acuerdos de aprobación de las bases de la convocatoria para la provisión por el procedimiento de libre designación, del puesto de asesor/a jurídico/a, y la posterior corrección de errores de las mismas; y Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de septiembre de 2014 por el que se nombra a Don Avelino para el puesto de asesor jurídico.

La sentencia de instancia desestimó el recurso presentado por el Sr. Victor Manuel quien participó en el proceso selectivo a que se refiere esta litis, rechazando cado uno de los motivos de impugnación que esgrimió en primera instancia, y en los que viene a insistir en esta alzada, a saber:

El primer motivo de impugnación versa sobre la motivación exigible al acuerdo de la Junta de Gobierno local de 4 de agosto de 2014. Alegaba el actor defectos en la convocatoria extraordinaria de la Junta en la que se adoptó dicho acuerdo pues algunos miembros no fueron válidamente convocados.

Este motivo fue rechazado por el juzgador a quoen base a que con independencia de la mayor o menor motivación de la convocatoria lo cierto es que los acuerdos adoptados en aquella Junta fueron ratificados en la sesión ordinaria celebrada el día 7 de agosto de 2014, ratificándose por unanimidad los acuerdos adoptados en la anterior.

En el recurso de apelación el Sr. Victor Manuel admite que existe jurisprudencia que considera la falta de convocatoria de algún miembro como una irregularidad no esencial en determinados casos, pero añade que la falta de motivación de la convocatoria determina la nulidad radical del acuerdo adoptado conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 30/1992 .

Hay que tener en cuenta que el motivo de nulidad de pleno derecho que invoca el apelante bajo este apartado de su recurso es el previsto en el último inciso del artículo 62 e) de la Ley 30/1992 ' actos dictados prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados', y no en el primero, bajo cuya perspectiva el juzgador a quoanalizó el primer motivo de impugnación invocado por el actor en su escrito de demanda.

En efecto, el artículo 80 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ,dispone que corresponde al Alcalde o Presidente convocar todas las sesiones del Pleno; añadiendo que ' La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada' (apartado 1º).

Ahora bien, la no motivación de la convocatoria extraordinaria no se considera motivo de nulidad de pleno de derecho de los acuerdos adoptados en ella, en casos como el presente en el no consta que los miembros presenten en esa Junta extraordinaria hicieran manifestación alguna al respecto. Por lo que el incumplimiento de la obligación de motivación de la convocatoria debido a su carácter extraordinario no ha afectado a la correcta formación de la voluntad del órgano, y por tanto no la hacen merecedora de nulidad.

Ello significa a su vez que el posible vicio en que pudiera haber incurrido por falta de motivación podía convalidarse en reuniones posteriores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 30/1992 , lo que así se hizo en la reunión (convocatoria ordinaria) celebrada el día 7 de agosto de 2014, en cuyo seno los miembros presentes ratificaron por unanimidad los acuerdos adoptados en la sesión anterior.

Frente a la cita que hace el apelante en su recurso de dos sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 17 de octubre de 2003, y otra del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 704/2005 , diremos que si bien la primera de ellas fue confirmada por el Tribunal Supremo en la suya de 27 de junio de 2007 (Recurso: 1323/2004 ), sin embargo sus pronunciamientos responden a una situación diferente a la que es objeto de análisis en esta sentencia. En la del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2007 lo que se cuestiona era una posible vulneración del derecho a la participación política de varias concejales que habían sido convocados a una Junta extraordinaria sin haberse justificado su urgencia; cuando en el presente caso la falta de motivación de la convocatoria es invocada por una persona ajena a la Junta de Gobierno local, y no consta que los concejales que estuvieron allí presentes, o los que lo estuvieron en la posterior Junta ordinaria de 7 de agosto de 2014, pusieran objeción alguna al carácter extraordinario de la primera.

El criterio de esta Sala no es aislado. Lo siguen otros Tribunales en pronunciamientos más recientes, que se acomodan perfectamente al caso objeto de nuestro enjuiciamiento. Entre tales pronunciamientos destacaremos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 8 de junio de 2015 (Recurso número 315/2014 ), del que conviene reproducir parte de sus razonamientos, que esta Sala comparte:

' El art. 80.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre , exige claramente que la convocatoria de las sesiones extraordinarias ha de ser motivada. El texto no distingue entre convocatorias extraordinarias urgentes y aquellas otras que no lo sean, luego donde el texto no distingue nosotros tampoco hemos de distinguir. Pero es que también se deduce de una interpretación teleológica y sistemática del precepto. Teleológica por la propia definición de lo extraordinario frente a lo ordinario. Los miembros del Pleno son plenamente conscientes de cuando van a celebrarse las sesiones ordinarias (aquellas cuya periodicidad está preestablecida) y ajustan a dicha planificación su agenda. Pero no sucede lo mismo con las extraordinarias que requieren una resolución del Alcalde 'con tal carácter', esto es expresando la razón de la urgencia (...) La normativa persigue que cualquier Pleno Extraordinario -sea o no urgente- esté justificado, es decir que la convocatoria cuente con una exposición suficientemente razonada o expresiva de cuáles son las circunstancias excepcionales que aconsejan una sesión extraordinaria; no ya solo por razones de cortesía hacia los miembros del Pleno que para poder asistir y garantizar el correcto funcionamiento de la institución van a tener que ajustar sus agendas con escaso margen de tiempo (...) sino también porque la celebración de los Plenos Ordinarios y Extraordinarios requieren unos trámites previos diferentes de modo que, si no se exige una motivación suficiente con expresión de la/s circunstancia/s que dan cobertura a la convocatoria, se podrían llegar a burlar dichos trámites llevando a un Pleno extraordinario aquello que puede tratarse en un Pleno ordinario. Es más, podría llegarse incluso a excluir a algún/nos miembro/s del Pleno que no pudiera/n ajustarse a la nueva planificación, privándole/s así del ejercicio de su función representativa. Y es que la motivación de la actuación administrativa es un requisito esencial no solo para ofrecer suficiente información al destinatario del acto sino también para permitir la fiscalización por los tribunales de la actuación administrativa que ha de sujetarse siempre a la ley y al Derecho, sin olvidar que el art. 54.1.e) de la Ley 30/1992 , señala que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos'.

Para finalizar diciendo que 'no obstante, la falta de motivación es un defecto de forma que no comporta la nulidad del acto, sino tan solo la anulabilidad con efecto retroactivo. Ahora bien, al haberse también ratificado aquel Acuerdo en la sesión plenaria ordinaria, de 8 de noviembre, tal anulación y retroacción carecen de eficacia, puesto que la apelante ha impugnado también la aprobación definitiva por motivos de fondo que más adelante se examinarán'; que es lo que aquí también sucede.

Y es que tal y como se deriva de lo expuesto, en el caso que nos ocupa no consta la queja de ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno Local, ni durante la sesión extraordinaria de adopción del acuerdo impugnado, ni tampoco durante la sesión ordinaria en la que fue ratificado aquel acuerdo anterior. Esta doble circunstancia (o aquiescencia a la regularidad de lo actuado) evidencia que no se perjudicó a los miembros del órgano colegiado, quienes por otra parte son los titulares del derecho subjetivo tutelado por la exigencia de motivación de la sesión extraordinaria (para evitar sorpresas o distorsiones en la planificación de su labor) y no quienes como el aquí recurrente, son meros ciudadanos o partícipes en un procedimiento los cuales no explican ni justifican en qué medida les ha perjudicado tal medida.

SEGUNDO.- El segundo motivo de impugnación versa sobre la falta de negociación de las bases de la convocatoria con las organizaciones sindicales, que fue rechazada por el juzgador de instancia en base a que la forma concreta de cobertura del puesto de trabajo está expresamente excluida de la negociación con arreglo al artículo 37.2 e) del EBEP . Este precepto señala como materias excluidas de la obligatoriedad de la negociación, la regulación, y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órgano y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

Sobre este pronunciamiento alega el apelante que el motivo de impugnación sobre falta de negociación no se limitaba a la falta de negociación de la forma concreta de provisión, sino que denunciaba la no negociación de todas las bases, y por tanto el incumplimiento del artículo 37.1 c) del EBEP .

El artículo 37.1 del EBEP, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (igual artículo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), establecía que ' Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: c)Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos'.

Y en su apartado 2 e) establece que ' Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes: e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional'.

La convocatoria objeto de litis no responde al supuesto previsto en el articulo 37.1 c) del EBEP , pues no se trata de una norma que fije con carácter general los criterios en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, sino que se trata de un acto que determina el sistema, los criterios, el órgano y el procedimiento para un caso concreto, como es la provisión del puesto de asesor/a jurídico/a del Concello de Ourense, que por tanto no está sujeto a negociación con los sindicatos.

No se puede pedir la nulidad de la convocatoria acudiendo forzadamente al artículo 37.1 del EBEP , extendiendo su ámbito objetivo, pues lo que exige a la Administración la negociación previa con los sindicatos, son las 'normas que fijen los criterios' y no los actos administrativos consistentes en las específicas y singulares convocatorias de los procesos selectivos, y en este caso las bases que se impugnan lo son para la provisión de un concreto puesto de trabajo.

TERCERO.- En cuanto a la impugnación de las bases cuarta y quinta de la convocatoria, estas bases son del siguiente tenor:

Base Cuarta: ' Os/as aspirantes deberán xuntar á petición un curriculum vitae e xustificar, mediante certificación ou copia compulsada, os méritos que aleguen. Os méritos alegados e non probados da maneira que se sinala no punto anterior non se terán en conta'.

Base Quinta: ' Requirirase o informe favorable do departamento onde preste servizos a persoa que resulte seleccionada, considerándose favorable de non se emitir no prazo de quince días segundo o disposto no artigo 67 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo'.

La Base quinta fue rectificada posteriormente (por acuerdo de la Junta de Gobierno local de 25 de agosto de 2014), quedando redactada de la siguiente manera ' En caso de que la propuesta de nombramiento recaiga en un funcionario de la Administración General del Estado, se requerirá el informe favorable del Departamento donde preste servicios la persona que resulte seleccionada y se considera favorable de no emitirse en el plazo de quince días según lo dispuesto en el artículo 67 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo '.

La primera de ellas es objeto de rechazo por el Sr. Victor Manuel alegando que la exigencia de presentación de certificaciones o copias compulsadas es contraria al apartado f) del artículo 35 de la ley 30/1992 , y a la jurisprudencia que lo interpreta, implicando una infracción del ordenamiento jurídico.

En efecto, el artículo 35 de la Ley 30/1992 , al regular los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas, establece que los ciudadanos tienen derecho a no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.

Tal derecho se modulaba por el artículo 2 del Real Decreto 1778/1994 de 5 de agosto , por el que se adecuan a la LRJAPAC las normas reguladoras de los Procedimientos de Otorgamiento, Modificación y Extinción de Autorizaciones. Subraya que según el artículo 2 del citado texto reglamentario:

' Cuando los documentos exigidos a los interesados por la normativa aplicable ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , siempre que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, debidamente justificada en el expediente, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución'.

Por su parte, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones (en periodo de vacatio legis) este derecho se reconoce en el artículo 53.1 d) en los siguientes términos: ' Además del resto de derechos previstos en esta Ley , los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas'.

La base cuarta de la convocatoria hace recaer sobre el participante la carga de aportar la documentación acreditativa de los méritos que invoque. Pero es que estos méritos pueden ir más allá de aquellos que hubiesen podido representar un vínculo con el Concello de Ourense, y que entonces esta Administración no tiene porque conocer. Y aun de los que conozca, porque haya existido tal vínculo, no podemos olvidar que en los procedimientos de concurrencia competitiva, entre los que se incluyen los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, la aportación de los documentos justificativos de los méritos que exija la convocatoria constituyen cargas procedimentales de los participantes, que han de cumplirse en el momento que se señala en la convocatoria y en la forma allí establecida en cuanto representa la Ley del concurso, y por tanto su valor normativo impide invocar lo dispuesto en el artículo 35 f) de la Ley 30/1992 .

Ello en armonía con el criterio sentado por la STS del 20 de Diciembre de 2007 (recurso número 9666/2004 ) que, en relación al rechazo de un aspirante a la aportación de documentación para obtención de un título de especialista so pretexto de obrar la misma en poder de la administración, estableció que 'Aportación esta que inequívocamente corría a cargo de la interesada, sin que quepa ampararse para su no facilitación en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992 , precepto que no resulta aplicable a los procesos selectivos en los que sus propias disposiciones rituarias imponen al aspirante la obligación de adjuntar la documentación justificativa del desempeño de los cometidos propios de su actividad.'

Los méritos que deben acreditar los candidatos son todos los que incluyan en el curriculum vitae, no limitándose a los que puedan resultar de un expediente personal, sino que se extienden a todos aquellos que se refieren a la experiencia profesional y formativa del candidato, cuya acreditación debe recaer sobre él, aunque en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 f) de la Ley 30/1992 la Administración pueda flexibilizar esta carga respecto de los meritos o datos que conozca por obrar en sus archivos. Esta es la interpretación que merece la base cuarta de la convocatoria, y es la que ha hecho el propio Concello demandado pues véase que el apelante ha sido el único candidato que queriéndose amparar en su instancia de participación en el proceso selectivo, en el artículo 35 f) de Ley 30/1992 , no ha aportado documentación acreditativa de los méritos invocados en ella, lo cual no ha impedido su valoración por la Administración, aunque no lo fuese con el resultado pretendido por aquel.

En definitiva este motivo de apelación tampoco puede prosperar pues aun cuando la no justificación de que al apelante no se le haya denegado el derecho recogido en el artículo 35 f) de la Ley 30/1992 no podría servir por si sola para rechazar la impugnación esgrimida, sí constituye un elemento adicional que refuerza su desestimaciòn.

CUARTO.- Por su parte, en cuanto a la base quinta de la convocatoria, recordemos su texto definitivo: ' En caso de que la propuesta de nombramiento recaiga en un funcionario de la Administración General del Estado, se requerirá el informe favorable del Departamento donde preste servicios la persona que resulte seleccionada y se considera favorable de no emitirse en el plazo de quince días según lo dispuesto en el artículo 67 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo '.

Dice el apelante que esta base establece una exigencia que solo es aplicable a los funcionarios del Estado que ocupen puestos de libre designación en la Comunidad Autónoma, y que por tanto la convocatoria objeto de recurso establece una exigencia no contenida en ninguna norma de aplicación a las convocatorias de provisión de puestos en la Administración local.

La lectura del Real Decreto 364/1995 impide aceptar este planteamiento. Y es que el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, establece en su artículo 67 , que:

' Los funcionarios de la Administración General del Estado podrán obtener destino en las Administraciones de las Comunidades Autónomas mediante la participación en concursos para la provisión de puestos de trabajo o por el sistema de libre designación.

En el primer caso, será necesario que el funcionario haya permanecido dos años en el puesto de destino desde el que participa. En el segundo, se requerirá el informe favorable del Departamento donde preste servicios. De no emitirse dicho informe en el plazo de quince días naturales, éste se considerará favorable.

En ambos casos, cuando el funcionario pertenezca a un Cuerpo o Escala que tenga reservados puestos en exclusiva se precisará el informe favorable del Ministerio al que esté adscrito el Cuerpo o Escala'.

Es verdad que este precepto forma parte de las normas que regulan la Provisión de puestos de trabajo en Comunidades Autónomas. Pero si nos vamos al ámbito de aplicación del Real Decreto 364/1995, en su artículo 1.3 se extiende, aunque sea con carácter supletorio, a todos los funcionarios civiles al servicio de la Administración del Estado no incluidos en su ámbito de aplicación y los de las restantes Administraciones públicas.

Por su parte, el artículo 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece que ' Los puestos de trabajo vacantes que deban ser cubiertos por los funcionarios a que se refiere el artículo anterior se proveerán en convocatoria pública por los procedimientos de concurso de méritos o de libre designación, de acuerdo con las normas que regulen estos procedimientos en todas las Administraciones públicas'.

Tales previsiones legales habilitan a las Corporaciones locales a incluir en sus procesos selectivos, y de provisión, como el presente, la exigencia contemplada en el artículo 67 del Real Decreto 364/1995 , cuando los participantes sean funcionarios de la Administración General del Estado. Y ello porque el fundamento de tal exigencia, cuando se trata de reclutar empleados públicos de otra Administración, no es otro que evitar el trasiego de funcionarios de forma sorpresiva y distorsionante para la Administración en la que obtuvieron su último destino, y fundamento que se cohonesta con los principios de eficacia y coordinación constitucionalmente plasmados en el artículo 103 de la Constitución .

QUINTO.- En cuanto a la corrección de errores que dio lugar a la nueva redacción de la Base quinta, es evidente que su redacción originaria quería recoger una transcripción del artículo 67 del Real Decreto 364/1995 . Pero por razones desconocidas, que más bien parece apuntar a un defecto de inserción del texto en el momento de redactar la base, se quedó en una transcripción parcial del citado precepto. Y para completarla se acudió al mecanismo de corrección de errores tal como permite el artículo 105.2 de la Ley 30/1992 , según el cual ' Las Administraciones Públicas, podrán asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio a instancia de lo interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos'.

El que en el acuerdo de corrección de errores no se cite el artículo 105, ni ningún otro, no desnaturaliza su carácter rectificador. La propia actuación administrativa y la denominación con la que ha calificado 'corrección de erros' pone en evidencia que el cauce empleado por el Concello para redactar de nuevo la base, ha sido el de rectificación de errores del artículo 105, pues lo que pretendía era completar el texto con la trascripción completa del artículo 67 del Real Decreto 364/1995 , que ya citaba en su redacción originaria. Con la corrección de errores lo único que ha hecho el Concello demandado ha sido, como correctamente se dice en la sentencia de instancia, precisar el alcance de la exigencia que contiene la base discutida, restringiéndola a los funcionarios de la Administración General del Estado.

No se está en el caso contemplado en la sentencia que cita el apelante en su recurso ( STS de 1 de diciembre de 2011 ), pues la actuación administrativa municipal que se enjuicia en el presente caso no introduce ningún elemento característico del puesto convocado, sino que se limita a completar la Base quinta con un texto que ya se podía adivinar con la cita que hacía del artículo 67 del Real Decreto 364/1995 .

El Concello demandado no acudió al mecanismo de rectificación de errores del artículo 105 de la Ley 30/1992 para reproducir de nuevo la base, como tampoco lo hizo para introducir en ella ninguna modificación sustancial, sino para aclarar los supuestos de aplicación de la exigencia de informe que se contiene en ella, lo cual a su vez justificaba la ampliación del plazo de presentación de las solicitudes. Esta posibilidad es conforme a derecho, al ser el resultado de completar la base quinta, permitiendo por igual a todos quienes estuviesen interesados, participar en el proceso selectivo y presentar sus instancias hasta que no finalizase el plazo de ampliación, lo cual tuvo lugar en el mes de septiembre de 2014, y desde luego con posterioridad a la fecha en la que el candidato finalmente seleccionado, presentó la suya.

SEXTO.- A continuación, en cuanto al sistema de provisión del puesto de asesor jurídico del Concello de Ourense, insiste el apelante en esta alzada en que las bases incumplen la sentencia dictada por esta Sala el 18 de abril de 2012 , la cual anuló el sistema de provisión por libre designación del puesto de Asesor jurídico del Concello de Ourense establecido en la RPT.

Como argumentos con los que pretende rebatir lo expuesto en la sentencia de instancia, el Sr. Victor Manuel alega que no es verdad que la RPT de 2014 sustituyese a la del 2010 pues dicha RPT no fue aprobada ni publicada. Y añade que la sentencia del TSJ de Galicia de 18 de abril de 2012 produce efectos de cosa juzgada material.

La sentencia de esta Sala de 18 de abril de 2012 , dictada en el procedimiento número 395/2010, no produce efectos de cosa juzgada material en este procedimiento, pues como ya advierte la de instancia, lo que en ella se enjuiciaba era la conformidad a derecho o no del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Ourense en sesión extraordinaria de 26 de enero de 2010 para aprobación de la Relación de Puestos de trabajo para el año 2010; RPT que ni siquiera era la vigente cuando se publicó la convocatoria a que se refiere esta litis, pues si bien no lo era la que se ha querido hacer valer como RPT de 2014, que no consta aprobada ni publicada, sí lo era la RPT aprobada por Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Concello de Ourense de 16 de mayo de 2012 (BOP de 19 de junio de 2012), en la cual los puestos de asesor jurídico se describen de la siguiente manera:

Servicio: ABOGACÍA CONSISTORIAL Denominación; Puestos; Nivel C. Destino; Ptos. C. plto. Específico; Tipo puesto; Grupo; Escala; Observaciones

LETRADO ASESOR; 3; 26; 14,63; FUNCIONARIO; A1; Administración especial; Ninguna.

LETRADO JEFE; 1; 27; 32,74; FUNCIONARIO; A1; Administración especial; Ninguna.

Servicio: ASESORÍA JURÍDICA Denominación; Puestos; Nivel C. Destino; Ptos. C. plto. Específico; Tipo puesto; Grupo; Escala; Observaciones

ASESOR JURÍDICO; 1; 30; 35,02; FUNCIONARIO; A1; Admón. general/ Admón.especial; Ninguna.

ASESOR JURÍDICO ADJUNTO; 1; 29; 23,3; FUNCIONARIO; A1; Administración especial; Ninguna.

VICEASESOR JURÍDICO; 1; 28; 21,74; FUNCIONARIO; A1; Admón. general/ Admón.especial; Ninguna.

Las características del puesto convocado en los Acuerdos de la Junta de Gobierno local del Concello de Ourense, de 5 y 7 de agosto de 2014: ' asesor jurídico del Concello de Ourense (puesto de carácter directivo de acuerdo con los artículos 129 e 130 de la Ley 7/1985 , do 2 de abril, reguladora de las bases de réximen local). Subgrupo A1. Nivel de complemento de destino: 30. Complemento específico: 40.183 ?/anuales', se corresponden con el puesto de trabajo que en la RPT del 2012 se identifica como ' ASESOR JURÍDICO; 1; 30; 35,02; FUNCIONARIO; A1; Admón. general/ Admón.especial; Ninguna', y por tanto con el previsto en el artículo 129 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local , introducido, al igual que el 130, por el apartado 4 del artículo primero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre , de medidas para la modernización del gobierno local.

El artículo 129 (La asesoría jurídica), establece que:

'1 . Sin perjuicio de las funciones reservadas al secretario del Pleno por el párrafo e) del apartado 5 del artículo 122 de esta ley, existirá un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 447 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .

2. Su titular será nombrado y separado por la Junta de Gobierno Local, entre personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título de licenciado en derecho.

b) Ostentar la condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, o bien funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente'.

Por su parte, el artículo 130.1 B) d) (Órganos superiores y directivos), cataloga al puesto de titular de la asesoría jurídica como un órgano directivo.

Respecto de este puesto de trabajo, esta Sala ha dicho, en la sentencia de 23 de febrero de 2011 (Recurso: 470/2010 ) y en la posterior de 18 de enero de 2012 (Recurso: 298/2011), que se trata de un órgano directivo de índole política, que también tiene en cuenta criterios de oportunidad.

Esta interpretación, acomodada a las previsiones legales, es la que debe prevaler sobre lo razonado en la sentencia de 18 de abril de 2012 , que enjuició la cuestión sometida a debate únicamente a la luz de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo 1/2008 de 13 de Marzo , omitiendo la aplicación de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, que es la que califica el puesto litigioso como puesto de carácter directivo, y que como tal puede cubrirse por el sistema de libre designación. Así lo permite la normativa autonómica antes citada.

SEPTIMO.- En cuanto a la motivación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de septiembre de 2014 por el que se nombra a Don Avelino para el puesto de asesor jurídico, diremos en primer lugar que nos encontramos con un puesto de libre designación en el que concurren las notas de especial responsabilidad y confianza.

El artículo 80.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público , establece que ' La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto' (mismo precepto del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público).

Este sistema de provisión de puestos de trabajo tiene carácter excepcional, y como ya se dice en la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2002 (recurso número 1418/2000 ) el nombramiento para cargos de libre designación constituye un acto administrativo singular y específico dentro de la categoría general de los actos discrecionales ( letra f del artículo 54.1 de la Ley 30/1992 (modificada por Ley 4/1999), consistiendo la singularidad en que tales nombramientos se basan en la existencia de un motivo de confianza que la autoridad facultada para la designación ha de tener en la persona designada, relación de confianza que solo puede apreciar esa misma autoridad que verifica el nombramiento.

Y así como el carácter discrecional viene justificado por la especial responsabilidad y confianza que caracteriza a los puestos de trabajo que se pueden proveer por este sistema ( artículo 80.2 del EBEP ), es verdad que el carácter discrecional del nombramiento, al igual que el de su cese, exigen un plus de motivación conforme a lo previsto en el artículo 54 de la Ley 30/1992 ( artículo 35.1 i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , en periodo de vacatio legis).

Este plus de motivación se cumple en este caso aunque lo sea a través de una escasa pero suficiente referencia a la condición del candidato seleccionado como Letrado del Xunta de Galicia y a los méritos de experiencia profesional y formativo que se recogen en su curriculum. Esa cita expresa e inequívoca a la condición de miembro del cuerpo de letrados de la Xunta de Galicia remite derechamente a la valoración positiva de la condición de acceso a la misma que constituye un mérito objetivo (superación de pruebas selectivas de escala superior jurídica con arreglo a temario adaptado al ámbito autonómico), del que carece el recurrente, y que es el eje sobre el que pivota la decisión del nombramiento cuestionado. Constituye un dato objetivo que permite un control sobre el acierto y seriedad de la decisión última, basada a su vez, como es consustancial a la naturaleza del puesto convocado, a razones de confianza y juicio de idoneidad del aspirante seleccionado, Letrado de la Xunta de Galicia por oposición desde el año 2001.

OCTAVO.- Los demás argumentos a través de los cuales el Sr. Victor Manuel pretende rebatir la sentencia de instancia en los fundamentos que desestima los restantes motivos de impugnación, giran en torno a la vulneración de la garantía de indemnidad, que conlleva, como dice en el apelante en su recurso, una vez realizada la prueba indiciaria, a la inversión de la carga de la prueba de manera que es la Administración la que debe de probar que el acto dictado no responde a una motivación discriminatoria.

Alega el apelante bajo este apartado de su recurso que el proceso de provisión del puesto litigioso se inició con la intención de separarle de las funciones del puesto que desempeñaba por sustitución, existiendo una intencionalidad de discriminarle como consecuencia de su actividad sindical. Y que la prueba indiciaria de tal discriminación la constituye el clima de enfrentamiento entre él y el Concello.

En efecto, la garantía de indemnidad significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza, y que en el campo de las relaciones laborales se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos ( SSTC 14/1993, de 18 de enero , y 38/2005, de 28 de febrero entre otras), con la importancia que ello tiene en relación con la regla de la distribución de la carga de la prueba.

En todo caso y aun entendiendo trasladable esta doctrina a supuestos diferentes al de despido empresarial, como es el de cambios organizativos que impliquen una modificación en los puestos de trabajo, sin embargo sólo es aplicable cuando se denuncian actuaciones empresariales (o de la Administración, como parte empleadora) que hayan constituido una represalia en respuesta del ejercicio de una acción judicial, o de una reclamación administrativa, o de un acto preparatorio de una acción judicial, que son los supuestos a los que se ha extendido la garantía de indemnidad derivada del derecho a la tutela judicial efectiva (por todas, SSTC 5/2003, de 20 de enero ; 55/2004, de 19 de abril ; y 171/2005, de 20 de junio , 326/2005, de 12 de diciembre ).

Este Tribunal en sentencia de 13 de mayo de 2015 (Recurso: 308/2014 ) vino a recordar que ' El Tribunal Constitucional, desde su sentencia 38/81 , ha venido reiterando, en relación con el ámbito laboral, la importancia de la regla de distribución de la carga de la prueba para garantizar de manera efectiva el derecho a la libertad sindical frente a eventuales medidas o decisiones que puedan representar una discriminación por razones sindicales; señalando, al respecto, que cuando se alegue que una determinada decisión encubre en realidad una conducta lesiva del derecho fundamental, incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a la libertad sindical.

Pero dicho alto Tribunal ha matizado también que para que opere este desplazamiento al demandado del onus probandi no basta que la parte recurrente la tilde de discriminatoria, sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de semejante alegato y, establecida esta prueba indiciaria, el demandado asume la carga de demostrar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aún sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de este derecho fundamental. No se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación- sino la de razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales ( Sentencias del Tribunal Constitucional números 55/83 , 104/87 166/88 , 114/89 , 135/90 , 197/90 , 21/92 , 7/93 266/93 y 293/93 ).

Podría afirmarse que el anterior criterio rige en el ámbito de las relaciones laborales, y debe ser matizado en atención a la específica naturaleza de la relación funcionarial, a la que no es posible trasladar sin más y de manera mecánica las citadas reglas, dadas sus especiales características. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 293/93 , ha utilizado dicho criterio en un supuesto de cambio de adscripción de determinados funcionarios públicos a nuevos puestos de trabajo dentro de la Administración para enjuiciar la legitimidad de dicha medida desde el punto de vista del derecho a la libertad sindical' .

NOVENO .- Aplicando la anterior doctrina a este caso presente, y a la vista de la documentación incorporada al procedimiento judicial de instancia, no se pueda dar la razón a la apelante cuando afirma la existencia de una actuación discriminatoria, pues la demostración de un clima de enfrentamiento, que en verdad puede generar una desconfianza inicial de la actuación administrativa, no puede servir de único dato a tener en cuenta para entender demostrada la discriminación denunciada.

La documentación acompañada con el escrito de demanda y la aportada a lo largo del proceso judicial demuestran que el Sr. Victor Manuel ostenta la condición de Secretario para el Concello de Ourense de la sección sindical de CIGA desde el 9 de noviembre de 2010. Esto no impidió su nombramiento como asesor jurídico adjunto del Concello de Ourense por Decreto de 30 de mayo de 2012.

Fue al año siguiente cuando comenzó el entrecruzamiento de denuncias y reclamaciones judiciales entre el apelante y el Concello, como ha sido la denuncia presentada el día 5 de julio de 2013 por las Concelleiras delegadas de Urbanismo y de Bienestar Social del Concello, contra el apelante y contra el Secretario para el Concello de Ourense de la sección sindical de la UGT, por un posible delito de calumnias con publicidad, a la que siguió la presentación de otra denuncia en el mes de octubre del mismo año por el Sr. Victor Manuel y el responsable del Sindicato Unión Sindical Obreira del Concello de Ourense, contra la Concelleira de Urbanismo, el Alcalde del Concello y la Directora Xeral de Recursos Humanos por posibles delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en contratación de personal.

De este entrecruzamiento de acciones administrativas y reclamaciones judiciales que precedieron a la convocatoria impugnada, forma parte el acuerdo de enero de 2014 que le denegó la compatibilidad para dar clases como profesor asociado en la Universidad de Vigo, acuerdo que fue anulado por sentencia de 22 de mayo de 2014 . Pero no todas las reclamaciones que presentó judicialmente contra actuaciones administrativas se revolvieron a su favor, pues no lo fue la reclamación retributiva que quiso asociar al desempeño de funciones de asesor jurídico desde enero de 2005 al octubre de 2008, la cual fue rechazada precisamente en la sentencia de este Tribunal de 18 de enero de 2012 , objeto de cita en el fundamento de derecho sexto de esta resolución.

Este entrecruzamiento de denuncias, reclamaciones y procedimientos no puede llevar sin más a entender que la decisión adoptada en el mes de septiembre de 2014, de nombramiento del Sr. Avelino como asesor jurídico del Concello, se hiciese con el objeto de discriminar al apelante, por mucho que a la convocatoria impugnada le hubiese precedido otra, anterior al cese del que entonces era el titular de la asesoría jurídica del Concello.

Nadie discute, pues tampoco podría haberse en este procedimiento la conformidad a derecho del cese del anterior titular de la asesoría jurídica, como tampoco nadie discute que a fecha de la primera convocatoria el cese del anterior titular fuese un hecho futuro pero cierto, ni que por tanto no hubiese razones para anunciar la provisión del puesto que iba a quedar vacante. La única irregularidad que se cometió en esa primera convocatoria es que se adelantó al cese efectivo, por lo que tuvo que dejarse sin efecto y posponerse a un momento posterior al cese. Este proceder no demuestra, con la claridad que dice el apelante, que la intención que había detrás de la actuación administrativa era la de separarle del puesto que desempeñaba por sustitución. Y si la convocatoria no esconde ese ánimo discriminatorio, tampoco se aprecia tras el acto de nombramiento del Sr. Avelino , pues el acuerdo de nombramiento, aunque con motivación escasa, identifica suficientemente la clase de méritos que han sido considerados prioritarios para decidir la preferencia de aquel respecto de los demás candidatos.

Fue la Junta de Gobierno local la que adoptó esta decisión. A la vista del acta de sesión se puede comprobar que el Alcalde se limitó a hacer la propuesta de nombramiento, la cual fue aprobada por unanimidad por los Concelleiros allí presentes, por lo que excluyendo el voto del Alcalde y de la teniente Alcalde que hacía funciones de Secretaria de la Junta, el acuerdo se adoptó con el voto favorable de 4 Concelleiros. Esto significa que el voto del Alcalde no fue decisivo para lograr un acuerdo favorable de nombramiento del Sr. Avelino .

Recordando la doctrina del Tribunal Supremo sentada en sentencias como la de octubre de 2002 (Recurso de Casación núm. 9176/1997 ) 'la propia LPA en el número 3 del art. 20 (actual artículo 28.3 de la Ley 30/1992 ) se cuida de señalar que 'la actuación de funcionarios en los que concurren motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido'. Por lo tanto, en los casos en los que el motivo de abstención no tenga influencia decisiva en la formación de la voluntad del órgano la invalidez no deberá producirse.

Todo ello sin olvidar la falta de congruencia material del planteamiento del apelante ya que si la libre designación comporta por definición el necesario vínculo de confianza entre autoridad y funcionario designado, malamente puede esgrimirse una supuesta tensión o animadversión recíproca como fundamento para conseguir un doble efecto perverso: invalidar el nombramiento de un tercero ajeno y de paso, obtener el nombramiento para sí.

Y si la no abstención del Alcalde no puede conducir a la nulidad del acto de nombramiento, tampoco puede serlo el no apartamiento del Jefe de personal del Concello que emitió informe al recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 4 de agosto de 2014, pues además de que la recusación fue presentada en un procedimiento distinto (un procedimiento disciplinario), en todo caso el incidente de recusación fue inadmitido a trámite por Decreto de 17 de marzo de 2014 en base a que se dejó sin efecto la incoación de aquel procedimiento, y porque además se entendió que no concurría causa de recusación 'al no existir interés personal en el asunto alegado por el recusante'.

En definitiva, por parte del Concello no se han conculcado los principios de buena fe y de confianza legitima, pues además el incumplimiento del plazo por parte de la Administración a la hora de resolver la recusación en nada puede afectar a la legalidad y conformidad a derecho de los actos impugnados en este procedimiento.

Por todo ello, el recurso ha de ser desestimado, y la sentencia de instancia confirmada.

DECIMO.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa , en sede de costas procesales, en las demás instancias o grados se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

No concurriendo en el caso ninguna de las circunstancias que justifiquen la no imposición, han de imponerse al apelante las costas de esta segunda instancia, al desestimarse totalmente el recurso; fijando en 1.500 euros la suma máxima en concepto de defensa de las apeladas, correspondiendo 750 euros a la Administración y otros 750 euros al codemandado personado en autos, en función del trabajo y esfuerzo desplegado para dar respuesta a los motivos de apelación esgrimidos.

VISTOSlos artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que con desestimación del Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia de seis de mayo de dos mil quince dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de los de Ourense en autos de Procedimiento Ordinario número 480/14, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOSla misma; con imposición de costas a parte apelante, en la cuantía máxima de 1.500 euros en concepto de defensa de las apeladas, correspondiendo 750 euros a la Administración y otros 750 euros al codemandado personado en autos.

Notifíquese a las partes y, entréguese copia al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la misma es firme, y que contra ella las personas y entidades a que se refiere el art. 100 de la Ley 29/1998, de 13 julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrán interponer el recurso de casación en interés de Ley del artículo citado, dentro del plazo de los tres meses siguientes a su notificación. Asimismo, podrán interponer contra ella cualquier otro recurso que estimen adecuado a la defensa de sus intereses. Para admitir a trámite el recurso, al interponerse deberá constituirse en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Tribunal SANTANDER-(1570-0000-85-0416/15), el depósito al que se refiere la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE núm. 266 de 4/11/09); y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION

Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente DOÑA DOLORES RIVERA FRADE, al estar celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Primera de este Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el día de su fecha.- Doy fe.


Funcionarios públicos
Actuación administrativa
Ciudadanos
Voluntad
Estatuto Básico del Empleado Público
Colegiado
Acceso al empleo público
Nulidad de pleno derecho
Responsabilidad
Administración local
Subsanación de errores
Derecho subjetivo
Prueba de indicios
Días naturales
Corporaciones locales
Empleados de la Administración Pública
Acto preparatorio
Carga de la prueba
Abstención
Recusación
Actos discrecionales
Inversión de la carga de la prueba
Prueba imposible
Derecho a la tutela judicial efectiva