Sentencia Administrativo Nº 405/2005, Tribunal Superior de Justicia de Pais Vasco, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 882/2003 de 03 de Junio de 2005

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 03 de Junio de 2005
  • Tribunal: TSJ Pais Vasco
  • Ponente: Gonzalez Saiz, Jose Antonio
  • Núm. Sentencia: 405/2005
  • Núm. Recurso: 882/2003
  • Núm. Cendoj: 48020330012005100213
Resumen:

El TSJ confirma el acto administrativo que estima parcialmente la reclamación presentada por los actores contra la liquidación practicada en el Impuesto de sucesiones. Manifiesta la Sala que en relación a la naturaleza privativa de varias fincas, los diversos ejemplares de las ventas notariales, sí muestran que se trataba de fincas heredadas de su padre por la madre, y que se trataba de bienes privativos, ahora bien, no se acredita, que el producto de la venta estuviese incluido en el caudal hereditario del padre y, por ello, no puede accederse a lo pretendido, esto es, a reducir la base imponible del tributo. En cuanto al ajuar doméstico se trata de bienes que se adquieren por causa de muerte; no otra es la razón de que se atribuya al supérstite el ajuar doméstico y este, como tal adquisición, es objeto de concreta y específica previsión legal en orden a su tributación; no se constata pues el óbice jurídico en el que los recurrentes pretenden ampararse.


Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 882/03

SENTENCIA NUMERO 405/05

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE:

D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANIA

MAGISTRADOS:

D. JOSE ANTONIO GONZALEZ SAIZ

Dª. MARIA DEL MAR DIAZ PEREZ

En la Villa de BILBAO, a tres de junio de dos mil cinco.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 882/03 y seguido por el procedimiento Ordinario Ley 98, en el que se impugna: ACUERDO DE 13-12-02 DEL ORGANISMO JURIDICO ADMINISTRATIVO DE ALAVA ESTIMATORIO PARCIAL DE LA RECLAMACION 12/02 CONTRA LIQUIDACION NUM000 PRACTICADA POR EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES.

Son partes en dicho recurso: como recurrente Dª. Flor, Dª. Gabriela y D. Pablo, representados por la Procuradora Dª.BELEN PALACIOS MARTINEZ.

Como demandada DIPUTACION FORAL DE ALAVA, representada por el Procurador D. JOSE ANTONIO PEREZ GUERRA.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. JOSE ANTONIO GONZALEZ SAIZ, Magistrado de esta Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- El día diecinueve de marzo de 2.003, tuvo entrada en esta Sala escrito en el que Dª. BELEN PALACIOS MARTINEZ actuando en nombre y representación de Dª. Flor, Dª. Gabriela y D. Pablo, interpuso recurso contencioso-administrativo contra ACUERDO DE 13-12-02 DEL ORGANISMO JURIDICO ADMINISTRATIVO DE ALAVA ESTIMATORIO PARCIAL DE LA RECLAMACION 12/02 CONTRA LIQUIDACION NUM000 PRACTICADA POR EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES, quedando registrado dicho recurso con el número 882/03.

La cuantía del presente recurso quedó fijada en 2.121 euros.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados y que damos por reproducidos.

TERCERO.- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestimen las pretensiones de la actora teniendo en cuenta las alegaciones que anteceden.

CUARTO.- El procedimiento se recibió a prueba, practicándose con el resultado que obra en autos.

QUINTO.- En los escritos de conclusiones, las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.

SEXTO.- Por resolución de fecha 30/05/05 se señaló el pasado día 02/06/05 para la votación y fallo del presente recurso.

SÉPTIMO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Se impugna el acto administrativo dictado el 13 de diciembre de 2002 por el Organismo Jurídico Administrativo de Álava ( OJA ) que estima parcialmente la reclamación 12-02 presentada contra la liquidación NUM000 practicada en el impuesto de sucesiones.

SEGUNDO.- Los argumentos del recurso, orillando el relativo a la naturaleza privativa de las cantidades aportadas en su día por Dª Eva para la adquisición de una vivienda y del que se ha desistido en conclusiones, son varios, y los analizamos a continuación; la demandada, por su parte, mantiene el criterio plasmado en la resolución del OJA.

2.1En primer lugar, el OJA mantiene que a la vista del Padrón Municipal y de la pacífica data del fallecimiento de D. Luis Antonio ( esposo que fue de la referida Dª Eva; y, recuérdese que fallecidos ambos, la cuestión se plantea en el impuesto de sucesiones aplicado sobre la sucesión de D. Luis Antonio por los actores en su condición de sucesores de Dª Eva ) este residió en Vitoria entre el día 1 de junio de 1993 y el 1 de septiembre de 1997. Por ello, al no haber residido durante los cinco años anteriores al fallecimiento la normativa aplicable al tributo es la estatal, la común y no, como pretenden los recurrentes, la foral con la subsiguiente exención aplicable al cónyuge supérstite. En la demanda se reconoce expresamente no contar con pruebas de la residencia anterior al 1 de junio de 1993 y se pretende paliar esta carencia mediante la interpretación de la norma.

La tesis de la demanda no se acepta por la Sala y ello por los propios motivos de la resolución impugnada y los siguientes, vemos.

En primer lugar, la NORMA FORAL GENERAL TRIBUTARIA, de 31 de mayo de 1981 establece:

"Artículo 23.

...

3. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones".

La interpretación, por lo tanto, no puede, como se pretende por los recurrentes, sino ser restrictiva, no cabe interpretar en sentido amplio las normas relativas a las exenciones.

La Ley 38/1997, de 4 de agosto, por la que se aprueba la modificación del Concierto Económico Con la Comunidad Autónoma del País Vasco por su parte recoge por su parte:

Sección 5

Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones

Artículo veintiséis. Puntos de conexión.

Uno. La exacción de este impuesto, con el carácter de tributo concertado de normativa autónoma, corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales en los siguientes casos:

a) En las sucesiones, cuando el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco.

...

Dos. En los supuestos contemplados en las letras a) y b) del número anterior, las Diputaciones Forales aplicarán las normas de territorio común cuando el causante o donatario hubiere adquirido la residencia en el País Vasco con menos de 5 años de antelación a la fecha del devengo del Impuesto. Esta norma no será aplicable a quienes hayan conservado la condición política de vascos con arreglo al artículo 7.2 del Estatuto de Autonomía.

...

Cinco. Para determinar la residencia habitual de los sujetos pasivos, se estará a lo dispuesto en el artículo 36 del presente Concierto Económico.

Artículo treinta y seis. Residencia habitual y domicilio fiscal.

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende que las personas físicas residentes, tienen su residencia habitual en el País Vasco aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

1.ª Cuando permanezcan en dicho territorio más días del período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; de cada año, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; del año anterior a la fecha de devengo, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Por lo tanto, y utilizando el criterio interpretativo antes señalado, son las normas específicas de esta legislación las que establecen que en el impuesto de sucesiones son las Diputaciones Forales las encargadas de la exacción, y han de aplicar las normas comunes cuando no se haya contado con residencia habitual en Álava dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento, debiendo utilizarse para determinar esta residencia habitual ( como establece el art. 26.cinco, que se refiere a todos los supuestos del precepto en los que sea preciso determinar la residencia habitual y por lo tanto no sólo a aquellos en los que se fija la Administración competente sino, también, aquellos apartados en los que se concreta la normativa aplicable ) las previsiones concretamente establecidas para este tributo y a las que terminamos de aludir, esto es, las previstas por el art. 36. Y, como antes se indicó, los propios recurrentes aceptan no poder acreditar que el fallecido contaba con residencia anterior al 1 de junio de 1993, por lo tanto, no se cumple el plazo de cinco años que, contados de fecha a fecha como exige el art. 5 del Cc, darían inicio el 30 de agosto de 1992.

2.2Se argumenta, en segundo lugar, y como inicio de una serie de pretensiones subsidiarias de la analizada en el número anterior, que debe reconocérsele a Dª Eva la aplicación de las deducciones por minusvalía reconocidas por la norma. Aporta para ello, en un primer momento un informe médico junto con la demanda y, después, una valoración pericial de aquel.

Bien, la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, norma estatal aplicable, como hemos razonado, establece:

"Artículo 20. Base liquidable.

1. En las adquisiciones "mortis causa". incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, la base liquidable se obtendrá aplicando en la base imponible la reducción que corresponda de las incluidas en los grupos siguientes:

...

En las adquisiciones por personas con minusvalía física, psíquica o sensorial, se aplicará una reducción de seis millones de pesetas independiente de la que pudiera corresponder en función del grado de parentesco con el causante.

A estos efectos se considerarán personas con minusvalía con derecho a la reducción aquellas que determinan derecho a deducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas según la legislación propia de este impuesto".

Y, las normas aplicables al respecto eran las siguientes:

Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Artículo 78. Deducciones

d) Por cada sujeto pasivo y, en su caso, por cada descendiente soltero o cada ascendiente, cualquiera que sea su edad, que dependa del mismo, siempre que estos últimos no tengan rentas anuales superiores al salario mínimo interprofesional garantizado para mayores de dieciocho años en el período impositivo de que se trate, que sean invidentes, mutilados o inválidos, físicos o psíquicos, congénitos o sobrevenidos, en el grado reglamentariamente establecido, además de las deducciones que procedan de acuerdo con lo dispuesto en los números anteriores: 50.000 pesetas.

Asimismo, procederá la aplicación de esta deducción cuando la persona afectada por la minusvalía esté vinculada al sujeto pasivo por razones de tutela o acogimiento no remunerado y se den las circunstancias de nivel de renta y grado de invalidez expresadas en el párrafo anterior.

Cuando las personas que den derecho a esta deducción dependan de varios sujetos pasivos, la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno.

Y, el Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifican otras normas tributarias

Artículo 31. Grado de invalidez que da derecho a deducción en la cuota

1. El grado de disminución física o psíquica a que se refiere la letra d) del apartado uno del artículo 78 de la Ley del Impuesto, es el correspondiente a quienes tengan la condición legal de persona con minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere la Disposición Adicional segunda de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre.

2. Para disfrutar de esta deducción el sujeto pasivo deberá acreditar que las circunstancias determinantes de la minusvalía concurren en la fecha de devengo del Impuesto.

3. La condición de minusválido a que se refiere el apartado uno de este artículo podrá acreditarse ante la Administración Tributaria por cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho.

No obstante, a la condición legal de persona con minusvalía se considerará acreditada cuando:

a) Sea certificada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o el órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas.

b) Se perciba prestación reconocida por la Seguridad Social, por el Régimen Especial de Clases Pasivas por la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local o por Entidades que las sustituyan, como consecuencia de incapacidad permanente, siempre que para su reconocimiento se exija el grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 a que se refiere el apartado uno de este artículo.

En el caso no resulta de la prueba practicada, que como vemos puede ser cualquiera de las admitidas en derecho y no únicamente la declaración administrativa formal de invalidez, que Dª Eva estuviese aquejada de minusvalía, veamos; el documento nº 2 de los aportados con la demanda no es sino un informe de alta tras recibir asistencia médica de urgencia y en el destaca que la atención es precisada por disnea, se acude al Servicio de Urgencia por un episodio de disnea; en segundo lugar, es tratada y, al alta se encuentra estabilizada clínicamente con el diagnóstico de infección respiratoria en paciente con posible limitación crónica de flujo aéreo, debiendo ser controlada por su médico de cabecera. Por lo tanto, no hay historial clínico que ponga de manifiesto una situación invalidante, se trata de un episodio del que es tratada y estabilizada, episodio que, remitido, origina su derivación para el mero control no por especialista alguno sino por su propio médico de cabecera y, finalmente, respecto a la limitación respiratoria crónica, nos encontramos con que no consta la certeza del diagnóstico, se trata de una mera posibilidad como consta en el informe, y unido a la ausencia de tratamiento, de historia clínica, de pruebas objetivas ( v gr espirometría ), de derivación a control especializado nos pone de manifiesto que no presenta relevancia invalidante. Estos datos los confirma el propio perito quien al valorar el objeto de prueba, el referido documento ( que es ya de por si ilustrativo en grado suficiente, como hemos visto ), dice que no pude determinar ni la minusvalía ni su grado y después, exclusivamente para responder a lo que se le pregunta, con esas limitaciones y hablando en términos de mera probabilidad, no de certeza, que se trataría de una limitación leve-moderada.

No hay pues prueba de la minusvalía reclamada.

2.3En relación a la naturaleza privativa de varias fincas, los folios 58, 70 y 97 y siguientes, esto es, los diversos ejemplares de las ventas notariales, sí muestran que se trataba de fincas heredadas de su padre por Dª Eva, y que se trataba de bienes privativos ( 1346 del Cc ), ahora bien, no se acredita, como se mantiene en la resolución impugnada, que el producto de la venta estuviese incluido en el caudal hereditario de D. Luis Antonio y, por ello, no puede accederse a lo pretendido, esto es, a reducir la base imponible del tributo.

Varios son los elementos de juicio que impiden estimar el motivo, veamos; en primer lugar, el precio que figuraba en la escritura de venta de estas fincas, que tuvo lugar el 7 de octubre de 1996 se cifraba en un millón doscientas mil pesetas y reconocía la vendedora haberlo recibido antes; los documentos bancarios presentados no prueban la tesis de los recurrentes, así, el documento nº 10 de los aportados junto con su escrito de proposición probatoria, muestra ingresos bancarios posteriores a aquella fecha de la venta, en concreto dos ingresos, uno de u n millón y otro de quinientas mil, por lo tanto ingresos separados y no coincidentes con el precio de venta, e ingresos, como decimos, posteriores a aquella venta cuando es así que en la escritura se reconocía percibido ya; pero es más y es que esta cuenta bancaria no es la de Dª Eva, quien aparece como titular es D. Luis Antonio. Por lo tanto, no cabe inferir que se trate del precio de aquella venta lo que ingresó en el patrimonio a nombre de D. Luis Antonio. Pero es más, y es que los folios nº 119 y siguientes del expediente administrativo nos muestran la escritura pública en la que los recurrentes hacen relación de los bienes dejados por D. Luis Antonio al morir y detallan los privativos y los gananciales, determinando en cuanto a estos la mitad que correspondía a cada cónyuge, por lo tanto, acto este posterior, libre, voluntario y documentado públicamente en el que reconocen que no estaba incluido aquel precio de la venta que ahora pretenden excluir de nuevo del caudal hereditario de D. Luis Antonio.

El motivo es también desestimado.

2.4Se pretende también, renunciando ya a cualquier valoración pericial y utilizando argumento jurídicos, en concreto el texto del art. 1341 del Cc, excluir de la base imponible las cantidades correspondientes al concepto de ajuar doméstico; el precepto dice:

Fallecido uno de los cónyuges, las ropas, el mobiliario y enseres que constituyan el ajuar de la vivienda habitual común de los esposos se entregarán al que sobreviva, sin computárselo en su haber.

No se entenderán comprendidos en el ajuar las alhajas, objetos artísticos, históricos y otros de extraordinario valor.

No se trata de una norma que resulte aplicable al supuesto planteado puesto que se trata de norma destinada a regir la partición hereditaria y no los tributos resultantes; las normas al caso son las citadas por la Administración y las que siguen de la mencionada Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

Artículo 3. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible:

a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.

Artículo 15. Ajuar doméstico.

El ajuar doméstico formará parte de la masa hereditaria y se valorará conforme a las reglas establecidas en el Impuesto sobre el Patrimonio Neto, a menos que se pruebe fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior al que resulta de la aplicación de las mismas.

Por lo tanto, como el Cc expresa, se trata de bienes que se adquieren por causa de muerte; no otra es la razón de que se atribuya al supérstite el ajuar doméstico y este, como tal adquisición, es objeto de concreta y específica previsión legal en orden a su tributación; no se constata pues el óbice jurídico en el que los recurrentes pretenden ampararse.

2.5Finalmente, y utilizando una suerte de cláusula general, se pretende la aplicación de los beneficios tributarios que procedan; no cabe su estimación puesto que el art. 56 de la LJ establece con nitidez qué contenido debe observar la demanda, en concreto se han de detallar los hechos, los argumentos jurídicos y las pretensiones que se formulen, tal precisión es necesaria puesto que ha de ser la propia recurrente y no el Tribunal quien ha de aportar los mencionados elementos y concretarlos para que la demandada pueda por su parte defenderse.

TERCERO.- De acuerdo con los arts. 86 y 139 de la LJ no se efectúa imposición de costas procesales ni se dará acceso al recurso de Casación ordinario frente a esta Sentencia.

Ante lo expuesto la Sala

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo formulado por Dª. Flor, Dª. Gabriela y D. Pablo contra el acto administrativo dictado el 13 de diciembre de 2002 por el Organismo Jurídico Administrativo de Álava que estima parcialmente la reclamación 12/02 presentada contra la liquidación NUM000 practicada en el impuesto de sucesiones y, en consecuencia, lo confirmamos.

Cada parte satisfará las costas procesales causadas a su instancia.

CONTRA ESTA SENTENCIA NO CABE RECURSO ORDINARIO DE CASACION. TRANSCURRIDOS DIEZ DIAS DESDE SU NOTIFICACION A LAS PARTES Y DE CONFORMIDAD AL ART. 104 DE LA LEY DE LA JURISDICCION, REMITASE TESTIMONIO EN FORMA DE LA MISMA A LA ADMINISTRACION DEMANDADA, EN UNION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIN DE QUE, EN SU CASO, LA LLEVE A PURO Y DEBIDO EFECTO, ADOPTE LAS RESOLUCIONES QUE PROCEDAN Y PRACTIQUE LO QUE EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN EL FALLO, DE TODO LO CUAL DEBERA ACUSAR RECIBO A ESTA SALA EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS.

Así por esta nuestra Sentencia de la que se dejará certificación literal en los autos, con encuadernación de su original en el libro correspondiente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leida y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo el Secretario doy fe.

Residencia habitual
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
ISD (Impuesto sobre sucesiones y donaciones)
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Período impositivo
Devengo del Impuesto
Base liquidable
Fecha de devengo
Tasación pericial
Estatutos de autonomía
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Domicilio fiscal
Residencia habitual en Álava
Adquisición mortis causa
Medios de prueba
Práctica de la prueba
Administración local
Bienes privativos