Sentencia CIVIL Nº 822/2012, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 1318/2016 de 20 de Julio de 2016

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  • Núm. Recurso: 1318/2016
  • Núm. Cendoj: 46250370092016100721

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 001318/2016

VTA

SENTENCIA NÚM.: 822/12

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA

DOÑA PURIFICACION MARTORELL ZULUETA

DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES

En Valencia a veinte de julio de dos mil dieciséis.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA PURIFICACION MARTORELL ZULUETA,el presente rollo de apelación número 001318/2016, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000444/2015, promovidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 22 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a Edmundo , representado por el Procurador de los Tribunales ELENA CLIMENT FERRER, y asistido del Letrado MARIA JOSE PALENCIA LINARES y de otra, como apelados a BANKIA SA representado por el Procurador de los Tribunales MARIA GISBERT RUEDA, y asistido del Letrado JOSÉ MANUEL JIMENEZ LÓPEZ, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Edmundo .

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 22 DE VALENCIA en fecha 01/02/16 , contiene el siguiente FALLO: ' Que desestimando la demanda interpuesta por D. Edmundo , representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. Elena Climent Ferrer; contra Bankia, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Gisbert Rueda, en ejercicio de acción declarativa; DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la demandada de todos los pedimentos contra ella contenidos en la demanda; y todo ello con imposición de las costas procesales a la parte actora. '

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Edmundo , dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.


Fundamentos

PRIMERO.- La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Valencia de 1 de febrero de 2016 desestima la demanda formulada por DON Edmundo contra BANKIA S.A en ejercicio de acción dirigida al reconocimiento de su derecho a obtener las medidas de aplicación del RDL 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos (en adelante RDL 6/2012) por cumplir los requisitos prevenidos en el mismo.

La magistrada 'a quo' rechazó la pretensión absolviendo a la demandada de la pretensión contra ella deducida, razón por la que el demandante se alza en apelación - folio 262 y los sucesivos del proceso - alegando la aplicación de la norma por considerar que reúne los requisitos para beneficiarse de la misma y en concreto afirma:

1) Que la Sentencia apelada yerra porque él ha solicitado la medida primera (refinanciación) y no las sucesivas (dación en pago y quita) respecto de las que no reúne los requisitos legales. Los ingresos que percibe no superan el límite legal, ha aportado los documentos que acreditan cargas familiares y la falta de ingresos de su pareja, no es necesaria la aportación de certificado de registro de la unidad familiar, no tiene otros bienes y el préstamo suscrito con Bankia lo fue para adquisición de vivienda.

2) Invoca el contenido de la memoria de reclamaciones del Servicio del Banco de España y la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2012 sobre novación de operaciones para destacar que la novación operada es modificativa y no extintiva y que el contrato es de adhesión sin que se indique en lugar alguno que adquiera un solar ni constituyera hipoteca sobre el mismo.

Tras censurar la actuación de la entidad demandada, termina por suplicar se dicte sentencia revocatoria de la de instancia y la declaración de haber lugar a la aplicación de la medida uno del Código de Buenas Prácticas introducido por el RD 6/2012 y con condena en costas a la parte demandada apelada.

Se opone al recurso de apelación la representación de BANKIA S.A para sostener que el demandante no reúne los requisitos legales a que se refiere la normativa invocada y postula la confirmación de la resolución apelada (folio 276 y siguientes) reiterando los argumentos que ya dejó expuestos con ocasión de la oposición al escrito de demanda.

SEGUNDO.- Normativa aplicable.

Se ha de estar, a los efectos de la presente resolución, a los preceptos del RDL 6/2012 vigentes al tiempo de la presentación de la demanda, por tanto a la modificación publicada el 28 de de febrero de 2015, vigente desde el 1 de marzo de 2015, dado que la demanda fue presentada en el RUE el día 16 de marzo de 2014.

Las normas que se entienden de aplicación al caso son los artículos 3 , 5 y 7 así como el anexo relativo al Código de Buenas Prácticas invocado por el demandante. Éste Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual contempla las siguientes medidas:

1. Medidas previas a la ejecución hipotecaria: reestructuración de deudas hipotecarias.

a) Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo , de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, podrán solicitar y obtener de la entidad acreedora la reestructuración de su deuda hipotecaria al objeto de alcanzar la viabilidad a medio y largo plazo de la misma. Junto a la solicitud de reestructuración, acompañarán la documentación prevista en el artículo 3.3 del citado Real Decreto -ley.

No podrán formular tal solicitud aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecución, una vez se haya producido el anuncio de la subasta.

b) En el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud anterior junto con la documentación a que se refiere la letra anterior, la entidad deberá notificar y ofrecer al deudor un plan de reestructuración en el que se concreten la ejecución y las consecuencias financieras para el deudor de la aplicación conjunta de las medidas contenidas en esta letra. Sin perjuicio de lo anterior, el deudor podrá presentar en todo momento a la entidad una propuesta de plan de reestructuración, que deberá ser analizada por la entidad, quien, en caso de rechazo, deberá comunicar al deudor los motivos en que se fundamente.

i. Carencia en la amortización de capital de cinco años. El capital correspondiente a las cuotas de ese periodo podrá o bien pasarse a una cuota final al término del préstamo o bien prorratearse en las cuotas restantes, o realizarse una combinación de ambos sistemas.

ii. Ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años a contar desde la concesión del préstamo.

iii. Reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25 por cien durante el plazo de carencia.

iv. En todo caso, se inaplicarán con carácter indefinido las cláusulas limitativas de la bajada del tipo de interés previstas en los contratos de préstamo hipotecario.

Adicionalmente, las entidades podrán reunificar el conjunto de las deudas contraídas por el deudor.

No conllevará costes por compensación la amortización anticipada del crédito o préstamo hipotecario solicitada durante los diez años posteriores a la aprobación del plan de reestructuración.

c) En el plan de reestructuración la entidad advertirá, en su caso, del carácter inviable del plan conforme al criterio previsto en el apartado siguiente o que, de resultar dicho plan inviable, se podrán solicitar las medidas complementarias previstas en el siguiente apartado.

2. Medidas complementarias.

a) Los deudores para los que el plan de reestructuración previsto en el apartado anterior resulte inviable dada su situación económico financiera, podrán solicitar una quita en el capital pendiente de amortización en los términos previstos en este apartado, que la entidad tendrá facultad para aceptar o rechazar en el plazo de un mes a contar desde la acreditación de la inviabilidad del plan de reestructuración.

A estos efectos, se entenderá por plan de reestructuración inviable aquel que establezca una cuota hipotecaria mensual superior al 50 por cien de los ingresos que perciban conjuntamente todos los miembros de la unidad familiar.

b) Al objeto de determinar la quita, la entidad empleará alguno de los siguientes métodos de cálculo y notificará, en todo caso, los resultados obtenidos al deudor, con independencia de que la primera decida o no conceder dicha quita:

i. Reducción en un 25 por cien.

ii. Reducción equivalente a la diferencia entre capital amortizado y el que guarde con el total del capital prestado la misma proporción que el número de cuotas satisfechas por el deudor sobre el total de las debidas.

iii. Reducción equivalente a la mitad de la diferencia existente entre el valor actual de la vivienda y el valor que resulte de sustraer al valor inicial de tasación dos veces la diferencia con el préstamo concedido, siempre que el primero resulte inferior al segundo.

c) Esta medida también podrá ser solicitada por aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que ya se haya producido el anuncio de la subasta. Asimismo podrá serlo por aquellos deudores que, estando incluidos en el umbral de exclusión al que se refiere el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, no han podido optar a la dación en pago por presentar la vivienda cargas posteriores a la hipoteca.

3. Medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria: dación en pago de la vivienda habitual.

a) En el plazo de doce meses desde la solicitud de la reestructuración, los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo , de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, para los que la reestructuración y las medidas complementarias, en su caso, no resulten viables conforme a lo establecido en el apartado 2, podrán solicitar la dación en pago de su vivienda habitual en los términos previstos en este apartado. En estos casos la entidad estará obligada a aceptar la entrega del bien hipotecado por parte del deudor, a la propia entidad o tercero que ésta designe, quedando definitivamente cancelada la deuda.

b) La dación en pago supondrá la cancelación total de la deuda garantizada con hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por razón de la misma deuda.

c) El deudor, si así lo solicitara en el momento de pedir la dación en pago, podrá permanecer durante un plazo de dos años en la vivienda en concepto de arrendatario, satisfaciendo una renta anual del 3 por cien del importe total de la deuda en el momento de la dación. Durante dicho plazo el impago de la renta devengará un interés de demora del 10 por cien.

d) Las entidades podrán pactar con los deudores la cesión de una parte de la plusvalía generada por la enajenación de la vivienda, en contraprestación por la colaboración que éste pueda prestar en dicha transmisión.

e) Esta medida no será aplicable en los supuestos que se encuentren en procedimiento de ejecución en los que ya se haya anunciado la subasta, o en los que la vivienda esté gravada con cargas posteriores.

4. Publicidad del Código de Buenas Prácticas.

Las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de Buenas Prácticas, en particular, entre sus clientes.

TERCERO.- Aplicación al caso.

Delimitados los términos del debate en la forma sintética precedentemente expuesta, este Tribunal ha procedido - conforme a lo establecido en el artículo 456 de la LEC - a examinar de nuevo la totalidad de las alegaciones respectivamente deducidas por los litigantes en el proceso, así como a la revisión de la totalidad de la prueba practicada y contenido de la sentencia apelada. Como consecuencia de la revisión apuntada hemos llegado a las conclusiones que seguidamente pasamos a exponer:

3.1. En el suplico del escrito de demanda el actor no precisó que la medida que postulaba fuera la primera de las indicadas en el Código de Buenas prácticas, pues genérica y literalmente solicitó la declaración del ' derecho de mi representado a obtener las medidas de aplicación del RD 6/2012 por cumplir los requisitos en él establecidos con expresa imposición de costas a la parte demandada' y en el relato de hechos se refirió a las tres medidas que resultan del anexo (refinanciación, refinanciación con quita y dación en pago), haciéndolo en plural (folio 3, hecho quinto).

Se argumenta por el demandante que en la Audiencia Previa, con ocasión de la delimitación de los hechos controvertidos, se precisó que lo postulado era la aplicación de la 'medida uno' y así lo concreta en el suplico del recurso de apelación, por lo que esta Sala se limitará al examen de este aspecto, conforme a lo establecido en el artículo 218 de la LEC en relación con el artículo 465.5 del mismo cuerpo legal cuando dispone que la ' sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el artículo 461.'

3.2. Dicho lo cual, pasamos al examen de la concurrencia de los requisitos a que se refiere la norma antes transcrita para la medida cuya aplicación se pretende, haciendo constar que al tiempo de la presentación de la demanda ya se había instado por la entidad bancaria la ejecución hipotecaria, a la que el actor se opuso sin que se hubiera resuelto la oposición, lo que es relevante a los efectos de la norma ( 'no podrán formular tal solicitud aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecución, una vez se haya producido el anuncio de la subasta)y de los artículos 410 , 411 y 413 de la LEC .

La actora acreditó la existencia del proceso de ejecución mediante la aportación documental que consta unida a los folios 137 a 143, sin que por la entidad demandada se pusiera en cuestión el estado del proceso de ejecución en relación al límite para formular la solicitud.

3.3. Los requisitos que se exigen para el acceso a la medida se completan con el artículo 2 y 3.3 del Real Decreto (por la remisión que deriva de la misma), lo que exige acreditar que el deudor de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual se encuentre situado en el umbral de exclusión (por concurrencia de las circunstancias legales) y aporte la documental que igualmente se relaciona en el precepto.

Pues bien, en nuestro caso resulta que:

3.3.1. En fecha 27 de febrero de 2003 DON Edmundo adquirió, a título privativo, la vivienda puerta NUM000 del edificio sito en la CALLE000 NUM001 subrogándose en el préstamo (que fue ampliado y modificado) respecto del que pesa la garantía hipotecaria (Documento al folio 12 y los sucesivos de las actuaciones).

El 30 de noviembre de 2006 se amplió y modificó el préstamo hipotecario (documento al folio 71 y sucesivos) haciendo constar como objeto de la ampliación por importe de 54.654,83 euros, 'la adquisición de parcela' (folio 77). El importe pendiente del préstamo inicial ascendía a 44.345,17 euros, que unidos a los 54.654,83 obtenidos, sumaron la cantidad de 99.000 euros, según se indica en el documento.

La cuota hipotecaria pactada fue de 567,27 euros (folio 78 de las actuaciones). Según se desprende de la demanda, la cuota, al tiempo de su presentación ascendía a 440 euros, superando el 50% de los ingresos que percibe el demandante por su trabajo a tiempo parcial.

3.3.2 De los documentos obrantes al folio 65 y 68 de las actuaciones resulta que el actor (nacido el 11 de julio de 1975) se encuentra empadronado en la vivienda reseñada en el apartado anterior juntamente con Asunción y Plácido , los dos últimos desde el mes de febrero de 2014.

3.3.3. Se aporta como documento 4 (al folio 106) contrato de trabajo de duración determinada en el que aparece el demandante como trabajador (a tiempo parcial, en calidad de oficial 1ª y para la actividad de construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones). Éste aporta tres nóminas correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2014, por importes líquidos respectivos de 640,58 euros, 655,73 euros y 626,43 euros siendo en los tres casos el coste de empresa de 976,96 euros. Consta en la nómina de octubre un embargo salarial por importe de 4,47 euros.

3.3.4. Ni DON Edmundo ni DOÑA Asunción (folios 114 y 115) tuvieron imputaciones de IRPF para el ejercicio de 2013.

3.3.4. Intentada por el actor la reestructuración de la deuda con la entidad demandada, esta respondió negativamente a la petición (documento al folio 117) por no concurrir que el requisito de que el préstamo fuera concedido para la adquisición de la vivienda, sin perjuicio de ' buscar cualquier alternativa de solución que pudiera resultar viable para ambas partes'. A la negativa indicada, respondió el demandante por carta de 2 de diciembre de 2014, indicando que el préstamo fue concedido para la adquisición de la vivienda sin perjuicio de la ampliación del mismo para ' alguna reforma', reservándose el derecho a ponerlo en conocimiento del Banco de España y el ejercicio de acciones para ' exigir ante los Tribunales lo que por Ley me pertenece'.

Teniendo presente cuanto se ha expuesto, la Sala considera que pese a los argumentos esgrimidos por el demandante, no se ha acreditado en el proceso el cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles para acceder a la reestructuración de la deuda, pues no se ha aportado tampoco toda la documentación que permitiría la eventual aplicación de la normativa que invoca.

Hemos de empezar reseñando que cuando se produce la ampliación del préstamo para la adquisición de un solar en el año 2006, resulta sensiblemente superior el importe de la ampliación al importe pendiente respecto de la adquisición inicial de la vivienda y desde entonces hasta el momento en que se presenta la demanda no consta en qué forma se ha ido desarrollando la relación entre las partes ni si ha habido ulteriores ampliaciones, según parece desprenderse de la carta remitida por el actor al banco (en que se refiere a la reforma de la vivienda) y al hecho significativo de que nueve años después del otorgamiento de la escritura de 30 de noviembre de 2006 en que se fijó por principal una deuda de 99.000 euros, se practique el requerimiento de pago por importe de 90.722,35 euros.

Lo cierto es que el actor admite en su demanda su deber de acreditar que durante los cuatro años anteriores la unidad familiar ha sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, pero se limita a aportar como documento 5 la información fiscal relativa al ejercicio de 2013 y no de los anteriores. Esto impide valorar la concurrencia efectiva de un presupuesto legalmente exigido, aún al margen de la interpretación más o menos flexible que postula el demandante.

No entendemos de aplicación el informe del Banco de España que se aporta como documento 8 (pues no concurren las mismas circunstancias) ni la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2015 relativa a la novación (no es objeto del proceso si la ampliación del préstamo fue una novación meramente modificativa) ni la más reciente de 3 de junio de 2016 (en la que la ampliación del préstamo inicialmente concedido para vivienda y con destino a otra finalidad representaba un importe sensiblemente inferior al primigenio), pues lo que aquí se debate es si el demandante cumple o no los requisitos exigidos por el RDL 6/2102 y a él le incumbe la carga de aportación de la prueba relativa a todos los extremos exigidos (ex. Art 217 LEC en relación con el artículo 3.1 y 3.3 del Real Decreto cuando dice que la concurrencia de las circunstancias se acreditará por el deudor mediante la presentación documental), que, como se ha indicado, no ha cumplido.

Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la resolución apelada.

CUARTO.-Respecto de las costas de apelación, la Sala considera que atendidas las circunstancias concurrentes, no procede hacer pronunciamiento impositivo de las derivadas de la presente apelación.

Vistos los preceptos legales, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

DESESTIMAMOS la demanda formulada por la representación de DON Edmundo contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 22 de los de Valencia, que confirmamos sin hacer pronunciamiento respecto de las costas procesales de la alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el art. 207.4 L.E.C ., una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, estando celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha. Doy fe.


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