Sentencia Civil 86/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 100/2023 de 09 de febrero del 2024

PRIMERO . Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada que deben entenderse completados con los de esta resolución.

SEGUNDO . Con carácter previo a resolver tanto los motivos de apelación de la sentencia, como de impugnación formulado por ambas partes, es necesario partir de los siguientes hechos que se recoge en la sentencia de instancia, y que en esta resolución judicial se dan por reproducidos, que son los siguientes.

1º) Por la representación procesal de la empresa IBERLEGA ABOGADOS Y ASESORES SL, el día 30 de diciembre de 2002, se interpuso demanda de proceso monitorio frente a CONSULTORIA INTEGRACION Y VIRTUALIZACION S.L por el impago de los servicios prestados, en relación a las facturas emitidas en los meses de abril y mayo de 2020, e impagadas a la fecha, así como a su cláusula de rescisión, que no se hizo de manera anticipada de tres meses, según alegaciones de la parte actora.

2º) por la representación procesal de CONSULTORIA, INTEGRACION Y VIRTUALICION S.L., se opuso a la petición inicial del proceso monitorio, oponiendo en primer lugar falta de legitimación Activa de La sociedad IBERLEGA ABOGADOS Y ASESORES S.L., debido a la extinción jurídica de la sociedad, según publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, , alegando en cuanto al fondo de la reclamación, que si bien desde el mes que desde septiembre de 2017 la entidad accionante presto servicios de asesoría a la mercantil demandada, no es cierto que se suscribiera ningún nuevo contrato de prestación de servicios en febrero de 2019, reconociendo que se prestaron los servicios del mes de abril, pero que no se prestó ningún tipo de servicios durante el mes de mayo.

Alegando por otro lado, que la prestación de servicios de forma defectuosa, le había causado unos daños y perjuicios de 5.371,28 euros, habiendo aclarado en el acto del juicio que se alegada la existencia de esa deuda en vía de compensación.

3º) La sentencia de primera instancia estima la demanda principal, pero a su vez entiende que existe a favor de la demandada un credito compensable por los defectos y los daños que le causo la prestación de tales servicios, acordando la compensación judicial de ambas deudas en la cantidad concurrente, sentencia que es apelada por la parte actora, y objeto de impugnación por la parte demandada.

TERCERO . Teniendo en cuenta que la parte demandada e impugnante reproduce en esta alzada, la excepción de falta de legitimación activa de la entidad actora, al haberse acordado la extinción de la misma, debe resolverse sobre esa excepción en primer lugar.

Sobre esta cuestión debe darse por reproducidos lo argumentos que se recogen en la sentencia de instancia, en la medida que la petición inicial del proceso monitorio se presentó con anterioridad a la fecha en que se declaró extinguida la sociedad, y por lo tanto en el momento de iniciarse el proceso monitorio si estaba en activo.

Por otro lado, el hecho de que se haya procedido a la cancelación de la sociedad en el Registro como consecuencia de la terminación del concurso, no priva a la sociedad de legitimación activa, pues como señala la SAP de Madrid Secc. 11 N º 367/2023 de 29/09/2023 "Tal criterio es compartido por esta Sala. Por consiguiente, a pesar de la cancelación de la sociedad en el Registro Mercantil como consecuencia de la conclusión del concurso, en este caso por falta de masa activa de la sociedad, ésta conservará su personalidad jurídica hasta la completa liquidación de sus bienes y hasta la extinción de todas las relaciones jurídicas pendientes, tanto para soportar en el lado pasivo las reclamaciones de sus acreedores, como de otro lado para, en el lado activo, plantear o mantener demandas judiciales en reclamación de los créditos que ostente o crea que le asistan contra otros terceros, y así poder hacer frente, precisamente, a las reclamaciones de los acreedores insatisfechos.

El motivo, por tanto, ha de tener acogida. La sociedad sigue teniendo capacidad procesal y legitimación para entablar la acción en reclamación del cumplimiento de una obligación de pago que cree que le asiste frente a un tercero; siendo de advertir que en este caso se declara el concurso y a la vez se da por concluido, no por la liquidación de la sociedad, sino por insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa. Lo que nos lleva a rechazar asimismo las alegaciones de falta de capacidad de la representación procesal de la demandante y de falta de postulación".

Y la SAP, Pontevedra sección 6ª del 19 de noviembre de 2019 resume también esta cuestión:

"La S.T.S.1ª, del pleno, 324/2017 de 24 de mayo (Rec. 197/2015) precisó la doctrina jurisprudencial sobre la pervivencia de la personalidad jurídica de las sociedades de capital tras la cancelación de su inscripción en el Registro de Mercantil señalando:

Ya sea bajo la Ley de Sociedades Anónimas, ya sea bajo la Ley de Sociedades de Capital que, como hemos visto, completa el régimen de extinción de las sociedades anónimas, aunque formalmente la cancelación de los asientos registrales relativos a la sociedad conlleva su extinción, no podemos negarle cierta personalidad jurídica respecto de reclamaciones derivadas de pasivos sobrevenidos. Estas reclamaciones presuponen que todavía está pendiente alguna operación de liquidación. Es cierto que la actual Ley de Sociedades de Capital, en su art. 399, prevé la responsabilidad solidaria de los antiguos socios respecto de las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de sus respectivas cuotas de liquidación, en caso de pasivos sobrevenidos. En muchos casos, para hacer efectiva esta responsabilidad, no será necesario dirigirse contra la sociedad. Pero reclamaciones como la presente, sin perjuicio de que acaben dirigiéndose frente a los socios para hacer efectiva responsabilidad solidaria hasta el límite de sus respectivas cuotas de liquidación, pueden requerir de un reconocimiento judicial del crédito, para lo cual resulte conveniente dirigir la demanda frente a la sociedad. En estos supuestos, en que la reclamación se basa en que el crédito reclamado debería haber formado parte de la liquidación, y que por lo tanto la practicada no es definitiva, no sólo no debemos negar la posibilidad de que pueda dirigirse la reclamación frente a la sociedad, sino que, además, no debemos exigir la previa anulación de la cancelación y la reapertura formal de la liquidación. De este modo, no debe privarse a los acreedores de la posibilidad de dirigirse directamente contra la sociedad, bajo la representación de su liquidador, para reclamar judicialmente el crédito, sobre todo cuando, en atención a la naturaleza del crédito, se precisa su previa declaración. Dicho de otro modo, a estos meros efectos de completar las operaciones de liquidación, está latente la personalidad de la sociedad, quien tendrá capacidad para ser parte como demandada, y podrá estar representada por la liquidadora, en cuanto que la reclamación guarda relación con labores de liquidación que se advierte están pendientes. Además, el art. 400 LSC atribuye esta representación a los (antiguos) liquidadores para la formalización de actos jurídicos en nombre de la sociedad, tras su cancelación. De ahí que ratifiquemos la posición contenida en las sentencias de esta sala de 979/2011, de 27 de diciembre, y 220/2013, de 20 de marzo, y entendamos que la sociedad demandada gozaba de capacidad para ser parte en este concreto pleito, en el que se reclama la reparación del perjuicio sufrido por un cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales asumidas por la sociedad frente a la demandante".

CUARTO . Por la representación procesal de la parte actora y ahora apelante, se alega como primer motivo del recurso de apelación, la incongruencia y extralimitación de la sentencia, al haberse estimado la compensación de los créditos en la cantidad concurrente, en base a una presuntas liquidaciones de impuestos no realizadas por la entidad apelante, alegando que los recargos o sanciones que se alega que se impusieron a la entidad demandada de 5.371,28 € , son del mes de mayo de 2020, cuando según la parte actora y apelante las presuntas liquidaciones mal presentadas se corresponden al tercer trimestre de 2018, el primero de 2019 , sin que a juicio de la parte apelante se haya acreditado que dichos e cargos fueran imputables a la parte actora .

Como señala la sentencia del TS de fecha 26 de octubre de 2010 " El principio de la congruencia proclamado en el artículo 218 LEC -que, en su modalidad llamada omisiva, tiene trascendencia constitucional, por entrañar una infracción del artículo 120.3 CE y también una conculcación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 CE - exige que la sentencia resuelva todas las cuestiones debatidas en el proceso, dando a cada una de ellas la respuesta suficientemente razonada o motivada que sea procedente ( SSTS 1 de abril de 2008, RC n.º 222/2001 , 2 de octubre de 2009, RC n.º 2194/2002 , 26 de marzo de 2010, RC. n. º 824/2006). Solo cabe tildar de incongruente la respuesta judicial por falta de argumentación concreta acerca de una cuestión cuando no cabe entender que hay una desestimación implícita derivada claramente de lo razonado en el cuerpo de la resolución ( STS de 1 de abril de 2008, recurso 222/2001). "

"Con carácter general, venimos considerando que "el deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa pretendí [causa de pedir] y el fallo de la sentencia" ( Sentencias 173/2013, de 6 de marzo). "De tal forma que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido (ultra petita), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (infra petita), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretase como desestimación tácita. Se exige por ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito" ( Sentencias 468/2014, de 11 de septiembre, y 375/2015, de 6 de julio)".

En cuanto a la incongruencia interna tiene declarado El TS en la sentencia 544/2022 de 7 de julio , los casos de la denominada incongruencia interna, es decir de supuesta incoherencia, desajuste o falta de correspondencia entre lo razonado y lo resuelto ( sentencias 9/2020, de 8 de enero ; 144/2020, de 2 de marzo ; 298/2020, de 15 de junio ; 438/2020, de 17 de julio ; 263/2021, de 6 de mayo ; 575/2021, de 26 de julio ; 141/2022, de 22 de febrero y 364/2022, de 4 de mayo), han sido considerados por el Tribunal Constitucional como lesivos del derecho a la tutela judicial efectiva, en su dimensión de obtener una resolución fundada en Derecho, puesto que desembocan en un defecto de motivación, al resultar ésta irrazonable y contradictoria (por todas, SSTC 42/2005, de 28 de febrero ; 140/2006, de 8 de mayo ; y 127/2008, de 27 de octubre ).

2.- En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 127/2008, de 27 de octubre, en su FJ 2, señala:

"Como este Tribunal ha declarado, teniendo en cuenta que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye entre sus variados contenidos el que se dicte una resolución fundada en Derecho, resulta evidente que no puede reputarse como tal una Sentencia cuya fundamentación discurre por una senda diametralmente opuesta a la del fallo y en la que se motiva lo contrario de lo que se falla ( SSTC 138/1985, de 18 de octubre, FJ 8; 16/1993, de 18 de enero, FJ 2; y 25/2006, de 30 de enero, FJ 4). De ahí que sólo una motivación razonada y suficiente permita satisfacer el ejercicio del derecho a la tutela judicial, porque una motivación radicalmente contradictoria no satisface los requerimientos constitucionales ( STC 54/2000, de 28 de febrero, FJ 3)".

3.- La sentencia 278/2022 de 31 de marzo de 2022 , recuerda que conforme a nuestra jurisprudencia, "la denominada " incongruencia interna " puede tener lugar "por contradicción entre los pronunciamientos de un fallo, o bien entre la conclusión sentada en la fundamentación jurídica como consecuencia de la argumentación decisiva - ratio deciden di - y el fallo, o con alguno de sus pronunciamientos" ( sentencias 668/2012, de 14 de noviembre , 571/2012, de 8 de octubre , y 291/2015, de 3 de junio )."

En el presente caso no cabe entender que se incurra en la sentencia apelada en el vicio de incongruencia, toda vez que la sentencia es congruente no solo con las peticiones de las partes, sino también con el contenido de la misma, toda vez que acreditado en los autos, pues es un hecho admitido por ambas partes, el que la actora vino prestado servicios a la demandada desde el año 2017, hasta al menos el mes de abril de 2020, lo cierto es que si esos recargos que se impusieron a la demanda por la presentación tardía de las liquidaciones de diversos impuestos, si se produjeron durante la prestación de tales servicios, de lo que se deduce que la sentencia de instancia no incurre en incongruencia, pues resuelve sobre todas las cuestiones que fueron objeto de litigio, y tampoco se infringe el artículo 218 de la ley de enjuiciamiento civil, toda vez que resuelve por un lado la pretensión ejercitada en la demanda, y resuelve sobre la compensación alegada por la parte demandada e impugnante de la sentencia, dado que fueron cuestiones oportunamente alegadas por las partes .

QUINTO . Como segundo motivo del recurso de apelación se alga la improcedencia de la compensación, que se alegó por la parte demandada y se estima en la sentencia, por entender que se había admitido una compensación implícita, que no debía haber sido admitida en base al artículo 406 de la ley de Enjuiciamiento civil.

En cuando este motivo del recurso de apelación, no cabe confundir la reconvención con la excepción de compensación, en la medida que si bien no se admite la reconvención implícita, tal como se deduce del artículo 406 de la ley de enjuiciamiento civil, lo cierto es que la sentencia de instancia no estima ni examina una demanda reconvencional ni explicita, ni implica, sino la compensación alegada por la parte demandada, que se puede hacer tanto por vía de excepción, como por vía de reconvención, por lo que al haberse alegado dicha compensación desde el inicio, en el escrito de oposición al proceso monitorio, no cabe entender que se le produzca ningún tipo de indefensión, cuando tuvo conocimiento de la citada alegación as initio, sin que se pueda entender sorprendida por dicha alegación de una forma indebida en el proceso.

Por otro lado del conjunto de la prueba documental, e incluso del contrato que según la propia parte actora, se suscribo en el año 2019, hecho que se examinara al resolver sobre la impugnación de la sentencia, lo cierto es que la parte actora y apelante, no niega que entre sus funciones de asesoramiento contable y fiscal, se encontraba también la obligación de prestar las correspondientes liquidaciones de impuestos, reconociendo que venía prestando esos servicios desde el año 2017, por lo que al corresponder los recargos, por la presentación con retraso de los impuestos de sociedades, como ella misma reconoce, a un periodo de tiempo que tenía entre sus obligaciones, la de presentación de tales impuestos, debe llevar a entender que fue el incumplimiento de sus obligaciones, el que genero al deuda que se compensa en la sentencia de instancia, sin que por lo tanto exista ningún error en la valoración de la prueba.

SEXTO . Por la representación procesal de CONSULTORIA, INTEGRACION Y VIRTUALICION S.L se impugna la sentencia, alegando la existencia de un error en la valoración de la prueba, por entender que en ningún momento se llegó a celebrar el contrato de febrero de 2019, alegando que, de la prueba documental aportada a los autos, no se deduce la celebración de dicho contrato, ni que se remitiera por email, los documentos que se dice que se pretenden aportar.

Sobre este concertó motivo del recurso de apelación, no deja de ser indiscutido que desde el año 2017 la actora prestaba los servicios, de asesoramiento, servicios que se recogen en el contrato de febrero de 2019, y tampoco es un hecho discutido que al menos, desde que la entidad actora remitió esos email, en los que indicaba que se mandaba el borrador del contrato, la parte ahora impugnante, como recoge la sentencia apelada, había abonado 13 facturas, en las que se recogen los conceptos y partidas, conforme a la propuesta del contrato de febrero de 2019, de lo que se deduce que la sentencia de instancia ha procedido a una correcta valoración de la prueba, valoración objetiva de la prueba que debe prevalecer, frente a la valoración subjetiva que se pretende hacer en el escrito de apelación .

En el escrito de impugnación también se alude a un error en la interpretación del derecho, alegando que se vulneran los artículos 1261, 1262 y 1282, todos ellos del C. Civil.

Sido bien es cierto que no costa que la parte demandada firmara de forma expresa el contrato de febrero de 2019, lo cierto es el consentimiento puede ser tanto expreso como tácito, debiendo deducirse de los actos coetáneos y posteriores de las partes, como es esencialmente que las facturas por los servicios prestados, durante esos 13 meses, se confeccionaron en base a los conceptos y partidas recogidas en el contrato de febrero de 2019, de lo que cabe entender que existió ese consentimiento tácito al contrato, como acertadamente concluye la sentencia de instancia.

En el escrito de impugnación de la sentencia también se alega la existencia de un error en la valoración de la prueba, en relación a la factura del mes de mayo de 2020, cuando en el escrito de apelación se alega la no procedencia del pago de cantidad alguna porque no se prestaron tales servicios, conclusión que a juicio de la parte apelante se deduce que la liquidación por IVA se realizó por ella.

El artículo 217 de la ley de enjuiciamiento civil, establece que la carga de la prueba corresponde a la parte actora de los hechos constitutivos de su pretensión, correspondiendo a la parte demandada la prueba de los hechos impeditivos o extintivos.

Del conjunto de la prueba practicada, se deduce que los servicios objeto del contrato que vinculaba a las partes, era no solo el de presentación de impuestos, sino también de asesoría contable, no solo fiscal, y también de elaboración de las nóminas de los trabajadores, como se recoge en el factura del mes de mayo de 2020, habiéndose limitado la parte ahora apelante a aportar solo la liquidación del IVA por ella presentado durante ese mes de mayo, pero sin que se haya aportado prueba alguna de que no se prestaran el resto de los servicios objeto del contrato, durante el mes de mayo de 2020, de lo que se deduce que habiendo estado vigente el contrato durante ese mes de mayo de 2020, y no acreditado por la parte impugnante, que es la que le corresponde la prueba de dicho incumplimiento, que no se prestaron tales servicios, debe entenderse que la sentencia de instancia con relación a esta cuestión ha procedido tanto a una correcta valoración de la prueba , como de la aplicación del artículo 217 de la ley de enjuiciamiento civil .

SÉPTIMO . De conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la ley de enjuiciamiento civil las costas de esta alzada, derivadas tanto del recurso de apelación, como de la impugnación de la sentencia, debe imponerse a la parte apelante y a la parte impugnante respectivamente.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación