Sentencia Civil 139/2025 Audiencia Provincial Civil de Valladolid nº 3, Rec. 550/2024 de 14 de marzo del 2025

PRIMERO.- Planteamiento y antecedentes.Don Alexander interpuso demanda de juicio ordinario contra doña María Dolores manifestando que la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Valladolid el 28 de febrero de 2012, confirmada en apelación por la dictada por la Sección Primera de esta Audiencia Provincial el 5 de noviembre de 2012 en procedimiento de modificación de medidas, atribuyó el uso exclusivo de la vivienda familiar, que era propiedad privativa del demandante, como máximo hasta la mayoría de edad del hijo común habido entre las partes, D. Esteban, nacido el NUM000 de 2000, por lo que cumplió los dieciocho años el NUM000 de 2018.

Llegada esa fecha, se requirió mediante burofax de 4 de abril de 2019, para que la demandada hiciese entrega de la vivienda sita en la DIRECCION000, de esta ciudad, sin que procediese a hacerlo, obligando a la interposición de demanda el 27 de junio de 2019, ejercitando acción desahucio por precario, en la que recayó sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Valladolid el 19 de diciembre de 2019, en la que se estimó la demanda, declarando haber lugar al desahucio. Esa resolución fue confirmada en apelación, sin que se admitiese el recurso de casación interpuesto contra la misma. Tras oponerse la demandada, no pudo llevarse a cabo la ejecución provisional, demorando el lanzamiento, hasta que fue finalmente ejecutado el 31 de octubre de 2022.

Como consecuencia de todo ello, la demandada había conservado la posesión de la vivienda desde el NUM000 de 2018, fecha fijada en la resolución judicial, hasta el 31 de octubre de 2022. Estimando en 870 € la renta mensual que podría haberse obtenido por ese inmueble, se había producido un perjuicio de 40.890 €, a los que se añadían 8937,87 € por los gastos de la comunidad de propietarios en ese mismo periodo, por todo lo cual se interesaba la condena a la demandada al pago de 49.827,87 €.

Doña María Dolores se opuso a la demanda interpuesta, manifestando que la carta remitida por burofax el 4 de abril de 2019 nunca llegó a ser entregada, por lo que no existe prueba fehaciente de su contenido. En cualquier caso, no podía entenderse que hubiese existido una ocupación ilegítima, por haber sido su vivienda habitual durante más de veinte años, conviviendo con su hijo que, aunque estudiaba fuera, no era independiente económicamente. En cualquier caso, se había visto en una situación personal que le impedía acceder a otra vivienda.

En cuanto a la reclamación económica formulada, el certificado de tasación tenía fecha 22 de diciembre de 2020, pero calculaba rentas desde diciembre de 2018, es decir, dos años antes. Además, la vivienda no había sido visitada para llevar a cabo la tasación, por lo que se trataba de un documento unilateral. Por lo que se refiere a gastos de comunidad, son gastos inherentes a la propiedad, por lo que no procedía acceder a la reclamación formulada por esta causa. Por todo ello, se interesó la desestimación de la demanda interpuesta.

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valladolid dictó sentencia del 25 de julio de 2024, en el procedimiento ordinario, 216/2023, estimando parcialmente la demanda interpuesta, condenando a doña María Dolores a pagar la suma de 33.930 € euros, con los intereses legales correspondientes, y sin hacer con un cemento respecto de las costas.

SEGUNDO.- Recurso de apelación.Don Alexander interpuso recurso de apelación contra esa sentencia alegando, en primer lugar, la vulneración del artículo 1100 del Código Civil, entendiendo que debía reconocerse su derecho a ser indemnizado desde la fecha en que el hijo alcanzó la mayoría de edad, según se había indicado en la sentencia del procedimiento de modificación de medidas o, subsidiariamente, desde el mes de abril de 2019, en que se remitió el burofax, constando la certificación de entrega, y que no había llegado a manos de la demandada por causas solo a ella imputables.

En segundo lugar, se alegó la vulneración del artículo 1743 del Código Civil, entendiendo que los gastos de comunidad debían correr a cargo del precarista, por todo lo cual se solicitó una sentencia que revocase la dictada en primera instancia y estimase íntegramente la demanda interpuesta, condenando a la demandada a abonar a mayores de lo concedido en primera instancia ocho mensualidades de renta, con un total de 6960 € o, subsidiariamente, tres mensualidades de renta, con un total de 2610 € euros, y en todo caso los 8937,87 € correspondientes al pago de las cuotas ordinarias de la comunidad, así como al pago de las costas de primera instancia.

Doña María Dolores interpuso igualmente recurso de apelación, considerando que no existía una ocupación ilícita, por haber sido su residencia durante todos esos años junto con su hijo, hallándose en situación de vulnerabilidad, pese a tratarse de su vivienda durante casi treinta años, sin que durante todo ese tiempo se pactase indemnización alguna.

En segundo lugar, se alegó error en la valoración, al considerar acreditada la suma de 870 € mensuales como lucro cesante por pérdida de ingresos en concepto de rentas. Por todo ello, se interesó la revocación de la resolución dictada en primera instancia y la íntegra desestimación de la demanda.

TERCERO.- Ocupación ilegítima de la vivienda.Dado que ambas partes han interpuesto recurso de apelación contra la sentencia, se entiende necesario hacer un análisis de los escritos presentados de forma lógica, pues, en definitiva, cada recurso ha venido a cuestionar determinados aspectos de la sentencia que constituyen presupuesto de otros impugnados de contrario.

Desde ese punto de vista, el primer aspecto cuestionado por la parte demandada apelante, que condiciona el resultado del procedimiento en su totalidad, es si existió o no una ocupación ilegítima por su parte, tras alcanzar el hijo común la mayoría de edad.

Se afirma en el escrito de recurso que no podía considerarse como tal, porque había sido su vivienda habitual durante casi treinta años, en la que convivía con su hijo, quien no era independiente económicamente. La situación de vulnerabilidad en que se hallaban, al carecer de ingresos el hijo común, pese a alcanzar la mayoría de edad, determinaría que no hubiera podido existir una ocupación ilícita de la vivienda. Finalmente, se entendía que el retraso en la ejecución del desahucio en ningún caso le era imputable por obedecer a diferentes factores, sin que pudiese olvidarse que era su vivienda habitual y que no tenía culpa alguna en la tardanza de la ejecución, especialmente teniendo en cuenta el incumplimiento de la obligación de pago de la pensión alimenticia.

Comenzando por estos últimos aspectos, resulta absolutamente irrelevante que se incumpliese o no el pago de la pensión, pues es algo que debió de ventilarse en el procedimiento correspondiente a través de un proceso de ejecución, lo que nada tiene que ver con la ilícita ocupación de la vivienda, una vez alcanzada la mayor mayoría de edad por el hijo común. Lo mismo cabe señalar en cuanto a lo alegado respecto de la tardanza en la ejecución del desahucio.

Entiende la parte apelante que no le era imputable, pero lo cierto es que conocía perfectamente la obligación de abandonar la vivienda desde que el hijo alcanzó la mayoría de edad, obviando el pronunciamiento judicial hasta forzar la interposición de la demanda, y también tras haberse dictado sentencia en primera y segunda instancia en el procedimiento de desahucio, pese lo cual ni se entregaron las llaves, ni se abandonó la vivienda, de modo que sí que es absolutamente responsable de su decisión de forzar primero la ejecución judicial, eludiendo el cumplimiento voluntario en el plazo legal, y prolongando cuanto le fue posible la ilegítima ocupación del inmueble, por lo que carece del mínimo fundamento que se pretenda responsabilizar a terceras partes o al propio juzgado de su conducta procesal retrasando ilícitamente la devolución de la entrega de la posesión.

Con esos presupuestos, lo que debe, en definitiva, analizarse es si existió o no una ocupación ilícita del inmueble tras alcanzar el hijo común la mayoría de edad. Pues bien, no puede en esta resolución entrar siquiera a analizarse si el pronunciamiento judicial recogido en la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 10 el 28 de febrero de 2012, era o no ajustado a derecho, pues tal pronunciamiento adquirió efectos de cosa juzgada, tras la confirmación en la sentencia de apelación, de forma tal que es un presupuesto incuestionable de esta resolución que, atendidas las circunstancias del caso, el apartado D) del fallo atribuyó el uso exclusivo de la vivienda familiar a la parte demandada, como máximo hasta la mayoría de edad del hijo común. Por tanto, el derecho de uso de la vivienda que se le atribuyó en la citada resolución quedó extinguido una vez alcanzada la mayoría de edad por el hijo, de modo que se carecería de título alguno desde ese momento. Siendo así, es irrelevante examinar cuál era su situación personal o económica, especialmente cuando tales aspectos quedaron definitivamente resueltos en el procedimiento de desahucio, concluyendo que no tenía título de ocupación y que debía ser lanzada de la vivienda.

Frente a la evidencia de que se estableció un régimen de guardia y custodia compartida, en el que reiteradamente el Tribunal Supremo ha venido señalando que la atribución del uso de vivienda es de carácter temporal, a lo que cabría añadir el pronunciamiento expresamente recogido en la sentencia en cuanto al límite temporal fijado de común acuerdo por ambas partes, se pretende en el recurso cuestionar ese criterio recogido en una sentencia firme, alegando cuestiones que, en su caso, debieron suscitarse a través de un procedimiento de modificación de medidas.

En efecto, si se entendió que las circunstancias existentes hubieran justificado que se prolongase la atribución de uso de la vivienda, por ser el interés más necesitado de protección, o porque el hijo carecía de ingresos, o por cualquier otra circunstancia semejante, debió plantearse nuevo procedimiento judicial, a fin de que se acordase, en el marco del procedimiento de familia, una prolongación de la atribución del uso de la que fue vivienda familiar. En la medida en que no se hizo así, es incuestionable que esa atribución de uso quedó limitada temporalmente al momento en que el hijo alcanzase la mayoría de edad, y que ni entonces, ni con posterioridad, se procedió por la demandada a devolver la posesión de un inmueble que era propiedad privativa del demandante.

Por tanto, carece de fundamento que pretenda argumentarse ahora que la ocupación no era ilegítima porque se dieron circunstancias que hubieran, si acaso, podido motivar una nueva petición de modificación de medidas; sin embargo, ni se hizo así, ni se entregó la posesión tras el requerimiento, ni tampoco tras conocerse la interposición de la demanda de desahucio, sino que se prolongó cuanto fue posible, privando al demandante del legítimo uso de su vivienda. Por ello, es incuestionable que los presupuestos de hecho para que pudiese prosperar la reclamación contenida en la demanda se daban de forma clara y evidente en este caso, por lo que no puede prosperar este motivo de recurso de la demandada.

CUARTO.- Periodo temporal al que se extienden los daños y perjuicios reclamados.En el escrito de demanda se entendía que la reclamación de 870 € mensuales en concepto de lucro cesante debía extenderse desde la fecha en que el hijo alcanzó la mayoría de edad, es decir, el NUM000 de 2018, por haber sido así establecido en una resolución judicial, hasta la entrega de la posesión el 31 de octubre de 2022.

La sentencia de primera instancia, por su parte, entendía aplicable la misma doctrina jurisprudencial establecida para los casos de comunidad de bienes, considerando que la situación de precario fue consentida por el demandante, al menos hasta el mes de abril de 2019, en que se remitió el burofax, pero, al no haber sido recibido, se entendía que el periodo al que debía limitarse la reclamación había de iniciarse en el mes de julio de 2019, fecha en que se interpuso la demanda de desahucio por precario, de modo que se limitaba a treinta y nueve meses el cálculo de la indemnización.

Frente a ese reconocimiento parcial de la sentencia, se plantea por el demandante en su recurso que resultaría de aplicación lo dispuesto en el artículo 1100 del Código Civil, siendo perfectamente conocedora la parte contraria de su obligación de entregar la posesión desde la fecha en que el hijo adquirió la mayoría de edad, por lo que, sin ningún tipo de actuación por su parte, existiría ya una obligación de compensar por haberse retrasado la entrega de la posesión de la vivienda. En su defecto, y de forma subsidiaria, debería contabilizarse el plazo desde la fecha del burofax, independientemente de que fuera o no recibido, pues fue la propia conducta de la demandada, la que impidió que llegase a sus manos cuando fue remitido.

En cuanto a la primera petición, es decir, que la fecha a la que deba referirse la obligación de indemnizar quede fijada en el momento de alcanzar la mayoría de edad el hijo común, debe entenderse que no puede aplicarse, puesto que la falta de actuación por parte del demandante justificaría que haya podido generarse legítimamente la expectativa de que consentía que se mantuviese el uso de la vivienda, especialmente si tenemos en cuenta que se trataba de una vivienda familiar en la que también residía el hijo común.

Es incuestionable que asistía al demandante el derecho a recuperar la posesión de la vivienda como máximo en la fecha en que su hijo cumplía dieciocho años, pero también lo es que, llegada esa fecha, no se hizo manifestación alguna, no ya por burofax, sino al menos en el marco del propio proceso de familia, reclamando ante el juzgado, o por medio de este, la devolución de la posesión del inmueble, lo que no se acredita. Al ser así, y dadas las especiales circunstancias que concurren, que ni siquiera serían análogas a las de un condominio ordinario, ha de considerarse que se consintió, o cuando menos toleró, que la demandada y su hijo permaneciesen ocupando la vivienda hasta el momento en que fue requerida para que lo abandonase, lo que conecta directamente con la pretensión subsidiaria recogida en el recurso, es decir, si a tal efecto resultó válido y suficiente el requerimiento extrajudicial que se formuló por medio de burofax.

El documento número siete de la demanda contenía un burofax fechado el 4 de abril de 2019, en el que se le requería para que se le hiciese entrega de la vivienda, estando dirigido a la demandada en el domicilio en el que residía, y que era precisamente el objeto de controversia entre las partes. Se reflejaba en ese documento la fecha de admisión (8 de abril de 2019), indicando que no fue entregado, pese a dejar aviso, pero no porque la destinataria resultase desconocida, sino por no ser recogido. Finalmente, al no ser retirado, fue devuelto el 24 de abril de 2019.

De ese documento se desprende, pues, que el burofax se remitió al domicilio donde ella tenía su residencia habitual, que no resultó desconocida, que se dejó aviso para que pudiera retirarse y que, sin embargo, no lo hizo, por lo que fue devuelto el 24 de abril.

En ese contexto, la parte apelante plantea en su recurso que solo a la parte contraria le era imputable no haber tomado conocimiento de ese burofax y, por ello, debía entenderse por válido y eficaz a los efectos de entender efectuado el requerimiento para devolución de la posesión.

Debemos tener en cuenta que, tal y como se ha manifestado previamente, existía un derecho reconocido en sentencia para que el demandante recuperase la posesión de su vivienda, como máximo al alcanzar su hijo la mayoría de edad. Del mismo modo que se ha argumentado previamente que podría entenderse que se toleraba la posesión del inmueble después de ese momento al residir allí el hijo común y no constar manifestación alguna en contrario por parte del demandante, debe concluirse que ese documento, por sí solo, independientemente de su recepción, ya deja en evidencia la voluntad del apelante de recuperar su vivienda.

A mayor abundamiento, hemos de tener en cuenta que si el documento no llegó a manos de la demandada fue por su propia conducta al no retirarlo de manera claramente deliberada, con el fin de poder invocar la falta de notificación. No se prueba por qué razón pudo no recibirlo o que estuviese ausente por alguna causa concreta. Debe en este sentido recordárselo la doctrina jurisprudencial en relación a la validez y eficacia de las notificaciones remitidas por ese medio cuando consta un domicilio correcto y, pese a ello, no son recibidas por causas solo imputables a su destinatario.

En efecto, reiteradamente la jurisprudencia ha venido manifestando que en los supuestos de falta de recepción por causas imputables al destinatario, aunque se trate de notificaciones recepticias, como la que aquí nos ocupa, no puede sufrir el remitente las consecuencias de una deliberada estrategia por parte del destinatario encaminada a no ser notificado de la voluntad de la parte contraria. En tal sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4ª, de 23 de mayo de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:6300), decía:

"En relación a la falta de colaboración por el destinatario en la recepción de las comunicaciones al mismo dirigidas, a su nombre y domicilio personal o contractual (en este caso) el Tribunal constitucional ya tiene declarado que "(...) la pasividad de la parte demandada en ningún caso puede perjudicar el derecho del demandante, por ser doctrina constitucional reiterada ( Sentencias del Tribunal Constitucional 82/2000, de 27 de marzo , 145/2000,de 29 de mayo , y 6/2003, de 20 de enero ), que los actos de comunicación producen plenos efectos cuando su frustración se debe únicamente a la voluntad expresa o tácita de su destinatario, o a la pasividad, desinterés, negligencia, error, o impericia de la persona a la que va destinada, y en este caso no consta que la parte demandada no recogiera la comunicación remitida por la arrendadora por alguna causa justificada distinta de su propia voluntad obstativa al cumplimiento del trámite de la comunicación previa del arrendador. (...)"

En parecidos términos, la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3ª, en sentencia de 27 de junio de 2024 (ECLI:ES:APT:2024:974), señalaba que:

"si se intenta la comunicación y el arrendatario se niega a recibirla, o si se encuentra ausente pero se le deja aviso para que recoja la comunicación el servicio de correos o mensajería y se abstiene de hacerlo, la frustración de la notificación resulta imputable al arrendatario y debe considerarse cumplido el requisito de la notificación de la voluntad de poner fin al contrato. (...) La falta de recepción de la comunicación remitida por la parte arrendadora solo es imputable a la propia arrendataria, que por voluntad propia decidió no retirar el aviso que dejó la empresa de mensajería y de este modo no pudo conocer el contenido de la comunicación debidamente remitida, debe declararse cumplido el requisito de comunicación previsto en el artículo 10 de la LAU y, en consecuencia, procede revocar la sentencia dictada en primera instancia declarando resuelto el contrato de arrendamiento de la vivienda objeto de autos con fecha 22 de septiembre de 2018 ."

(...) Pues bien, probado que se cursó el burofax por la prueba documental (hecho no discutido) y que fue dejado aviso al destinatario a fin de que pasara a recogerlo por el servicio de Correos (acreditado igualmente por la prueba documental), la cuestión se reduce a comprobar si el demandado recibió ese aviso y, en caso afirmativo a concretar los efectos de la no retirada. Debemos partir de una presunción de normalidad de funcionamiento del servicio de Correos, y cuando se aporta la comunicación de este servicio de que el destinatario de la comunicación estaba ausente y se le ha dejado aviso, hemos de partir de que así es. Es entonces el demandado el que incumple con su deber de contratante diligente, al no acudir a recoger la comunicación. No hay duda alguna acerca de la corrección de la dirección a que fue enviado el burofax (efectivo domicilio del demandado) por lo que, a salvo de mejor prueba, hemos de entender que sólo al demandado es imputable la no recepción efectiva de la comunicación. Lo contrario equivaldría a dejar prácticamente en manos del arrendatario la decisión sobre el particular, pues bastaría su negativa a ser notificado para eludir la acción planteada por el arrendador.- Este criterio es el que se sigue en la mayoría de Audiencias, habiéndose adoptado en otras ocasiones por este mismo tribunal. Podemos citar la de Navarra de 31.5.01, Málaga de 3.12.04, Vizcaya de 15.6.00 en materia de arrendamientos, y con carácter más general, en materia de juicios ejecutivos o de propiedad horizontal, siguen la misma orientación en cuanto a la eficacia de los requerimientos que en esos ámbitos se exigen, la de Santa Cruz de Tenerife de 2.12.04, Barcelona (Sección 13) de 6.9.04, Barcelona (Sección 16) de 4.2.00 y 2.1.01, Madrid de 10.2.01, Sevilla de 5.4.00, etc. En todas ellas se viene a insistir en el argumento ya apuntado de que sólo al demandado es imputable la falta de conocimiento de la comunicación cuando hace caso omiso del aviso que le deja el servicio de Correos, no siendo exigible al actor mayor diligencia en la materia.""

En definitiva, concluye este tribunal que el cálculo de la compensación económica que debe percibir el demandante habrá de fijarse desde el mes de mayo de 2019, sumando 2610 € a la cantidad reconocida por este concepto en sentencia, con un total de 36.540 €, a razón de 870 € por mes, cantidad que ya se adelanta estima correcta este tribunal, como seguidamente se analizará al examinar el motivo de recurso introducido por la parte demandada en segundo lugar.

QUINTO.- Lucro cesante: importe mensual reclamado.La demanda incorporaba como documento número 21 un certificado de tasación de la vivienda que incluía una estimación de renta mensual de 870 €. La sentencia de primera instancia dio por buena esa cantidad, considerando que resultaba una suma razonable, a la vista de la situación y superficie de la vivienda, y sin que la parte demandada hubiese refutado a través de algún otro medio probatorio esa conclusión.

En efecto, pese a que la parte demandada cuestionó que ese importe fuese correcto y planteó que el informe de tasación era posterior a la fecha en que se inició el cómputo de la reclamación, lo cierto es que la parte actora acompañó ese documento, cuya autenticidad no ha sido cuestionada en ningún momento, sin que la parte demandada haya aportado algún otro medio de prueba, fuese como pericial o documental, que de algún modo aportase un criterio distinto que permitiese concluir que esa suma no resultaba correcta.

En definitiva, la parte actora hizo una estimación económica que sustentó en un documento de valoración, cuya autenticidad no está en entredicho, pero la demandada se ha limitado a oponerse a esa suma mensual, sin plantear ningún tipo de cantidad alternativa, sustentándola en algún otro documento o informe, por lo que debe tenerse por correcta la suma de 870 € mensuales, indemnizando al demandante, tal y como quedó anteriormente expuesto, con un total de 36.540 € por la pérdida económica sufrida por el concepto de rentas dejadas de percibir en el periodo temporal en que de forma ilegítima se ocupó la vivienda por la demandada.

SEXTO.- Gastos de comunidad.El último motivo de recurso planteado por la parte demandante, se centró en la denegación de la reclamación económica de 8937,87 € correspondientes al pago de cuotas de la comunidad que se habían abonado en ese mismo periodo temporal. La sentencia de primera instancia entendió que el pago de las cuotas correspondía al propietario, tal y como se deriva de la propia Ley de Propiedad Horizontal, por lo que los pagos efectuados en tal concepto no podían ser derivados a quien había venido haciendo uso del inmueble.

Pues bien, en este sentido tenemos reiterada doctrina jurisprudencial en la que se viene señalando que los gastos de comunidad corresponderán al titular de la vivienda, por ser un desembolso inherente a la condición de propietario, sin perjuicio de lo que pudiera ser acordado en la propia sentencia dictada en el proceso de familia.

En efecto, el Tribunal Supremo en sentencia de 7 de enero de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:43) señalaba:

"Al ser la vivienda privativa del exesposo, y no haberse fijado en la sentencia de divorcio que la exesposa, por tener atribuido el uso junto con las hijas menores, debiera asumir los gastos de la comunidad de propietariosni el IBI, ambos son de exclusiva cuenta del exmarido en cuanto propietario exclusivo de la vivienda".

En ese mismo sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:3300) argumentaba:

"Es ta sala, en sentencias 508/2014, de 25 de septiembre , y 399/2018, de 27 de junio , declaró que es el propietario el obligado al pago de las cuotas de comunidad,si bien el excónyuge debe afrontar el pago de los suministros, sin perjuicio de lo que pueda acordar el juzgado de familia, en los casos de crisis conyugal ( art. 9 LPH )".

Igualmente, la sentencia de 29 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1213) decía:

"En la sentencia 593/2021, de 13 de septiembre , dijimos:

"[E]sta sala, en sentencias 508/2014, de 25 de septiembre , y 399/2018, de 27 de junio , declaró que es el propietario el obligado al pago de las cuotas de comunidad,si bien el excónyuge debe afrontar el pago de los suministros, sin perjuicio de lo que pueda acordar el juzgado de familia, en los casos de crisis conyugal ( art. 9 LPH ).

"Dado que en el presente supuesto no existe pronunciamiento del juzgado de familia atribuyendo el pago a la hoy recurrente, debe estimarse en parte el recurso al infringirse la doctrina jurisprudencial, todo ello sin perjuicio de las acciones que en el futuro pueda instar la parte demandante"".

Por último, la sentencia de 27 de junio de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:2474), decía:

"En cuanto a los gastos de comunidad, esta sala ha considerado en sentencia 373/2005, de 25 de mayo , que «la contribución al pago de los gastos generales constituye una obligación impuesta no a los usuarios de un inmueble, sino a sus propietarios,y, además, su cumplimiento incumbe a éstos no sólo por la utilización de sus servicios, sino también para la atención de su adecuado sostenimiento- se estima porque la participación en tiempo y forma en los gastos comunes, en bien del funcionamiento de los servicios generales, es una de las obligaciones del comunero, y los desembolsos derivados de la conservación de los bienes y servicios comunes no susceptibles de individualización repercuten a todos los condóminos». Dicha doctrina ha sido seguida, entre otras, por la sentencia de esta sala 588/2008, de 18 junio , y de la misma cabe extraer que, salvo previsión expresa en contrario en la sentencia que fija las medidas definitivas -lo que no ocurre en este caso- los gastos de comunidad correspondientes a la vivienda familiar han de ser a cargo de la sociedad de gananciales cuando sea titular de la misma con independencia de a quién se haya atribuido el uso tras la ruptura matrimonial".

Por tanto, de haberse hecho alguna salvedad en ese procedimiento, podría resultar exigibles las sumas pagadas por este concepto, pero, en caso contrario, como aquí sucede, ya que la sentencia no introdujo ningún tipo de matiz en este sentido, debe entenderse que la condición de propietario del inmueble por parte del apelante es la que determina la obligación de pago y, en consecuencia, no puede reembolsarse cantidad alguna por este concepto.

En conclusión, debe revocarse la sentencia en el solo sentido de incrementar la condena de la demandada al pago de 36.540 €, sin que proceda alterar el pronunciamiento en costas de primera instancia, al estimarse parcialmente la demanda.

SÉPTIMO.- Costas.De conformidad con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dada la estimación del recurso interpuesto por D. Alexander, no se hace especial pronunciamiento de las costas causadas en esta instancia. Por el contrario, al desestimarse el interpuesto por Dª María Dolores, deberá ser condenada al pago de las costas derivadas del mismo.

V I S T O Slos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación