Sentencia Civil 12/2026 Juzgado de lo Mercantil de Burgos nº 1, Rec. 1000034/2023 de 20 de febrero del 2026

PRIMERO. Del ámbito del incidente concursal

El incidente concursal se encuentra regulado en los artículos 532 a 543 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (T.R.L.C.). Específicamente, el artículo 532.1 T.R.L.C. define el ámbito de aplicación del incidente concursal, al establecer que todas las cuestiones que se suscitaren durante la tramitación del concurso y que no tengan señalado otro cauce procesal para su sustanciación, así como las acciones que deban ejercitarse ante el juez del concurso, se tramitarán por la vía del incidente concursal.

SEGUNDO. De la oposición a la exoneración del pasivo insatisfecho por insuficiencia sobrevenida de la masa activa o por insuficiencia del producto obtenido una vez liquidada aquélla: regulación legal

El artículo 501.2 T.R.L.C. establece que, en aquellos casos en los que se produzca una insuficiencia sobrevenida de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, y también en los supuestos en los que, una vez liquidada la masa activa, el líquido obtenido resultara ser insuficiente para pagar la totalidad de los créditos concursales reconocidos, al concursado le cabe la posibilidad de interesar la exoneración del pasivo insatisfecho "dentro del plazo de audiencia concedido a las partes para formular oposición a la solicitud de conclusión del concurso".Añade el artículo 502 T.R.L.C. en sus apartados segundo y tercero que, en caso de formularse oposición al otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho, ésta deberá ventilarse por el trámite del incidente concursal, sin que quepa dictar auto de conclusión del concurso hasta que la resolución del citado incidente devenga firme.

TERCERO. Planteamiento del litigio (I): postura procesal de las partes

La A.E.A.T. se ha opuesto a que se conceda la exoneración del pasivo insatisfecho al concursado, al reputarle incurso en la causa de excepción regulada en el artículo 487.1.2º T.R.L.C. ("cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias muy graves, de seguridad social o del orden social, o cuando en el mismo plazo se hubiera dictado acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad. En el caso de infracciones graves, no podrán obtener la exoneración aquellos deudores que hubiesen sido sancionados por un importe que exceda del cincuenta por cientos de la cuantía susceptible de exoneración por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a la que se refiere el artículo 489.1. 5º, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubieran satisfecho íntegramente su responsabilidad").Concretamente, la demandante incidental ha señalado que el día 3 de mayo de 2022 se dictó un acuerdo de declaración de responsabilidad con fundamento en el artículo 43.1, letra a), de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (L.G.T.), en cuya virtud D. Faustino fue considerado responsable subsidiario por las deudas y sanciones tributarias de la mercantil Dragofoods, S.L. -de la que el SR. Faustino fue Consejero Delegado-, con un alcance de 33.957,43 euros, luego de que la citada sociedad dejara de ingresar las cuotas liquidadas en concepto de Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2009 y 2010 dentro del plazo fijado en la norma reguladora de dicho tributo. El citado acuerdo de derivación de responsabilidad fue debidamente notificado al interesado el día 16 de mayo de 2022.

Por su parte, el concursado ha rechazado que pueda apreciarse la concurrencia de aquella causa de exclusión del otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho, dado que el acuerdo de derivación de responsabilidad que sustenta la oposición articulada por la A.E.A.T. no era firme, al hallarse pendiente de resolución la reclamación económico-administrativa que D. Faustino interpuso el día 14 de junio de 2022 ante la Dependencia Regional de Recaudación de la A.E.A.T., Delegación Especial de Castilla y León-Valladolid, en la que impugnaba expresamente el precitado acuerdo de derivación de responsabilidad e interesaba que fuera dejado sin efecto. También ha aducido que la A.E.A.T. no impugnó el listado de acreedores elaborado por la administración concursal cuando ésta acordó calificar los créditos de Derecho Público reconocidos a su favor como sometidos a condición resolutoria, ex. artículo 265.1 T.R.L.C., precisamente por estar recurridos en vía administrativa.

CUARTO. Planteamiento del litigio (II): análisis y decisión

El artículo 486 T.R.L.C. determina que el deudor concursado persona natural que aspire a obtener la exoneración del pasivo insatisfecho habrá de serlo de buena fe. Con ello se pretende que "algo positivo, como es permitir una segunda oportunidad al deudor persona natural que deviene insolvente, no sea aprovechado por quien no lo merece por haber actuado en el plano económico de forma fraudulenta o contrariando la buena fe [...]"(véanse las SS.T.S. -Sala Primera, de lo Civil- núm. 863/2022, de 1 de diciembre; y núms. 254, 259, 261, 262 y 263/2026, todas ellas de 18 de febrero). De ahí que las excepciones al otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho enunciadas en el artículo 487.1 T.R.L.C. se fundamenten en determinados comportamientos del deudor que guarden relación con las causas y/o las circunstancias que hayan desencadenado su situación de insolvencia a efectos concursales o que le hagan desmerecer del crédito en el tráfico jurídico y de la confianza del mercado. En todo caso, la S.T.J.U.E. (Sala Segunda) de 7 de noviembre de 2024, dictada en los asuntos acumulados C-289/2023, "Corván",y C-305/2023, "Bacigán",ha dejado sentado que aquellas excepciones al otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho que los Estados miembros de la Unión Europea introduzcan al transponer la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 -Directiva sobre reestructuración e insolvencia- a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos han de deducirse de sus Derechos nacionales (en el caso de España, de las disposiciones de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, a través de la cual se transpuso la Directiva de referencia) y obedecer a la consecución de un interés público legítimo.

En el caso concreto del artículo 487.1.2 º T.R.L.C., se regulan dos causas de exclusión de la exoneración del pasivo insatisfecho bien diferenciadas, sin perjuicio de que la apreciación de una y de otra se condicione a que las circunstancias reseñadas se hayan producido dentro del lapso de los diez años anteriores a la solicitud de exoneración: así, el primer inciso alude a que el deudor haya sido sancionado mediante resolución administrativa firme por la comisión de una infracción muy grave de naturaleza tributaria, de seguridad social o del orden social, mientras que en el segundo inciso se hace referencia al dictado de un acuerdo firme de derivación de responsabilidad. Respecto de esta última causa de exclusión (que es, precisamente, la que se erige en objeto del presente incidente concursal), la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo tiene declarado en sus SS.T.S. núms. 315 y 316/2020, ambas de 17 de junio; 1578/2025, de 4 de noviembre; y en las ya citadas núms. 254, 259, 261, 262 y 263/2026, todas ellas de 18 de febrero, que un acuerdo de derivación de responsabilidad no equivale a una sanción por la comisión de una conducta infractora de la normativa tributaria, de seguridad social o del orden social, sino que constituye un mecanismo de garantía. Ello implica que, mientras que en el concurso del administrador societario al que se haya derivado la responsabilidad no conste que tal derivación fue acordada por la comisión de una conducta fraudulenta que le sea imputable y que pueda ser equiparada a comportamientos sancionados como infracciones tributarias, de seguridad social o de orden social muy graves (ej.: en el ámbito tributario, las que implican el uso de medios fraudulentos, ex. artículos 191.4, 192.4 y 193 L.G.T. ; en el orden social, las que supongan fraude o un mal uso del sistema de la Seguridad Social que afecte gravemente a su financiación o a los derechos de los trabajadores, ex. artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social -T.R.L.I.S.O.S.-) [[1] El Alto Tribunal ha señalado que es precisamente el componente fraudulento lo que justifica que pueda equipararse la comisión de aquellas infracciones tributarias, de seguridad social o del orden social muy graves con la de algunos de los delitos que se enuncian en el artículo 487.1.1 º T.R.L.C. (contra el patrimonio y el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores); véanse las SS.T.S. -Sala Primera, de lo Civil- núms. 254, 259, 261, 262 y 263/2026, todas ellas de 18 de febrero.], deberá concluirse que no ha lugar a denegar el otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho con fundamento en la circunstancia de exclusión regulada en el segundo inciso del artículo 487.1.2 º T.R.L.C., ya que su aplicación no estará debidamente justificada por no resultar proporcionada en relación a las circunstancias del caso.

Descendiendo ya al supuesto de hecho concreto que se ha planteado, se constata que la derivación de responsabilidad al otrora Consejero Delegado de la mercantil Dragofoods, S.L., el aquí concursado D. Faustino, se ha fundamentado en el hecho de que éste habría consentido por omisión que la sociedad administrada incurriera en la infracción tributaria tipificada en el artículo 191 L.G.T. , consistente en no haber ingresado en plazo los importes de las cuotas liquidadas en concepto de Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2009 y 2010. Ahora bien, no se ha acreditado que la infracción tributaria en cuestión haya sido calificada como muy grave por haber sido ejecutada haciendo uso de medios fraudulentos; nada se dice al respecto en el acuerdo de derivación de responsabilidad, que se ha aportado como documento núm. 1 de la demanda incidental, ni se deduce razonablemente de ninguno de los elementos fácticos ni de los restantes medios de prueba traídos a la causa. Asimismo, no se ha probado con carácter fehaciente que dicho acuerdo de derivación de responsabilidad hubiese ganado firmeza en el momento en el que el concursado presentó la solicitud de otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho: mientras que éste sí ha demostrado que lo impugnó mediante la interposición en forma y plazo de una reclamación económico-administrativa ante la Dependencia Regional de Recaudación de la A.E.A.T., Delegación Especial de Castilla y León-Valladolid, en el mes de junio de 2022 (véase el documento núm. 2 de su escrito de contestación a la demanda incidental), la A.E.A.T. no ha promovido la práctica de ninguna diligencia de prueba que demuestre que aquella reclamación económico-administrativa fue desestimada mediante una resolución firme que, entrando en el fondo del asunto, haya confirmado de manera expresa la validez jurídica y la vigencia del acuerdo de derivación de responsabilidad adoptado, pese a que acreditar su firmeza le incumbía, tanto por tratarse de una circunstancia afectante al elemento nuclear del hecho constitutivo en el que ha basado la pretensión ejercitada en su demanda incidental como por su mayor facilidad probatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 217, apartados 2 y 7, de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( L.E.C.) . A mayor abundamiento, la fundamentación de la derivación de responsabilidad al SR. Faustino en el artículo 43 L.G.T. , referido a los responsables subsidiarios, permite concluir que se realizó principal -si no exclusivamente- para tratar de garantizar el cobro de la deuda y de la sanción tributaria impuestas al obligado principal, la mercantil Dragofoods, S.L., luego de que ésta fuera declarada fallida y de que no se declararan posibles responsables solidarios.

En definitiva, no concurren los presupuestos exigidos jurisprudencialmente para considerar que la aplicación de la causa de exclusión del otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho regulada en el segundo inciso del artículo 487.1.2 º T.R.L.C. se encuentra justificada, ya que no guarda la debida proporcionalidad en relación con las circunstancias del caso analizado [[2] La naturaleza complementaria del ordenamiento jurídico que el artículo 1.6 del Código Civil ( C.C.) asigna a la jurisprudencia exige que este órgano judicial acomode el criterio que expresó en ocasiones precedentes (en concreto, en la Sentencia núm. 34/2024, de 31 de julio, en la que se acordó estimar la oposición articulada por la A.E.A.T. y no otorgar la exoneración del pasivo insatisfecho a la concursada por reputar concurrente la causa de excepción regulada en el segundo inciso del artículo 487.1.2 º T.R.L.C., que se ha invocado expresamente en la demanda incidental) a la doctrina novedosa enunciada por la Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo en sus muy recientes y ya mencionadas SS.T.S. núms. 254, 259, 261, 262 y 263/2026, de 18 de febrero.].

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En consecuencia, la demanda incidental promovida por la A.E.A.T. debe ser desestimada, exonerándose el pasivo insatisfecho en los términos regulados en el artículo 502.1 T.R.L.C., puesto en relación con el artículo 501, apartados primero y tercero, del citado cuerpo normativo, respecto de los siguientes créditos (véase el listado de acreedores adjuntado con el informe provisional -después elevado a definitivo- elaborado por la administración concursal, que puede consultarse en el acontecimiento núm. 94 del expediente judicial digital de la sección I del concurso):

1) A.E.A.T.:se le han reconocido los siguientes créditos:

--9.580,68 euros (crédito con privilegio general del artículo 280.4 T.R.L.C.).

--9.580,68 euros (crédito ordinario del artículo 269.3 T.R.L.C.).

--10.050,36 euros (crédito subordinado del artículo 281.1.3 º T.R.L.C.).

--7.960,41 euros (crédito subordinado del artículo 281.1.4 º T.R.L.C.).

Los créditos públicos calificados como subordinados están íntegramente afectados por la exoneración del pasivo insatisfecho, mientras que las limitaciones cuantitativas a aquélla que se regulan en el artículo 489.1.5 º T.R.L.C. tan sólo rigen para los restantes créditos públicos calificados como privilegiados u ordinarios (véase la S.T.S. -Sala Primera, de lo Civil- núm. 260/2026, de 18 de febrero[[3] Esta resolución dispone que "la justificación debida, que lleva a un trato privilegiado del crédito público frente a otra clase de créditos, al excluirlos parcialmente de la exoneración de deudas del concursado, en un contexto concursal tiene sentido en nuestro derecho propio respecto de los créditos privilegiados y ordinarios, pero no respecto de los créditos subordinados. Esta categoría de créditos se introdujo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, para postergar su cobro frente a los acreedores ordinarios por entender que, por las específicas razones que en cada caso justifican la subordinación, merecían un tratamiento negativo en un contexto concursal. Aunque la STJUE de 7 de noviembre de 2024 haya asumido que la exclusión parcial de los créditos públicos de la exoneración puede conllevar un tratamiento privilegiado frente a otros créditos concursales, en atención a los fines perseguidos que la justifican, este tratamiento «privilegiado» o preferente se entiende proporcionado respecto de los créditos concursales ordinarios y privilegiados, pero no respecto de los que en el concurso merecen la subordinación. Lo que impide que los créditos subordinados puedan merecer una excepción a la exoneración de deudas".]). Así:

Créditos exonerados:

-18.010,77 euros (sumatorio de los créditos subordinados previamente desglosados).

-10.000 euros (límite cuantitativo máximo exonerable respecto de un total de 19.161,36 euros -sumatorio de los créditos con privilegio general y ordinarios previamente desglosados-, conforme a lo dispuesto en el artículo 489.1.5 º T.R.L.C.).

TOTAL: 28.010,77 euros.

Créditos no exonerados(de modo que el deudor continúa siendo responsable y obligado a su pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 484.1 T.R.L.C.):

-9.161,36 euros(19.161,36 euros - 10.000 euros = 9.161,36 euros).

2) 5.075,87 euros en favor de Cabot Securitisation Europe Limited.

3) 2.185.907,13 euros en favor de CaixaBank, S.A.

4) 249.983,95 euros en favor de Caja Laboral Popular, S. Coop. (Laboral Kutxa).

5) 506.50,30 euros en favor de Intrum Investment Nº 1 Designated Activity Company.

6) 54.593,66 euros en favor de Torrington Commercial, LTD.

7) 117.019,65 euros en favor de TTI Finance, S.A.R.L.

Dado que en el listado de acreedores se ha hecho constar que el concursado ostenta la condición de avalista respecto de los créditos reconocidos en favor de las entidades Cabot Securitisation Europe Limited, CaixaBank, S.A., Caja Laboral Popular, S. Coop. (Laboral Kutxa), Intrum Investment Nº 1 Designated Activity Company, Torrington Commercial, LTD y TTI Finance, S.A.R.L., cabe aclarar que la exoneración del pasivo insatisfecho concedida no extiende su eficacia a las obligaciones contraídas por los deudores principales y por los demás fiadores/avalistas con los respectivos acreedores, que permanecen incólumes y en sus propios términos.

QUINTO. Costas procesales

El artículo 542.1 T.R.L.C. se remite a las disposiciones de los artículos 394 y siguientes L.E.C. en cuanto al régimen de imposición y exacción de las costas procesales, si bien matiza que éstas serán inmediatamente exigibles una vez sea firme la sentencia dictada en el incidente concursal, con independencia del estado en el que se encuentre el concurso.

En el supuesto de hecho que aquí se ventila, procede aplicar el principio general del vencimiento objetivo dispuesto en el artículo 394.1 L.E.C. y, en su virtud, condenar a la parte demandante al pago de las costas procesales generadas por la tramitación del incidente: si bien es cierto que la Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo no ha fijado un criterio jurisprudencial unificado acerca de la naturaleza y del contenido de la causa de exclusión de la exoneración del pasivo insatisfecho regulada en el segundo inciso del artículo 487.1.2 º T.R.L.C. hasta el mes de febrero del año en curso, mientras que la demanda incidental fue interpuesta en octubre de 2024, así como que este órgano judicial había resuelto otro supuesto de hecho anterior muy similar al presente en términos favorables a la pretensión ejercitada por la A.E.A.T., no cabe aplicar la excepción de serias dudas de hecho o de derecho para eximirle del pago de las costas procesales porque, para el momento en el que comunicó sus créditos a la administración concursal, la demandante incidental era perfectamente consciente de que el acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria adoptado respecto del concursado había sido impugnado, lo que suponía que su suerte se encontraba condicionada al resultado de la reclamación económico-administrativa pendiente, ex. artículo 265.1 T.R.L.C. (véase el apartado "Comentarios" del informe individual de los créditos reconocidos en favor de la A.E.A.T., en la página 26 del informe provisional -después elevado a definitivo- emitido por la administración concursal, que puede consultarse en el acontecimiento núm. 94 del expediente judicial digital de la sección I del concurso, así como el documento núm. 1 del escrito de contestación a la demanda incidental). Además, tampoco ha acreditado más allá de toda duda razonable que aquella reclamación económico-administrativa ya hubiese sido desestimada en firme en cuanto a su fondo para el momento en el que D. Faustino solicitó que ser exonerado del abono del pasivo insatisfecho, ni que la infracción tributaria por la que se derivó la responsabilidad subsidiaria imputada al concursado fuera muy grave.

Vistos los preceptos legales indicados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO. Del ámbito del incidente concursal

El incidente concursal se encuentra regulado en los artículos 532 a 543 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (T.R.L.C.). Específicamente, el artículo 532.1 T.R.L.C. define el ámbito de aplicación del incidente concursal, al establecer que todas las cuestiones que se suscitaren durante la tramitación del concurso y que no tengan señalado otro cauce procesal para su sustanciación, así como las acciones que deban ejercitarse ante el juez del concurso, se tramitarán por la vía del incidente concursal.

SEGUNDO. De la oposición a la exoneración del pasivo insatisfecho por insuficiencia sobrevenida de la masa activa o por insuficiencia del producto obtenido una vez liquidada aquélla: regulación legal

El artículo 501.2 T.R.L.C. establece que, en aquellos casos en los que se produzca una insuficiencia sobrevenida de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, y también en los supuestos en los que, una vez liquidada la masa activa, el líquido obtenido resultara ser insuficiente para pagar la totalidad de los créditos concursales reconocidos, al concursado le cabe la posibilidad de interesar la exoneración del pasivo insatisfecho "dentro del plazo de audiencia concedido a las partes para formular oposición a la solicitud de conclusión del concurso".Añade el artículo 502 T.R.L.C. en sus apartados segundo y tercero que, en caso de formularse oposición al otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho, ésta deberá ventilarse por el trámite del incidente concursal, sin que quepa dictar auto de conclusión del concurso hasta que la resolución del citado incidente devenga firme.

TERCERO. Planteamiento del litigio (I): postura procesal de las partes

La A.E.A.T. se ha opuesto a que se conceda la exoneración del pasivo insatisfecho al concursado, al reputarle incurso en la causa de excepción regulada en el artículo 487.1.2º T.R.L.C. ("cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias muy graves, de seguridad social o del orden social, o cuando en el mismo plazo se hubiera dictado acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad. En el caso de infracciones graves, no podrán obtener la exoneración aquellos deudores que hubiesen sido sancionados por un importe que exceda del cincuenta por cientos de la cuantía susceptible de exoneración por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a la que se refiere el artículo 489.1. 5º, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubieran satisfecho íntegramente su responsabilidad").Concretamente, la demandante incidental ha señalado que el día 3 de mayo de 2022 se dictó un acuerdo de declaración de responsabilidad con fundamento en el artículo 43.1, letra a), de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (L.G.T.), en cuya virtud D. Faustino fue considerado responsable subsidiario por las deudas y sanciones tributarias de la mercantil Dragofoods, S.L. -de la que el SR. Faustino fue Consejero Delegado-, con un alcance de 33.957,43 euros, luego de que la citada sociedad dejara de ingresar las cuotas liquidadas en concepto de Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2009 y 2010 dentro del plazo fijado en la norma reguladora de dicho tributo. El citado acuerdo de derivación de responsabilidad fue debidamente notificado al interesado el día 16 de mayo de 2022.

Por su parte, el concursado ha rechazado que pueda apreciarse la concurrencia de aquella causa de exclusión del otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho, dado que el acuerdo de derivación de responsabilidad que sustenta la oposición articulada por la A.E.A.T. no era firme, al hallarse pendiente de resolución la reclamación económico-administrativa que D. Faustino interpuso el día 14 de junio de 2022 ante la Dependencia Regional de Recaudación de la A.E.A.T., Delegación Especial de Castilla y León-Valladolid, en la que impugnaba expresamente el precitado acuerdo de derivación de responsabilidad e interesaba que fuera dejado sin efecto. También ha aducido que la A.E.A.T. no impugnó el listado de acreedores elaborado por la administración concursal cuando ésta acordó calificar los créditos de Derecho Público reconocidos a su favor como sometidos a condición resolutoria, ex. artículo 265.1 T.R.L.C., precisamente por estar recurridos en vía administrativa.

CUARTO. Planteamiento del litigio (II): análisis y decisión

El artículo 486 T.R.L.C. determina que el deudor concursado persona natural que aspire a obtener la exoneración del pasivo insatisfecho habrá de serlo de buena fe. Con ello se pretende que "algo positivo, como es permitir una segunda oportunidad al deudor persona natural que deviene insolvente, no sea aprovechado por quien no lo merece por haber actuado en el plano económico de forma fraudulenta o contrariando la buena fe [...]"(véanse las SS.T.S. -Sala Primera, de lo Civil- núm. 863/2022, de 1 de diciembre; y núms. 254, 259, 261, 262 y 263/2026, todas ellas de 18 de febrero). De ahí que las excepciones al otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho enunciadas en el artículo 487.1 T.R.L.C. se fundamenten en determinados comportamientos del deudor que guarden relación con las causas y/o las circunstancias que hayan desencadenado su situación de insolvencia a efectos concursales o que le hagan desmerecer del crédito en el tráfico jurídico y de la confianza del mercado. En todo caso, la S.T.J.U.E. (Sala Segunda) de 7 de noviembre de 2024, dictada en los asuntos acumulados C-289/2023, "Corván",y C-305/2023, "Bacigán",ha dejado sentado que aquellas excepciones al otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho que los Estados miembros de la Unión Europea introduzcan al transponer la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 -Directiva sobre reestructuración e insolvencia- a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos han de deducirse de sus Derechos nacionales (en el caso de España, de las disposiciones de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, a través de la cual se transpuso la Directiva de referencia) y obedecer a la consecución de un interés público legítimo.

En el caso concreto del artículo 487.1.2 º T.R.L.C., se regulan dos causas de exclusión de la exoneración del pasivo insatisfecho bien diferenciadas, sin perjuicio de que la apreciación de una y de otra se condicione a que las circunstancias reseñadas se hayan producido dentro del lapso de los diez años anteriores a la solicitud de exoneración: así, el primer inciso alude a que el deudor haya sido sancionado mediante resolución administrativa firme por la comisión de una infracción muy grave de naturaleza tributaria, de seguridad social o del orden social, mientras que en el segundo inciso se hace referencia al dictado de un acuerdo firme de derivación de responsabilidad. Respecto de esta última causa de exclusión (que es, precisamente, la que se erige en objeto del presente incidente concursal), la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo tiene declarado en sus SS.T.S. núms. 315 y 316/2020, ambas de 17 de junio; 1578/2025, de 4 de noviembre; y en las ya citadas núms. 254, 259, 261, 262 y 263/2026, todas ellas de 18 de febrero, que un acuerdo de derivación de responsabilidad no equivale a una sanción por la comisión de una conducta infractora de la normativa tributaria, de seguridad social o del orden social, sino que constituye un mecanismo de garantía. Ello implica que, mientras que en el concurso del administrador societario al que se haya derivado la responsabilidad no conste que tal derivación fue acordada por la comisión de una conducta fraudulenta que le sea imputable y que pueda ser equiparada a comportamientos sancionados como infracciones tributarias, de seguridad social o de orden social muy graves (ej.: en el ámbito tributario, las que implican el uso de medios fraudulentos, ex. artículos 191.4, 192.4 y 193 L.G.T. ; en el orden social, las que supongan fraude o un mal uso del sistema de la Seguridad Social que afecte gravemente a su financiación o a los derechos de los trabajadores, ex. artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social -T.R.L.I.S.O.S.-) [[1] El Alto Tribunal ha señalado que es precisamente el componente fraudulento lo que justifica que pueda equipararse la comisión de aquellas infracciones tributarias, de seguridad social o del orden social muy graves con la de algunos de los delitos que se enuncian en el artículo 487.1.1 º T.R.L.C. (contra el patrimonio y el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores); véanse las SS.T.S. -Sala Primera, de lo Civil- núms. 254, 259, 261, 262 y 263/2026, todas ellas de 18 de febrero.], deberá concluirse que no ha lugar a denegar el otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho con fundamento en la circunstancia de exclusión regulada en el segundo inciso del artículo 487.1.2 º T.R.L.C., ya que su aplicación no estará debidamente justificada por no resultar proporcionada en relación a las circunstancias del caso.

Descendiendo ya al supuesto de hecho concreto que se ha planteado, se constata que la derivación de responsabilidad al otrora Consejero Delegado de la mercantil Dragofoods, S.L., el aquí concursado D. Faustino, se ha fundamentado en el hecho de que éste habría consentido por omisión que la sociedad administrada incurriera en la infracción tributaria tipificada en el artículo 191 L.G.T. , consistente en no haber ingresado en plazo los importes de las cuotas liquidadas en concepto de Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2009 y 2010. Ahora bien, no se ha acreditado que la infracción tributaria en cuestión haya sido calificada como muy grave por haber sido ejecutada haciendo uso de medios fraudulentos; nada se dice al respecto en el acuerdo de derivación de responsabilidad, que se ha aportado como documento núm. 1 de la demanda incidental, ni se deduce razonablemente de ninguno de los elementos fácticos ni de los restantes medios de prueba traídos a la causa. Asimismo, no se ha probado con carácter fehaciente que dicho acuerdo de derivación de responsabilidad hubiese ganado firmeza en el momento en el que el concursado presentó la solicitud de otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho: mientras que éste sí ha demostrado que lo impugnó mediante la interposición en forma y plazo de una reclamación económico-administrativa ante la Dependencia Regional de Recaudación de la A.E.A.T., Delegación Especial de Castilla y León-Valladolid, en el mes de junio de 2022 (véase el documento núm. 2 de su escrito de contestación a la demanda incidental), la A.E.A.T. no ha promovido la práctica de ninguna diligencia de prueba que demuestre que aquella reclamación económico-administrativa fue desestimada mediante una resolución firme que, entrando en el fondo del asunto, haya confirmado de manera expresa la validez jurídica y la vigencia del acuerdo de derivación de responsabilidad adoptado, pese a que acreditar su firmeza le incumbía, tanto por tratarse de una circunstancia afectante al elemento nuclear del hecho constitutivo en el que ha basado la pretensión ejercitada en su demanda incidental como por su mayor facilidad probatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 217, apartados 2 y 7, de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( L.E.C.) . A mayor abundamiento, la fundamentación de la derivación de responsabilidad al SR. Faustino en el artículo 43 L.G.T. , referido a los responsables subsidiarios, permite concluir que se realizó principal -si no exclusivamente- para tratar de garantizar el cobro de la deuda y de la sanción tributaria impuestas al obligado principal, la mercantil Dragofoods, S.L., luego de que ésta fuera declarada fallida y de que no se declararan posibles responsables solidarios.

En definitiva, no concurren los presupuestos exigidos jurisprudencialmente para considerar que la aplicación de la causa de exclusión del otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho regulada en el segundo inciso del artículo 487.1.2 º T.R.L.C. se encuentra justificada, ya que no guarda la debida proporcionalidad en relación con las circunstancias del caso analizado [[2] La naturaleza complementaria del ordenamiento jurídico que el artículo 1.6 del Código Civil ( C.C.) asigna a la jurisprudencia exige que este órgano judicial acomode el criterio que expresó en ocasiones precedentes (en concreto, en la Sentencia núm. 34/2024, de 31 de julio, en la que se acordó estimar la oposición articulada por la A.E.A.T. y no otorgar la exoneración del pasivo insatisfecho a la concursada por reputar concurrente la causa de excepción regulada en el segundo inciso del artículo 487.1.2 º T.R.L.C., que se ha invocado expresamente en la demanda incidental) a la doctrina novedosa enunciada por la Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo en sus muy recientes y ya mencionadas SS.T.S. núms. 254, 259, 261, 262 y 263/2026, de 18 de febrero.].

.

En consecuencia, la demanda incidental promovida por la A.E.A.T. debe ser desestimada, exonerándose el pasivo insatisfecho en los términos regulados en el artículo 502.1 T.R.L.C., puesto en relación con el artículo 501, apartados primero y tercero, del citado cuerpo normativo, respecto de los siguientes créditos (véase el listado de acreedores adjuntado con el informe provisional -después elevado a definitivo- elaborado por la administración concursal, que puede consultarse en el acontecimiento núm. 94 del expediente judicial digital de la sección I del concurso):

1) A.E.A.T.:se le han reconocido los siguientes créditos:

--9.580,68 euros (crédito con privilegio general del artículo 280.4 T.R.L.C.).

--9.580,68 euros (crédito ordinario del artículo 269.3 T.R.L.C.).

--10.050,36 euros (crédito subordinado del artículo 281.1.3 º T.R.L.C.).

--7.960,41 euros (crédito subordinado del artículo 281.1.4 º T.R.L.C.).

Los créditos públicos calificados como subordinados están íntegramente afectados por la exoneración del pasivo insatisfecho, mientras que las limitaciones cuantitativas a aquélla que se regulan en el artículo 489.1.5 º T.R.L.C. tan sólo rigen para los restantes créditos públicos calificados como privilegiados u ordinarios (véase la S.T.S. -Sala Primera, de lo Civil- núm. 260/2026, de 18 de febrero[[3] Esta resolución dispone que "la justificación debida, que lleva a un trato privilegiado del crédito público frente a otra clase de créditos, al excluirlos parcialmente de la exoneración de deudas del concursado, en un contexto concursal tiene sentido en nuestro derecho propio respecto de los créditos privilegiados y ordinarios, pero no respecto de los créditos subordinados. Esta categoría de créditos se introdujo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, para postergar su cobro frente a los acreedores ordinarios por entender que, por las específicas razones que en cada caso justifican la subordinación, merecían un tratamiento negativo en un contexto concursal. Aunque la STJUE de 7 de noviembre de 2024 haya asumido que la exclusión parcial de los créditos públicos de la exoneración puede conllevar un tratamiento privilegiado frente a otros créditos concursales, en atención a los fines perseguidos que la justifican, este tratamiento «privilegiado» o preferente se entiende proporcionado respecto de los créditos concursales ordinarios y privilegiados, pero no respecto de los que en el concurso merecen la subordinación. Lo que impide que los créditos subordinados puedan merecer una excepción a la exoneración de deudas".]). Así:

Créditos exonerados:

-18.010,77 euros (sumatorio de los créditos subordinados previamente desglosados).

-10.000 euros (límite cuantitativo máximo exonerable respecto de un total de 19.161,36 euros -sumatorio de los créditos con privilegio general y ordinarios previamente desglosados-, conforme a lo dispuesto en el artículo 489.1.5 º T.R.L.C.).

TOTAL: 28.010,77 euros.

Créditos no exonerados(de modo que el deudor continúa siendo responsable y obligado a su pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 484.1 T.R.L.C.):

-9.161,36 euros(19.161,36 euros - 10.000 euros = 9.161,36 euros).

2) 5.075,87 euros en favor de Cabot Securitisation Europe Limited.

3) 2.185.907,13 euros en favor de CaixaBank, S.A.

4) 249.983,95 euros en favor de Caja Laboral Popular, S. Coop. (Laboral Kutxa).

5) 506.50,30 euros en favor de Intrum Investment Nº 1 Designated Activity Company.

6) 54.593,66 euros en favor de Torrington Commercial, LTD.

7) 117.019,65 euros en favor de TTI Finance, S.A.R.L.

Dado que en el listado de acreedores se ha hecho constar que el concursado ostenta la condición de avalista respecto de los créditos reconocidos en favor de las entidades Cabot Securitisation Europe Limited, CaixaBank, S.A., Caja Laboral Popular, S. Coop. (Laboral Kutxa), Intrum Investment Nº 1 Designated Activity Company, Torrington Commercial, LTD y TTI Finance, S.A.R.L., cabe aclarar que la exoneración del pasivo insatisfecho concedida no extiende su eficacia a las obligaciones contraídas por los deudores principales y por los demás fiadores/avalistas con los respectivos acreedores, que permanecen incólumes y en sus propios términos.

QUINTO. Costas procesales

El artículo 542.1 T.R.L.C. se remite a las disposiciones de los artículos 394 y siguientes L.E.C. en cuanto al régimen de imposición y exacción de las costas procesales, si bien matiza que éstas serán inmediatamente exigibles una vez sea firme la sentencia dictada en el incidente concursal, con independencia del estado en el que se encuentre el concurso.

En el supuesto de hecho que aquí se ventila, procede aplicar el principio general del vencimiento objetivo dispuesto en el artículo 394.1 L.E.C. y, en su virtud, condenar a la parte demandante al pago de las costas procesales generadas por la tramitación del incidente: si bien es cierto que la Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo no ha fijado un criterio jurisprudencial unificado acerca de la naturaleza y del contenido de la causa de exclusión de la exoneración del pasivo insatisfecho regulada en el segundo inciso del artículo 487.1.2 º T.R.L.C. hasta el mes de febrero del año en curso, mientras que la demanda incidental fue interpuesta en octubre de 2024, así como que este órgano judicial había resuelto otro supuesto de hecho anterior muy similar al presente en términos favorables a la pretensión ejercitada por la A.E.A.T., no cabe aplicar la excepción de serias dudas de hecho o de derecho para eximirle del pago de las costas procesales porque, para el momento en el que comunicó sus créditos a la administración concursal, la demandante incidental era perfectamente consciente de que el acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria adoptado respecto del concursado había sido impugnado, lo que suponía que su suerte se encontraba condicionada al resultado de la reclamación económico-administrativa pendiente, ex. artículo 265.1 T.R.L.C. (véase el apartado "Comentarios" del informe individual de los créditos reconocidos en favor de la A.E.A.T., en la página 26 del informe provisional -después elevado a definitivo- emitido por la administración concursal, que puede consultarse en el acontecimiento núm. 94 del expediente judicial digital de la sección I del concurso, así como el documento núm. 1 del escrito de contestación a la demanda incidental). Además, tampoco ha acreditado más allá de toda duda razonable que aquella reclamación económico-administrativa ya hubiese sido desestimada en firme en cuanto a su fondo para el momento en el que D. Faustino solicitó que ser exonerado del abono del pasivo insatisfecho, ni que la infracción tributaria por la que se derivó la responsabilidad subsidiaria imputada al concursado fuera muy grave.

Vistos los preceptos legales indicados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO. Del ámbito del incidente concursal

El incidente concursal se encuentra regulado en los artículos 532 a 543 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (T.R.L.C.). Específicamente, el artículo 532.1 T.R.L.C. define el ámbito de aplicación del incidente concursal, al establecer que todas las cuestiones que se suscitaren durante la tramitación del concurso y que no tengan señalado otro cauce procesal para su sustanciación, así como las acciones que deban ejercitarse ante el juez del concurso, se tramitarán por la vía del incidente concursal.

SEGUNDO. De la oposición a la exoneración del pasivo insatisfecho por insuficiencia sobrevenida de la masa activa o por insuficiencia del producto obtenido una vez liquidada aquélla: regulación legal

El artículo 501.2 T.R.L.C. establece que, en aquellos casos en los que se produzca una insuficiencia sobrevenida de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, y también en los supuestos en los que, una vez liquidada la masa activa, el líquido obtenido resultara ser insuficiente para pagar la totalidad de los créditos concursales reconocidos, al concursado le cabe la posibilidad de interesar la exoneración del pasivo insatisfecho "dentro del plazo de audiencia concedido a las partes para formular oposición a la solicitud de conclusión del concurso".Añade el artículo 502 T.R.L.C. en sus apartados segundo y tercero que, en caso de formularse oposición al otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho, ésta deberá ventilarse por el trámite del incidente concursal, sin que quepa dictar auto de conclusión del concurso hasta que la resolución del citado incidente devenga firme.

TERCERO. Planteamiento del litigio (I): postura procesal de las partes

La A.E.A.T. se ha opuesto a que se conceda la exoneración del pasivo insatisfecho al concursado, al reputarle incurso en la causa de excepción regulada en el artículo 487.1.2º T.R.L.C. ("cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias muy graves, de seguridad social o del orden social, o cuando en el mismo plazo se hubiera dictado acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad. En el caso de infracciones graves, no podrán obtener la exoneración aquellos deudores que hubiesen sido sancionados por un importe que exceda del cincuenta por cientos de la cuantía susceptible de exoneración por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a la que se refiere el artículo 489.1. 5º, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubieran satisfecho íntegramente su responsabilidad").Concretamente, la demandante incidental ha señalado que el día 3 de mayo de 2022 se dictó un acuerdo de declaración de responsabilidad con fundamento en el artículo 43.1, letra a), de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (L.G.T.), en cuya virtud D. Faustino fue considerado responsable subsidiario por las deudas y sanciones tributarias de la mercantil Dragofoods, S.L. -de la que el SR. Faustino fue Consejero Delegado-, con un alcance de 33.957,43 euros, luego de que la citada sociedad dejara de ingresar las cuotas liquidadas en concepto de Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2009 y 2010 dentro del plazo fijado en la norma reguladora de dicho tributo. El citado acuerdo de derivación de responsabilidad fue debidamente notificado al interesado el día 16 de mayo de 2022.

Por su parte, el concursado ha rechazado que pueda apreciarse la concurrencia de aquella causa de exclusión del otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho, dado que el acuerdo de derivación de responsabilidad que sustenta la oposición articulada por la A.E.A.T. no era firme, al hallarse pendiente de resolución la reclamación económico-administrativa que D. Faustino interpuso el día 14 de junio de 2022 ante la Dependencia Regional de Recaudación de la A.E.A.T., Delegación Especial de Castilla y León-Valladolid, en la que impugnaba expresamente el precitado acuerdo de derivación de responsabilidad e interesaba que fuera dejado sin efecto. También ha aducido que la A.E.A.T. no impugnó el listado de acreedores elaborado por la administración concursal cuando ésta acordó calificar los créditos de Derecho Público reconocidos a su favor como sometidos a condición resolutoria, ex. artículo 265.1 T.R.L.C., precisamente por estar recurridos en vía administrativa.

CUARTO. Planteamiento del litigio (II): análisis y decisión

El artículo 486 T.R.L.C. determina que el deudor concursado persona natural que aspire a obtener la exoneración del pasivo insatisfecho habrá de serlo de buena fe. Con ello se pretende que "algo positivo, como es permitir una segunda oportunidad al deudor persona natural que deviene insolvente, no sea aprovechado por quien no lo merece por haber actuado en el plano económico de forma fraudulenta o contrariando la buena fe [...]"(véanse las SS.T.S. -Sala Primera, de lo Civil- núm. 863/2022, de 1 de diciembre; y núms. 254, 259, 261, 262 y 263/2026, todas ellas de 18 de febrero). De ahí que las excepciones al otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho enunciadas en el artículo 487.1 T.R.L.C. se fundamenten en determinados comportamientos del deudor que guarden relación con las causas y/o las circunstancias que hayan desencadenado su situación de insolvencia a efectos concursales o que le hagan desmerecer del crédito en el tráfico jurídico y de la confianza del mercado. En todo caso, la S.T.J.U.E. (Sala Segunda) de 7 de noviembre de 2024, dictada en los asuntos acumulados C-289/2023, "Corván",y C-305/2023, "Bacigán",ha dejado sentado que aquellas excepciones al otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho que los Estados miembros de la Unión Europea introduzcan al transponer la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 -Directiva sobre reestructuración e insolvencia- a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos han de deducirse de sus Derechos nacionales (en el caso de España, de las disposiciones de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, a través de la cual se transpuso la Directiva de referencia) y obedecer a la consecución de un interés público legítimo.

En el caso concreto del artículo 487.1.2 º T.R.L.C., se regulan dos causas de exclusión de la exoneración del pasivo insatisfecho bien diferenciadas, sin perjuicio de que la apreciación de una y de otra se condicione a que las circunstancias reseñadas se hayan producido dentro del lapso de los diez años anteriores a la solicitud de exoneración: así, el primer inciso alude a que el deudor haya sido sancionado mediante resolución administrativa firme por la comisión de una infracción muy grave de naturaleza tributaria, de seguridad social o del orden social, mientras que en el segundo inciso se hace referencia al dictado de un acuerdo firme de derivación de responsabilidad. Respecto de esta última causa de exclusión (que es, precisamente, la que se erige en objeto del presente incidente concursal), la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo tiene declarado en sus SS.T.S. núms. 315 y 316/2020, ambas de 17 de junio; 1578/2025, de 4 de noviembre; y en las ya citadas núms. 254, 259, 261, 262 y 263/2026, todas ellas de 18 de febrero, que un acuerdo de derivación de responsabilidad no equivale a una sanción por la comisión de una conducta infractora de la normativa tributaria, de seguridad social o del orden social, sino que constituye un mecanismo de garantía. Ello implica que, mientras que en el concurso del administrador societario al que se haya derivado la responsabilidad no conste que tal derivación fue acordada por la comisión de una conducta fraudulenta que le sea imputable y que pueda ser equiparada a comportamientos sancionados como infracciones tributarias, de seguridad social o de orden social muy graves (ej.: en el ámbito tributario, las que implican el uso de medios fraudulentos, ex. artículos 191.4, 192.4 y 193 L.G.T. ; en el orden social, las que supongan fraude o un mal uso del sistema de la Seguridad Social que afecte gravemente a su financiación o a los derechos de los trabajadores, ex. artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social -T.R.L.I.S.O.S.-) [[1] El Alto Tribunal ha señalado que es precisamente el componente fraudulento lo que justifica que pueda equipararse la comisión de aquellas infracciones tributarias, de seguridad social o del orden social muy graves con la de algunos de los delitos que se enuncian en el artículo 487.1.1 º T.R.L.C. (contra el patrimonio y el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores); véanse las SS.T.S. -Sala Primera, de lo Civil- núms. 254, 259, 261, 262 y 263/2026, todas ellas de 18 de febrero.], deberá concluirse que no ha lugar a denegar el otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho con fundamento en la circunstancia de exclusión regulada en el segundo inciso del artículo 487.1.2 º T.R.L.C., ya que su aplicación no estará debidamente justificada por no resultar proporcionada en relación a las circunstancias del caso.

Descendiendo ya al supuesto de hecho concreto que se ha planteado, se constata que la derivación de responsabilidad al otrora Consejero Delegado de la mercantil Dragofoods, S.L., el aquí concursado D. Faustino, se ha fundamentado en el hecho de que éste habría consentido por omisión que la sociedad administrada incurriera en la infracción tributaria tipificada en el artículo 191 L.G.T. , consistente en no haber ingresado en plazo los importes de las cuotas liquidadas en concepto de Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2009 y 2010. Ahora bien, no se ha acreditado que la infracción tributaria en cuestión haya sido calificada como muy grave por haber sido ejecutada haciendo uso de medios fraudulentos; nada se dice al respecto en el acuerdo de derivación de responsabilidad, que se ha aportado como documento núm. 1 de la demanda incidental, ni se deduce razonablemente de ninguno de los elementos fácticos ni de los restantes medios de prueba traídos a la causa. Asimismo, no se ha probado con carácter fehaciente que dicho acuerdo de derivación de responsabilidad hubiese ganado firmeza en el momento en el que el concursado presentó la solicitud de otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho: mientras que éste sí ha demostrado que lo impugnó mediante la interposición en forma y plazo de una reclamación económico-administrativa ante la Dependencia Regional de Recaudación de la A.E.A.T., Delegación Especial de Castilla y León-Valladolid, en el mes de junio de 2022 (véase el documento núm. 2 de su escrito de contestación a la demanda incidental), la A.E.A.T. no ha promovido la práctica de ninguna diligencia de prueba que demuestre que aquella reclamación económico-administrativa fue desestimada mediante una resolución firme que, entrando en el fondo del asunto, haya confirmado de manera expresa la validez jurídica y la vigencia del acuerdo de derivación de responsabilidad adoptado, pese a que acreditar su firmeza le incumbía, tanto por tratarse de una circunstancia afectante al elemento nuclear del hecho constitutivo en el que ha basado la pretensión ejercitada en su demanda incidental como por su mayor facilidad probatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 217, apartados 2 y 7, de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( L.E.C.) . A mayor abundamiento, la fundamentación de la derivación de responsabilidad al SR. Faustino en el artículo 43 L.G.T. , referido a los responsables subsidiarios, permite concluir que se realizó principal -si no exclusivamente- para tratar de garantizar el cobro de la deuda y de la sanción tributaria impuestas al obligado principal, la mercantil Dragofoods, S.L., luego de que ésta fuera declarada fallida y de que no se declararan posibles responsables solidarios.

En definitiva, no concurren los presupuestos exigidos jurisprudencialmente para considerar que la aplicación de la causa de exclusión del otorgamiento de la exoneración del pasivo insatisfecho regulada en el segundo inciso del artículo 487.1.2 º T.R.L.C. se encuentra justificada, ya que no guarda la debida proporcionalidad en relación con las circunstancias del caso analizado [[2] La naturaleza complementaria del ordenamiento jurídico que el artículo 1.6 del Código Civil ( C.C.) asigna a la jurisprudencia exige que este órgano judicial acomode el criterio que expresó en ocasiones precedentes (en concreto, en la Sentencia núm. 34/2024, de 31 de julio, en la que se acordó estimar la oposición articulada por la A.E.A.T. y no otorgar la exoneración del pasivo insatisfecho a la concursada por reputar concurrente la causa de excepción regulada en el segundo inciso del artículo 487.1.2 º T.R.L.C., que se ha invocado expresamente en la demanda incidental) a la doctrina novedosa enunciada por la Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo en sus muy recientes y ya mencionadas SS.T.S. núms. 254, 259, 261, 262 y 263/2026, de 18 de febrero.].

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En consecuencia, la demanda incidental promovida por la A.E.A.T. debe ser desestimada, exonerándose el pasivo insatisfecho en los términos regulados en el artículo 502.1 T.R.L.C., puesto en relación con el artículo 501, apartados primero y tercero, del citado cuerpo normativo, respecto de los siguientes créditos (véase el listado de acreedores adjuntado con el informe provisional -después elevado a definitivo- elaborado por la administración concursal, que puede consultarse en el acontecimiento núm. 94 del expediente judicial digital de la sección I del concurso):

1) A.E.A.T.:se le han reconocido los siguientes créditos:

--9.580,68 euros (crédito con privilegio general del artículo 280.4 T.R.L.C.).

--9.580,68 euros (crédito ordinario del artículo 269.3 T.R.L.C.).

--10.050,36 euros (crédito subordinado del artículo 281.1.3 º T.R.L.C.).

--7.960,41 euros (crédito subordinado del artículo 281.1.4 º T.R.L.C.).

Los créditos públicos calificados como subordinados están íntegramente afectados por la exoneración del pasivo insatisfecho, mientras que las limitaciones cuantitativas a aquélla que se regulan en el artículo 489.1.5 º T.R.L.C. tan sólo rigen para los restantes créditos públicos calificados como privilegiados u ordinarios (véase la S.T.S. -Sala Primera, de lo Civil- núm. 260/2026, de 18 de febrero[[3] Esta resolución dispone que "la justificación debida, que lleva a un trato privilegiado del crédito público frente a otra clase de créditos, al excluirlos parcialmente de la exoneración de deudas del concursado, en un contexto concursal tiene sentido en nuestro derecho propio respecto de los créditos privilegiados y ordinarios, pero no respecto de los créditos subordinados. Esta categoría de créditos se introdujo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, para postergar su cobro frente a los acreedores ordinarios por entender que, por las específicas razones que en cada caso justifican la subordinación, merecían un tratamiento negativo en un contexto concursal. Aunque la STJUE de 7 de noviembre de 2024 haya asumido que la exclusión parcial de los créditos públicos de la exoneración puede conllevar un tratamiento privilegiado frente a otros créditos concursales, en atención a los fines perseguidos que la justifican, este tratamiento «privilegiado» o preferente se entiende proporcionado respecto de los créditos concursales ordinarios y privilegiados, pero no respecto de los que en el concurso merecen la subordinación. Lo que impide que los créditos subordinados puedan merecer una excepción a la exoneración de deudas".]). Así:

Créditos exonerados:

-18.010,77 euros (sumatorio de los créditos subordinados previamente desglosados).

-10.000 euros (límite cuantitativo máximo exonerable respecto de un total de 19.161,36 euros -sumatorio de los créditos con privilegio general y ordinarios previamente desglosados-, conforme a lo dispuesto en el artículo 489.1.5 º T.R.L.C.).

TOTAL: 28.010,77 euros.

Créditos no exonerados(de modo que el deudor continúa siendo responsable y obligado a su pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 484.1 T.R.L.C.):

-9.161,36 euros(19.161,36 euros - 10.000 euros = 9.161,36 euros).

2) 5.075,87 euros en favor de Cabot Securitisation Europe Limited.

3) 2.185.907,13 euros en favor de CaixaBank, S.A.

4) 249.983,95 euros en favor de Caja Laboral Popular, S. Coop. (Laboral Kutxa).

5) 506.50,30 euros en favor de Intrum Investment Nº 1 Designated Activity Company.

6) 54.593,66 euros en favor de Torrington Commercial, LTD.

7) 117.019,65 euros en favor de TTI Finance, S.A.R.L.

Dado que en el listado de acreedores se ha hecho constar que el concursado ostenta la condición de avalista respecto de los créditos reconocidos en favor de las entidades Cabot Securitisation Europe Limited, CaixaBank, S.A., Caja Laboral Popular, S. Coop. (Laboral Kutxa), Intrum Investment Nº 1 Designated Activity Company, Torrington Commercial, LTD y TTI Finance, S.A.R.L., cabe aclarar que la exoneración del pasivo insatisfecho concedida no extiende su eficacia a las obligaciones contraídas por los deudores principales y por los demás fiadores/avalistas con los respectivos acreedores, que permanecen incólumes y en sus propios términos.

QUINTO. Costas procesales

El artículo 542.1 T.R.L.C. se remite a las disposiciones de los artículos 394 y siguientes L.E.C. en cuanto al régimen de imposición y exacción de las costas procesales, si bien matiza que éstas serán inmediatamente exigibles una vez sea firme la sentencia dictada en el incidente concursal, con independencia del estado en el que se encuentre el concurso.

En el supuesto de hecho que aquí se ventila, procede aplicar el principio general del vencimiento objetivo dispuesto en el artículo 394.1 L.E.C. y, en su virtud, condenar a la parte demandante al pago de las costas procesales generadas por la tramitación del incidente: si bien es cierto que la Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo no ha fijado un criterio jurisprudencial unificado acerca de la naturaleza y del contenido de la causa de exclusión de la exoneración del pasivo insatisfecho regulada en el segundo inciso del artículo 487.1.2 º T.R.L.C. hasta el mes de febrero del año en curso, mientras que la demanda incidental fue interpuesta en octubre de 2024, así como que este órgano judicial había resuelto otro supuesto de hecho anterior muy similar al presente en términos favorables a la pretensión ejercitada por la A.E.A.T., no cabe aplicar la excepción de serias dudas de hecho o de derecho para eximirle del pago de las costas procesales porque, para el momento en el que comunicó sus créditos a la administración concursal, la demandante incidental era perfectamente consciente de que el acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria adoptado respecto del concursado había sido impugnado, lo que suponía que su suerte se encontraba condicionada al resultado de la reclamación económico-administrativa pendiente, ex. artículo 265.1 T.R.L.C. (véase el apartado "Comentarios" del informe individual de los créditos reconocidos en favor de la A.E.A.T., en la página 26 del informe provisional -después elevado a definitivo- emitido por la administración concursal, que puede consultarse en el acontecimiento núm. 94 del expediente judicial digital de la sección I del concurso, así como el documento núm. 1 del escrito de contestación a la demanda incidental). Además, tampoco ha acreditado más allá de toda duda razonable que aquella reclamación económico-administrativa ya hubiese sido desestimada en firme en cuanto a su fondo para el momento en el que D. Faustino solicitó que ser exonerado del abono del pasivo insatisfecho, ni que la infracción tributaria por la que se derivó la responsabilidad subsidiaria imputada al concursado fuera muy grave.

Vistos los preceptos legales indicados y demás de general y pertinente aplicación,