Sentencia Civil Nº 138/2011, Audiencia Provincial de Huesca, Sección 1, Rec 152/2011 de 31 de Mayo de 2011

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 31 de Mayo de 2011
  • Tribunal: AP - Huesca
  • Ponente: Angos Ullate, Antonio
  • Núm. Sentencia: 138/2011
  • Núm. Recurso: 152/2011
  • Núm. Cendoj: 22125370012011100217
Resumen:
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

HUESCA

SENTENCIA: 00138/2011

A. Civil 152/2011 S310511.6U

Sentencia Apelación Civil Número 138

En Huesca, a treinta y uno de mayo de dos mil once.

En nombre del Rey, la Audiencia Provincial de Huesca, constituida en esta ocasión por el Magistrado Antonio Angós Ullate, ha visto el recurso de apelación planteado en los autos de juicio verbal número 494/2010 seguidos ante el Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Huesca, sobre reclamación de cantidad. La COMUNIDAD DE REGANTES DE DIRECCION000 los promovió, como demandante, dirigida por el letrado Andrés Funes Monge y representada por la procurador María José Maurel Boira, contra Federico , como demandado, defendido por la letrado Susana Barcos Casas y representado por la procurador María Teresa Ortega Navasa. Se hallan pendientes ante este Tribunal en virtud del presente recurso de apelación, tramitado al número 152 del año 2011 e interpuesto por la demandante, COMUNIDAD DE REGANTES DE DIRECCION000 .

Antecedentes

PRIMERO : Doy por reproducidos los que contiene la sentencia apelada.

SEGUNDO : El Juez sustituto del indicado Juzgado de primera instancia e instrucción, en el procedimiento circunstanciado anteriormente, dictó la sentencia apelada el día 23 de noviembre de 2010, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO / Que debo estimar y por ello estimo la excepción de inadecuación de procedimiento, por lo cual debo realizar los siguientes pronunciamientos: / PRIMERO.- Procede la absolución en la instancia. / SEGUNDO; Queda imprejuzgada la cuestión del fondo del asunto. / TERCERO; Cada parte soportará las costas procesales devengadas a su instancia y las comunes por mitad [...]".

TERCERO : Contra la anterior sentencia, la demandante, COMUNIDAD DE REGANTES DE DIRECCION000 , anunció recurso de apelación. El Juzgado lo tuvo por preparado y emplazó a la parte apelante por 20 días para que interpusiera el recurso, lo cual efectuó mediante la presentación del oportuno escrito, en cuya súplica interesó lo siguiente: "[...] estime el presente recurso en su integridad, modificándose la sentencia de instancia en el sentido expuesto en el cuerpo de este escrito, con condena en costas al demandado ". A continuación, el Juzgado dio traslado a las otras partes para que presentaran escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que pudiera serles desfavorable. En esa fase, el demandado, Federico , se opuso al recurso. Seguidamente, el Juzgado, tras emplazar a las partes por término de treinta días, remitió los autos a este Tribunal, en donde quedaron registrados al número 152/2011. No habiéndose propuesto prueba ni solicitado vista, la Sala acordó que el asunto quedara pendiente de resolución por el Magistrado designado a tal efecto.

En la tramitación de esta segunda instancia, no ha sido posible observar los plazos procesales por la atención prestada a los otros asuntos pendientes ante este Tribunal.

Fundamentos

PRIMERO : Acepto y doy por reproducidos los que contiene la sentencia apelada, salvo en lo que a continuación puedan quedar contradichos.

SEGUNDO : Ciertamente, como expone la actora en su recurso, el demandado no alegó la falta de jurisdicción " en los cinco primeros días posteriores a la citación para la vista ", como exige el artículo 64 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al que se remite especialmente su artículo 443.2 en sede de juicio verbal. Este último precepto aclara que " el demandado no podrá impugnar en este momento [durante la vista oral] la falta de jurisdicción [...] , que hubo de proponer en forma de declinatoria según lo dispuesto en el artículo 64 de la presente Ley ". Esto es lo que ya dijimos en sentencias de 14 de diciembre de 2010 y 31 de enero de 2011 . Además, el examen de la farragosa contestación a la demanda que consta en la grabación del juicio pone de relieve que el demandado no alegó claramente la excepción de falta de jurisdicción, sino lo que la propia sentencia llama excepción de inadecuación de procedimiento basada en defectos formales que se habrían producido en el expediente administrativo.

Así, en cualquiera de las hipótesis, hemos de reconocer que el Juez ha acogido de oficio la falta de jurisdicción del orden civil en favor del orden contencioso-administrativo. En principio, no hay inconveniente para apreciar de oficio la falta de jurisdicción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , si bien en todo caso es preciso dar audiencia a las partes, como señala este mismo precepto, y estos requisitos formales no se han cumplido en el supuesto que nos ocupa, como se desprende de todo lo indicado. La consecuencia lógica de todo ello no sería rechazar, sin más, el planteamiento defendido en la sentencia apelada, sino declarar la nulidad de las actuaciones y la retroacción del procedimiento al momento en que se cometió el defecto procesal, como ya mantuvo esta Sala en su sentencia de 30 de junio de 2009 , en la cual argumentamos que, sin duda, la parte recurrente ha considerado subsanado la falta inicial de traslado mediante todas las alegaciones que ha realizado en segunda instancia y que solo la parte es quien tenía en su mano solicitar la nulidad de lo actuado y no lo ha hecho, sino que nos ha pedido que afirmemos la competencia de la jurisdicción civil para la resolución de la presente reclamación . Asimismo, hemos de resaltar que, como dijimos en nuestro Auto de 28 de junio de 2007, este Tribunal ad quem no puede siquiera plantearse la posibilidad de declarar de oficio la nulidad de las actuaciones seguidas en primera instancia, pues debemos constreñirnos a lo solicitado en el recurso de apelación, conforme a los artículos 227.2, párrafo segundo, y 465.5 (antes, 4) de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

TERCERO : Por tanto, solo nos queda decidir el orden jurisdiccional competente para conocer de la reclamación de cuotas de la Comunidad de regantes actora. Al respecto, compartimos la decisión adoptada en primera instancia.

Como señala el artículo 83.4 de la Ley de Aguas (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio ), "las deudas a la comunidad de usuarios por gastos de conservación, limpieza o mejoras, así como cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas, gravarán la finca o industria en cuyo favor se realizaron, pudiendo la comunidad de usuarios exigir su importe por la vía administrativa de apremio , y prohibir el uso del agua mientras no se satisfagan, aun cuando la finca o industria hubiese cambiado de dueño".

La anterior regulación justifica la doctrina sentada en la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1994 (ROJ: STS 1698/1994 ): "las Comunidades de Regantes [o de usuarios], tuteladas por la Administración -toda vez que se integran en la denominada Administración Corporativa-, constituidas al amparo de la Ley de Aguas entonces vigente, de 13 de Junio de 1879 , ostentan personalidad jurídica propia, dada su naturaleza corporativa de actuar como consorcios administrativos y, más concretamente, como entidades jurídico-públicas de base asociativa, que les atribuye configuración de personas jurídicas públicas, de interés general, en función de actividades que redundan en beneficio público y generalmente de constitución y pertenencia necesaria (artículo 228 de la Ley de Aguas antigua, 73 y 74 de la vigente de 2 de agosto de 1985 y Real Orden de 25 de junio de 1884 )" [artículo 82 de la vigente Ley de Aguas ]. La mencionada sentencia añade lo siguiente: "La conclusión a que se llega, en razón a lo analizado, no es otra que lo que decide la necesidad del conocimiento jurisdiccional a favor de un orden u otro es el específico régimen jurídico de la relación existente. En este caso, la Comunidad aparece investida de poder público- administrativo en la configuración de dicha relación jurídica con la Acequia, de la que derivó obligación de pago para esta última y que trae su causa del sistema de riego previsto en las Ordenanzas, con aptitud legal para su cumplimiento efectivo y ejecutivo, precisamente por razón de la potestad administrativa de apremio que tiene reconocida la Comunidad de Regantes ". Y concluye así: "La cuestión ha de ser resuelta en favor del orden jurisdiccional contencioso-aministrativo ante la falta de concurrencia de títulos y relaciones de naturaleza exclusivamente civil"; que "la relación se presenta acotada por la prestación de un servicio público, que ha de ser entendida en la más amplia acepción posible ( sentencias 30-4-1985 y 14-3-1986 )"; que "la sentencia de esta Sala de 30 de diciembre de 1986 , declaró la incompetencia de la Jurisdicción civil para conocer la reclamación de cuotas no satisfechas a Colegio Oficial de titulados , dada su condición de ente de derecho público y la naturaleza administrativa de los sucesivos actos, tanto en su origen como en su exacción"; que "las facultades de auto-ejecución y apremio de que dispone la Comunidad de Regantes respecto a sus propios actos administrativos internos no se dan respecto a las relaciones jurídicas privadas y con independencia de que aquella las hubiera utilizado; y que "por todo lo cual, la gestión corporativista al efecto de la recurrida, con tutela de la Administración y de la que deriva el débito reclamado, imponen el respeto competencial que en la cuestión ha de tenerse a la Jurisdicción contencioso -administrativa".

La mayoría de las Audiencias provinciales sigue el anterior criterio. Así, podemos citar el Auto de la Audiencia provincial de Almería de 3 de mayo de 2004 (ROJ: AAP AL 199/2004); la sentencia de la Audiencia provincial de Navarra de 11 de junio del 2002 (ROJ: SAP NA 550/2002); la sentencia de la Audiencia provincial de Badajoz, de 30 de junio del 2000 (ROJ: SAP BA 945/2000); y la sentencia de la Audiencia provincial de León de 8 de febrero del 2000 (ROJ: SAP LE 261/2000). El Auto de la Audiencia provincial de Almería y la sentencia de la Audiencia provincial de León resaltan que no se ejerce en el caso una pretensión posesoria, de propiedad o de derechos reales, únicos supuestos en que el orden civil conservaría su jurisdicción, sino de naturaleza jurídico pública por reclamación de cuotas a cargo de la Comunidad de Regantes, lo que hace que, conforme al artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ("los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo "), sean competentes los tribunales del orden jurisdiccional contensioso-administrativo para conocer de cualquier pretensión atinente a dichas cuotas , como aquí ocurre.

Por todo ello, procede desestimar el recurso.

CUARTO : Procede imponer a la parte apelante las costas de esta alzada, puesto que el recurso ha sido desestimado y el caso no presenta serias dudas de hecho ni de Derecho (artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al que se remite su artículo 398.1 ). Asimismo, procede disponer la pérdida del depósito constituido para recurrir, en cumplimiento de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Fallo

FALLO : DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto por la demandante, COMUNIDAD DE REGANTES DE DIRECCION000 , contra la sentencia referida. Impongo a la parte apelante las costas de esta segunda instancia y dispongo la pérdida del depósito formalizado para recurrir.

Sin perjuicio del derecho de las partes a intentar cuantos recursos consideren legalmente procedentes, contra esta resolución puede caber recurso de casación y de infracción procesal ante el Tribunal Superior de Justicia, a preparar ante esta misma Audiencia Provincial en un plazo de cinco días, en el caso de que las partes entiendan que esta sentencia ha infringido normas de Derecho civil propias de esta Comunidad Autónoma.

Notifíquese y devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con un testimonio de esta resolución, para que tenga lugar la ejecución y cumplimiento de lo resuelto.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá un testimonio al rollo de la Sala, definitivamente juzgando en esta segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Falta de jurisdicción
Comunidad de regantes
Nulidad de actuaciones
Citación para la vista
Declinatoria
Grabación
Defectos de los actos procesales
Competencia de la jurisdicción
Tribunal ad quem
Cuota de la comunidad
Dueño
Personalidad jurídica
Tutelado
Persona jurídica
Relación jurídica
Incompetencia de la jurisdicción
Tutela
Derechos reales
Cumplimiento de las obligaciones