Sentencia Civil Nº 231/2014, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 6, Rec 428/2014 de 23 de Octubre de 2014

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Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION SEXTA

ALICANTE

Rollo de apelación nº 428/14

Juzgado de Primera Instancia nº 1 Alicante

Autos nº 585/13

S E N T E N C I A Nº231/14

Iltmos. Srs.

Presidente: D. José María Rives Seva.

Magistrado: Dª. María Dolores López Garre.

Magistrado: Dª. Encarnación Caturla Juan.

En la Ciudad de Alicante, a Veintitrés de Octubre de dos mil catorce.

VISTO en grado de apelación ante esta AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE SECCION SEXTA, de la Audiencia Provincial de Alicante, los autos de RECURSO DE APELACIÓN (LECN), procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº1 de Alicante a los que ha correspondido el Rollo núm,428/14, en los que aparece como parte apelante, D. Franco , Dª Alejandra , D. Laureano y Doña Eloisa representados por el Procurador/a. D. Julio Costa Andreu, asistidos por el Letrado/a D. Francisco A. Gosálbez Serrano y como parte apelada Banbo Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.,representado por el Procurador/a D. Luis Beltrán Gamir asistido por el Letrado/a Dª María José Lassaletta Pérez.

Antecedentes

Primero .- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº1 de Alicante y en los autos de juicio Ordinario en fecha 17 de Diciembre de 2013 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:'Desestimo la demanda formulada por la Procuradora Sra. Arranz Hernández,en nombre y representación de Franco , Alejandra , Laureano y Eloisa , frente a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A , y, en su consecuencia, absuelvo a la parte demandada de los pedimentos formulados en su contra.No se hace expresa condena en costas.'

Segundo .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación en tiempo y forma por la representación de la parte demandante siendo tramitado conforme a lo dispuesto en los arts, 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , con traslado del mismo a la parte demandada por término de diez días, remitiéndose las actuaciones seguidamente a esta Iltma. Audiencia Provincial, Sección Sexta, donde se formó el correspondiente rollo de apelación núm,428/14.

Tercero .- En la sustanciación de esta causa se han observado todas las prescripciones legales, señalándose para votación y fallo el dia 21 de Octubre de 2014.

VISTO, siendo Ponente la Iltma. Sra. Dª Encarnación Caturla Juan.


Fundamentos

Primero. - En la demanda rectora del presente procedimiento, los hoy apelantes interesaban al amparo de lo dispuesto en los arts. 1089 y ss. del CC y en el Real Decreto Ley 6/2012 de 19 de marzo, de medidas urgentes para la protección de los deudores hipotecarios sin recursos, se condenase a la entidad demandada a escriturar la dación en pago de las fincas registrales nº NUM000 y NUM001 del Registro de la Propiedad nº 1 de Alicante, con cancelación de la totalidad de la deuda garantizada con la hipoteca, así como de todas las responsabilidades personales y reales de terceros, concediendo a los deudores hipotecarios la permanencia durante un plazo de dos años en la vivienda, en concepto de arrendatarios y por una renta anual del 3% del importe total de la deuda en el momento de la dación.

Fundaban tal pretensión los demandantes en el préstamo hipotecario suscrito en fecha 18 de noviembre de 2005 por importe de 228.000 € para la compra de las dos fincas citadas (vivienda y plaza de garaje), por hallarse tanto los deudores hipotecarios como los hipotecantes no deudores- fiadores, situados en el umbral de exclusión previsto en el citado Real Decreto Ley 6/2012 de 19 de marzo; cancelando con la dación en pago todas las responsabilidades tanto personales como reales de todos los obligados, concretamente la hipoteca que recae sobre el inmueble de los garantes, hipotecantes no deudores.

La sentencia de instancia desestimó las pretensiones de los actores, por lo que los mismos se alzan en apelación frente a dicha resolución, impugnando en primer lugar la valoración que efectúa el juzgador de instancia respecto del destino dado al préstamo, cuando a su entender ello quedó excluido del debate, al no constituir un hecho controvertido.

Y en segundo lugar impugna la interpretación que el Juzgador de instancia realiza del art. 3.1 d) del Real Decreto Ley 6/2012 ; al entender en definitiva que de la citada normativa resulta que con la dación en pago deben quedar extinguidas, cualesquiera otras garantías, tanto reales como las personales, que pudieran existir sobre el préstamo o crédito, siempre que en todos los garantes concurran las circunstancias expresadas en las letras b) y c) art. 3.1.

Se opone a dicho recurso la entidad demandada, en los términos que obran en su escrito y que damos por reproducido.

Segundo .- Por lo que respecta al primero de los motivos de apelación, el mismo no puede merecer favorable acogida, por cuanto que las referencias que contiene la sentencia al importe del préstamo y la cuantía que en la escritura se dice se destinó a la compra de la vivienda y el garaje, se limitan a constatar hechos que resultan de la propia escritura de compraventa; sin que del contenido de la sentencia, resulte que el juzgador de instancia haya tenido en cuenta el destino que se dio al importe del préstamo para resolver la cuestión litigiosa. Pero es que aun en el caso en que hubiese efectuado valoración de tal hecho, puesto que admite que pudieran existir otras finalidades distintas a la adquisición de la vivienda y garaje, lo cierto es que la razón de la desestimación de las pretensiones actoras, no es ésta; sino el hecho de entender que no concurre el requisito del art. 3.1.e), al estar garantizado el préstamo con otra garantía real (hipoteca constituida sobre un inmueble de los hipotecantes no deudores).

Por lo que respecta al segundo de los motivos de apelación. Entendemos que el mismo tampoco puede merecer favorable acogida.

En primer lugar debemos de señalar que para resolver la cuestión litigiosa, habrá que estar a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, si bien con las modificaciones introducidas por la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, por cuanto que es esta última norma la que resulta aplicable como recoge el propio apelante y el juzgador de instancia al encontrarse en trámite el presente procedimiento al tiempo de su entrada en vigor, de conformidad con la Disposición Transitoria Séptima sobre aplicación del Código de Buenas Prácticas , al que se adhirió la entidad demandada.

El Artículo 3 del citado RDL 6/2012 , relativo a la definición del umbral de exclusión, con las modificaciones introducidas por la Ley 1/2013, dispone en su apartado 2, que: 'Para la aplicación de las medidas complementarias y sustitutivas de la ejecución hipotecaria a que se refieren los apartados 2 y 3 del Anexo, será además preciso que se cumplan los siguientes requisitos.

a) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.

b) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido para la adquisición de la misma.

c) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías, reales o personales o, en el caso de existir estas últimas, que carezca de otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.

d) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, deberán estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores.'

Por su parte el art. 3 bis, relativo a los Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores, dispone 'Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en el umbral de exclusión podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.'

Siendo que en el presente caso el préstamo estaba garantizado con una hipoteca sobre la vivienda y el garaje que se adquiere, titularidad de los deudores hipotecarios; únicos inmuebles a los que se refiere la dación en pago que se pretende; así como con otra hipoteca (garantía real) constituida sobre el inmueble propiedad de los hipotecantes no deudores-fiadores, inmueble no afectado por la dación en pago que se pretende.

Entendemos que la interpretación que efectúa el juzgador de instancia de la norma, resulta adecuada, atendida la interpretación sistemática de la misma, puesto que no hay que olvidar que cada uno de los inmuebles que se hipoteca responde de una parte de la deuda; y no se puede pretender extinguir toda ella, mediante la dación en pago de una sola parte de los inmuebles que la garantizan. No se trata de garantías reales posteriores como alega el apelante, sino coetáneas, respondiendo cada una de ellas de una parte de la deuda.

Cuando el precepto citado hace referencia a 'que carezca de otras garantías, reales o personales o, en el caso de existir estas últimas, que carezca de otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.' Es evidente que las garantías a las que se refiere, es respecto de los deudores hipotecarios, así resulta de: el apartado 1 del art. 3 cuando señala 'Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos todas las circunstancias siguientes...'; el apartado 2 b) del mismo al señalar 'crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor o deudores';el apartado 2.d) del citado art. 3, al señalar 'En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar,...'; del apartado 3 del mismo precepto al indicar '3. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 se acreditará por el deudor ante la entidad acreedora mediante la presentación de los siguientes documentos:'

Y concretamente entendemos viene referida a las garantías personales, basta con atender a la sintaxis del citado precepto para llegar a tal conclusión puesto que se utiliza la conjunción disyuntiva 'o', por lo que cuando se refiere a 'estas últimas', necesariamente ha de ir referida a las garantías personales.

Lo que igualmente tiene sentido y viene ratificado por el tenor literal del art. 3 bis, cuando prevé las actuaciones que podrán realizar los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en el umbral de exclusión. Señalando el art. 2 relativo al Ámbito de aplicación, en su párrafo segundo que 'Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas hipotecarios del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.'. Consecuentemente las mismas medidas y requisitos pueden ser aplicables a los hipotecantes no deudores de solicitarlo éstos, incluida la dación en pago; dación en pago que necesariamente será de la vivienda o inmueble dada por ellos en garantía. Sin que del contenido de la exposición de motivos del Real Decreto Ley, podamos llegar a una conclusión distinta a la expresada.

A la misma conclusión llegamos si atendemos al contenido del ANEXO relativo al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. Así se recoge en el punto 3 sobre la dación en pago de la vivienda habitual, como medida sustitutiva de la ejecución hipotecaria, que: 'a) En el plazo de doce meses desde la solicitud de la reestructuración, los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo , de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, para los que la reestructuración y las medidas complementarias, en su caso, no resulten viables conforme a lo establecido en el apartado 2, podrán solicitar la dación en pago de su vivienda habitual en los términos previstos en este apartado. En estos casos la entidad estará obligada a aceptar la entrega del bien hipotecado por parte del deudor, a la propia entidad o tercero que ésta designe, quedando definitivamente cancelada la deuda.

b) La dación en pago supondrá la cancelación total de la deuda garantizada con hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por razón de la misma deuda.

c) El deudor, si así lo solicitara en el momento de pedir la dación en pago, podrá permanecer durante un plazo de dos años en la vivienda en concepto de arrendatario, satisfaciendo una renta anual del 3 por cien del importe total de la deuda en el momento de la dación. Durante dicho plazo el impago de la renta devengará un interés de demora del 10 por cien.

d) Las entidades podrán pactar con los deudores la cesión de una parte de la plusvalía generada por la enajenación de la vivienda, en contraprestación por la colaboración que éste pueda prestar en dicha transmisión.

e) Esta medida no será aplicable en los supuestos que se encuentren en procedimiento de ejecución en los que ya se haya anunciado la subasta, o en los que la vivienda esté gravada con cargas posteriores.'.

Consecuentemente lo que se extinguiría son las responsabilidades personales, pero no otras garantías reales, como acertadamente entendió el juzgador de instancia; a diferencia de lo pretendido por los demandantes apelantes.

Tercero .- Todo lo expuesto conlleva la desestimación del recurso de apelación. Las costas procesales de esta alzada debe soportarlas la parte apelante por disposición del artículo 398, en relación con el artículo 394, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS: Que DESESTIMANDOel recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alicante, de fecha 17 de diciembre de 2013 , DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOSdicha resolución, imponiendo expresamente las costas procesales de esta alzada a la parte apelante.

Notifíquese esta sentencia conforme a la Ley y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

Contra la presente resolución, cabe, en su caso, recurso en los supuestos y términos previstos en los Capítulos IV y V del Título IV del Libro II y Disposición Final 16ª de la LEC 1/2000 .

De conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 6/1985, según redacción dada por la LO 1/2009, para interponer contra la presente resolución recurso extraordinario por infracción procesal (concepto 04) y/o de casación (concepto 06), artículos 471 y 481 de la LEC , deberá consignarse en la 'Cuenta de Depósitos y consignaciones' de este Tribunal nº 0264, al tiempo de su preparación, la cantidad de 50 euros por cada recurso, bajo apercibimiento de inadmisión a trámite; y ello sin perjuicio del pago de la tasa por actos procesales, cuando proceda.

Así, por esta nuestra sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Iltmo Sr. Ponente, estando la Sala reunida en Audiencia Pública, doy fé.


Cesión de bienes pro solvendo
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