Sentencia Civil Nº 290/2011, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 262/2011 de 24 de Junio de 2011

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 24 de Junio de 2011
  • Tribunal: AP - Granada
  • Ponente: Aguado Maestro, Angelica
  • Núm. Sentencia: 290/2011
  • Núm. Recurso: 262/2011
  • Núm. Cendoj: 18087370032011100293

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

ROLLO Nº 262/2011- AUTOS Nº 807/2009

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº DOS DE GRANADA

ASUNTO: J. ORDINARIO

PONENTE SRA. AGUADO MAESTRO.

S E N T E N C I A N º 290

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ REQUENA PAREDES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

En la Ciudad de Granada, a 24 de junio de 2011.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 262/2011- los autos de J. Ordinario nº 807/2009 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Granada, seguidos en virtud de demanda de Inversiones López Baena S.L., contra Rubén y doña Alicia .

Antecedentes

PRIMERO .- Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 30 de junio de 2009 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que, ESTIMANDO la demanda interpuesta por INVERSIONES LOPEZ BAENA SL, representado por el procurador D. Pablo Alameda Gallardo y asistido por el letrado D. Jesús Medina Jaranaz, contra D. Rubén y Dña Alicia , representados por el procurador Dña Isabel Ferrer Amigó y asistidos del letrado D. Emilio Viciana Titos, debo condenar y condeno a los demandados al pago de la cantidad 82.812,42 €, más los intereses legales, y costas".

SEGUNDO .- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada mediante su escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso; una vez remitidas las actuaciones a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 27 de abril de 2011.

TERCERO .- Formado el rollo se señaló el día 22 de junio de 2011 para la votación y fallo con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

Siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO.

Fundamentos

PRIMERO : La representación de don Rubén y doña Alicia , interpone recurso de apelación frente a la sentencia dictada en primera instancia que estimando la demanda presentada por Inversiones López Baena, S.L., les condena a pagar la cantidad de 82.812,42 euros por los gastos derivados de la urbanización del solar, en cumplimiento del contrato de compraventa suscrito entre las partes el 14 de abril de 2005, por el cual los ahora recurrentes en apelación vendieron el solar de 1.541,50 euros, resultante en la reparcelación voluntaria de la Unidad de Actuación UA-6, de Atarfe por el precio de 1.262.125,41 euros, siendo a cargo de los vendedores los gastos de urbanización de la parcela; al considerar que la sentencia dictada en primera instancia incurre en error en la valoración de la prueba al no estar acreditado, conforme al contrato, el importe de los gastos de urbanización y por incluirse partidas no ejecutadas, duplicar algunas partidas y excederse en las mediciones.

SEGUNDO : En el presente procedimiento no se discute la realidad del contrato de compraventa antes mencionado donde, en lo que aquí interesa, en la cláusula séptima se pactó que en cuanto al abono de las cargas de urbanización ambas partes acuerdan que serán satisfechas por la compradora hasta un importe de VEINTIUN MIL EUROS (21.000 €). En el supuesto de que se excediera de dicha cantidad, previa justificación documental, el exceso será atendido por los vendedores. En garantía del cumplimiento de la obligación anterior, el vendedor retendrá en el momento de la firma de la escritura pública de compraventa la cantidad de VEINTIOCHO MIL EUROS (28.000 €). Dicha cantidad o el importe final resultante, será entregada a la parte vendedora en el momento en que por el Ayuntamiento se entregue certificado acreditativo de los gastos finales de urbanización (fol. 13 del Tomo I). Acuerdo que se reproduce en términos casi idénticos en el documento suscrito el mismo día en que se otorgó la escritura pública de compraventa -el 24 de mayo de 2005- (fol. 40 del Tomo I).

La documentación aportada con la demanda ha consistido en la certificación emitida por la Sociedad Municipal Proyecto Atarfe, S.A., (fol. 43 del Tomo I) que relaciona el importe y el número de las certificaciones que han correspondido a la parcela nº 3 propiedad de la entidad actora, situada en la unidad de ejecución UA-6 del Planeamiento General de Atarfe, por la urbanización de todo el sector. Escrito en el que se ratificó don Domingo en el acto del juicio como Consejero Delegado de la mencionada Sociedad Municipal y aclaró que todas las certificaciones contaban con el visto bueno de la dirección técnica, integrada por un arquitecto y por una arquitecto técnico, este último, del Ayuntamiento de Atarfe.

Además el Ayuntamiento de Atarfe ha emitido otro certificado (fols. 1 y 2 del Tomo II) que se acredita que las obras de urbanización de la unidad de actuación UA-6 del Planeamiento General de Atarfe se gestionaron por el Ayuntamiento a través de la sociedad municipal Proyecto Atarfe, S.A., y el importe total de las obras ascendió a 477.317,62 euros, IVA incluido.

La parcela vendida por los recurrentes tiene una participación en los gastos de urbanización del 26,55%, según la escritura de compraventa (fol. 22). Si aplicamos este porcentaje al total del coste de las obras certificado por el Ayuntamiento, se obtiene la suma de 126.727,82 euros, a lo que hay que añadir los honorarios de los técnicos fijado en 4.224,20 euros, según la certificación emitida por la sociedad municipal encargada de la gestión de las obras, de donde se obtiene que a cargo de la parcela el coste de las obras de urbanización que le son imputables asciende a 130.952,02 euros, que difiere en menos de mil euros de la cantidad reclamada en el escrito de demanda (131.812,42 euros).

Como la deuda que pesa sobre la parcela objeto del contrato por las obras de urbanización llevadas a cabo alcanzan las suma de 130.952,02 euros, una vez reducidos los 49.000 euros a que se refiere el contrato, queda un saldo a favor de la parte actora de 81.952,02 euros y, en este sentido, procede estimar parcialmente el recurso.

TERCERO: El segundo motivo del recurso se fundamenta en el error en la valoración de la prueba al incluirse en la certificación partidas no ejecutadas, existir una duplicidad de partidas y un exceso en las mediciones.

Para justificar esta alegación, la parte recurrente aportó con su escrito de contestación a la demanda el informe pericial emitido por el ingeniero de caminos don Primitivo (fols. 114 y ss), en el que se ratificó en el acto del juicio y aclaró que su trabajo consistió en realizar un examen somero del proyecto de reparcelación, pero ni visitó las obras, ni realizó mediciones, lo que nos lleva a no poder tener en cuenta las conclusiones a las que se refiere en su informe y no considerar acreditado que, realmente, exista duplicidad en partidas, ni exceso en la medición de conducción de polietileno, ni las canalizaciones de la telefonía y en cuanto al hormigón, dada la cantidad de técnicos que intervienen en la obra y que el precio que se recoge en el presupuesto es el normal para metro cúbico y no metro cuadrado, permite deducir que se trata, simplemente, de un error mecanográfico sin ninguna trascendencia real.

Tal y como reconoce el perito en el acto del juicio (minuto 19:50), su trabajo se limitó a revisar "a groso modo" el proyecto de la obra, para ver qué podría encontrar, pero ni visitó la obra, ni conoce qué se ejecutó realmente

CUARTO : Los intereses serán los legales desde la interposición de la demanda, pues la parte demandada podía conocer el montante total de las obras y aplicar el porcentaje de participación de su solar y en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2004 al decir: "La más reciente pero ya consolidada doctrina jurisprudencial establece que en caso de reclamaciones dinerarias, el pago de los intereses moratorios actúa como sanción al deudor recurrente que no resulta debidamente cumplidor, por lo que el acreedor, que de esta manera adquiere la condición de perjudicado, debe ser protegido jurídicamente desde el momento en que se le reconoce judicialmente el crédito subsistente y no satisfecho, al tiempo de su reclamación judicial y aunque se le otorgue cantidad inferior a la pedida, por desestimación de alguna partida, pues la fijación judicial de la cuantía de lo debatido resulta de fácil determinación"; la de 6 de octubre de 2000: "la actual doctrina de esta Sala Civil de Casación, que, atenuando el automatismo del principio in illiquidis non fit mora, viene declarando la procedencia de dichos intereses en aquellos supuestos, como el presente en los que la cantidad que otorga la sentencia resultaba efectivamente debitada al tiempo del requerimiento de su pago, porque los referidos intereses actúan a medio de sanción al deudor moroso, renuente al pago y la protección judicial al acreedor debe ser completa de sus derechos, y lo que la sentencia viene a realizar es declarar el derecho a la obtención de la cantidad por intereses que pertenecían al acreedor con anterioridad a la decisión judicial ( sentencias de 5 de abril de 1992 , 18 de febrero de 1994 , 21 de marzo de 1994 y 26 de junio de 1995 ) operando ésta en cuanto determina el alcance cuantitativo de la cantidad que produce los intereses moratorios ( sentencia de 20 de julio de 1995 )".

QUINTO: Al estimar parcialmente el recurso de apelación, no procede la condena en costas en ninguna de las dos instancias (artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Vistos los citados preceptos y demás de general y pertinente aplicación, EN NOMBRE DE S.M. EL REY,

Fallo

Estimamos parcialmente el recurso, revocando parcialmente la sentencia dictada el 30 de junio de 2009 (debe ser del 2010), dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Granada en el juicio ordinario 807/2009 y condenamos a don Rubén y a doña Herminia a pagar a Inversiones López Baena, S.L., la cantidad de ochenta y un mil novecientos cincuenta y dos euros con dos céntimos ( 81.952,02 euros), intereses legales desde el 21 de abril de 2009, incrementados en dos puntos a partir de esta resolución y hasta el efectivo pago de la deuda, sin hacer expresa condena en costas en ninguna de las dos instancias. Devuélvase el depósito a la parte apelante.

Notifíquese esta sentencia a las partes con indicación de que contra ella no cabe recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Iltmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por la Iltma. Magistrada Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.

Contrato de compraventa
Obras de urbanización
Error en la valoración de la prueba
Sociedad de responsabilidad limitada
Inversiones
Cumplimiento del contrato
Arquitecto técnico
Objeto del contrato
Informes periciales
Intereses moratorios
In illiquidis non fit mora
Morosidad