Sentencia Civil Nº 299/2011, Audiencia Provincial de Burgos, Sección 2, Rec 149/2011 de 07 de Julio de 2011

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 07 de Julio de 2011
  • Tribunal: AP - Burgos
  • Ponente: Carreras Maraña, Juan Miguel
  • Núm. Sentencia: 299/2011
  • Núm. Recurso: 149/2011
  • Núm. Cendoj: 09059370022011100239
Resumen:
CUMPLIMIENTO CONTRATOS

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

BURGOS

SENTENCIA: 00299/2011

S E N T E N C I A Nº 299

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BURGOS

UNIPERSONAL

MAGISTRADO/A: DON JUAN MIGUEL CARRERAS MARAÑA

SOBRE: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

LUGAR: BURGOS

FECHA: SIETE DE JULIO DE DOS MIL ONCE

En el Rollo de Apelación nº 149 de 2011, dimanante de Juicio Verbal nº 909/2010, del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Miranda de Ebro, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 10 de febrero de 2010 , siendo parte, como demandantes-apelantes D. Alfredo y D. Edmundo , representados en este Tribunal por la Procuradora Dª. Mayte Porro Araico y defendidos por la Letrada Dª. Dagania

Fraile Lainez y como demandado-apelado-impugnante D. Jaime , representado en este Tribunal por el Procurador D. Juan Carlos Yela Ruiz y defendido por el Letrado D. Ángel Fernández Aranguiz.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan sustancialmente, los antecedentes de hecho de la resolución apelada, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: " En virtud de todo cuanto antecede, se estima parcialmente la demanda presentada por la representación procesal de D. Alfredo y D. Edmundo , efectuándose los siguientes pronunciamientos: PRIMERO.- Se condena a la parte demandada, D. Jaime al pago de trescientos euros (300€) así como los intereses legales devengados desde el 30-11-2010. - SEGUNDO.- Se condena a cada una de las partes al pago de las costas procesales devengadas a su instancia y, respecto de las comunes, el pago por mitad".

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de D. Alfredo y D. Edmundo se interpuso contra la misma recurso de apelación, que fue tramitado con arreglo a Derecho.

TERCERO - En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, habiendo sido señalado el día 5 de Julio de 2011 para su examen.

Fundamentos

PRIMERO.- Recurso de apelación principal interpuesto por Alfredo .

Examinado el contenido de la causa, la prueba practicada en el proceso y las alegaciones de las partes procede realizar las siguientes consideraciones:

1ª.- Aún cuando la parte demandante sostiene que antes del día 21-01-2010 ya había comunicado al demandado la necesidad de entrar en su local para buscar y reparar la avería, es lo cierto que la única prueba fundada de la negativa del demandado para entrar en su local se produce el día 21-01-2010 y después el día 22- 01-2010, cuando no permite a la empresa desatascadora el picado en su local.

2ª.- Es indubitado que la avería existente era grave y que, sobre todo, generaba importantes riesgos sanitarios. Así se deriva del informe del médico de familia de Miranda de Ebro donde se habla (f. 55) de "serio problema de salud para toda la comunicad de vecinos" y de un "grave problema de salud pública" e incluso se insta por el facultativo del Ayuntamiento para corregir los "problemas de salubridad arriba indicados".

3ª.- En este contexto de manifiesto hedor a aguas fecales, encharcamiento de los trasteros por restos de aguas residuales y fecales y grave riesgo de salud por atasco del colector comunitario, es evidente que le era exigible al demandado una mayor diligencia y colaboración en la acción de los técnicos en su local para, al menos, intentar solventar el problema con más celeridad como exige el art. 9-1. LPH .

4ª.- Constatada una acción culpable y antijurídica del demandado contraria al art. 1902 CCv y art. 9 LPH , pues el día 21 no permitió el acceso de la empresa de desatascos y el día 22, aunque permitió el acceso, no dejó picar lo que determinaría una demora en la solución definitiva del problema hasta el 4-02-2010, el problema, como indica la resolución apelada, se centra en la causalidad entre la acción culpable y poco facilitadora del acceso a su local por el demandado ante una situación grave de salud que determinó la intervención de los servicios de inspección sanitaria del Ayuntamiento, y la cuantía del daño reclamado. Es decir, la cuestión que se plantea viene determinada por analizar si el importe de los daños materiales para la comunidad hubiera sido el mismo, aún cuando el demandado hubiera sido más diligente en el cumplimiento de las obligaciones que le impone el art. 9 LPH . Analizado el concreto caso procede entender que no se ha acreditado incremento del daño material por la acción del demandado en atención a las siguientes razones:

1º.- El haber tardado más días de los debidos en reparar el atasco tiene su origen, no solo en la actuación del propio demandado, sino especialmente en que la arqueta estaba tapada, sin que ello se hubiere acreditado como imputable al demandado, y en la necesidad de picar en el portal y buscar la arqueta de la comunidad (f. 33). Es decir, había un problema estructural de localización de la arqueta que no era evitable, aunque si el demandado hubiera colaborado y hubiera permitido picar de manera inmediata en su local se hubiera acelerado la solución del problema, pero, la cuestión principal, como se deriva del informe de la empresa de desatascos (f. 33) y de la Inspección de Obras y Medioambiente del Ayuntamiento, estaba en que las arquetas "no eran accesibles".

2º.- Es claro, pues, que existía un problema inicial estructural de localización de las arquetas que no fue creado por el demandado, pero que fue agravado en cuanto a su más rápida solución si hubiera permitido picar en su local en vez de utilizar una excusa tan poco admisible como la exigencia de que se pusiera después de la obra baldosas iguales, cuando existía un grave problema de salud pública. En este contexto debe de entenderse, como acertadamente indica el Juez "a quo", que todos los gastos facturados por la empresa de desatascos se hubieran tenido que realizar igual aunque la localización y reparación de la avería se hubiera hecho con más diligencia y con mayor colaboración por parte del demandado; y ello por las siguientes razones:

a).- Ninguna prueba pericial o técnica se ha articulado en el sentido de que una mayor celeridad en el picado en busca de la avería hubiera determinado un gasto de solo 160 €. El retraso de unos días entre el 21-01 y el 4-02 en que quedó resuelto el problema no se ha acreditado a los efectos del art. 217 LECv , como determinante de un sobrecoste en el precio final de reparación.

b).- Al estar tapada la arqueta y no haber registros accesibles, como defecto estructural del edificio, que no se ha acreditado como imputable al demandado, pues no consta un acto deliberado y voluntario de tapar la arqueta en perjuicio de la comunidad, determinó que fuera necesario buscar la arqueta con circuito de TV y fue necesario localizar la avería y picar para su búsqueda. La responsabilidad parcial del demandado, que se valora como daño moral, está en haber tenido una actitud de escasa colaboración y haber vulnerado su deber de "permitir" la entrada con diligencia y favorecimiento; máxime, en un caso como el presente donde concurrían razones de urgencia ante el riesgo sanitario concurrente.

c).- Los daños materiales de reparación derivan de la avería misma que generó la existencia de agua en el foso del ascensor y de las dificultades estructurales de localización y acceso a la propia arqueta. Es decir, el picar el cubrimiento del local; la reposición de baldosas; la colocación de tapa registrable o el atasco a través de otra arqueta, eran obras necesarias: bien para solucionar el problema, en todo caso, ya fuera antes o después, bien para tener arquetas accesibles para el futuro, tal y como exigió la Inspección Municipal al ser necesarias tapas-registro en el portal y, por lo tanto, con acceso desde elementos comunitarios (f. 15, punto 10 del informe técnico-Municipal); lo cual es una mejora evidente para la comunidad en orden a garantizar su estanquidad y por lo tanto que debe ser asumida por los comuneros, conforme el art. 10 LPH .

d).- Es cierto que los demandantes se han visto obligados a realizar distintas gestiones ante la empresa de desatascos y ante el Ayuntamiento y Servicios de Salud para resolver el problema planteado, pero ello no supone que proceda una indemnización material, más allá del daño moral concedido, por varias razones.

- En primer lugar, porque se trataría de gestiones del Presidente de la Comunidad propias de su cargo y función.

- En segundo lugar, porque no se ha probado que las personas que han hecho estas gestiones hayan perdido su salario o hayan tenido gastos de gestión o hayan tenido algún daño o perjuicio objetivamente computable.

- En tercer lugar, que los daños materiales causados, como se ha indicado, no derivan causalmente de la actuación del demandado, sino de deficiencias estructurales de la propia comunidad, que no tenía arquetas accesibles, como reiteran los técnicos municipales y la empresa de desatascos. Así, que la solución poco colaboradora del demandado no crea el problema, ni incrementa del precio de su reparación, sino que lo que provoca es una mayor dilación en su solución y por lo tanto un mayor daño moral en los otros comuneros.

En cuanto a las costas de la primera instancia procede ratificar la falta de imposición de costas, pues la estimación de la demanda es parcial y no apreciándose temeridad procesal en el demandado, resulta de aplicación el art. 394-2 LECv .

SEGUNDO.- Recurso de Impugnación de Jaime .

Examinado el recurso de impugnación de la parte demandada, procede su íntegra desestimación en atención a las siguientes razones:

1ª.- En cuanto a la antijuricidad de la actuación del demandado, procede significar que, como se ha indicado, deriva no de la causación del daño, ni de la agravación del daño material, sino del hecho de que no permitir la entrada en el local sin causa fundada, ni justificada, ante la gravedad de los hechos, determinando una demora en la solución de la avería del colector, que provocó mayores olores, riesgos sanitarios, molestias e incomodidades de las que hubiera provocado una más pronta solución del problema. Por lo tanto, se hubiera conocido el problema el 21 o el 14, es lo cierto que la falta de colaboración del demandado en el acceso y búsqueda de la avería en su local generó un retraso en la solución que agravó el riesgo sanitario y los padecimientos e incomodidades de los restantes ocupantes del inmueble, ya que, aún con los defectos estructurales referidos, la avería se hubiera resuelto con más prontitud, pues como dice tanto el informe de Rucai 24 horas, como el Sr. Jaime , "como no nos dejó picar", ello supone: "que ante la imposibilidad de darle una respuesta inmediata nos vamos sin realizar el desatasco que evitaría el problema existente en la comunidad".

2ª.- En cuanto a la indemnización por daños morales es manifiesto que los argumentos expuestos en el motivo segundo de impugnación (f. 128) en ningún caso desvirtúan lo motivado (art. 120 CE ) en la sentencia apelada, pues precisamente la ubicación de los trasteros es lo que ha generado en la vivienda los olores por heces y restos fecales y el daño moral reclamado. Todo ello, bien entendido que la responsabilidad del demandado, como se ha reiterado, no deriva de los daños materiales, sino del agravamiento del padecimiento de los vecinos por los olores y por el riesgo de infección sanitaria derivada de que el demandado, aunque el día 22 permitió la entrada, la había negado el día 21. Además, ello no supone un solo día de retraso, como dice el apelante, sino que de no permitir picar, la empresa el día 22 se va "sin realizar el desatasco", y lo que determinó, según el informe de la empresa (f. 33), la necesidad de "buscar" las arquetas de la comunidad para ubicar el atasco.

El demandado con su actitud poco colaboradora no creó el daño, ni determinó la cuantía del desatasco material, pero agravó el padecimiento de los comuneros con intervención, incluso, del Ayuntamiento y por ello es deudor de un daño moral, adecuadamente fijado en 300 €; y bien entendido que en un caso como el presente de fuertes olores por aguas fecales y riesgo cierto de infección sanitaria no hace falta probar el daño moral y resulta de aplicación el criterio, reiteradamente admitido por la Jurisprudencia, del "in re ipsa loquitur".

TERCERO.- La desestimación del ambos recurso de apelación (principal y de impugnación) determina la no imposición de costas de esta Alzada por ninguno de los recursos referidos.

Fallo

Por lo expuesto, este Tribunal decide:

Desestimar el Recurso principal interpuesto por la Procuradora Dª. Mayte Porro Araico, en nombre y representación de D. Alfredo y D. Edmundo y desestimar el recurso de impugnación interpuesto por el Procurado D. Juan Yela Ruiz, en nombre y representación de D. Jaime , contra la Sentencia de fecha 10 de febrero de 2010 dictada por el Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Miranda de Ebro , en los autos de Juicio Verbal nº 909/2010. Todo ello sin hacer expresa imposición de costas en cuanto a las causadas en esta Alzada.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de apelación, notificándose a las partes, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el/la Ilmo/a Sr/a Magistrado D. JUAN MIGUEL CARRERAS MARAÑA, estando celebrando Audiencia Pública el Tribunal en el mismo día de su fecha, de lo que yo el secretario. Doy fe.

Daños materiales
Daños morales
Práctica de la prueba
Trastero
Cumplimiento de las obligaciones
Comuneros
Defectos estructurales
Responsabilidad
Prueba pericial
Ascensor
Obras necesarias
Presidente junta propietarios