Sentencia Civil Nº 330/2012, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 5, Rec 429/2011 de 18 de Junio de 2012

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 18 de Junio de 2012
  • Tribunal: AP - A Coruña
  • Ponente: Martelo Perez, Maria Del Carmen
  • Núm. Sentencia: 330/2012
  • Núm. Recurso: 429/2011
  • Núm. Cendoj: 15030370052012100278

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

A CORUÑA

SENTENCIA: 00330/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION QUINTA

A CORUÑA

Rollo: 429/11

Proc. Origen: Juicio Ordinario 393/07

Juzgado de Procedencia: 1ª Instancia núm.5 de A Coruña

Deliberación el día: 29 de mayo de 2012

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña, ha pronunciado en nombre del Rey la siguiente:

SENTENCIA Nº 330/12

Ilmos. Sres. Magistrados:

MANUEL CONDE NÚÑEZ

JULIO TASENDE CALVO

MARÍA DEL CARMEN MARTELO PÉREZ

En A CORUÑA, a dieciocho de junio de dos mil doce.

En el recurso de apelación civil número 429/11, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de A Coruña, en Juicio Ordinario 393/07, sobre, reclamación de daños y perjuicios, siendo la cuantía del procedimiento 37.446,30€, seguido entre partes: Como APELANTE: DOÑA Esmeralda , representada por el Procurador Sr. González Guerra; como APELADO: BARCLAYS BANK, S.A. , representado por el Procurador Sr. Castro Bugallo.- Siendo Ponente la Ilma. Sra. DOÑA MARÍA DEL CARMEN MARTELO PÉREZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Que por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de A Coruña, con fecha 15 de marzo de 2011, se dictó sentencia cuya parte dispositiva dice como sigue:

" QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador Sr. González Guerra en nombre y representación de Doña Esmeralda , contra BARCLAYS BANK, con imposición de costas. "

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma en tiempo y forma, recurso de apelación por Dª. Esmeralda que le fue admitido en ambos efectos, y remitidas las actuaciones a este Tribunal, y realizado el trámite oportuno se señaló para deliberar la Sala el día 29 de mayo de 2012, fecha en la que tuvo lugar.

TERCERO.- En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones y formalidades legales.

Fundamentos

Se aceptan los de la sentencia apelada.

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia -que desestima la demanda planteada por la representación de doña Esmeralda contra la entidad BARCLAYS BANK, con imposición de costas - plantea recurso de apelación la parte actora interesando su revocación con estimación de la demanda formulada. Fundamenta su recurso en la errónea valoración de la prueba obrante en autos en especial de la pericial y testifical practicadas.

SEGUNDO.- Antes de entrar a resolver el recurso planteado, procede recordar, a la vista de las alegaciones vertidas por la apelante en el recurso que nos ocupa, que una constante jurisprudencia tiene declarado y esta misma Sala (sentencias de 24 de mayo de 2005 , 4 de abril de 2006 , 21 de febrero de 2007 , 18 de noviembre de 2008 , 21 de abril de 2008 y 18 de mayo de 2008 , entre otras ) que la prueba pericial es de apreciación libre y no tasada, susceptible de ser valorada por el juzgador según su prudente arbitrio, sin que existan reglas preestablecidas que ordenen su valoración. El único criterio legal de apreciación de esta prueba lo constituyen las reglas de la sana crítica ( art. 348 LEC ), que no se encuentran codificadas o recogidas en precepto alguno y han de ser entendidas como las más elementales directrices de la lógica ( SS TS 7 enero 1991 , 20 febrero 1992 , 13 octubre 1994 , 1 julio 1996 , 30 diciembre 1997 , 15 julio 1999 , 14 octubre 2000 , 13 noviembre 2001 , 20 febrero 2003 , 28 octubre 2005 y 27 febrero 2006 ). De ahí que la impugnación y consiguiente revisión judicial de la aplicación de estas reglas sólo sea posible de manera excepcional por haberse llevado a cabo prescindiendo de forma flagrante de las reglas de la sana crítica, esto es, cuando en las apreciaciones de los peritos o en la valoración judicial: se incurra en un error esencial, patente o notorio ( SS 8 noviembre 1994 , 18 diciembre 2001 , 8 febrero 2002 y 29 abril 2005 ); se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica ( SS 28 junio 2001 , 8 febrero 2002 , 13 diciembre 2003 , 9 junio 2004 y 27 febrero 2006); se adopten criterios desorbitados o irracionales (SS 28 enero 1995 , 18 diciembre 2001 , 19 junio 2002 y 29 abril 2005 ); se tergiversen las conclusiones periciales de forma ostensible, se falseen de modo arbitrario sus dictados, se omitan datos o conceptos relevantes de su informe, o se aparten de su propio contexto ( SS 20 febrero 1992 , 28 junio 2001 , 19 julio 2002 , 21 febrero 2003 , 30 noviembre 2004 , 8 abril 2005 y 27 febrero 2006 ); y se realicen apreciaciones arbitrarias y contrarias a las reglas de la común experiencia ( SS 24 diciembre 1994 , 18 diciembre 2001 , 20 febrero 2003 , 3 marzo 2004 y 29 abril 2005 ). Asimismo, procede también recordar que en nuestro ordenamiento rige el principio de la libre valoración de la prueba por el Tribunal, cuyos resultados, obtenidos a través de la valoración conjunta de toda la prueba, han de prevalecer por estar inspirados en criterios objetivos y desinteresados, sin olvidar, que a las partes les queda vetada la posibilidad de sustituir el criterio objetivo e imparcial de los Jueces por el suyo propio, debiendo prevalecer el practicado por éstos al contar con mayor objetividad que el parcial y subjetivo llevado a cabo por las partes en defensa de sus particulares intereses.

Pues bien, el recurso no puede ser estimado, tanto porque la juzgadora de instancia realiza en los fundamentos primero y segundo de la sentencia un estudio detallado de la prueba practicada que no queda desvirtuado por las alegaciones de la recurrente, como porque, por este Tribunal, tras el examen de lo actuado y del resultado de las pruebas obrantes en autos, se concluye del modo en que se ha pronunciado la juzgadora al no resultar de las mismas datos que permitan resolver como peticiona la apelante. Lo que invoca la recurrente es una distinta valoración conjunta de la prueba, contraria a la objetiva y desinteresada de la juzgadora de instancia, es decir, no se cuestiona la aplicación de una determinada norma jurídica, o una particular interpretación de un precepto, sino la valoración de las pruebas practicadas en el juicio - interrogatorio de las partes, testifical, pericial - con fundamento en que con la prueba practicada quedaría determinada la operativa con que se realizó la transferencia de los fondos de inversión y la negligencia de la entidad bancaria en el deber de custodia, sosteniendo que con lo actuado habría quedado acreditado el incumplimiento del Banco de tales deberes de custodia de los fondos dado que sólo la apelante podía disponer de los mismos, extremos sobre los cuales la valoración que de la prueba se efectúa en la sentencia de instancia no es ni ilógica, ni disparatada ni arbitraria, antes bien al contrario, la juzgadora de instancia razona con certera lógica la conclusión alcanzada. En este sentido, tras razonar, en el fundamento segundo, que "por la prueba practicada no quedan acreditados los hechos alegados por la actora", puesto que sosteniendo la falsedad de su firma, en orden a la acreditación de tal afirmación, acompaña un dictamen que no ofrece garantía alguna y frente a dicho dictamen la demandada aporta informe que sí es concluyente, riguroso y preciso, datos que llevan a la juez de instancia a concluir, con criterio que comparte la Sala, que no existe falta de consentimiento y que los propios actos de la demandante (motivada por la falta de denuncia sobre la falsedad de su firma y el entendimiento, por la actora, de una posible connivencia del Banco con su exmarido) no avalan la teoría que insinúa (falsificación de los documentos y que por tal motivo el dinero acabe en una cuenta del exmarido) de ahí la desestimación de la demanda.

En consecuencia, la sentencia valora las pruebas practicadas así como el informe pericial de la actora y la pericial de la entidad demandada, y se basa en el informe emitido por el perito de esta última y en la inexistencia de dato alguno que avale lo que se sostiene en la demanda para desestimar la demanda, conclusión que como queda dicho se comparte por la Sala, además de por lo que se lleva señalado por las razones que se pasan a exponer:

1.Que el objeto del proceso, al que la presente alzada se contrae, viene definido por la pretensión deducida en la demanda en la que se postula se declare que los fondos que nos ocupan son de su exclusiva titularidad; que son nulas todas las órdenes de traspaso y reembolso de los fondos de inversión por no haber dado su consentimiento al efecto la actora; que la entidad demandada no ha actuado con la diligencia debida, admitiendo documentos que no habían sido presentados ni firmados por la actora a presencia de apoderado o empleado de la entidad en cuestión y que se condene a la demandada a indemnizar a la actora en la suma de 37.446,30 euros con el interés legal desde el 29 de marzo de 2006, fecha en la que se presentó la reclamación por escrito. La actora funda sustancialmente la pretensión deducida -como se desprende de la exposición fáctica de su demanda - en el hecho de habérsele originado daños y perjuicios que nunca habrían podido producirse sin una actuación negligente de la demandada que incluso pudo rayar en una cierta connivencia (folio nº 6) siendo su interés primordial el que se le devuelva lo que siempre ha sido exclusivamente suyo y así debe seguir siéndolo.

2. Que con lo actuado no solo no se ha acreditado incumplimiento o negligencia en la actuación y en las obligaciones de la entidad demandada sino que tampoco se ha probado la existencia de un perjuicio real para la actora, y sabido es que el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento impone a la actora la carga de probar los hechos constitutivos de la demanda y al demandado los hechos que alega obstativos de la pretensión de la demandante.

3. Que dado que la prueba practicada no corrobora lo que sostiene la actora en su demanda, si la demandante/apelante entendía que había algún tipo de responsabilidad en la actuación de su exmarido debería dirigir su actuación frente a éste, pues, ha quedado acreditado, de una parte, que la entidad demandada no tiene la suma que reclama la demandante sino su exmarido, y de otra, que siendo indispensable acreditar la negligencia en que pudo incurrir la demandada y que como consecuencia de ello se haya producido un perjuicio evaluable a la actora, lo cierto es que en el presente caso las pruebas practicadas no permiten llegar al convencimiento de actuación negligente alguna por parte de la demandada ni que los perjuicios que la demandante manifiesta se le han producido provengan de una actuación negligente de la entidad demandada, tal como la actora refiere, por lo que, con arreglo a lo actuado, no puede concluirse que la juez de instancia haya errado en la valoración de la prueba, pues, debe tenerse en cuenta, que la infracción de las normas valorativas de la prueba se produce, dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2001 , bien porque se atribuya a un determinado medio de prueba una fuerza probatoria que la Ley no le reconoce, bien porque se le niegue la eficacia que la Ley asigna. Y, por lo demás, es criterio autorizado por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo el de la valoración conjunta de la prueba (SS de 25 de septiembre de 2001 , 8 de febrero , 13 de abril y 25 de junio de 2002 , entre otras).

4. Que la entidad demandada/apelada, no solo no incurrió en responsabilidad alguna porque nada se acreditó en ese sentido, sino que ningún daño produjo a la actora, pues sabido es que la demandada no se apropió de la suma que se le reclama, y si consta acreditado que la suma reclamada la tiene el exmarido, por lo que si a todo ello unimos que el exmarido de la actora declara que tenían separación de bienes y que el dinero litigioso (el dinero de los fondos) era de su propiedad y que el traspaso se hizo de mutuo acuerdo, fácil es concluir que no existen daños probados y causados por la demandada, por lo que siendo las cosas como así son (la actora admite que la suma que reclama a la demandada la tiene su exmarido, hecho cuarto de la demanda) y partiendo de la falta de prueba, no ya de la falsedad de la firma que tampoco ha quedado acreditada, sino sobre una posible connivencia de la demandada con su exmarido, lo cierto es que de resolver como interesa la demandante -que se le indemnicen los daños y perjuicios causados - y se le reintegrara de una cantidad que no le pertenecía sino que era de la titularidad del exmarido -como éste explica en el acto del juicio - estaríamos ante un claro enriquecimiento injusto de la actora a costa del patrimonio de la entidad demandada.

En definitiva, la tesis de la actora sobre la actuación negligente de la demandada, debería haber sido acreditada con hechos determinantes, es decir, con una oferta de datos contundentes - no de una opinión o calificación - que justificasen aquella tesis, nada de ello se ha producido por lo que la sentencia de instancia debe ser mantenida, repárese que la prueba practicada, en especial la pericial de la demandada frente a la de la actora, permite descartar la falsedad invocada por la demandante, lo cual unido al examen del conjunto de la amplia prueba que fue practicada en la instancia, declaraciones de las partes, testifical, pericial, debe concluirse que se comparten los razonamientos empleados por la juzgadora de instancia para absolver a la entidad bancaria demandada, sin que hallemos base fáctica ni jurídica para alterar su criterio lo que provocará la confirmación de la sentencia apelada.

TERCERO.- Al desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia apelada, procede la imposición al apelante, por aplicación del art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , de las costas de la presente alzada, sin que se aprecien serias dudas de hecho o derecho para exceptuar la aplicación de la regla general en el caso litigioso.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada, en fecha 15 de marzo de 2011, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de A Coruña en autos de Juicio Ordinario núm. 393/2007 de dicho Juzgado, de que este rollo dimana, con imposición a la apelante de las costas causadas en la presente alzada.

Se declara la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación al rollo de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha de lo que yo el Secretario doy fe.

Práctica de la prueba
Valoración de la prueba
Prueba pericial
Fondos de inversión
Interrogatorio de las partes
Deber de custodia
Traspaso
Falta de consentimiento
Responsabilidad
Daños y perjuicios
Informes periciales
Objeto del proceso
Reembolso
Intereses legales
Medios de prueba
Fuerza probatoria
Enriquecimiento injusto