Sentencia Civil Nº 35/2011, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 10, Rec 554/2010 de 12 de Enero de 2011

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Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 10

MADRID

SENTENCIA : 00035/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE MADRID

Sección 10

1280A

C/ FERRAZ 41

Tfno.: 914933847-48-918-16 Fax: 914933916

N.I.G. 28000 1 7008980 /2010

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Órgano Procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 9 de MADRID

De: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS FUENSAN S.L.U.

Procurador: ISACIO CALLEJA GARCIA

Contra: PYCUTEC, S.L.

Procurador: JOSE LUIS BARRAGUES FERNANDEZ

Ponente : ILMA. SRA. Mª JOSEFA RUIZ MARÍN

SENTENCIA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ

D. ÁNGEL VICENTE ILLESCAS RUS

Mª JOSEFA RUIZ MARÍN

En MADRID , a doce de enero de dos mil once.

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos nº 672/09, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de MADRID, seguidos entre partes, de una, como apelante CONSTRUCCIONES Y REFORMAS FUENSAN S.L.U., representado por el Procurador D. Isacio Calleja García y defendido por el Letrado D. Alejandro José Sáez Saugar, y de otra como apelado, PYCUTEC, S.L., representado por el Procurador D. José Luis Barragés Fernández y defendido por Letrado, seguidos por el trámite de juicio Cambiario.

VISTO , siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Dª. Mª JOSEFA RUIZ MARÍN.

Antecedentes

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Madrid, en fecha 21 de enero de 2010, se dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO : "Que estimando la excepción y motivos de oposición formulados por la demandada Pycutec S.L.U., debo declarar y declaro haber lugar a la demanda de oposición y la improcedencia de la ejecución despachada, absolviendo a la ejecutada y mandando el levantamiento de los embargos practicados, a costa a ésta última."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante. Admitido el recurso de apelación en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada. Elevándose los autos ante esta Sección, para resolver el recurso.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de fecha 24 de noviembre de 2010, se acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 11 de enero de 2011.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Se recurre la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid , en fecha 21 de enero del 2010 en el cual se estimó la excepción y motivos de oposición formulada por la parte demandada Pycutec SLU, declarando haber lugar a la demanda la oposición y a la improcedencia de la ejecución despachada ,absolviendo la ejecutada y mandando el levantamiento de los embargo practicados a costa de la entidad ejecutante Construcciones y Reformas Fuensan SLU con expresa imposición de costas a esta última.

SEGUNDO.- Se interpuso recurso de apelación por la parte alegándose una oposición a la valoración de la prueba de la documental y testifical que ha realizado el juzgado y las conclusiones de la resolución recurrida, oponiéndose a la valoración de la prueba que se hizo de la documental y la testifical siendo errónea y la resolución por tanto es errónea.

Igualmente se hace un análisis del objeto del procedimiento y de los antecedentes donde se reclamaron un pagaré numero 7. 453. 530.-2-8242-3 por importe de 43.955,60 € librados el día 16 de julio 2007 y con vencimiento el día 15 de septiembre del 2007 alegándose la excepción non rite adimpleti contractus, al amparo del artículo 67 uno de la ley cambiaria alegando la naturaleza especial del procedimiento como sumario declarativo y de cognición limitada.

En tercer lugar se alega un error en la valoración de la prueba, no compartiendo la apreciación del juzgado en el fundamento de derecho tercero de la sentencia y es sorprendente que el juzgado manifieste acreditado que se suscribe un documento el día 26 de julio del 2006 siendo un contrato de ejecución de obras , y dado que el representante legal en ningún momento reconoció la firma del citado documento 2 fue impugnado sin prueba de ello ni documental, ni testifical y no puede llegar a conclusión de que los materiales fueron empleados en la obra los documentos 11 a 17 fueron impugnado y no habido prueba para acreditar que las facturas se encuentren abonadas ni que dichos materiales se haya empleado en la obra y es paradójico basar en un informe pericial la valoración de la obra y no se base el informe para afirmar que se paga diversas facturas para dicha obra y no prueba que acredite que el material servido siempre de la obra y los documentos 18y 19 fueron impugnados igualmente no se firmó el contrato de obra, igualmente se mantiene en el fundamento derecho cuarto cuando el burofax se remite el día 13 de junio de 2007 y se recepciona el día 14 de junio de 2007 y si se hubiera incumplido sistemáticamente como se puede entender emitido el pagare y los retrasos en el pago de los servicios conlleva que no tuvo la liquidez para los pagos a las empresas contratadas motivado porque la propiedad no tenía al parecer ni obtenía de bancos, ni de las ventas dinero suficiente para abonar a la recurrente, existiendo un grado de asfixia que conllevó al contenido del burofax emitido el día tres de agosto de 2007 y no puede obligarse a quien no venía cumpliendo su obligación de abono de los trabajos realizados y es importante igualmente el burofax enviado el día 26 de octubre del 2007 solicitando que se analice el contenido de la grabación del juicio a los afectos del fundamento quinto de la resolución y no puede encontrarse trabajando el día alegado ,existiendo una errónea valoración de la prueba a estos efectos y con carácter general conviene precisar que si desde el día 24 de octubre se le había impedido el acceso a la misma no podía estar en la obra y había resuelto contrato por lo tanto la certificación en nada es significativa y se le impidió el acceso por la propiedad y el informe pericial se ha realizado y ha sido impugnado sólo al amparo del contrato que aporta la propiedad y si se entiende que responde al documento 2 en relación al precio de la obra no tiene sentido, dado que la propiedad no emite pagarés sino ejecutan el 95% de la misma y la propiedad es la que incumple sistemáticamente los pagos y quien no cumple es la sociedad y no la recurrente haciendo manifestaciones en cuanto al informe pericial y las cuantías de este igualmente impugnan relación al fundamento derecho sexto y la dificultad económica del actor proviene del incumplimiento de la propiedad que no pagaba a los 60 días que había acordado verbalmente sino a 90 días como resulta acreditado y se impugnó documentos y resulto todo de un contrato verbal y que hace solamente concluir con la deuda a favor de la parte actora por que se emiten certificados 95% de la obra ejecutada.

Igualmente en relación a la prueba del interrogatorio y del testigo se ha acreditado que existe un acuerdo verbal y es práctica habitual en estas obras trabajar conforme a un presupuesto sin necesidad de un contrato escrito e igualmente se impugna el fundamento derecho sexto y no se le puede cargar con la prueba está en el proceso a un hermano para acreditar que no firmó el contrato que es una prueba diabólica y se limita a impugnar el documento y no le vincula, ni se exigía un contrato verbal y lo acredita un testigo que asistió dicho acuerdo o la parte contraria acreditar que si se firmó por lo que existe una errónea valoración de la prueba.

TERCERO.- Centrado en los anteriores términos al recurso de apelación, con carácter general conviene precisar en primer lugar en relación con las manifestaciones del recurrente en cuanto a la naturaleza del procedimiento instado y el motivo de oposición alegado de contario lo siguiente.

La libradora presenta demanda de oposición alegando la excepción de incumplimiento sustancial del negocio causal, al amparo del artículo 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque, alegándose en los fundamentos de derecho en primer lugar la desaparición sobrevenida de la causa subyacente al título el artículo 67 párrafo primero y en definitiva manifestando que se finalizaron la relación por incumplimiento de la parte ejecutante de los casos de ejecución sin causa y abandono de la obra y manifestando que se había realizado solamente una parte del objeto del contrato y existía un saldo a favor del ejecutado y que el incumplimiento y la obligación generaban la desaparición de la base causal, ante la inexistencia de causa que justifica la emisión del pagaré o la desaparición de la misma, emitiéndose un pago parcial previamente pactado en el contrato que no responde a las unidades que obras efectivamente ejecutado y resulta acreditado un saldo a favor de este e igualmente la existencia al amparo del citado artículo 67 de la exceptio non adimpleti contractus fundada en el principio de buena fe y equilibrio de las prestaciones recíprocas que rigen los contratos sinalagmaticos, y la exceptio non rite adimpleti contractus planteadas de forma subsidiaria, basada en la trascendencia del incumplimiento denunciado ya que jamás se terminó y dejando una parte de la obra total sin ejecutar y sin concluir las obras de urbanización y el abandono sin comunicar nada a la dirección facultativa.

Las resoluciones de esta Audiencia Provincial de Madrid, partiendo de la procedencia de la excepción de contrato no cumplido en la oposición cambiaria, argumentan, respecto de la procedencia o improcedencia de la excepción de contrato defectuosamente cumplido en dicha oposición, lo siguiente:

Sentencia de la sección 20ª, de 21 de abril de 2008 : "El artículo 96 de Ley 19/1985, de 16 de julio , Cambiaria y del Cheque, en cuanto establece que será aplicable al pagaré lo dispuesto en los artículos 49 a 60 y 62 a 68 para la letra de cambio, determina que resulte aplicable el artículo 67 en virtud del cual el deudor podrá oponer al tenedor las excepciones basadas en sus relaciones personales con él, y si bien es pacífica la doctrina de las Audiencias Provinciales respecto a la procedencia de la excepción de contrato no cumplido en la oposición cambiaria, conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque, no ocurre lo mismo con respecto a la de excepción de contrato defectuosamente cumplido, salvo que el incumplimiento sea de tal entidad que implique un incumplimiento en lo esencial, esto es, patente, relevante y plenamente acreditado".

Sentencia de la sección 25ª, de 8 de febrero de 2008 : " (...) En definitiva, no se trata de compensar el crédito del ejecutante ni entrar en confrontación sobre cuánto se debe, sino si la deuda cambiaria está o no extinguida por falta de provisión. Desde esa perspectiva, la sentencia de esta sección 25ª reseñada y en parte reproducida en la apelada, recoge la doctrina mayoritariamente aceptada entre las Audiencias Provinciales de otorgar eficacia en oposición a la ejecución cambiaria a la excepción de contrato defectuosamente cumplido cuando suponga la extinción del crédito. Pero esta sección 25ª de la Audiencia Provincial de Madrid también comparte el criterio recogido en la sentencia de la sección 13ª del mismo Tribunal de 13 de enero de 2004 que completa, perfila y ajusta la expresada tesis a casos límite como el ahora suscitado diciendo: "es lo cierto que tampoco puede adoptarse una actitud única e inflexible, pues serán las circunstancias concurrentes en cada caso las que determinarán la necesidad de adoptar una u otra postura y, entre ellas sustancialmente, la entidad o naturaleza de los defectos, irregularidades y parte de la obligación incumplida en relación con la totalidad del contrato o negocio jurídico, y nominal o importe de la cambial o cambiales impagadas, para legitimar la exoneración de la obligación de pago del otro contratante, es decir, resulta preciso que lo no hecho o lo mal hecho exceda del nominal de la letra o letras de cambio ya que pudiera darse la circunstancia que, siendo varias las letras emitidas, el valor de lo mal hecho o dejado de hacer excediese del nominal de los efectos pendientes ejecutados, equivalentes a pagos parciales de aquél, que por ello quedarían sin provisión causal; ahora bien, no todo incumplimiento parcial o defectuoso del contrato, sobre todo cuando es de tracto sucesivo, permite su invocación, ya que como tiene declarado el Tribunal Supremo en las sentencias de 24 de octubre de 1986 , 13 de abril y 10 de mayo de 1989 , para la apreciación de la excepción de contrato no cumplido se requiere que el montante cuantitativo que suponga el incumplimiento tenga la entidad suficiente en relación con la finalidad perseguida para legitimar la exoneración de la obligación de pago del otro contratante, es decir, resulta preciso que lo no hecho o lo mal hecho exceda del nominal de la letra o letras de cambio ejecutadas, o que su importe o valor sumado a lo ya pagado o entregado a cuenta, o incluso con lo que en el seno del proceso se pague o consigne permita declarar extinguido el crédito incorporado a la cambial de modo total o parcial, según los casos, pudiendo, en este último supuesto, articularse al amparo del artículo 1466 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la excepción de pluspetición."

De las anteriores resoluciones -así como de otras muchas de distintas Audiencia Provinciales-, se deduce que en el juicio cambiario por impago de pagarés cabe la excepción causal derivada del examen del negocio subyacente que dio lugar a la emisión de los efectos, cuando el proceso se desarrolla en el ámbito del librador y librado-aceptante, lo que, por otra parte, resulta de la mera lectura del artículo 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque, que expresamente admite que el deudor podrá oponer al tenedor de las letras de cambio las excepciones basadas en sus relaciones personales con él, aplicable a los pagarés por remisión expresa del artículo 96 de la misma ley y que la viabilidad de tal excepción causal está, en principio, reservada a los supuestos de indiscutible y verdadero incumplimiento contractual del librador tenedor -exceptio non adimpleti contractus-, a los que se asimilan los supuestos de incumplimiento por su parte de tal entidad que quede frustrado el fin contractual por tratarse de un incumplimiento de lo esencial, patente, relevante y, obviamente, acreditado, así como aquellos otros puestos de relieve en la sentencia citada de la sección 25ª de esta Audiencia Provincial de Madrid, que recoge el criterio de la sentencia de la sección 13ª del mismo Tribunal de 13 de enero de 2004 , cuales son, aquellos en que la entidad o naturaleza de los defectos, irregularidades y parte de la obligación incumplida en relación con la totalidad del contrato o negocio jurídico, y nominal o importe de los pagarés, exceda cuantitativamente del nominal de los pagarés ya que "pudiera darse la circunstancia que, siendo varias las letras emitidas, el valor de lo mal hecho o dejado de hacer excediese del nominal de los efectos pendientes ejecutados, equivalentes a pagos parciales de aquél, que por ello quedarían sin provisión causal".

Y, la carga de la prueba de las excepciones causales, derivadas del contrato subyacente, que da origen al libramiento de los pagarés, corresponde a la parte demandada que se opone -demandante de oposición-.

Igualmente se ha alegado un errónea valoración de las pruebas lo que con carácter general y a estos efectos conviene poner de manifiesto lo siguiente.

Al tiempo de dictar la resolución definitiva del proceso, los órganos jurisdiccionales han de proceder a valorar las pruebas practicadas para determinar las consecuencias que deben extraerse de ellas y analizarlas comparativamente con las afirmaciones fácticas introducidas por las partes en las correspondientes oportunidades alegatorias. Sólo de este modo es posible conocer el grado de convicción judicial necesario para concretar si pueden ser fijadas en aquélla, y en qué medida, alguna, todas o ninguna de dichas afirmaciones.

La valoración de las pruebas constituye así un complejo proceso lógico o intelectual en el que acostumbran a diferenciarse conceptualmente, simplificando en extremo, principalmente dos operaciones diferentes: una primera, denominada de apreciación o interpretación; y una segunda, de valoración en sentido estricto.

En el primer estadio -de apreciación- pueden diferenciarse, a su vez, dos momentos: a) En el primero, el juzgador ha de analizar separadamente todas y cada una de las pruebas aportadas o desenvueltas para establecer con la mayor fidelidad y exactitud cuáles sean los precisos elementos que proporcionan separadamente cada fuente de prueba, y desvelar cuáles sean las afirmaciones que cabe extraer como consecuencia de ese examen en función de su índole: lo declarado por las partes o por los testigos en los correspondientes interrogatorios; el contenido de los documentos u otros soportes aportados al proceso; lo percibido en el reconocimiento; y la información proporcionada por los peritos.

Este cometido ha de realizarse siempre con cualesquiera medios de prueba, pero es particularmente necesario en el caso de la pericial y la testifical. Se trata de una labor intrincada que excede del simple examen semántico, en cuanto requiere constatar los extremos sobre los cuales se han pronunciado el perito o el testigo y su correspondencia con las afirmaciones de hechos oportuna y tempestivamente introducidas por las partes y de la necesidad, para su correcta elucidación, de conocimientos especializados ajenos a la ciencia jurídica, en el primer caso, o de atender a la razón de ciencia expresada por el segundo.

b) En un segundo momento, debe calificar, asimismo de modo individualizado y en atención a las características particulares de cada medio y a las eventuales incidencias acaecidas durante su práctica --tachaduras, raspaduras o enmiendas en los documentos; existencia o no de firmas, sellos u otros medios de autenticación; contundencia, vacilaciones o contradicciones en las partes y los testigos al deponer o introducción de hipótesis o conjeturas; recusación de peritos; tacha de peritos o de testigos; aclaraciones o rectificaciones del dictamen, etc.--, la idoneidad objetiva y en abstracto de los resultados que arrojen para asentar sobre aquéllos su convicción.

La inmediación dota sin duda de una posición privilegiada a la apreciación probatoria contenida en la sentencia apelada, de manera que sólo cabe su revisión, bien cuando la prueba sea inexistente o no tenga el resultado que se le atribuye; bien cuando las conclusiones fácticas impugnadas no se apoyen en medios de prueba especialmente sometidos a la percepción directa o inmediación judicial, como es el caso de la prueba documental o incluso de la pericial contenida en dictámenes escritos, mientras que en los demás supuestos el examen re revisorio ha de ceñirse a la razonabilidad y respaldo empírico del juicio probatorio, con arreglo a las reglas de la lógica y los principios de la experiencia, sin entrar en considerar la credibilidad de los testimonios prestados ante el Juzgador.

Sobre la prueba testifical es preciso recordar que el Tribunal Supremo tiene dicho que no está sujeta a reglas legales de valoración, de forma que el testimonio de un solo testigo o el testimonio de un testigo susceptible de ser tachado, pueden inducir válidamente a formar el convencimiento del juez sobre la veracidad de sus manifestaciones. Son las reglas de la sana crítica a las que deberá acudirse para realzar tal valoración, debiéndose entender las mismas como las más elementales directrices de la lógica humana (v. STS de 11 de abril de 1998 ). Siguiendo esta línea, el artículo 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil remite para la valoración de la prueba testifical a las reglas de la sana crítica, matizando que deberán tenerse en cuenta la razón de conocimiento del testigo, circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre ésta se hubiere practicado, esto es, sin que incluso la tacha sea obstáculo para la valoración de la ciencia que hubieren dado los testigos tachados, conforme a las reglas de la sana crítica.

La resolución de instancia haciendo una valoración de la prueba que más tarde será objeto de análisis manifestó y analizó la excepción del incumplimiento contractual.

Con carácter previo y manifestado lo anteriormente expuesto, sobre el alcance real de este procedimiento no se trata de valorar con la exactitud de un procedimiento declarativo de forma minuciosa cuestiones puramente numéricas y con absoluta precisión matemática y concluir la realidad de lo ejecutado con toda su exactitud o lo no ejecutado, porque no es objeto del procedimiento de esta resolución, sino analizar si se ha producido el incumplimiento en las condiciones que la jurisprudencia exige para dar lugar a la excepción .

Con carácter previo habrá que analizar realmente y situarse en cuales la relación contractual que une a las partes, que la parte ejecutarla manifiesta lo es en base al documento aportado como 2 de fecha 26 de julio del 2006 en el que manifiesta las partes de mutuo acuerdo firmaron y suscribieron este contrato, que convinieron y llamaron contrato de ejecución de obra con suministro de materiales, que la parte demandada simplemente se manifestó no reconocer y lo impugno, y es evidente que la impugnación de un documento , no implica de por sí la inexistencia de este, sino que su realidad debe probarse con y en relación a todos los otros medios de prueba y evidentemente esta Sala confirma la ajustada valoración a derecho en relación a la prueba documental, con la suscripción del citado documento entre las partes y ser este el regulador de sus relaciones, pese a que no se reconociera por la parte contraria la realidad y suscripción de este, y se impugnara, que no obstante en una valoración conjunta de la prueba resultó ser y acreditar la relación entre estas y por ello y haciendo y confirmando esta valoración la resolución de instancia manifiesta que en el acto de la vista se negó por parte del representante legal del actora la firma del documento del contrato de obra aportado las actuaciones ,pero reconoció que la firma podía ser de su hermano deduciéndose del interrogatorio practicado a la parte demandada que la propiedad siempre se entendió con José hermano del legal representante del actora que claramente actuaba como factor notorio de la mercantil, no resultando lógico que la ejecución de una obra de ocho viviendas se haga mediante un mero contrato verbal sin determinar los precios ni valoración de la parte que la propiedad ya había ejecutado.

Esta Sala confirma absolutamente la valoración de la prueba ajustada a derecho que hace la resolución recurrida porqué en ningún momento mediante una prueba objetiva se acreditó que no fuese cierto que el contrato era el regulador de sus relaciones y de todas las situaciones que regían las relaciones inter partes, y resulta realmente inverosímil que un contrato de entidad como era la construcción de ocho viviendas se dejará o se pactará de forma verbal, que además no ha sido acreditado o se haya probado que fuese de forma verbal sino coincide la propia documental y la propia situación que las relaciones contractuales eran las afectadas en el citado documento que fueron además como se fue desenvolviendo el contrato, ya que no ha sido igualmente probado, mínimamente cuáles eran entonces las otras condiciones reales del citado contrato verbal que manifiesta se suscribió, tampoco ha sido acreditada simplemente se ha limitado a una impugnación de un documento que no ha sido desvirtuado y en modo alguno se ha traído a quien dice firmó el contrato hermano del representante legal para desvirtuar lo que de forma documental y en una valoración de la prueba resulta concluyente cual es la suscripción del citado contrato que resulta acreditado mediante una valoración conjunta de la prueba, y del que debe partirse para todo lo relacionado con el procedimiento de autos.

Igualmente la resolución de autos hace una valoración de las pruebas practicada y fundamentalmente manifiesta que la dirección facultativa sostiene igualmente la existencia del contrato escrito que recoge la urbanización a precio cerrado para la constructora, siendo extraño dada la impugnación y reiterando lo anteriormente manifestado que el representante legal que manifiesta no firmó el contrato de obra no traiga a su propio hermano para desvirtuar la firma negando la validez al contrato escrito reconociendo que pudo ser la firma de su hermano cuando le resulta difícil reconocer la letra y firma y vinculándole, cuando resulta totalmente acreditado que su hermano era realmente el que trataba a todos los efectos esta obra con la propiedad, igualmente esta sala considera ajustado a derecho la valoración que hace en cuanto a la situación de impugnación de las demás prueba como anteriormente se ha manifestado cuando tiene su disposición mecanismos legales para desvirtuarlas y fundamentalmente la impugnación del contrato obrante en el documento 2 , con la llamada procedimiento y traer a quien manifiesta es su hermano y desconoce si la firma o no cuando realmente y ello resulta sin duda acreditado, era este el que actuaba con la propiedad en nombre de la empresa, efectuándose por tanto una valoración ajustada a derecho y de indudable valor su falta a los efectos de este procedimiento.

Igualmente es de notable interés a los efectos de este procedimiento del incumplimiento, el informe que se aporta en las actuaciones y que es ratificado en el propio acto del juicio emitido por el señor Clemente , arquitecto y director de la obra, obrante en las actuaciones folio 173 y siguientes de esta y las conclusiones y valoración en relación a la obra, en la cual el objeto que le fue encomendado y que era hacer un dictamen de la valoración económica del estado de la obra el día 6 de noviembre de 2007 de acuerdo con el contrato facilitado por la propiedad y firmado por las partes y la valoración que efectúa respecto de la obra ejecutada, donde concluye , teniendo en cuenta el contrato de obra queda de un precio cerrado de 576.000 €, donde se había realizado ya por la parte ejecutada obras por valor de 144.000 €, por lo que del valor total se había realizado un 20% de la obra por lo que a efecto de la valoración de la obra realizada por construcciones y reformas Fuensan sociedad limitada se ejecutó un 48% de estas y además no se realizó la urbanización para cuyo coste ejecución se tomó como referencia el presupuesto del proyecto urbanización de acuerdo con los módulos del colegio oficial de arquitectos de Castilla y León, informe de indudable valor por haber sido ratificado en el acto del juicio y acreditado sin prueba en contrario de este mi desvirtuada en el procedimiento, por lo que ha de hacerse igualmente en una valoración conjunta de la prueba, prueba además que no ha sido opuesta ni desvirtuada por la parte contraria que podía haber realizado igualmente un informe contradictorio, o incluso realizado cuando se hizo la entrega y en retirada de enseres de la obra, un informe propio de la situación en que se retiró de la obra y lo que realmente había realizado, a fin de poder comparar las situaciones y en modo alguno corresponde este procedimiento ni puede solicitarse del jugador instancia un análisis económico totalmente cerrado, y absolutamente preciso puesto que no es objeto del procedimiento sino apreciar o no el incumplimiento y la entidad del incumplimiento en relación al total, no realizando un examen casuístico y absoluto sino relativo y adecuado a lo que es objeto de este, es decir la entidad global de lo realizado en un porcentaje respecto del total, sin perjuicio de lo que corresponde a un procedimiento declarativo una valoración precisa y exacta de ello, y su cuantificación.

Por lo que en base a lo anterior la resolución de instancia ha efectuado una valoración de la prueba en su totalidad perfectamente ajustada a derecho de la totalidad de las prácticas.

Resultando plenamente acreditado los motivos de oposición de la parte contraria y debe ser confirmada resolución por estar expresamente ajustada a derecho.

CUARTO.- En virtud de lo preceptuado en los Art. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se impondrán a la parte apelante las cosas procesales causadas en esta Instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones normativas de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por Construcciones y reformas Fuensan S.L.U. contra la sentencia dictado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Madrid, con fecha 21 de enero de 2010 , debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la expresada resolución, todo ello con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala Nº 554/10 , lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo.

Pagaré
Valoración de la prueba
Exceptio non adimpleti contractus
Burofax
Informes periciales
Cheque
Letra de cambio
Contrato verbal
Oposición cambiaria
Ejecuciones de obras
Resolución recurrida
Negocio jurídico
Error en la valoración de la prueba
Grabación
Medios de prueba
Negocio causal
Prueba imposible
Buena fe
Objeto del contrato
Emisión del pagaré
Incumplimiento del contrato
Exceptio non rite adimpleti contractus
Obras de urbanización
Oposición a la ejecución
Prueba de testigos
Incumplimiento parcial
Prueba documental
Tracto sucesivo
Juicio cambiario
Pluspetición
Resolución definitiva
Carga de la prueba
Libramiento
Práctica de la prueba
Relación contractual
Pruebas aportadas
Tacha de peritos
Recusación de peritos
Documentos aportados