Sentencia Civil Nº 397/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 10, Rec 325/2012 de 28 de Junio de 2012

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 28 de Junio de 2012
  • Tribunal: AP - Madrid
  • Ponente: Arias Rodriguez, Jose Manuel
  • Núm. Sentencia: 397/2012
  • Núm. Recurso: 325/2012
  • Núm. Cendoj: 28079370102012100374

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 10

MADRID

SENTENCIA: 00397/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE MADRID

Sección 10

1280A

C/ FERRAZ 41

Tfno.: 914933847-48-918-16 Fax: 914933916

N.I.G. 28000 1 0005295 /2012

Rollo: RECURSO DE APELACION 325 /2012

Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 2246 /2009

Órgano Procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 84 de MADRID

De: PROMOCIONES INMOBILIARIAS YUNCOS, S.A.

Procurador: LUIS FERNANDO POZAS OSSET

Contra: INMOAPORTACION SL

Procurador: ISIDRO ORQUIN CEDENILLA

Ponente : ILMO. SR. D. JOSE MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ

SENTENCIA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. JOSE MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ

D. ÁNGEL VICENTE ILLESCAS RUS

Mª JOSEFA RUIZ MARÍN

En MADRID , a veintiocho de junio de dos mil doce.

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos nº 2246/09 Y 126/10, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 84 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como apelante PROMOCIONES INMOBILIARIAS YUNCOS, S.A., representado por el Procuradord. Luis Pozas Osset y defendido por Letrado, y de otra como apelado INMOAPORTACIÓN, S.L., representado por el Procurador d. Isidro Orquin Cedenilla y defendida por Letrado, seguidos por el trámite de juicio ordinario.

VISTO , siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ.

Antecedentes

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 84, en fecha 9 de enero de 2012, se dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO : "Desestimo la demanda presentada por PROMOCIONES INMOBILIARIAS YUNCOS, S.A. contra INMOAPORTACION S.L., a la que absuelvo de las pretensiones deducidas contra ella . 2.-Estimo la demanda acumulada a la inicial formulada por INMOAPORTACION S.L. contra PROMOCIONES YUNCOS S.A. a la que condeno a abonar a la contraparte la suma de 4.293.218,72 euros en concepto de principal, más 83.290,26 euros en concepto de intereses de demora pactados en el contrato de cesión de crédito desde el transcurso del plazo de quince días hábiles la fecha en que se entiende acreditada la recepción de esta suma por Promociones Yuncos S.A. (24 de septiembre de 2009) hasta el 16 de diciembre de 2009, y los intereses resultantes del principal indicado desde el 17 de septiembre de 2009 hasta su completo pago, calculados al tipo pactado en el contrato (el interés legal incrementado en cinco puntos).- 3.- Condeno A promociones Yuncos, s.a. A ABONAR las costas procesales de las dos demandas acumuladas.".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante y demandada. Admitido el recurso de apelación en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada. Elevándose los autos ante esta Sección, para resolver el recurso.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de fecha 20 de junio de 2012, se acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 26 de junio de 2012.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Por la representación procesal de la entidad mercantil PROMOCIONES INMOBILIARIAS YUNCOS S.A. se promovió juicio ordinario contra la también mercantil INMOAPORTACIÓN, S.L. interesando que se dictase sentencia declarando: 1) que el contrato privado de resolución de compraventa y, en consecuencia, su posterior escritura pública de resolución de compraventa es nulo parcialmente en cuanto a las manzanas no afectadas por la condición resolutoria, es decir, respecto de las MS3, MS4, MS5 y MS6, ambas inclusive, correspondientes a las parcelas 166 a 238 y fincas registrales 7776 a 7847 y, en consecuencia, totalmente ineficaz desde el momento de la firma de su resolución. Subsidiariamente, se declare la anulabilidad del contrato privado de resolución de compraventa y, en consecuencia, su posterior escritura pública de resolución de compraventa por estar afectado de nulidad relativa y respecto a las manzanas antedichas. La parte interpelada se opuso a la demanda y formuló reconvención, habiéndose dictado sentencia en primera instancia, inacogiendo la demanda inicial y estimando totalmente la reconvencional; sentencia frente a la que se alza la parte demandante inicial en procura de una sentencia que revoque la recurrida y la sustituya por otra que estime los pedimentos deducidos en la demanda inicial y desestime la reconvención. Se fundamenta dicha pretensión en la base impugnativa expuesta en el escrito de interposición del recurso de apelación, redactado conforme a lo dispuesto en el artículo 458 de la LEC y asentado en una pluralidad de motivos de disentimiento que delimitan el ámbito del enjuiciamiento en esta instancia.

Aduce la parte apelante en su alegación previa y a modo de exordio que, por una parte, se han producido errores de hecho y de valoración de la prueba de tal gravedad que se ha incidido en una auténtica vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y, por otra, que no se ha adentrado la Juzgadora a quo a conocer ni a resolver sobre la petición formulada en el escrito de contestación sobre al desestimación de la demanda acumulada presentada por la contraparte INMOAPORTACIÓN S.L. Sin embargo, ambos reproches son meramente retóricos por vacuos de contenido riguroso, como se examinará a continuación.

Siguiendo el hilo argumental trazado en el escrito redactado al amparo del artículo 458 de la LEC , es de poner de relieve en orden al primer reparo enfrentado a la resolución recurrida, donde se denuncia "error en la determinación y apreciación de los hechos, insuficiente consignación de los antecedentes de hecho... in fine", que carece de toda virtualidad para el enjuiciamiento del tema decidendi si la resolución unilateral contenida en el burofax datado el día 13-2-2008 (documento nº 3 de la demanda) fué caprichosa, además de infundada por no poder basarse en una condición resolutoria pactada a favor de la entidad verdadera, si, tras las conversaciones y negociaciones oportunas, las partes litigantes, debidamente asesoradas por sus letrados, decidieron de forma conteste resolver el contrato de compraventa que habían suscrito, firmando el día 10 de marzo de 2008 un contrato privado y, escasas semanas después, una escritura pública, autorizada por el Notario D. José Manuel Rollan Machado, cual rezuma de los documentos 1 y 4 acompañados a la demanda.

Está desprovisto de toda enjundia si a la parte apelante le interesaba o no la resolución, ya que, aún cuando no fuese ese su designio inicial, es paladino que, con plena libertad y conocimiento de los términos en que se dejaba sin efecto la escritura de compraventa, se aceptó la resolución.

En modo alguno puede aceptarse que la voluntad de la parte recurrente se viese cortapisada por intimidación de su adversaria procesal, aunque le hubiese hecho saber que no le quedaba otra solución que aceptar la resolución o que tenía abierta la puerta a un proceso judicial para reclamarle los veinte millones de euros, lo que, por lo demás, está huérfano de todo refrendo probatorio sólido, y mal consuena con el hecho de haber estado asesorada la parte apelante por el mismo letrado que le ha defendido en el procedimiento originador y en esta misma instancia, máxime cuando es llano que, ante una solución tan caprichosa e injustificada, la parte apelante debió haber impetrado al socaire del artículo 1124 y del CC el cumplimiento del contrato y la adopción de las medidas cautelares enderezadas a asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera pronunciarse. In noce, independientemente de si PROMOCIONES INMOBILIARIAS YUNCOS S.L. había incidido en un incumplimiento previo de la obligación de indemnizar, lo que sí está adverado totalmente en las actuaciones originales, aunque sea un tema tangencial, la premisa de que ha de partirse es que la resolución del contrato de compraventa fue concertada de consuno por las entidades litigantes y con pleno conocimiento de sus consecuencias jurídicas, dado que, al margen de estar asesoradas por letrado, como ya se ha indicado, los términos contractuales pactados tanto en el documento privado como en la escritura pública preindicada no ofrecen la menor duda hermenéutica. Cuestión distinta es que en las negociaciones previas a los meritados contratos privados de 10-3-2008 y escritura pública de resolución no se tuviese en cuenta ya la indemnización concedida por la resolución contractual era insuficiente, en puridad, al haber asumido Promociones Inmobiliarias Yuncos el abono del IVA. Sin embargo, ello no da vivencia a ninguno de los vicios del consentimiento con cuyo acomodo se postuló en la demanda iniciadora del pleito ni a la causa de nulidad invocada en la misma, pero presidida por una futilidad completa. No se identifica la intimidación contractual con una férrea intransigencia de la posición de una de las partes, sino que el vicio de la vis cumpulsiva ha de quedar integrado para su virtualidad en una amenaza injusta e ilícita, con marcado matiz antijurídico, y tan fuerte que obligue a quien la padece que su voluntad se determine en sentido contrario a sus intereses, como viene proclamando una dilatada línea jurisprudencial cuya cita se hace ociosa por conocida. La coacción, pues, ha de ser suficiente, constituir una amenaza injusta o ilícita (no lo es amenazar con llevar a los Tribunales) y bastante para determinar al sujeto con un mal inminente y grave, induciendo a declarar lo no querido, lo contrario a sus intereses ( SSTS 15-12-1966 , 21-3-1970 y 7-2-1995 , ad exemplum). En el supuesto controvertido, dicho está, no es que inexista prueba cumplida de la realidad de la intimidación, sino que el bagaje heurístico reunido en las actuaciones originales revela lo contrario, pues que, haciendo tabla rasa de cuanto se ha dejado expuesto en torno a haber estado asesorada la parte demandante por letrado y la claridad meridiana de las estipulaciones contenidas en el contrato privado y escritura de resolución a que se circunscriben las acciones entabladas en la demanda, asimismo el testimonio categórico e ilustrativo prestado en el acto del juicio por el Abogado D. Francisco Javier Arauz de Robles Avila resulta esclarecedor en lo atinente a dicho asesoramiento y términos de la negociación convenida entre letrados, lo que se atisba en la propia escritura pública de resolución, no pudiendo dejarse a la sombra, por una parte, que el prolongado proceso negociador aludido cristalizó en cuatro documentos, todos inscribibles en el mismo sentido unidireccional y, por otra, que los términos en que aparece delineada la coacción moral en la demanda ya denotan la inexistencia del vicio del consentimiento con cuyo asidero se accionó en dicho escrito alegatorio fundamental. Lo que subyace en los documentos precitados es un acuerdo de las partes contratantes encaminado a evitar la provocación de un pleito otorgándose prestaciones recíprocas, id est, un convenio transaccional, sin que sea indispensable para su virtualidad la igualdad absoluta de los acuerdos adoptados ni la paridad de las concesiones. En suma, la violencia moral o vis combulsiva exige una prueba cumplida de su existencia por lo mismo que la libertad de consentimiento ha de presumirse, siendo diáfano que en el casus datus no se colman los presupuestos de inmanencia, gravedad, además de los elementos de producción antijurídica y relación de causalidad con el consentimiento otorgado. Superfluo resulta insistir en que no puede argüirse con rigor como causa generadora de la intimidación el que la parte apelante se hubiese visto abocada a promover un procedimiento judicial, como se ha dejado razonado supra, ni que la contraparte pudiese tener un capital social de 24.000 euros, ya que esa circunstancia no obstó a que se firmasen los documentos atinentes a la resolución del contrato de compraventa, pues que D. Cayetano admitió en el acto del juicio "que rechazó pagarés de la entidad Inmoaportación y que dijo al Sr. Germán que los pagarés los avalase él, y que los pagarés fueron de mutuo acuerdo". En otro orden de cosas, no debe omitirse que D. Cayetano concretó en el acto de juicio la intimidación en que no se le abonó el pagaré y no tenía las parcelas, siendo amenazado con un concurso de acreedores"; circunstancia que ni siquiera coincide con la argüida en la demanda originadora de la litis en términos de que no aceptar la resolución Promociones Inmobiliarias Yuncos se vería abocada a un proceso judicial por incumplimiento, lo que es ontológicamente distinto a que la entidad apelada afirmase que promovería un concurso de acreedores, lo que ni el hijo del Sr. Cayetano , ni el director financiero de Promociones Inmobiliarias Yuncos ratificaron en sus declaraciones, ciertamente ilustrativas, en el acto del juicio. Además, mal se compadece esa sedicente intimidación con actos posteriores de la propia parte apelante, como son el inicio de obras en las parcelas 166 a 238, o la firma del acuerdo de 14-3- 2009 (documento nº 4 de la contestación a la demanda y formulación de la reconvención (folios 1205 y ss), en que las partes litigantes anticiparon el vencimiento de los pagarés que sirvieron para pagar la indemnización de daños y perjuicios pactada; acuerdo donde las partes, al igual que en la escritura pública de resolución, hicieron constar que INMOAPORTACION no adeudaba cantidad alguna a PROMOCIONES INMOBILIARIAS YUNCOS en concepto de liquidación de daños y perjuicios de la resolución contractual pactada en la escritura de 3-4-2009.

Resulta significativo, en otro orden de cosas, que, por una parte, en el momento de firmarse el acuerdo de 14-3-2009 ya había empezado a producir sus efectos de forma patente la crisis financiera, manifestada claramente a nivel mundial en septiembre de 2008, lo que es un hecho notorio, por más que el Fondo Monetario Internacional en dos reuniones de octubre de 2007 ya destacara la seriedad de determinados indicadores económicos que meses más tarde aflorarían con toda su crudeza, coligiéndose del testimonio de D. Cayetano que la demanda iniciadora del pleito trae causa de esa depreciación y, por otra, no debe orillarse que los 72 fincas registrales sobre las que se ejercitaron las acciones acumuladas en la demanda referida ya habían sido abonadas en su precio de compra por la entidad apelada por lo que ninguna acción cabría entablar al efecto por haberse consumado el contrato de compraventa respecto a las mismas. Además, la falta de inscripción de esas 72 parcelas a nombre de la apelante obedeció a un defecto imputable exclusivamente a la gestoría, como bien precisó D. Rodrigo en el decurso de su interrogatorio, con lo que es obvio que con la presentación en el Registro de la Propiedad de la escritura de resolución y la explicación facilitada al Registro de la Propiedad por el letrado D. Francisco Javier Arauz de Robles Avila, el problema se resolvió inmediatamente, extremo en que no es preciso abundar.

Corolario de cuanto antecede es que no concurra intimidación alguna, ni puede hablarse de errónea apreciación del material probatorio obrante en autos, dado que las partes procesales acordaron la resolución contractual de la compraventa plenamente conscientes de su significación jurídica y, ergo, que la indemnización concedida por daños y perjuicios era insuficiente, lo que fluye asimismo de forma irrefutable del testimonio de D. Rodrigo , al decir "Nosotros sabíamos que la cantidad era insuficiente desde mucho antes. No es que nos diesemos cuenta a posteriori". Siendo esto así, no cabe hablar, como tantas veces hemos reiterado, de violencia moral, ni de error como vicio de consentimiento ni de causa falsa en el contrato y posterior escritura de resolución, ya que resolvieron el contrato de compraventa en su integridad por haber alcanzado un acuerdo global, pero en absoluto en ejercicio de la condición resolutoria pactada en la escritura de compraventa, como se infiere de forma apodíctica de las declaraciones de los Sres. Cayetano y de la lectura de la escritura de resolución, por lo que en manera pueden prosperar los alegatos que sustentan la disconformidad con el razonar judicial en lo atinente a la desestimación de la demanda, iniciadora del pleito, tornándose en meramente retóricos; razonamientos que aparejan la quiebra de las tres primeras objeciones alzadas frente a la sentencia recurrida.

La misma suerte claudicante ha de alcanzar a los demás reproches que vertebran la discrepancia con el discurrir judicial por haber acogido la demanda reconvencional por el siguiente cúmulo de razones: 1º) la sentencia dictada en primera instancia sí dio contestación a todas las pretensiones de las partes y descendió en el Fundamento Jurídico IX a examinar las alegaciones esgrimidas en punto a la cláusula rebus sic standibus, la frustración del fín del contrato y la desaparición de la base del negocio entendiendo su no concurrencia; conclusión que no ha quedado empañada por prueba alguna. 2º) Que si bien el desequilibrio entre las recíprocas prestaciones que se produce en los contratos a largo plazo o de ejecución diferida a lo largo del tiempo ha pretendido corregirse a través de las distintas medidas jurídicas alegadas por la parte apelante, como son la aplicación de la cláusula implícita rebus sic standibus et eliquid novo non emergentibus, teoría de la quiebra o desaparición del negocio, la de la equivalencia de las prestaciones o la de la equidad, se requiere la concurrencia de hechos extraordinarios, imprevisibles o imprevistos por las partes de tal significación que puedan provocar el desequilibrio de las prestaciones básicas del contrato fundamentadores de su justa reciprocidad, sin que pueda entenderse que se encuentra adverada cumplidamente que se haya producido esa desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las respectivas prestaciones de las partes en el supuesto enjuiciado. 3) Ninguna prueba se ha ejecutado en los autos originales que autorice a tener por acreditado que la depreciación o minusvaloración de las parcelas se cifrase en el año siguiente al de la resolución en el 60% ó el 70%, cual se sustenta respectivamente por la parte apelante en sus escritos de demanda y contestación a la demanda formulada de adverso, pues que D. Bernardo , quien procedió a tasar 233 parcelas en abril del 2009, bien claramente respondió en el acto del juicio que no sabía cuantificar el porcentaje, puntualizando que lo que es público y notorio es que la vivienda ha caido bastante y en unos puntos determinados más que en otros, como tampoco dio explicación concreta de las diferentes evaluaciones que, elaboradas por la misma entidad tasadora aportaron las partes litigantes, afirmando, por lo demás, que desconocía el informe presentado por la parte demandada y "que esos 50.000 euros de diferencia que es mucho". El mismo desconocimiento es inferible de las manifestaciones del perito de la parte apelante, D. Hipolito , al ser preguntado sobre si en el año 2008 al 2009 han sufrido los terrenos una importante depreciación, contestó que no era experto en la cantidad en que han podido bajar los terrenos, aunque se imaginaba que muchísimo, pero que no podía decir cuanto. El perito Sr. Prudencio cuantificó de un 8 a un 10% en las parcelas las distintas valoraciones efectuadas por el mismo entre 2007 y 2009, apostillando que en la evaluación de 2007 había puesto la carga urbanística como aumento de valor de las parcelas es el 90%, con lo que con tan exigüa actividad probatoria el motivo ha de periclitar, al no haberse demostrado de forma cumplida la cuantía de la depreciación.

SEGUNDO.- Consecuencia de la seria duda fáctica subyacente sobre el particular antedicho, se está en el caso de no hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales originadas en este grado jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 398 y 394-1 de la LEC .

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones normativas de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que, con desestimación del recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Luis Pozas Osset, en representación de la entidad mercantil "PROMOCIONES INMOBILIARIAS YUNCOS S.A.", frente a la sentencia dictada el día nueve de enero del año dos mil doce por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 84 de Madrid en los autos a que el presente Rollo se contrae, debemos confirmar y confirmamos la indicada resolución, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas en esta instancia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala nº 325/12, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo.

Resolución del contrato de compraventa
Contrato privado
Intimidación
Sociedad de responsabilidad limitada
Reconvención
Condición resolutoria
Resolución de los contratos
Pagaré
Voluntad
Fincas registrales
Contrato de compraventa
Vicios del consentimiento
Representación procesal
Anulabilidad de contrato
Derecho a la tutela judicial efectiva
Valoración de la prueba
Error de hecho
Resolución recurrida
Resolución unilateral
Burofax
Concurso de acreedores
Previo incumplimiento
Cumplimiento del contrato
Documento privado
Violencia
Registro de la Propiedad
Capital social
Indemnización de daños y perjuicios
Quiebra
Liquidación de daños y perjuicios
Fondo Monetario Internacional
Daños y perjuicios
Partes del proceso