Sentencia Civil Nº 410/2012, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 9, Rec 392/2010 de 28 de Junio de 2012

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 28 de Junio de 2012
  • Tribunal: AP - Alicante
  • Ponente: Salvatierra Ossorio, Domingo
  • Núm. Sentencia: 410/2012
  • Núm. Recurso: 392/2010
  • Núm. Cendoj: 03065370092012100408

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE

SECCIÓN NOVENA CON SEDE EN ELCHE

SENTENCIA Nº 410/12

Iltmos. Sres.:

Presidente: D. José Manuel Valero Diez

Magistrado: D. Vicente Ballesta Bernal

Magistrado: D. Domingo Salvatierra Ossorio

En la ciudad de Elche, a veintiocho de junio de dos mil doce.

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario nº 643/06, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrevieja, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante D. Herminio y D. Narciso , habiendo intervenido en la alzada dicha parte, en su condición de recurrente, representada por el Procurador Sr/a Hernández García y dirigida por el Letrado Sr/a. Martinez Rodriguez, y como apelada la parte demandada Editorial Prensa Alicantina, S.A., representada por el Procurador Sr/a. Tormo Ródenas y dirigida por el Letrado Sr/a. García García, siendo parte el Ministerio Fiscal.

Antecedentes

PRIMERO .- Por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrevieja en los referidos autos, se dictó sentencia con fecha 1/6/09 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "I.- Desestimo la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sra. Devesa Partera en nombre y representación de D. Jose Ángel y D. Herminio , y absuelvo a la entidad Editorial Prensa Alicantina, S.A., D. Basilio y D. Eulogio , representados por el Procurador de los Tribunales Sr. Valero Mora y a la entidad Asociación de Europea de Consumidores en General y especialmente de Urbanismo de todas las pretensiones efectuadas en su contra.

II.- Condeno a D. Jose Ángel y D. Herminio al pago de las costas del proceso."

SEGUNDO .- Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación por la parte actora en tiempo y forma que fue admitido en ambos efectos, elevándose los autos a este Tribunal, donde quedó formado el Rollo número 392/10, tramitándose el recurso en forma legal. La parte apelante solicitó la revocación de la sentencia de instancia y la apelada su confirmación. Para la deliberación y votación se fijó el día 21/6/12.

TERCERO .- En la tramitación de ambas instancias, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

Visto, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Domingo Salvatierra Ossorio.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia dictada por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Torrevieja desestimó la demanda interpuesta por D. Jose Ángel y D. Herminio contra Editorial Prensa Alicantina S.A., D. Basilio , D. Eulogio y Asociación Europea de Consumidores en General y Especialmente de Urbanismo, absolviendo a los demandados de las pretensiones efectuadas en su contra e imponiendo a los actores el pago de las costas del proceso.

Disconforme con dicha resolución la representación procesal de D. Herminio y D. Narciso interponen recurso de apelación, a cuya estimación se oponen las representaciones procesales de Editorial Prensa Alicantina S.A., D. Basilio , D. Eulogio y de la Asociación Europea de Consumidores en General y Especialmente de Urbanismo, que interesan la confirmación de la sentencia.

El ministerio Fiscal en igual trámite interesó la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida por considerarla ajustada a derecho y ello en vista de la argumentación y fundamentación esgrimida por la misma, así como por la alegada en su escrito de 19 de abril de 2009.

SEGUNDO.- Denuncian los apelantes en su escrito de recurso seis motivos de apelación, que a su juicio justifican la revocación de la sentencia dictada en la instancia. En el primero de ellos, denuncian la infracción de normas y garantías procesales acaecidas en la primera instancia que en su opinión han repercutido sustancialmente en la tramitación y resolución del procedimiento. En el segundo motivo se pone de relieve la imposibilidad de enmarcar y justificar la actuación de los codemandados en la libertad de información y expresión. En el tercero se enfatiza la imposibilidad de enmarcar y justificar la actuación de los codemandados al amparo de la teoría del reportaje neutral. En el cuarto se denuncia el incumplimiento de los codemandados de la solicitud de rectificación exigida. En el quinto motivo se denuncia la absoluta imposibilidad de enmarcar y justificar la actuación del codemandado Sr. Sebastián al amparo de la libertad de expresión. Y por último, en el sexto motivo se denuncia la incomparecencia del Ministerio Fiscal en el acto de la vista.

Pues bien, el primer motivo del recurso que denuncia la improcedente denegación de pruebas solicitadas y admitidas con anterioridad, ha dejado de tener relevancia desde el momento en que ésta Sala acordó la práctica de la prueba documental interesada por la representación procesal de los apelantes, por lo que, cualquier indefensión que se pudiera haber causado en la instancia, de existir, habría sido subsanada en esta alzada. En cuanto a la denegación de preguntas en la vista del juicio, debemos poner de manifiesto que el rechazo de preguntas formuladas a los Sres. Eulogio , Basilio y Sebastián , como ha constatado esta Sala, estaba plenamente justificado en razón de su improcedencia, y además esta facultad del Juzgador se incardina al amparo del artículo 369 de la LEC , sin que conste protesta alguna por tales denegaciones, pese a que el Magistrado advirtió a la Letrada de la posibilidad de hacerlo, lo que también cabe aplicar a la incomparecencia del Ministerio Fiscal al acto de la vista ya que la partes (también la hoy apelante) mostró su acuerdo a su subsanación mediante informe por escrito del Ministerio Público tal y como éste hizo.

TERCERO.- Es doctrina jurisprudencial reiterada la que, sobre la ponderación entre la libertad de información, libertad de expresión y derecho al honor, nos recuerda que el artículo 20.1.a ) y d) CE , en relación con el artículo 53.2 CE , reconoce como derecho fundamental especialmente protegido mediante los recursos de amparo constitucional y judicial el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y el artículo 18.1 CE reconoce con igual grado de protección el derecho al honor.

La libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 CE , tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información ( SSTC 104/1986, de 17 de julio , y 139/2007, de 4 de junio ), porque no comprende como esta la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo.

No siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones garantizada por el derecho a la libertad expresión de la simple narración de unos hechos garantizada por el derecho a la libertad de información, toda vez que la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa ( SSTC 29/2009, de 26 de enero , FJ 2 , 77/2009, de 23 de marzo , FJ 3).

Cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos es necesario separarlos, y solo cuando sea imposible hacerlo habrá de atenderse al elemento preponderante ( STC 107/1988, de 8 de junio , 105/1990 y 172/1990).

El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos ( STC 14/2003, de 28 de enero , FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella ( STC 216/2006, de 3 de julio , FJ 7).

La jurisprudencia constitucional y la ordinaria consideran incluido en la protección del honor el prestigio profesional. Reiterada doctrina de esta Sala (SSTS 15 de diciembre de 1997 ,; 27 de enero de 1998 ,; 22 de enero de 1999 ,; 15 de febrero de 2000 ,; 26 de junio de 2000 ,; 13 de junio de 2003 , ; 8 de julio de 2004 , y 19 de julio de 2004 ,; 19 de mayo de 2005 ,; 18 de julio de 2007 ; 11 de febrero de 2009 ; 3 de marzo de 2010 y 29 de noviembre de 2010 ) admite que el prestigio profesional forma parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor, pero se exige, para que el ataque al mismo integre además una transgresión del derecho fundamental, que revista un cierto grado de intensidad. No basta la mera crítica de la actividad profesional, sino que es menester la descalificación injuriosa o innecesaria del comportamiento profesional de una persona, especialmente mediante infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad; cosa que dependerá de las circunstancias del caso.

El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información.

La limitación del derecho al honor por la libertad de expresión e información tiene lugar cuando se produce un conflicto entre ambos derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso ( SSTS de 12 de noviembre de 2008, RC ; 19 de septiembre de 2008 , 5 de febrero de 2009 , 19 de febrero de 2009 , 6 de julio de 2009 , 4 de junio de 2009 , 22 de noviembre de 2010 , 1 de febrero de 2011 ).

La técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión.

Desde este punto de vista, la ponderación (i) debe respetar la posición prevalente que ostentan los derechos a la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático ( STS 11 de marzo de 2009, RC n.º 1457/2006 ); (ii) debe tener en cuenta que la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero, F. 5 ; 49/2001, de 26 de febrero, F. 4 ; y 204/2001, de 15 de octubre , F. 4), pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe «sociedad democrática» ( SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España , § 42 , y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España , § 43).

La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde esta perspectiva: (i) la ponderación debe tener en cuenta si la información o la crítica tiene relevancia pública o interés general o se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública ( STC 68/2008 ; SSTS 25 de octubre de 2000 , 14 de marzo de 2003, RC n.º 2313/1997 , 19 de julio de 2004, RC n.º 5106/2000 , 6 de julio de 2009, RC n.º 906/2006 ), pues entonces el peso de la libertad de información es más intenso, como establece el artículo 8.2.a) LPDH, en relación con el derecho a la propia imagen aplicando un principio que debe referirse también al derecho al honor. En relación con aquel derecho, la STS 17 de diciembre de 1997 (no afectada en este aspecto por la STC 24 de abril de 2002 ) declara que la «proyección pública» se reconoce en general por razones diversas: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras circunstancias. En suma, la relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información y de expresión cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado; (ii) la libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones. Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, pueda ser desmentida o no resultar confirmada ( SSTC 139/2007 , 29/2009, de 26 de enero , FJ 5). El requisito constitucional de la veracidad de la información no va dirigido a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, sino a negar la protección constitucional a los que trasmiten como hechos verdaderos, bien simples rumores, carentes de toda constatación, o bien meras invenciones o insinuaciones sin comprobar su realidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente; esto se entiende sin perjuicio de que su total exactitud puede ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado ( SSTC 6/1988, de 21 de enero , 105/1990, de 6 de junio , 171/1990, de 12 de noviembre , 172/1990, de 12 de noviembre , 40/1992, de 30 de marzo , 232/1992, de 14 de diciembre , 240/1992, de 21 de diciembre , 15/1993, de 18 de enero , 178/1993, de 31 de mayo , 320/1994, de 28 de noviembre , 76/1995, de 22 de mayo , 6/1996, de 16 de enero , 28/1996, de 26 de febrero , 3/1997, de 13 de enero , 144/1998, de 30 de junio , 134/1999, de 15 de julio , 192/1999, de 25 de octubre , 53/2006, de 27 de febrero , FJ 6), la transmisión de la noticia o reportaje no puede sobrepasar el fin informativo que se pretende dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, porque, como viene reiterando el TC, la CE no reconoce un hipotético derecho al insulto ( SSTC 112/2000, de 5 de mayo ; 99/2002, de 6 de mayo ; 181/2006, de 19 de junio ; 9/2007, de 15 de enero ; 139/2007, de 4 de junio y 56/2008, de 14 de abril ).

CUARTO.- En cuanto al ejercicio del derecho de rectificación, recuerda la jurisprudencia que la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de Marzo, y como ha explicitado entre otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional 99-2011 de 20 de Junio, ejercitar "la facultad otorgada a toda persona, natural o jurídica de (rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio), conforme a la dicción del artículo 1 de aquella Ley, y a que ese derecho se satisfaga mediante la publicación íntegra y gratuita de la rectificación, referida exclusivamente a los hechos de de la información difundida, en los términos y en la forma que la Ley señala(arts 2 y 3 ), de manera que el derecho de rectificación constituye un medio del que dispone la persona aludida para prevenir o evitar el prejuicio que una determinada información pueda irrogarle en su honor o en cualesquiera otros derechos o intereses legítimos, cuando considere que los hechos lesivos mencionados en la misma no son exactos". Resaltando la misma resolución, que "La rectificación queda conformada ante todo, como un derecho de la persona aludida a ejercer su propia tutela, un derecho reaccional de tutela del honor, o de bienes personalísimos asociados a la dignidad, el reconocimiento social o la autoestima frete a informaciones que incidan en la forma en que una persona es presentada o expuesta ante la opinión pública". Concluyendo dicha resolución que "la rectificación opera como un complemento de la información que se ofrece a la opinión pública, mediante la aportación de una (contraversión) sobre hechos en los que el sujeto ha sido implicado por la noticia difundida por un medio de comunicación. La relevancia pública del espacio informativo en el que queda comprometida la formación de la opinión, justifica la acogida de versiones que permitan el contraste de informaciones en ese mismo espacio mediante la aportación de datos por quien se ve implicado en alusiones que considera inciertas y lesivas de su reputación". Resultando especialmente esclarecedora en este punto la consideración también establecida por el Tribunal Constitucional en la misma resolución relativa a que "La rectificación reduce el riesgo de confusión entre información publicada y verdad pues no puede descartarse que una información veraz conforme a la diligencia profesional exigible, resulte a la postre equivocada. (.....) La presentación de una noticia constituye por lo general el resultado de una reconstrucción o interpretación de hechos reales, en la que intervienen distintos factores, que pueden conducir a versiones dispares sobre una misma realidad. Desde este prisma la configuración normativa dada al derecho de rectificación permite que la persona aludida aporte su propia versión de los hechos en salvaguarda de su honor y patrimonio moral, ofreciéndola para su contraste con aquellas otras versiones vertidas en el mismo espacio público informativo a efectos de la pertinente formación de la opinión pública".

QUINTO.- En el supuesto analizado nos encontramos ante lo que debe calificarse como un reportaje neutral, por cuanto, tal y como se constata por este Tribunal, en la noticia publicada en el diario Información el día 11 de febrero de 2006 se identifica con toda claridad la persona que realizó las diferentes denuncias, que coincidía con la que pretendía obtener una reunión con el Conseller de Territorio, que en este caso no es otra que la asociación AECU, siendo el diario un mero transmisor de las declaraciones, denuncias y petición de reuniones instadas y solicitadas por el Presidente de dicha asociación, habiéndose limitado el medio a realizar una narración de unos hechos, que además, encuentran corroboración en unas Diligencias Previas seguidas por el Juzgado de Instrucción Número Cinco de Orihuela, (sin duda motivadas por la denuncia interpuesta ante dicho Juzgado por la Asociación codemandada y en la que, entre a otras personas y mercantiles, se solicitaba el procesamiento de D. Herminio y D. Jose Ángel ) en las que se acordaron una serie de diligencias de investigación, coincidentes en parte con las interesadas por la Asociación en su escrito de denuncia, todo ello, en un contexto político de denuncias entre partidos en los que se ponía en la picota precisamente la permisividad del Ayuntamiento en la construcción ilegal de viviendas en la zona (folios 124 y ss).

Además de ello, existen practicadas diligencias policiales de investigación dirigidas a identificar tanto a promotores, como a constructores y propietarios de construcciones ilegales en suelo no urbanizable, diligencias que fueron remitidas al Juzgado Decano de los de Orihuela por supuestos delitos de Ordenación del Territorio en varios parajes del término municipal de Catral, (al folio117), existiendo también otras solicitudes de información remitidas al Ayuntamiento de Catral por el Seprona, estas por orden del Juzgado de Instrucción Número Cinco de Orihuela, así como una solicitud de petición de cita de la Asociación con la Consellería de Urbanismo (folio 122 y ss), de todo lo cual se constata que ciertamente existían investigaciones policiales y judiciales sobre los constructores y promotores que hubiesen ejecutado construcciones ilegales en Catral, parajes de Lo Perpén, Lo Madriguera, El Palomar, Arroba de Hornos, La Portalada, Lo Jerónimo y Lo Vera, por lo que no puede negarse que el autor del reportaje no cumpliera con su deber de diligencia al contrastar la información publicada que fue elaborada a partir de datos ciertos, y no con base en simples rumores o sospechas impregnadas de subjetivismo, no siendo el periódico el que imputó la comisión de delito a los demandantes, desprendiéndose de la documental obrante en las actuaciones, que los propietarios de terrenos, constructores y promotores (a cuya actividad se dedicaban precisamente los apelantes) con intereses en diversos parajes de Catral estaban siendo investigados policial y judicialmente, lo que incluso fue reconocido por los actores en su escrito de demanda ( no ponemos en duda que en el término municipal de Catral se hayan ejecutado cientos de construcciones ilegales, y que sean objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción número Cinco de Orihuela ), sin que se haya realizado por el diario ningún juicio de valor sobre la veracidad o no del contenido de las denuncias e investigaciones, y sin que se hayan proferido expresiones insultantes, injuriosas o vejatorias en la publicación realizada, siendo por lo demás indiscutible que la información publicada, por la trascendencia social de los hechos denunciados era noticiable, debiendo recordar que el Tribunal Constitucional señala que el requisito de la veracidad a que se refiere el artículo 20.1.d) de la CE no debe identificarse con la idea de objetividad ni con (la realidad incontrovertible) de los hechos, pues ello implicaría la constricción del cauce informativo a aquellos hechos o acontecimientos de la realidad que hayan sido plenamente demostrados, pues la exigencia constitucional de veracidad, predicada de la información que se emite y recibe, guarda relación con el deber del informador de emplear una adecuada diligencia en la comprobación de la veracidad de la noticia, de manera que lo trasmitido como tal no sean simples rumores meras invenciones o insinuaciones insidiosas, sino que se trate de una información contrastada (según los cánones de la profesionalidad) y en el caso concreto eso fue lo que realizó el periodista y el periódico, que sin manipulación alguna publicó el contenido de los hechos denunciados por la asociación que inicialmente al menos denunciaba entre otros a los actores, por lo que consideramos que, como se declaró en la instancia, nos encontramos ante lo que se ha dado en llamar «reportaje neutral» de la información cuyo contenido está representado por la publicación de una noticia de interés general y sin manipulaciones extrañas ni malintencionadas.

En definitiva, la Sala comparte el criterio del Juzgado de instancia de la inexistencia de vulneración del derecho al honor de los actores.

SEXTO.- En lo que respecta a la Asociación Europea de Consumidores en General y Especialmente de Urbanismo (AECU) no apreciamos en su actuación infracción del derecho al honor de los apelantes, ya que ciertamente no puede privarse a las asociaciones de su derecho a poner en conocimiento de las autoridades, ya sean administrativas, políticas o judiciales conductas que en su opinión pueden constituir algún tipo de infracción, pues como nos enseña la jurisprudencia, sólo cuando las imputaciones sean gratuitas y desprovistas de verosimilitud podríamos hablar de actuaciones ilícitas, y aquí, en nuestra opinión, ello no concurre, pues como declara el Magistrado a quo la actividad de la asociación fue la de limitarse a denunciar una serie de actuaciones de los promotores, constructores y propietarios de terrenos (entre los que se encontraban los actores) de la zona y del Ayuntamiento de Catral, tanto en la jurisdicción penal como ante la Consellería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, lo que se desprende del contenido de los documentos obrantes a los folios 116,117, 118, 125, 126, hechos que se ajustaban en gran medida a la realidad y que motivaron que se investigara a cuantos promotores y constructores pudieran haber sido autorizados para realizar construcciones en suelo no urbanizable de Catral (folios 116 y 117), lo que obedecía tan sólo a una actuación en defensa de los intereses de que es titular la asociación, que eligió una vía legítima, la denuncia, de lo que consideraba hechos delictivos, que en la jurisdicción penal, al menos, en fase de Diligencias Previas, provocó una serie de actuaciones que se derivan de los hechos denunciados cuya realidad ni los recurrentes cuestionan, por lo que no es posible deducir de esa conducta legítima ninguna intromisión en el derecho al honor de los aquí apelantes, independientemente de cualquier juicio de valor moral o legal que merezca el contenido de la denuncia, ( STS 8 de febrero de 1997 ), la cual añade que tampoco la posible publicidad de dichas denuncias puede abocar en la existencia de la referida intromisión, en igual línea STS de 4 de diciembre de 1997 , que indica que la defensa de los derechos que las partes ejerciten ante los Tribunales de Justicia, no puede considerarse como injerencia o intromisión ilegítima al honor, entendiéndose que la Constitución abarca también a las informaciones que puedan resultar erróneas o sencillamente no probadas en juicio ( STC 11 de diciembre de 2000 ).

En definitiva, procede la confirmación de la sentencia por sus propios fundamentos.

SÉPTIMO.- Al ser desestimado el recurso interpuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se impone el pago de las costas procesales causadas en esta alzada al apelante.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey, y por la autoridad conferida por el Pueblo Español;

Fallo

Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Herminio y D. Narciso contra la sentencia de fecha 1 de junio de 2009, dictada por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Uno de Torrevieja , en las actuaciones de las que dimana el presente rollo, y en consecuencia confirmamos dicha resolución, imponiendo al apelante el pago de las costas procesales causadas en esta alzada.

Con pérdida del depósito constituído.

Notifíquese esta sentencia conforme a la Ley y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

Contra la presente resolución, cabe, en su caso, recurso en los supuestos y términos previstos en los Capítulos IV y V del Título IV del Libro II y Disposición final 16ª de la LEC 1/2000 .

De conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 6/1985, según redacción dada por la LO 1/2009, para interponer contra la presente resolución recurso extraordinario por infracción procesal (concepto 04) y/o de casación (concepto 06), artículos 471 y 481 de la LEC , deberá consignarse en la "Cuenta de Depósitos y consignaciones" de este Tribunal nº 3575 al tiempo de interponer el recurso, la cantidad de 50 euros por cada recurso, bajo apercibimiento de inadmisión a trámite; y ello sin perjuicio del pago de la tasa por actos procesales, cuando proceda.

Así, por esta nuestra sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Ponente, estando la Sala reunida en audiencia pública. Doy fe.

Derecho al honor
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