Sentencia Civil Nº 50/2011, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 9, Rec 777/2010 de 07 de Febrero de 2011

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  • Núm. Cendoj: 03065370092011100040

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION NOVENA

ELCHE

Rollo de apelación nº 777/10

Juzgado de Primera Instancia nº 6 Elche

Autos de Divorcio Contencioso nº 1335/09

SENTENCIA Nº 50/11

Iltmos. Srs.

Presidente: D. José Manuel Valero Díez..

Magistrado: Dª Encarnación Caturla Juan.

Magistrado: D. Domingo Salvatierra Ossorio

En la Ciudad de Elche, a siete de febrero de dos mil once.

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Divorcio Contencioso nº 1335/09 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Elche, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada D. Cesareo , habiendo intervenido en la alzada dicha parte, en su condición de recurrente, representada por el Procurador Sr. Martinez Pastor y dirigida por el Letrado Sra. Alonso Balboa, y como apelada la parte demandante Doña Amanda , representada por el Procurador Sra. Húngaro Favieri y defendida por el Letrado Sr. Coves Sempere.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Elche en los referidos autos, tramitados con el número 1335/09, se dictó sentencia con fecha 25/3/10 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Estimar parcialmente la demanda presentada por la Procuradora Doña María Teresa Húngaro Favieri, en nombre y representación de Doña Amanda , contra D. Cesareo , por lo que:

1.- Se declara el divorcio del matrimonio formado por ambos, con todos los efectos legales, aprobando como única medida definitiva la siguiente:

1.1.- D. Cesareo deberá satisfacer mensualmente, en concepto de pensión de alimentos para su hijo Ginés Francisco la cantidad de 400 euros, que deberá ingresar en la cuenta nº NUM000 , por anticipado y dentro de los cinco primeros días de cada mes, actualizándose anualmente dicho importe conforme a las variaciones que experimente el I.P.C que publica el I.N.E. u organismo que le sustituya en un futuro.

Ambos progenitores deberán satisfacer los gastos extraordinarios de su hijo, en proporción de dos tercios el padre y un tercio la madre.

2.- No se condena en costas a ninguna de las partes."

SEGUNDO .- Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación por la parte demandada en tiempo y forma que fue admitido en ambos efectos, elevándose los autos a este Tribunal, donde quedó formado el Rollo número 777/10, tramitándose el recurso en forma legal. La parte apelante solicitó la revocación de la sentencia dictada y la apelada su confirmación Para la deliberación y votación se fijó el día 2/2/11.

TERCERO.- En la tramitación de ambas instancias, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente la Iltma. Sra. Dª Encarnación Caturla Juan.

Fundamentos

PRIMERO .- Se circunscribe el objeto de la presente apelación interpuesta por D. Cesareo , a la determinación del importe de la pensión alimenticia del hijo Ginés Francisco, al considerar en definitiva que la solicitante no ha acreditado se hayan visto modificadas las circunstancias que determinaron la fijación del importe de la pensión de alimentos al tiempo de la separación. Se opone la parte demandada a cada una de las referidas pretensiones.

SEGUNDO.- En cuanto a la pensión de alimentos no hay que olvidar que es doctrina jurisprudencial consolidada la que señala que la obligación de prestar alimentos a los hijos menores de edad o discapacitados -dimanante de los artículos 393 de la Constitución Española y 110 y 154.1 del Código Civil -, presenta una marcada preferencia, como se desprende del art. 145.3 del Código Civil , por incardinarse en la patria potestad; de tal forma que la satisfacción de las necesidades de los hijos menores han de primar sobre la satisfacción de las propias necesidades de los progenitores, que han de sacrificarlas a favor de la satisfacción de las de aquéllos ( STS 5.10.1993 y 16.7.2002 ), de tal forma que la prestación alimenticia a favor de los hijos tiene naturaleza de orden público, pues constituye, al operar en el ámbito de las relaciones paterno-filiales uno de los deberes fundamentales de la patria potestad. Igualmente es de señalar que los alimentos comprenden todo lo que resulte común y ordinariamente necesario para la alimentación, morada, vestido, asistencia médica, educación y formación integral (arts. 142 y 145 del CC ) así como que la obligación de prestar alimentos corresponde a ambos progenitores (arts. 110, 143, 144 y 154 del Código Civil ), pero no es menos cierto que cada progenitor habrá de contribuir a la prestación alimenticia, en cantidad proporcional a sus respectivos recursos económicos (art. 145 del CC ) ( STS 28.11.2003 ); lo que significa que la cuantía de los alimentos ha de ser proporcionada a los ingresos, recursos y disponibilidades económicas de los obligados a darlos, que no solo es el padre sino también la madre con la que conviven, puesto que esta al igual que aquel debe de contribuir a su manutención, y a las efectivas necesidades de los hijos, según los usos y circunstancias de la familia (arts. 93, 145, 146, 1319, 1362 y 1438 del CC); habiendo añadido la jurisprudencia que las exigencias impuestas por la solidaridad familiar no deben implicar un olvido de las propias necesidades del alimentante determinadas por su personal situación ( Sentencias del Tribunal Supremo de 9.10.1981 y 1.2.1982 ).

En el presente caso, de la prueba documental aportada por ambas partes y las declaraciones de ambos progenitores y del testigo, resulta que en la sentencia de separación de fecha 17 de septiembre de 2002 , se fijó a cargo del padre una pensión alimenticia de 500 € mensuales para los tres hijos habidos en el matrimonio, que se ha ido incrementando anualmente conforme al IPC; tras el fallecimiento del hijo menor en octubre de 2005, redujo el demandado la pensión y ha venido abonando por el hijo Ginés Francisco nacido en 1991, desde octubre de 2008 la suma de 202Ž61 €. El demandado que es mecánico chapista viene prestando servicios por cuenta ajena en la mercantil Talleres Cristina S.L. desde 1974, percibiendo durante el año 2003 un salario aproximado de 750 € mensuales sin inclusión de pagas extras y durante 2009 un salario mensual aproximado de 1.250 € sin inclusión de la prorrata de pagas extras, en la medida en que la empresa le viene abonando un anticipo de aproximadamente 300 € mensuales, salario que asciende a la suma de 1.458 € incluida la prorrata de pagas extras, residiendo en la vivienda de unos familiares. Igualmente ha quedado acreditado que el hijo Ginés Francisco está afecto de un grado de minusvalía del 65 % en virtud de resolución de la Conselleria de Bienestar Social de 9 de mayo de 2005, tras haberse modificado el grado de minusvalía que tenía reconocido por resolución de 28 de abril de 2000. Grado de minusvalía que se ha mantenido en junio de 2009.

Por su parte ha quedado acreditado, que la esposa demandante, se encontraba afecta de un grado de minusvalía del 89 % desde el día 7 de febrero de 2008, precisando de la asistencia de tercera persona y presentando dificultades para la utilización de transporte público, al haberse producido un agravamiento de la situación presentada el 27 de junio de 2007; si bien ya tenía reconocida una prestación no contributiva del INSS por importe de 328'44 € desde el día 1 de octubre de 2005. Viendo igualmente incrementado dicho grado de minusvalía a un 93% desde el 30 de junio de 2009. Resultando de la testifical y de la propia declaración de la demandante que con anterioridad a la enfermedad de su hijo pequeño y tras la separación estuvo realizando trabajos en el ámbito de la limpieza y cuidado de personas mayores, sin dar de alta en la Seguridad Social, trabajos por los que percibía ingresos, trabajo que tuvo que ir dejando como consecuencia de la enfermedad del hijo y su posterior agravamiento hasta su fallecimiento, siendo después de ello cuando vio igualmente agravadas sus dolencias físicas, momento en que se le reconoció una pensión no contributiva.

Sobre la base de tales datos, es evidente que se ha producido una modificación en la situación que presentaba la esposa e hijo al tiempo de ser dictada la sentencia de separación, y si bien es cierto que no se ha producido un incremento en los ingresos del demandado considerable, si es cierto que el mismo ha visto disminuidos sus gastos al no tener que hacer frente a la pensión de alimentos de dos de sus hijos, lo que unido al agravamiento de las dolencias del hijo con minusvalía y a la imposibilidad de la demandante de hacer frente a las necesidades de éste, dada su limitada situación económica y las deficiencias físicas graves que presenta y que han determinado que precise de la asistencia de una tercera persona para poder realizar actos básicos de la vida; y por el contrario, constatado que el demandado apelante tiene capacidad económica suficiente para hacer efectivo el importe de la pensión de alimentos y la parte de los gastos extraordinarios fijados en la resolución que se recurre, se concluye que resultan los mismos proporcionales a los ingresos del demandado y a los de la propia demandante.

TERCERO .- Con respecto a las costas no procede hacer expresa condena en costas en esta alzada a ninguno de los litigantes, dada la especial naturaleza del procedimiento en que nos encontramos.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS: Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Elche, de fecha 25 de marzo de 2010 , DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución, permaneciendo inalterables sus pronunciamientos. Sin hacer expresa imposición de costas procesales en ambas instancias.

Notifíquese esta sentencia conforme a la Ley y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

Contra la presente resolución, cabe, en su caso, recurso en los supuestos y términos previstos en los Capítulos IV y V del Título IV del Libro II y Disposición Final 16ª de la LEC 1/2000 .

De conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 6/1985, según redacción dada por la LO 1/2009 , para interponer contra la presente resolución recurso extraordinario por infracción procesal (concepto 04) y/o de casación (concepto 06), artículos 471 y 481 de la LEC , deberá consignarse en la "Cuenta de Depósitos y consignaciones" de este Tribunal nº 3575, al tiempo de su preparación, la cantidad de 50 euros por cada recurso, bajo apercibimiento de inadmisión a trámite; y ello sin perjuicio del pago de la tasa por actos procesales, cuando proceda.

Así, por esta nuestra sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Iltmo Sr. Ponente, estando la Sala reunida en Audiencia Pública, doy fé.

Pensión por alimentos
Hijo menor
Patria potestad
Obligación legal de alimentos
Necesidades de los hijos
Menor de edad
Discapacitados
Relaciones paterno-filiales
Alimentante
Prueba documental
Sociedad de responsabilidad limitada
Capacidad económica
Discapacidad