Sentencia Civil Nº 51/2011, Audiencia Provincial de Salamanca, Sección 1, Rec 470/2010 de 10 de Febrero de 2011

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  • Núm. Cendoj: 37274370012011100047

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1SALAMANCA SENTENCIA: 00051/2011

SENTENCIA NÚMERO 51/11

ILMO SR PRESIDENTE

DON JOSÉ R. GONZÁLEZ CLAVIJO

ILMOS SRES MAGISTRADOS

DON MANUEL MORÁN GONZÁLEZ

DON JOSÉ ANTONIO VEGA BRAVO

En la ciudad de Salamanca a diez de Febrero del año dos mil once.

La Audiencia Provincial de Salamanca, ha visto en grado de apelación el Juicio de Modificación de Medidas Definitivas Nº 1166/09 del Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Salamanca, Rollo de Sala Nº 470/2.010 ; han sido partes en este recurso: como demandante apelante DON Santiago , representado por la Procuradora Doña María Elena Gómez de Liaño Diego, bajo la dirección del Letrado Don Carlos García Martín, y como demandada apelada DOÑA Inocencia , representada por la Procuradora Doña Carolina Martín Rivas, bajo la dirección de la Letrada Doña María Antonia Hernández Hernández, siendo parte el MINISTERIO FISCAL .

Antecedentes

1º.- El día cuatro de mayo de dos mil diez, por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de 1ª Instancia Nº 8 de Salamanca, se dictó sentencia en los autos de referencia que contiene el siguiente FALLO: "Se desestima íntegramente la demanda formulada por la Procuradora Sra. María Elena Gómez de Liaño en nombre y representación de Santiago de modificación de medidas acordada en sentencia de 30 de Noviembre de 2005 en cuanto a la pensión de alimentos establecida a favor de los hijos menores, absolviendo a la demandada Inocencia de las pretensiones que en la misma se plantean. En cuanto a las costas, dada la especial naturaleza de este procedimiento, no procede hacer especial pronunciamiento en materia de costas, por lo que cada parte habrá de abonar las devengadas a su instancia y las comunes por mitad."

2º.- Contra referida sentencia se preparó recurso de apelación por la representación jurídica de la parte demandante que fue formalizado en tiempo y forma y presentado escrito hizo las alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus pretensiones, para terminar suplicando la revocación de la resolución recurrida, dictándose otra en la que se modifiquen las medidas establecidas en la sentencia y, en consecuencia, se establezca el derecho a percibir para cada uno de los hijos del demandante, la cantidad de 100 euros mensuales, actualizables anualmente con el IPC, o subsidiariamente se revoque la sentencia de instancia con estimación parcial del recurso y de la demanda estableciendo una cantidad menor a los 306 euros mensuales que el actor paga para cada hijo, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración. Dado traslado de la interposición del recurso a la contraparte, por la legal representación de ésta se presentó escrito de oposición al mismo, haciendo las alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus pretensiones, para terminar suplicando la desestimación del recurso, con expresa imposición de costas a la parte apelante en ambas instancias. Por el Ministerio Fiscal se presentó asimismo escrito de oposición al recurso de apelación.

3º.- Recibidos los autos en esta Audiencia, se formó el oportuno rollo, señalándose para la votación y fallo del recurso el día dos de Febrero de los corrientes, pasando los autos al Ilmo. Sr. Magistrado Ponente para dictar sentencia.

4º.- Observadas las formalidades legales.

Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON MANUEL MORÁN GONZÁLEZ .

Fundamentos

Primero .- La sentencia de instancia se mueve en argumentos similares a los que se movió la dictada en el procedimiento de separación de 30 noviembre 2005 , en la que ya se llega a la conclusión que se llega en virtud no sólo de lo declarado por el actor sobre su nivel económico, sino lo que se deduce sobre este nivel económico por los signos externos de vida de dicho actor, y por la opacidad de determinados ingresos del mismo.

Se pretende hoy una minoración de la cuantía alimenticia de los hijos fundamentada en esencia en la disminución de ingresos del actor en la comunidad de la sociedad referida en sentencia. Para ello aporta dicho demandante documentos, los números 5, 6, 7 y 8, en los que consta una sustancial disminución de ingresos en los años 2007 y 2008 con respecto al año 2006.

Estos documentos de carácter unilateral son contestados por la jueza de instancia de una manera difícil de rebatir por esta Sala. Dicha jueza afirma que en el interrogatorio que se hizo en el juicio al actor y al socio del actor, las respuestas de estos sobre los beneficios de la empresa, sus partidas de ingresos y gastos, fueron del todo evasivas, sin una concreción clara al efecto.

Por lo tanto la única prueba básica por la que se pretende la estimación de la demanda es infravalorada por la jueza de instancia en virtud de la percepción que ella sacó de dichas declaraciones. Percepción que atañe al ámbito de lo muy directo, de la inmediación, de esa posición preferente que detenta la jueza respecto a las pruebas personales.

En este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, sec. 3ª, S 26-2-2009, nº 88/2009, rec. 7/2009 . Pte: Keller Echevarría, manifiesta:

Antes de entrar a la resolución de las distintas cuestiones que se sustentan en el recurso hemos de tener en cuenta que como ya ha dicho reiteradamente esta Sala en numerosas resoluciones y sentencias, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez «a quo» en uso de las facultades que le confieren los artículos 316 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/1977463 art.316 EDL 2000/77463 art.376 EDL 2000/77463 debe partirse de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el acto procesal de la prueba en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación y contradicción, pudiendo el Juzgador desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como la forma de expresarse y conducirse los testigos y partes en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia pues el visionado de los soportes informáticos en que se documentan dichos actos procesales no obedece a la misma finalidad. De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre de 1985 , 23 de junio de 1986 SIC , 13 de mayo de 1987 , 2 de julio de 1990 , 4 de diciembre de 1992 SIC y 3 de octubre de 1994 , entre otras), únicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio, por no existir el imprescindible soporte probatorio de cargo, o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador «a quo» de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada. Más concretamente, podemos decir que sólo cabe revisar la apreciación hecha por el Juez de la prueba practicada en su presencia en la medida en que aquella no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio sólo será contrastable por vía de recurso en lo que concierne a las inducciones realizadas por el Juez «a quo», de acuerdo con las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y de los conocimientos científicos, examinando su razonabilidad y respaldo empírico, pero no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos por el Juzgador, teniendo en cuenta si tales inferencias lógicas han sido llevadas a cabo por el órgano judicial de forma arbitraria, irracional o absurda, es decir, si la valoración de la prueba ha sido hecha mediante un razonamiento que cabe calificar de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios, como aquellos que aplican criterios contrarios a los preceptos constitucionales ( Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 1 de marzo de 1993 y del Tribunal Supremo de fechas 29 de enero de 1990 526 ), 26 de julio de 1994 6719 ) y 7 de febrero de 1998 945)).

De la misma manera el aumento de gastos de explotación de la sociedad de la que es partícipe el actor no justifica de manera clara la disminución de ingresos de dicha sociedad, puesto que como es obvio a mayores gastos de explotación corresponden mayores ingresos de la misma.

Segundo .- La parte actora, en este momento recurrente, pretende la minoración de dicha pensión alimenticia a favor de sus hijos en virtud de la prestación de 426 € que recibe la demandada en concepto de pensión no contributiva.

Dicha pensión es de carácter temporal y de una cuantía muy escasa que no permite suponer que ello signifique una alteración sustancial de las circunstancias a favor de la demandada, que sirva para aminorar la pensión alimenticia de los hijos.

Tercero .- Lo dispuesto respecta costas procesales

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes constitucionalmente conferidos por el pueblo español.

Fallo

Que debemos desestimar como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la legal representación de DON Santiago , contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Salamanca, el día cuatro de mayo de dos mil diez, confirmando como confirmamos en su integridad dicha sentencia; sin hacer condena en costas en esta instancia.

No tifíquese la presente a las partes en legal forma y remítase testimonio de la misma, junto con los autos de su razón al Juzgado de procedencia para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Disminución de ingresos
Valoración de la prueba
Signos exteriores
Práctica de la prueba
Pensión por alimentos