Sentencia Civil Nº 600/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13, Rec 82/2010 de 28 de Octubre de 2010

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  • Núm. Sentencia: 600/2010
  • Núm. Recurso: 82/2010
  • Núm. Cendoj: 08019370132010100411

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOTERCERA

ROLLO Nº 82/2010-B5

JUICIO VERBAL DE DESAHUCIO Nº 594/2009

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE VIC

S E N T E N C I A Nº 600

Ilmos. Sres.

D. JOAN CREMADES MORANT

Dª. ISABEL CARRIEDO MOMPÍN

Dª. Mª DELS ÀNGELS GOMIS MASQUÉ

D. FERNANDO UTRILLAS CARBONELL

En la ciudad de Barcelona, a veintiocho de octubre de dos mil diez.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimotercera de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Verbal de Desahucio nº 594/2009, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Vic, a instancia de D. JAUME FEBRER MUSACH, representado por el Procurador de los Tribunales D.D RICARD SIMÓ PASCUAL, contra Dª. Agueda , no comparecida en esta alzada y en rebeldía procesal en la instancia; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia dictada en los mismos el día 19 de octubre de 2009, la cual consta de Auto de Aclaración de 10 de noviembre de 2009, por el/la Juez del expresado Juzgado .

Antecedentes

PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "DECISIÓ:

Estimo la demanda interposada per la procuradora Ester Roqueta Mauri en nom de Jaume Febrer Musach i dirigida contra Agueda respecte a la resolució del contracte celebrat per ambdues parts l'u d'abril de 1998 sobre l'habitatge que es troba al núm. NUM000 del carrer DIRECCION000 de Tavertet i, en conseqüència:

Primer.- Declaro resolt el referit contracte.

Segon.- Condemno a Agueda a deixar immediatament aquell habitatge lliure i a disposició de la part actora i, amb l'advertència que, de no haver-ho fet abans de les 09:30 hores del 16 de desembre de 2009 es procedirà en aquella data al seu llançament pel jutjat, si així es demana per l'actora mitjançant la corresponent demanda d'execució, amb auxili de força pública si fos necessari i sense necessitat de nova advertència.

Acordo no admetre l'acumulació a l'acció de resolució del contracte la de reclamació de rendes y quantitats assimilades exercida també per l'actora contra la demandada.

Declaro com quantia del procediment la de 3.715,68 euros.

Acordo imposar la totalitat de les costes a la part demandada de manera que l'únic límit respecto de l'import a pagar per la demandada sigui el de la quantia del procediment.".

La parte dispositiva del Auto de Aclaración es del tenor literal siguiente: "PART DISPOSITIVA:

Acordo corregir la sentència de 19 d'octubre de 2009 en el sentit de que al tercer paràgraf del tercer antecedent de fet s'ha de substituir la referència que es fa a la prova admesa per la de documents que consten en autos i interrogatori de la part demandada, i s'ha d'eliminar la referència que es fa en el fonament jurídic tercer a un contracte bancari."

SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora mediante su escrito motivado, no dándose traslado a la contraria que no se hallaba personada en los autos; elevándose finalmente las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 26 de octubre de 2010.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOAN CREMADES MORANT.

Fundamentos

PRIMERO.- Instada la resolución del contrato de arrendamiento de 1.4.1998 sobre la casa sita en la C/ de DIRECCION000 , NUM000 de Tavertet (f. 32 y ss) por falta de pago de la renta (desde agosto del 2007 hasta junio 2009) y otras cantidades asumidas por la arrendataria (suministros, IBI y tasas de basuras, por 659'54 €), a cuya pretensión se acumuló la reclamación de la suma de 7.679'10 € (y cuya demanda se formuló en 10.6.1989, antes de la entrada en vigor de las leyes 13 y 19/2009), se dictó sentencia en rebeldía de la demandada (completada con auto aclaratorio), con los siguientes pronunciamientos: a) declara la resolución del contrato y condena a la demandada a su desalojo. b) deniega la acumulación (dice la sentencia que "... tan sols podrien ser admeses fins l'import màxim de 3000 € ... donat que la quantitat que es reclamava inicialment ja superava aquell import i que, per tant, l'actora hauria d'haver instat un procediment de judici ordinari ..."). c) establece como cuantía del procedimiento la suma de 3.715'68 € (por tratarse de una anualidad de renta, partiendo de una renta mensual actual de 309'64 €). d) impone todas las costas a la demandada (por la mala fe de la demandada "al resistir se a recollir la demanda, mantenint-se en l'habitatge ..."). Frente a dicha resolución se alza el actor, interesando la revocación parcial, respecto de la desestimación de la acumulación (al amparo del art. 438.3.3ª LEC , la considera procedente con independencia de la cuantía que se reclame) y la determinación de la cuantía (al amparo del art. 252.2 LEC , considera que la cuantía es la suma de las pretensiones acumuladas), quedando el debate, estrictamente jurídico, planteado en tales términos.

SEGUNDO.- En la situación dibujada por la nueva LEC (antes de las reformas antedichas) se parte de una prevalencia del criterio de determinación del procedimiento por razón de la materia, que se impone, imperativamente ("solo", dice el art. 248.3 LEC ), sobre el criterio de la cuantía. Así, en temas relativos a arrendamientos urbanos la determinación del juicio a seguir se hace en todo caso por razón de la materia. En materia de arrendamientos urbanos el procedimiento a seguir, como regla general (art. 241.1.6° ), es el juicio ordinario -arts. 399 y ss-, así se conocerían a través del mismo : a) Las reclamaciones de renta (sin acumulación del desahucio y cualquiera que sea su cuantía) pendiente el contrato (la ley no ha previsto la excepción como en el caso de reclamaciones de cantidad en materia de propiedad horizontal -art. 249.1.8° -). b) Cualquier asunto relativo a arrendamientos urbanos, con excepción del desahucio por falta de pago o por expiración del plazo (por tanto se seguirían también por éste las declaraciones sobre determinación de renta o las resoluciones de contrato, con las excepciones indicadas). c) la acción de retracto (art. 249.1.7 ). Así pues, en esta materia el juicio verbal -arts. 437 y ss- se sigue únicamente en los supuestos excepcionalmente previstos en el art. 249.1.6° en relación con los arts 250.1.1° y 438.3.3° , a saber : a) Desahucio por falta de pago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario. b) Desahucio por expiración del plazo contractual. c) Acumulación de las acciones de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas cualquiera que sea su cuantía.

TERCERO.- Efectivamente, la regla general es la no admisión en los juicios verbales de la acumulación objetiva de acciones (art.77 : no pueden acumularse las pretensiones que por razón de la materia deban ventilarse en juicios de diferente tipo, debiendo ostentar la misma naturaleza, ex art. 73.2 ), pero una de sus excepciones, ex art. 438.3.3º LEC , era la acumulación de las acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, ya sin la última limitación de que lo reclamado no exceda de 3000 €, por tanto con independencia de la cantidad que se reclame cuando se trate de juicios de desahucio de finca por falta de pago (curiosamente, en ese contexto normativo, la reclamación de rentas, sin acumularla al desahucio, se seguiría en todo caso, cualquiera que fuera la cuantía reclamada, el juicio ordinario, al determinarse el procedimiento por razón de la materia, y no existir la misma previsión que para la PH; lo cual ya ha sido resuelto con las últimas reformas de la LEC). Ya con el derogado art. 40.2 LAU 94 la permitía y, como ahora, se podía discutir ampliamente sobre el pago, la cuantía de la renta, la existencia misma del crédito o deuda y su extinción a través de cualesquiera medios probatorios, con lo que supera el "peregrinaje" de acudir primero al desahucio y después al declarativo, inútil e innecesario, con evidente economía procesal, no dividiendo la continencia de la causa y sin que cupiesen objeciones sobre "complejidad". La tramitación se hará pues de acuerdo con las normas del juicio verbal (art. 437 y ss).

En orden al alcance de la reclamación: La demanda debe referirse, en principio, a las cantidades "vencidas y no pagadas", es decir que se adeuden al formularse la demanda. El problema se plantea en cuanto a si es posible que el objeto de la condena sea superior a dicha cantidad, por aplicación del art. 220 LEC . Parece que la respuesta debía ser positiva, pues una cosa será determinar la cuantía en la demanda (rentas y cantidades complementarias debidas y vencidas hasta el momento de la demanda) y otra que se incluyan las que venzan con posterioridad, hasta la entrega de la posesión, por tratarse de obligaciones de prestación futura, admitiéndose expresamente las condenas de futuro respecto de las de intereses o prestaciones periódicas (art. 220 ), lo cual desde la óptica de la actividad ejecutiva supone no solo la posibilidad de instar la ejecución por cantidades devengadas con posterioridad a la sentencia sino también ampliar la ejecución ya pendiente para hacerla extensiva a los intereses o prestaciones que se devenguen con posterioridad al despacho de la ejecución (art 578.1 ).

Enfín, en el actual contexto normativo, conforme al art. 251 la cuantía (siguiéndose siempre por el verbal por razón de la materia y sin exclusión respecto de la preceptividad de abogado y procurador), en caso de acumulación objetiva, ha de estarse a la acción de mayor valor (art. 252 LEC ) Igualmente se modifica la fijación de la cuantía del pleito en los supuestos de acumulación de las acciones -art. 252.2 - de desahucio (por expiración del plazo o por falta de pago) y la de reclamación de rentas en que, como excepción a la regla general (suma del valor de todas las acciones acumuladas), la cuantía vendrá determinada por la acción de mayor valor, debiendo tenerse en cuenta que respecto a la reclamación de rentas sólo se tomarán en cuenta las rentas vencidas, no las rentas por correr (aunque se reclamen, en relación con el art. 220 ). Y, es más, coherentemente con lo establecido en el anterior art. 252 regla 2ª , se amplia la posibilidad de acumulación objetiva a los supuestos de desahucio por expiración del término con la reclamación de rentas debidas, siguiéndose los trámites del verbal, cualquiera que fuese su cuantía según reforma operada por Ley 19/2009 de 23 de noviembre de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler (BOE 283 de 24.11.2009 )

En orden al alcance de la reclamación, la demanda debe referirse a las rentas "vencidas y no pagadas", es decir que se adeuden al formularse la demanda, y, además, "expresamente" es posible que el objeto de la condena sea superior a dicha cantidad, por aplicación del nuevo art. 220 LEC , según redacción dada por la misma Ley 19/2009 , que se refiere expresamente a los supuestos de acumulación de ambos tipos de desahucio con la reclamación de rentas periódicas, en tanto que si el demandante lo hubiere interesado expresamente en la demanda, la sentencia incluirá la condena a satisfacer también las rentas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base para la liquidación de las rentas futuras, el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda, lo cual desde la óptica de la actividad ejecutiva supone no sólo la posibilidad de instar la ejecución por cantidades devengadas con posterioridad a la sentencia sino también ampliar la ejecución ya pendiente para hacerla extensiva a los intereses o prestaciones que se devenguen con posterioridad al despacho de la ejecución (art 578.1 ).

CUARTO.- Ante la incomparecencia del demandado, el Juzgador debe limitarse a comprobar lo afirmado por el actor en su demanda y declarar sin más trámites el desahucio (443.3 LEC), lo cual supone una excepción al efecto que la rebeldía tiene como norma general en los ordinarios, contenida en el art. 496.2 LEC y al 442.2 , y exige, una citación rigurosa conforme a la doctrina constitucional ( SSTC 83/83 ), en relación con los arts. 161 y 155 y ss y a la citación edictal ( SSTC 31.3.1981 , 190/95 , 193/93 , 29/97 , 186/97 , 13.3.2000 , 13.11.2000 ...), ni siquiera necesaria (art. 161.2 LEC). El problema se presentará en si resulta aplicable al supuesto de la acumulación objetiva del art. 483.3 LEC , por cuanto la declaración del desahucio "sin más trámites", no parece incluir la estimación de la reclamación de las rentas adeudadas, por lo que el juicio debe continuar con éste objeto (lo que no implica "dos" resoluciones, basta una sentencia que se pronuncie sobre los dos objetos, aunque forzosamente estimatoria respecto del desahucio). Sin duda, en el presente caso, la declaración de rebeldía era procedente: a) la demandada reside en la vivienda arrendada donde se intenta la citación, hasta 4 veces en diferentes días y horas (f. 103 y ss), b) a través del interfono, quien dice ser su hermana, no quiere abrir la puerta, negándose a recibir la citación y documentación acompañada con la demanda, por no estar autorizada, c) en otro momento, vecinos manifiestan que han visto a la hija, d) en uno de los intentos se dejó aviso para que compareciese a recoger la cédula de notificación y emplazamiento, son que lo hiciese.

Aparte de la documental, el actor interesó el interrogatorio de la demandada, y vía 304 LEC se consideró acreditada la falta de pago de las cantidades en cuya inefectividad se basaba la demanda, así como que la renta última era de 309'64 € mensuales, por los incrementos (notificados), en la contractual (de 225'38 €/mes), del IPC.

QUINTO.- Consecuentemente, el recurso debe prosperar: a) la acumulación era procedente, constando el impago de 7.019'56 € por rentas (hasta junio 2009) y de 659'54 € por suministros, IBI y tasas de basuras, en el momento de formular la demanda. b) en ese momento la cuantía (art. 252.2º LEC , ya reformado) era de 7679'10 € más una anualidad de la renta (3.715'78 €, a razón de 309'64 € mensuales), es decir 11.394'88 €. c) en la demanda, además, se interesan las rentas y cantidades futuras que se deriven del procedimiento hasta el momento de la ejecución (acompañando en el juicio determinados recibos por renta y otros conceptos, a los f. 111 y ss), en base al art. 220 LEC . Procede pues la revocación parcial de la resolución recurrida, en el sentido indicado, con expresa imposición de las costas de !ª Instancia a la demandada y sin declaración sobre las causadas en esta alzada.

Vistos los artículo citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que ESTIMANDO el recurso de apelación formulado por D. Jaime Febrer Musach contra la sentencia dictada en 19 de octubre de 2009 , la cual consta de Auto de Aclaración de 10 de noviembre de 2009, por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Vic en los autos de Juicio Verbal de Desahucio nº 594/2009 de que este rollo dimana, REVOCAMOS PARCIALMENTE dicha resolución en el sentido de, admitiendo la acumulación propuesta, condenamos a Dª. Agueda a abonar al actor la suma de SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (7.679'10 €) más las rentas posteriores a junio 2009 y cantidades futuras que se deriven del procedimiento hasta el momento de la ejecución (entre ellas los conceptos establecidos en los documentos a los f. 111 y ss), manteniendo el resto de pronunciamientos de dicha resolución, salvo el establecimiento de la cuantía del procedimiento, que se fija en ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (11.394'88 €), sin declaración sobre las costas causadas en esta alzada.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En este día, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.

Desahucio
Arrendamientos urbanos
Desahucio por falta de pago
Impago de rentas
Arrendatario
Rebeldía
Resolución del arrendamiento
Resolución de los contratos
Desalojo
Mala fe
Propiedad horizontal
Reclamación de cantidad
Acción de retracto
Acción de desahucio
Plazo de contrato
Rentas vencidas
Despacho de la ejecución
Medios de prueba
Economía procesal
Declaración en rebeldía
Resolución recurrida