Sentencia CIVIL Nº 656/2018, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 267/2016 de 21 de Noviembre de 2018

Legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados, prevista en el art. 11.1 LEC. Esta legitimación especial y el correlativo derecho de asistencia jurídica gratuita tienen sentido siempre que esos derechos e intereses 'guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común ordinario y generalizado'. Con carácter general, los servicios bancarios y financieros pueden englobarse en esta categoría. Por eso, bajo la doctrina del Tribunal Constitucional, una interpretación amplia de esta legitimación especial permitiría, en principio, reconocerla si la reclamación guarda relación con la prestación de un servicio financiero a un consumidor, aunque no en todo caso. Esto es, hay servicios financieros que por su naturaleza y circunstancias exceden de la consideración de 'servicios de uso común, ordinario y generalizado'. Y un ejemplo paradigmático de esto es el que ahora es objeto de enjuiciamiento. El servicio que da lugar a litigio es la adquisición por dos particulares, en un año y medio aproximadamente (de diciembre de 2006 a febrero de 2008), de diez productos financieros por un valor aproximado de cuatro millones de euros. Estos diez productos financieros comprenden tres paquetes de acciones de sociedades que cotizan en bolsas internacionales (Neuropharma, Meinl Airports y Meinl Power) y siete bonos estructurados, que tienen la consideración de productos complejos, de marcado carácter especulativo. Una operación de estas características no puede considerarse un acto o servicio de consumo porque, en atención a los importes y a su carácter especulativo, no es de uso común, ordinario y generalizado.