Sentencia Civil Nº 70/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 24, Rec 167/2011 de 26 de Enero de 2012

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 26 de Enero de 2012
  • Tribunal: AP - Madrid
  • Ponente: De La Vega Llanes, Maria Jose
  • Núm. Sentencia: 70/2012
  • Núm. Recurso: 167/2011
  • Núm. Cendoj: 28079370242012100133

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 24

MADRID

SENTENCIA: 00070/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCION 24ª

Rollo nº: 167/11

Autos nº: 231/10

Procedencia: Juzgado de 1ª Instancia Nº 23 de Madrid

Apelante: Consuelo

Procurador: Fernando Rodríguez-Jurado Saro

Apelado: Mariano

Procurador: Fernando Pérez Cruz

Ponente: Ilma. Sra. Dª MARIA JOSE DE LA VEGA LLANES.

SENTENCIA Nº 70

Magistrados:

Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Correas González

Ilmo. Sr. D. Ángel Sánchez Franco

Ilma. Sra. Dª MARIA JOSE DE LA VEGA LLANES

En Madrid, a 26 de Enero de 2012

Vistos y oídos en grado de apelación por la Sección 24ª de esta Audiencia Provincial de Madrid, los autos de Divorcio con el nº 231/10, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 23 de Madrid.

De una, como apelante, Dª Consuelo , representada por el Procurador D. Fernando Rodríguez-Jurado Saro.

Y de otra, como apelado, D. Mariano , representado por el Procurador D. Fernando Pérez Cruz.

VISTO, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª MARIA JOSE DE LA VEGA LLANES.

Antecedentes

PRIMERO.- La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada.

SEGUNDO.- Que en fecha 6 de octubre de 2.009, por el Juzgado de 1ª Instancia nº 23 de Madrid, se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO:

Estimar la demanda interpuesta por Dª Consuelo , representada por el Procurador D. Fernando Rodríguez-Jurado Saro, contra D. Fernando Pérez Cruz, y decretar la disolución por divorcio del matrimonio contraído por los mismos el día 5 de Diciembre de 1.998, con todos los efectos inherentes a tal declaración.

Declarar disuelta la sociedad de gananciales a cuya liquidación se procederá, en su caso, por los trámites de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se confirman y declaran definitivamente las medidas aprobadas en el auto de medidas previas de 11 de Enero de 2.010 dictado en procedimiento 898/09.

No se hace especial pronunciamiento sobre las costas procesales.

Comuníquese la presente sentencia al Registro Civil en que conste la inscripción del matrimonio."

Que en fecha 19 de octubre de 2.010, por el Juzgado de 1ª Instancia nº 23 de Madrid, se dictó auto de aclaración cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "PARTE DISPOSITIVA:

DEBO ACORDAR Y ACUERDO: Aclarar la resolución de fecha 6 de octubre de 2.010 en el sentido recogido en la fundamentación jurídica anterior "en el antecedente de hecho tercero donde dice: "no habiendo comparecido el demandado en tiempo y forma se declaró su rebeldía." Debería constar que "el demandado contestó en tiempo y forma a la demanda."

TERCERO.- Notificada la anterior resolución se preparó e interpuso recurso de apelación por la representación de Dª Consuelo , al que se opuso la contraria en los términos que constan en escritos obrantes en autos.

Mediante providencia de fecha 7 de octubre de 2.011 se señaló el día 25 de enero de 2.012 para deliberación, votación y fallo.

CUARTO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La recurrente muestra su disconformidad con la cuantía fijada en concepto de pensión por alimentos e interesa una pensión compensatoria en su favor de 300 euros durante cinco años.

Respecto de la pensión de alimentos, cuya cuantía de 400 euros mensuales es impugnada por insuficiente, ya se anticipa que se considera ajustada a los parámetros que normativamente están previsto en el Código Civil en donde se sigue un concepto amplio, a tenor de lo que dispone el art. 142 , comprendiendo, por tanto, todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción, y su cuantía se fijará como dice el art. 146 del CC proporcionalmente al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe.

Por no haberse computado los gastos de vivienda dentro del concepto de alimentos, con independencia de que haya de sufragarlos la persona a quien se le atribuya la vivienda.

El art. 93, especialmente previsto para la crisis matrimoniales, tiene, siempre presente en la determinación del "quantum" la concurrencia de ambos progenitores, cuyos salarios e ingresos se trate de ponderar individual, colectiva y comparativamente en aquella determinación. En este sentido, la jurisprudencia ha establecido en orden a la determinación de las pensiones, que para ello debe atenderse al caudal del sujeto obligado, sus posibilidades y las necesidades del favorecido, lo cual, exige una prueba suficiente de tales elementos de hecho. La obligación de prestar alimentos recae tanto en el progenitor no custodio como en el que tiene atribuida la guarda del hijo, si bien es cierto que habitualmente en las sentencias y en los convenidos reguladores no se hace mención expresa y cuantitativa de los alimentos que debe prestar el progenitor que asume la custodia del hijo, sin embargo ello no quiere decir que quede exonerado de tal obligación de alimentos, por supuesto, que le hijo deba ser alimentado sólo con lo que percibe la pensión alimenticia. Muy al contrario, al cuantificarse la pensión alimenticia del hijo deben tenerse en cuenta todas las circunstancias que afectan a ambos padres y al hijo, estableciéndose así una proporción entre los ingresos de aquéllos y las funciones que el progenitor custodio tiene que asumir, ya que es evidente que la custodia y convivencia del hijo suponen unos cuidados, gastos y desvelos que aunque no se pueden cuantificar económicamente, se consideran como una suerte de prestación de alimentos en el seno de la vivienda familiar a través de la permanente dedicación al hijo. En este caso, el juzgador de instancia establece la suma de 400 euros y la misma es proporcionada a los ingresos acreditados del padre con una nomina que ronda los 1900 euros mensuales y a las necesidades de la hija, cuyos gastos de colegio (subvencionado) comedor, psicólogo, seguro, etc. no llegan a los 200 euros mensuales, por lo que la parte restante es suficiente para cubrir los gastos de alimentación, vestido y vivienda en el bien entendido de que la madre también deberá contribuir a su sostenimiento, es por ello que procede confirmar dicha suma con la que muestra su plena conformidad el M. Fiscal procediendo, al no existir desproporción manifiesta de los indicados parámetros.

SEGUNDO.- Interesa la apelante que se estime su pretensión sobre el derecho de pensión compensatoria alegando que por razón de matrimonio y en interés de la familia estuvo largas temporadas sin trabajar para dedicarse a la familia. Tales alegatos no pueden ser acogidos para la viabilidad del derecho contemplado en el art. 97 del CC . ya que no se ha demostrado la concurrencia en el presente caso de los presupuestos contemplados al efecto.

La pensión compensatoria constituye un derecho personal que corresponde a los cónyuges y que tiene por objeto obtener un resarcimiento producido por un daño de carácter objetivo que ha de ponerse de manifiesto en el momento de producirse la crisis matrimonial al generar ésta un desequilibrio económico en uno u otro cónyuge, que implique un empeoramiento en la situación anterior que poseían en el matrimonio. El art. 97 del CC (LEG 1889/27) dispone que "El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias".

Del precepto se deduce que la pensión compensatoria tiene una finalidad reequilibradota. Responde a un presupuesto básico: el efecto desequilibrio económico, producido con motivo de la separación o el divorcio en uno de los cónyuges, que implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio.

La finalidad de la pensión compensatoria es la de evitar, en la medida relativa que se infiere de las medidas cuantificadotas que tal precepto contempla, que la separación o la disolución por divorcio, del matrimonio, origine a uno de los consortes una situación de desequilibrio que se reputa injusto, en méritos a la concurrencia de dos índices condicionantes comparativos, uno temporal en su naturaleza, pues el que postula tal derecho ha de ser estar en posesión de inferioridad económica respecto de la que disfrutaba antes en el matrimonio, y de carácter personal la otra, cuando además es imprescindible que la posición económica del beneficiario en potencia, sea de inferior nivel a la del otro consorte, debiendo influir ambos condicionamientos, y sin que pueda bastar uno solo para el nacimiento del derecho regulado en el respectivo precepto; condicionantes o presupuestos que no pueden presumirse, por cuanto los mismos han de quedar sometidos a la doctrina general del "onus probandi", sin alteración ni privilegio alguno ( art. 217 de la LEC, anterior 1214 del CC ).

Además como reiteradamente venimos señalando, no se trata de equiparar económica desiguales sino que la legítima finalidad de la norma legal no puede ser otra que la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial.

En el caso que se examina, todos los datos conducen a considerar que la recurrente tiene sus propios medios económicos y que tiene capacidad para trabajar, dada su edad, conforme a sus aptitudes, que de hecho mantiene el mismo nivel de vida que durante el matrimonio, por lo que procede confirmar también en este extremo la Sentencia apelada.

TERCERO.- Dada la índole de la materia discutida, no procede hacer una especial condena en costas en esta alzada a ninguno de los litigantes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por Dª Consuelo , representada por el Procurador D. FERNANDO RODRIGUEZ-JURADO SARO, frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 23 de Madrid, de fecha 6 de octubre de 2009 , en autos de Divorcio nº 231/10; seguidos con D. Mariano , representado por el Procurador D. FERNANDO PEREZ CRUZ; debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la citada resolución íntegramente.

Sin expresa imposición de las costas causadas en esta alzada a ninguno de los litigantes.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma puede caber la interposición de recurso extraordinario por infracción procesal y/o, casación, si se dan algunos de los supuestos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000 para ante el Tribunal Supremo en el plazo de VEINTE DIAS.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico en Madrid, a

Pensión por alimentos
Pensión compensatoria
Obligación legal de alimentos
Gastos de la vivienda
Desequilibrio económico
Divorcio
Padre no custodio
Padre custodio
Pago de alimentos
Vivienda familiar
Gastos escolares
Crisis del matrimonio
Disolución del matrimonio